Manos libres
Por Francisco Macías Medina / @pacommedina
Las prisiones son un reflejo de las sociedades que incluyen un alto grado de expectativas, algunas relacionadas con encontrar un sitio segregado en el que podamos dividir la sociedad entre buenos y malos. Otros, en un lugar en el que las personas que cometen delitos puedan reinsertarse en la sociedad.
Actualmente el propio artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce la existencia de un sistema penitenciario basado en cinco pilares: el respeto a los derechos humanos, el trabajo y su capacitación, así como la educación, salud y deporte para lograr la reinserción.
A diferencia de la procuración y la administración de justicia, en las que continuamente se cuenta con información sobre su estructura, quienes encabezan sus funciones y sus retos, en el caso del sistema penitenciario existe una barrera y un desinterés.
El Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021 (CNSPFE), refleja que Jalisco cuenta con 14 centros de reclusión, con una población mayor a las 9 mil personas (somos una de las cuatro entidades con la mayor población, de tal manera que nuestra tasa de ocupación es del 97.1.
En el año 2020 se ejerció a nivel nacional un presupuesto de 37 982 945 681 pesos, mientras que en Jalisco el presupuesto ejercido es de 972 millones de pesos. Se aprecia claramente que se trata de un ejercicio presupuestal amplio con poca rendición de cuentas.
Respecto a sus ingresos, en total lo hicieron más de 100 mil personas a centros estatales, en el caso de Jalisco, 92.9% hombres y 7.1% mujeres. (más de 4 mil ingresos). El total de personas privadas de la libertad en la entidad, oscila en los más de 13 mil, (95.8 % hombres, 4.2% mujeres)
En el caso de las mujeres (nacional), se encuentran en las edades de entre 18 a 44 años, con una escolaridad de educación básica; 3,3 % pertenecen a un pueblo indígena.
A nivel nacional, los delitos por los cuales se encuentran privadas de la libertad en su mayoría son por robo, secuestro, homicidio y delitos relacionados con el narcomenudeo.
Como se aprecia con claridad existe una situación específica sobre la situación de las mujeres que se encuentran en condición de prisión, situación que se agrega a las propias situaciones de contexto que previamente vivían.
Es importante tenerlo en cuenta, debido a lo denunciado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco en la Recomendación 147/2021. Conforme a su contenido, encontramos a valientes mujeres, integrantes de personal de seguridad y custodia, quienes fueron arbitrariamente cambiadas de su sede de trabajo por denunciar traslados ilegales de mujeres en situación de prisión a centros de reinserción masculinos, de las cuales regresaban algunas de ellas con aliento alcohólico.
Se documentó la existencia de más de 23 oficios —documento en el que un superior autoriza la acción— en el que se aprobaba la realización de los traslados, todos ellos con flamantes citas de fundamentos legales y motivados en la cultura y la recreación, así como en mitigar el aislamiento ocasionado por la reclusión.
Lo que los razonamientos no expresaban, es que se llevaban a cabo en fechas conmemorativas como lo es el 14 de febrero, que incluían actividades como eventos deportivos o ensayos de obras de teatro como “Vaselina” y “Aventurera”, de las que no se aprecia su justificación técnica, ni mucho menos una evaluación que pusiera en consideración el riesgo a la seguridad e integridad de las mujeres.
Se da cuenta al interior del propio Centro de Readaptación Femenil, la existencia de eventos fuera de horario, por ejemplo: proyecciones de películas, peleas de box y lunadas con karaoke, sin la justificación técnica apropiada.
Por supuesto, las 11 mujeres que regresaron con aliento alcohólico fueron sancionadas con la imposición de realizar aseo comunitario durante 15 días, no obstante que la autorización, traslado y origen de la acción, escapaba en la mayoría del contexto de su responsabilidad individual.
Nos encontramos ante una institución penitenciaria que, en vez de potencializar la garantía de los derechos humanos en su quehacer para aquellas mujeres que se encuentran en una doble situación de vulnerabilidad, relativiza su función de proteger para colocarse al lado de un riesgo y uso de las mujeres para un rol pasivo: mirar un partido de futbol o de vóley bol, ser porra, acompañar a los sujetos masculinos, no ser sujetas de derechos.
En este caso, no solo se incumplieron los protocolos, sino que muestra un sistema penitenciario que carece de la mínima perspectiva relacionada con los derechos de las mujeres al transformar la delicada función de reinsertar en un club, en un riesgo de explotación.
Sí, también es el Estado.
