La Red de Defensoras de los Derechos de las Mujeres en Jalisco hizo un llamado público a las y los legisladores del estado para que realicen las armonizaciones legislativas necesarias que incorporen las determinaciones recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
Reconociendo que “el DERECHO A DECIDIR, es un derecho de las mujeres en jalisco”, la Red de Defensoras de los Derechos de las Mujeres en Jalisco exigió al Congreso del Estado llevar a cabo los ajustes legislativos necesarios que garanticen la armonización de las leyes locales con las resoluciones recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de despenalización del aborto voluntario; la inconstitucionalidad de la “protección de la vida desde el momento de la concepción”; así como, el reconocimiento de la objeción de conciencia como un derecho limitado y de carácter individual.
La red integrada por 28 colectivas, agrupaciones y organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar en el estado, expresaron en un comunicado que las y los legisladores “tienen claras obligaciones legales para promover, proteger, respetar y garantizar estos derechos acordes a los compromisos internacionales en la materia, y a la protección más amplia de todas las personas”.
Manifestaron, por lo tanto, que estas resoluciones obligan al Congreso del Estado, particularmente a la legislatura entrante el próximo 1 de octubre, a “poner el centro de interés en los derechos de las mujeres”, los cuales denunciaron se encuentran “rezagados aún en la agenda de género”.
Específicamente llamaron a modificar el artículo 4 de la Constitución del estado de Jalisco, el cual establece la protección de la vida desde la concepción; a eliminar el artículo 228 del Código Penal de Jalisco; y a armonizar el artículo 187 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco sobre la objeción de conciencia, en función de las determinaciones establecidas por la Suprema Corte.
A la par, enunciaron uno a uno los precedentes que las y los ministros de la Suprema Corte han planteado en sus resoluciones de las últimas semanas y que tendrán que ser considerados como estándares mínimos para las y los diputados locales al momento de armonizar la normativa del estado.
✅La criminalización de la interrupción del embarazo vulnera el derecho de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar de decidir libremente sobre su vida y cuerpo.
✅ Si bien, el producto de la gestación merece una protección que incrementa conforme avanza el embarazo, ello no implica desconocer el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y personas gestantes.
✅Invalida la sanción al personal sanitario que asista a la mujer en un aborto voluntario, evitando que éste se convierta en un obstáculo para las mujeres que optan por la interrupción.
✅Las entidades federativas no están facultadas para definir el origen de la vida, ni el concepto de “persona”.
✅La protección que merece el producto de la gestación no puede desconocer los derechos de la mujeres y personas gestantes, especialmente, los relativos a decidir y a la autonomía reproductiva.
✅El interés del Estado respecto de la vida en gestación debe expresarse a través de la protección a las mujeres y personas gestantes: fortaleciendo la atención prenatal, acceso a métodos anticonceptivos, promoción de partos respetados, para reducir la muerte materna.
✅El derecho de objeción de conciencia del personal sanitario es un derecho personal, pero no puede entrar en conflicto con los derechos sexuales y reproductivos ni ser el motivo de discriminación para las mujeres.
Finalmente, consideraron que estas acciones “permitirán avanzar en la despenalización de las mujeres por abortar”, y es que recordaron que esta jurisprudencia “obliga a todos los jueces y las juezas locales a respetar el derecho de todas las mujeres a interrumpir su embarazo y a reconocer como inconstitucional las disposiciones legales que buscan criminalizar al aborto”.
“Como defensoras de los derechos humanos de las mujeres en Jalisco, hacemos un llamado a fortalecer la democracia, en pleno cumplimiento y garantías constitucionales y responder a las necesidades de las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes, para cumplir con los procesos de armonización legislativa en las normativas del Estado, que la Suprema Corte declaró inconstitucionales.
Estamos seguras de que nuestra lucha como feministas y defensoras de derechos humanos, llegará hasta donde tenga que llegar para cumplir con el marco legal, reafirmando que, el cuerpo de las mujeres es un territorio exclusivo de las mujeres y tenemos el derecho a decidir sobre interrumpir o no un embarazo”, finalizaron.
