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Esta es la historia de cómo la tragedia en la Región Carbonífera parece heredarse de generación en generación. El 4 de junio del 2021 fue el más reciente accidente mortal en la zona: siete trabajadores quedaron atrapados. Después de Pasta de Conchos en 2006, 122 mineros han perdido la vida
Texto: Francisco Rodríguez y Jesús Peña / Vanguardia
Fotografías: Omar Saucedo y Héctor García
Gráficas y Mapas: Salvador Barron Medina
COAHUILA.- Siete trabajadores fallecieron cuando una barrera no soportó la presión del agua y con toda su fuerza corrió por túneles dejando a trabajadores atrapados en la mina Micarán del municipio de Múzquiz.Con frecuencia, cuando Chinaco salía de su casa en el ejido La Mota, municipio de Múzquiz, Coahuila, a trabajar en la mina, le decía a su mujer y a sus cuatro hijos, “me voy, pero no sé si vuelva… Ai les encargo a papá”.
Esta vez la cosa era diferente: había llovido los últimos días de manera tempestuosa y la mina tenía agua. Se corría el riesgo de que hubiera una inundación repentina dentro del yacimiento de carbón que pusiera en peligro la vida de Chinaco y de los demás mineros. Pero si Chinaco no entraba a la veta a trabajar no recibiría sueldo.
Cerca del mediodía del 4 de junio del 2021, mientras Chinaco tumbaba carbón con otros seis de sus compañeros debajo de la mina de arrastre Micarán, situada en Mineral de Rancherías, municipio de Múzquiz, la muerte llegó en forma de un golpe de agua que los sepultó a todos. Los siete mineros fallecieron ahogados.
Lo que pasó fue que un tajo, un enorme barranco, como grieta en la tierra, que se encuentra cerca del área de las minas de arrastre, y del cual, en 1960, se extrajo carbón, se había llenado de agua con las últimas lluvias.
No hay un dato exacto de cuántas minas inactivas como la que estaba cerca de Rancherías existen en la Región Carbonífera. La Secretaría de Economía tiene registro en la zona (Monclova, Sabinas, San Juan de Sabinas, Múzquiz, Guerrero, Hidalgo y Juárez) de 513 concesiones mineras vigentes y 190 concesiones que ya expiraron. En el estado hay mil 324 concesiones mineras de todo tipo.
En el fondo de la tierra de la Región Carbonífera todo es como un queso gruyer. Así lo describe Diego Martínez Carrillo, maestro y doctor en ingeniería metalúrgica. Asegura que, a veces, sobre minas inactivas en la zona existen registros y otras veces no, por lo que se desconoce dónde están los túneles.
En la mina de arrastre de Micarán existía un dique, bordo, barrera o resistencia que impedía que el agua del tajo se escapara, pero en otra mina que queda abajito del tajo otros carboneros rascaron el bordo para sacar mineral.
Como el dique quedó muy endeble, el agua del barranco comenzó a filtrarse.
Al no soportar la presión del agua la barrera se reventó y el agua se desbordó del tajo con toda su fuerza y corrió por túneles subterráneos hasta que llegó a la mina donde Chinaco y sus seis compañeros comenzaban su jornada.
Y ahí la corriente los alcanzó.
Los carboneros que se encontraban niveles más arriba en la cueva diagonal lograron salvarse.
El especialista Diego Martínez Carrillo expone que fue como un resumidero. Dice que por la misma pendiente debió haber llegado el agua hasta el lugar más profundo y lo convirtió en un depósito de agua.
Martínez Carrillo considera que era difícil prevenir. No opina lo mismo Guillermo Iglesias López, ingeniero minero metalurgista. Él explica que una buena infraestructura debe contar con vigas gruesas que refuercen bien el área para que no haya ningún derrumbe por explosión o agua. Añade que, si le ponen parrillas o refuerzo con madera, no humedece y no se desprende la tierra porque se logran sellar las fuentes de acceso. Agrega que los anchos de las entradas no eran los correctos. Eran muy pequeños.
Asegura que en el accidente de Múzquiz faltó observación de quienes tienen la obligación de conocer de esas obras mineras, como el Servicio Geológico Mexicano (SGM) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
“Ahí anduve en esas minas. No son minas, son pozos, no verticales, pero al fin pozos”, dijo Juan Manuel Maciel Mendoza, uno de los pocos mineros viejos que ya quedan en Rancherías. Juan Manuel es uno de los tantos y tantos huérfanos que las minas han dejado en esta Región Carbonífera.
Después de la tragedia de Pasta de Conchos, en la que murieron 65 trabajadores el 19 de febrero de 2006, al menos otros 122 mineros en Coahuila encontraron la muerte mientras trabajaban, según estadísticas de la STPS entregadas a través de una solicitud de información (97 fallecimientos en la industria extractiva de Coahuila, datos distintos del Instituto Mexicano del Seguro Social del 2007 al 2020).
La Organización Familia Pasta de Conchos tiene registros de 119 mineros que murieron después de Pasta de Conchos tan solo en la Región Carbonífera.
El padre de Juan Manuel murió en la mina La Paloma, de Palaú, cuando él era un recién nacido.
¿Inspecciones sin castigo?
El número de mineros fallecidos pudo ser mayor. A “Davisín”, el hermano de Chinaco, estuvo a punto de tragárselo el agua el 4 de junio. Cuando Davisín miró que su hermano se hundía, quiso ir por él, pero Chinaco le hizo señas de que se fuera, así se lo cónto a la familia.
“Dijo: ‘Yo quería haber traído un mecate pa verle aventao a Chinaco, que se amarrara y traérmelo’”, cuenta don David Rodríguez Hernández, el papá de Chinaco.
Pobladores en Rancherías coinciden en una cosa: la tragedia, como suele suceder en esta Región, fue a causa de la negligencia de los encargados y del dueño de la veta, y de las autoridades que tienen bajo su responsabilidad la inspección y regulación de estos lugares.
Según la STPS, en respuesta a una solicitud de información, previo al accidente realizó cuatro inspecciones a la mina MICARAN, S.A de C.V.; una el 10 de octubre de 2020, otra nueve días después. Una tercera inspección se realizó el 5 de noviembre y una cuarta el 17 de marzo de 2021. En ninguna se encontraron razones para sancionar a la mina.
De acuerdo con otra solicitud de información (folio 0001400136921), la STPS reconoce que algunas inspecciones se llevan a cabo en minas que no tienen registro, por tratarse de minas de “nueva creación”, las cuales son detectadas hasta que se practica un censo.
La respuesta de la STPS de alguna forma excusa a las empresas, pues asegura que “actualmente no existe ordenamiento jurídico que señale la obligación de los patrones a registrar ante la Secretaría el inicio de sus operaciones”. Iniciar operaciones en una mina de carbón es como abrir una papelería.
Esa falta de control y vacío jurídico son, quizás, dos de las causas de que, desde la tragedia en Pasta de Conchos en 2006, cada año, invariablemente, la zona se cubra de dolor por algún accidente en minas de carbón.
Pese a ese historial poco honroso, el 10 de junio pasado el gobernador de Coahuila Miguel Riquelme Solís acusó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a su director Manuel Bartlett de “responsabilidad moral” por la muerte de los siete mineros de Rancherías.
El gobernador argumentó que, con los ajustes y reducciones en los precios de compra de carbón, los productores destinaron menos recursos a temas de seguridad, como si antes no se hubieran presentado más de 60 accidentes fatales en los últimos 15 años, un promedio de cuatro cada año desde Pasta de Conchos.
Los productores creen que no solo es el bajo precio, como dijo el gobernador, sino también, y sobre todo, el diseño del contrato con la paraestatal lo que los tiene colapsados.
Eduardo Aguirre Jiménez, presidente de la Unión de Auténticos Mineros en Sabinas, refiere que anteriormente se pagaba en mil 300 pesos la tonelada de carbón como precio base. Ahora, la CFE compra en mil 50 pesos la tonelada.
Dice que antes quedaba utilidad y se le invertía en seguridad, pero ya no es posible por el reducido margen de ganancias que queda.
César Luis Ceniceros Marín, presidente de la Unión Nacional de Productores de Carbón, señala que la CFE está pidiendo especificaciones técnicas de un carbón que no existe en la Región Carbonífera.
El carbón tiene cuatro parámetros: porcentaje de ceniza, de humedad, de azufre y kilocalorías. La capacidad del carbón de generar energía se mide en kilocalorías; entre más kilocalorías tenga, el carbón genera más calor.
El promedio del carbón de la zona es de 5 mil 500 kilocalorías, insuficiente para los requerimientos de la CFE. Sin embargo, los productores cuestionan que ahora, pese a la poca paga, piden mayor calidad como con el F.S.I (Índice de hinchamiento) y la temperatura de deformación de la ceniza.
Los productores refieren una “mala” distribución en los pedidos. Señalan que a los pequeños productores pidieron mucho volumen y al mediano le pidieron poco. Aseguran que dieron contratos de 40 mil a 50 mil toneladas a personas que producen 25 mil toneladas. “Piden más de lo que producen”, afirman.
Vanguardia solicitó a la CFE, vía transparencia, la lista de los proveedores a los que ha comprado carbón. La paraestatal clasificó como “confidencial” la cantidad de carbón comprado, pero no el costo.
En lo que va del año 2021, a través de la termoeléctrica Jóse López Portillo, la CFE ha entregado 934 millones 161 mil pesos en dos compras a la empresa Minerales Don Chilo S.A de C.V., de Antonio Flores Guerra, hermano de Tania Vanessa Flores Guerra, alcaldesa electa de Morena en el municipio de Múzquiz, señalamiento que hizo en su momento el gobernador Miguel Riquelme Solís.
Minerales y Carbones de México S.A de C.V ha recibido 168 millones 53 mil 659 pesos. Minera Región Carbonífera Las Dos Glorias S.A de C.V ha recibido, en 2021, 134.4 millones de pesos, misma cantidad que recibió Regcar Servicios Industriales S.A de C.V.; y Minerales La Florida S.A de C.V. 33.6 millones, los mismos que Cía Minera El Pinabete S.A de C.V.
No hay justificación
Diego Martínez Carrillo, maestro y doctor en ingeniería metalúrgica, es claro: no hay justificación para no cumplir la ley y no invertir en seguridad si el contrato no les conviene.
“Deben de cumplir la ley invariablemente, si es negocio o no es negocio. La ley es clara, está reglamentada en la norma 032 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sobre seguridad para minas subterráneas. Es lo que deben cumplir, si no es negocio, no deben abrir”, comenta.
Para el ingeniero metalurgista Guillermo Iglesias tampoco es justificable el argumento de los productores y cree que la CFE debería comprar a quien mejor calidad tenga, no solo en el mineral, sino también en el bienestar de sus trabajadores y en los requisitos que cumpla.
Iglesias señala que hay un círculo vicioso dentro de las instancias gubernamentales, vicios que, dice, derivan en accidentes interminables. Y los carboneros saben cual es el riesgo. Lo asumen como una posibilidad.
Guillermo Iglesias, hijo de uno de los mineros caídos en Pasta de Conchos, dice que la ley no especifica qué hacer y cómo sellar si ya está minado el terreno, a diferencia de las vetas metálicas donde sí se rellena hasta tapar la zona.
Comenta que cuando se explota una mina, la concesionaria debe dejar un plano topográfico interno de cómo quedó la mina. El plano se manda al SGM para hacer un mapeo de la Región Carbonífera donde se van plasmando todas las zonas minadas.
Según el artículo 8 de la Norma Oficial Mexicana 023 (NOM-023-STPS-2012) de la Secretaría del Trabajo, se deben tener estudios geotécnicos, geológicos e hidrológicos, estos últimos para evaluar los riesgos de inundación. Los estudios, por ejemplo, deben incluir las medidas de seguridad para evitar que las excavaciones puedan conectar con una fuente de agua o de material saturado.
Específicamente el estudio hidrológico debe contener planos de las operaciones de extracción con la localización de acuíferos o depósitos de aguas superficiales próximos, localización de minados antiguos o abandonados cercanos y determinar los límites entre los espacios para protección de los trabajadores.
El artículo 34 de la Ley Minera y el artículo 57 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo establecen que las mineras deberán designar como responsable del cumplimiento de las normas de seguridad en las minas a un ingeniero legalmente autorizado para ejercer, siempre y cuando las obras y trabajos involucren a más de nueve trabajadores, en el caso de las minas de carbón. Pero en realidad eso no ocurre.
El ingeniero Diego Martínez Carrillo menciona que, normalmente, las mineras no contratan ingenieros porque son empresas pequeñas. El ingeniero Guillermo Iglesias dice que, en la práctica, se actúa según lo que diga el minero con más experiencia.
Martínez Carrillo sugiere que al menos deberían existir contrataciones de ingenieros de minas por parte de las asociaciones, con el fin de que den soporte técnico a los pequeños mineros. “Se les escapa y se les sale de la mano”, comenta.
Agrega que los mineros tienen experiencia porque conocen el terreno y cómo trabajar, y consideran que son autosuficientes para hacer una obra minera.
El problema, dice Paola Cruz, la hija de Gonzalo, otro de los muertos en Rancherías, es que luego las tragedias se quedan en el medioolvido.
No se mide el peligro
“Son ratoneras, pero los ricos, con el afán de sacar dinero, sacan carbón. Uno de fregao qué hace; tú lo que quieres es llevarle dinero a la familia pa’ mantenerla, no mides el peligro”, dice Antonio Herrera, un exminero sexagenario, ahora velador en Micarán.
Don David tiene una teoría distinta, dice que “la mina ingre”.
Y cuando dice que “la mina ingre”, la gente de acá, los carboneros de pura sangre, se refieren a esa extraña adicción al peligro, al riesgo, como una obsesión, un llamado de la sangre a escudriñar en las fauces de la tierra, sin importar la vida.
“Lo traes en la sangre”, dice Antonio Herrera, exminero.
“A Beto muchas veces le dije, ‘vete a la fábrica mijo’. Él decía, ‘no apá, aquí ando a gusto’, a pesar de los riesgos que corría, él andaba a gusto. No, digo, pos… le tocó mala suerte y se lo llevó la mina”, dice, como si se hubiera tratado del azar, del destino.
Chinaco fue el tercer minero que sacaron, y cuando sacaron a Chinaco, se lo trajeron a enseñar a don David. Fue el domingo 6, a las 6:30 de la mañana.
La voz es la de alguien que conoce los riesgos de la Región Carbonífera de Coahuila. De alguien que sabe que no es la primera vez que ocurre una desgracia como la de Humberto Rodríguez Ríos, Chinaco, 41 años.
Seguido en esta Región Carbonífera suceden tragedias mineras por la falta de vigilancia y supervisión de las autoridades del trabajo en los yacimientos. Los pobladores de por acá dicen que a causa de la corrupción. Y algo tienen de verdad, cuando por lo menos 60 accidentes fatales han ocurrido en 15 años, y solo en la mitad de ellos se impusieron multas a las empresas por violaciones a la ley, según información que entregó la STPS.
Guillermo Iglesias López, ingeniero minero metalurgista, refiere la necesidad de conocer las leyes y aplicarlas.
El artículo 7 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el trabajo, por ejemplo, establece la obligación de los patrones de contar con un diagnóstico de seguridad y salud, así como estudios y análisis de riesgos. Pero en la práctica eso no sucede, aseguran trabajadores mineros.
La delegación de la STPS en Coahuila cuenta solo con nueve inspectores para practicar inspecciones en los diferentes centros de trabajo, incluyendo las minas, según información entregada vía transparencia. Para revisar una mina un inspector tiene que verificar más de 300 lineamientos.
El mercado del carbón generó 6 millones 604 mil toneladas en Coahuila en 2018 (99% de la producción nacional) y un valor de producción de 4 mil 441 millones de pesos, según el Panorama Minero de Coahuila, realizado por la Secretaría de Economía y el SGM.
Juan Carlos González, ‘Quinto’, el último minero en ser rescatado la tarde noche del 10 de junio, “se partía el lomo” para sacar entre 35 y 40 toneladas de carbón por semana, con lo que ganaba entre tres mil 500 y 4 mil pesos. Así lo compartió su vecino Mariano, testigo de cómo el minero llegaba a su casa tras duras jornadas de trabajo.
Ese sueldo es tres veces más de lo que le pagarían por fabricar arneses y otros accesorios automotrices en una maquiladora de la Región Carbonífera, donde el salario ronda los mil 200 pesos semanales.
“Decía: ‘Mira, no me puedo ir a una maquiladora porque me pagan tanto y yo acá gano dos veces o tres veces más. Hay más riesgo, pero no hay otra manera de sacar adelante a mi familia’”.
Juan Carlos dejó en la orfandad a una hija y a un hijo adolescente, ambos estudiantes.
A Mariano le tocó vivir la explosión de Minas de Barroterán, ocurrida el 31 de marzo de 1969. Entonces él tenía 15 años. La casa de sus padres estaba a cuatro cuadras de la mina. Nomás recuerda que, ¡paf!, se oyó un estruendo y se vio una flama, como un resplandor que salió de la mina.
Murieron 153 mineros, entre ellos un tío de Mariano. Los demás eran todos conocidos.
Pedro Ramírez, 25 años, cumplía tres días de haber entrado a trabajar en la mina de Rancherías cuando la inundación le tronchó la vida.
Su primo Humberto Rodríguez Ríos, Chinaco, lo había invitado a trabajar con él en Micarán y Pedro, que ya tenía cinco años de experiencia tumbando carbón, aceptó de buena gana, sin saber que se convertiría en el sexto miembro de la familia que moriría en un accidente de mina. En la Región Carbonífera, más que heredar cánceres o males cardiacos, se hereda la muerte en minas.
“Nosotros en la familia llevamos seis. Ahogados los seis. Son tragedias que a la familia le han afectado. Las familias de por acá se acaban”, comparte José Agustín Ramírez Soto, el tío de Pedro, un atardecer afuera de la casa familiar desde donde la tarde anterior el cortejo partió con el ataúd de Pedro montado en una carrucha, rumbo al cementerio.
Hubo lágrimas y música. Don Pedro, el padre de Pedrito, el muchacho caído en el accidente de la Micarán, que hasta ahora no había querido ser entrevistado, viene solo para decir que lo único que pide para su hijo es una pensión justa.
“Porque ahorita salen con dos mil, tres mil pesos, ¿qué haces…? Hay mineros que dejaron cuatro o cinco niños”, dice don Pedro y se ufana de haber trabajado 45 años en las minas sin sufrir ningún accidente.
Pero eso de salir sano es un decir. Según la memoria estadística del IMSS, en 2018 se reportaron en Coahuila 882 casos de neumoconiosis, una enfermedad pulmonar que resulta de la inhalación del polvo de carbón mineral o grafito durante un periodo prolongado. Se le conoce como la enfermedad del pulmón negro. En 2017 fueron 749 casos. En ningún otro estado hay estas cifras.
Don Pedro dice que en Rancherías todo está “por anca la fregada… Los patrones buscan los tajos pa no batallar, quitan poquita tierra y de ahí ya se meten pa’ abajo, ‘ahí está el carbón’, y ahí lo saca… La Secretaría del Trabajo tiene que traer gente que vaya a revisar cómo están las minas. No. Ellos llegan, sacan fotografías afuera, y ‘no pos todo está bien’, nomás vienen por un moche”.
Vanguardia solicitó (folio 0001400127321) a la STPS el número de inspecciones realizadas a minas coahuilenses desde 2016, así como sus respectivos resultados o sanciones. En ese tiempo ha realizado 800 inspecciones a centros mineros, un promedio de 12 por mes y solo en 85 ha aplicado multas, pero no especifica los motivos. Algunos casos los clasificó como reservados por estar “en trámite” y clasificó como confidenciales los casos en los que el patrón era una persona física.
El ingeniero Guillermo Iglesias, asesor técnico de la Organización Familia Pasta de Conchos, dice que para las mineras un ser humano es como un material desechable. “Si algo le pasa pues ni modo”, un muerto más, un vivo menos en la Región Carbonífera…
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Este reportaje fue producido originalmente por el Semanario del diario Vanguardia y forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
