Se estima que en México existen alrededor de 2.5 millones de personas migrantes que trabajan en el área agrícola, lo que representa más del 83% de las y los jornaleros agrícolas del país.
Fundación Avina en conjunto con siete organizaciones civiles más han impulsado el proyecto “Periplo” para que las y los migrantes en México que se dedican al trabajo agrícola conozcan sus derechos laborales y las empresas que les emplean les brinden las condiciones básicas para que desempeñen su trabajo de manera digna.
Por Leslie Zepeda / @lesszep2
Imagen de portada: Stronger Together
“Gran parte de la población jornalera en México es migrante interna. El abandono de los pequeños campesinos del centro y sur del país se ha acompañado del crecimiento de la producción agroindustrial en el norte del país. Debido a ello, y a la falta de servicios básicos para una vida digna (salud, educación, infraestructura), decenas de miles de familias sin tierra o con tierras insuficientes para asegurar su subsistencia tienen que decidir: Migrar o morir,” así lo reconoce la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas.
Esta red, estima que en México existen cerca de 3 millones de personas que se desempeñan como jornaleros y jornaleras en los campos agrícolas; de las y los cuales 2.5 millones son migrantes, lo que significa que, hablar sobre la industria agrícola en el país implica reconocer las necesidades de las personas en situación de movilidad humana.
“Periplo” por la defensa de los derechos laborales de las y los jornaleros
Fundación Avina surge hace 27 años con la misión de “impulsar -desde el Sur Global-procesos colaborativos que generen cambios sistémicos en favor de la dignidad humana y el cuidado del planeta”.
En “Periplo” se han esforzado por crear espacios de capacitación para que las y los trabajadores migrantes conozcan sus derechos laborales, al tiempo que, buscan concientizar y capacitar al sector privado sobre las necesidades que deben considerar como empleadores. Asimismo, se han fortalecido con el acompañamiento de siete organizaciones civiles más que trabajan en pro de los derechos humanos de las personas migrantes alrededor del mundo.
Junto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han desarrollo esta iniciativa y cuentan con el apoyo de la Fundación Walmart quien ha otorgado el financiamiento económico para poder llevar a cabo las distintas actividades que conforman el proyecto.
“Periplo es un proyecto colaborativo que tiene el objetivo de contribuir a la creación de un sistema de migración laboral más equitativo en las cadenas de suministro de la industria agrícola en México y entre México y Estados Unidos, para proteger los derechos humanos de las y los trabajadores agrícolas migrantes” así se definen en su sitio web oficial.
Desde hace ocho meses, en Periplo ha desarrollado una serie de actividades que incluyen: capacitaciones sobre derechos laborales; recopilación de datos y elaboración de informes sobre abusos detectados; elaboración y difusión de materiales y herramientas audiovisuales para las y los trabajadores agrícolas; y generación de alianzas con proyectos similares que contribuyen a la defensa de los derechos de personas migrantes, entre otros.
Por su parte, Agnieszka Raczynska, Coordinadora del Proyecto Periplo y colaboradora del programa migraciones de la Fundación Avina afirma que hasta el momento han trabajado con dos grupos de trabajadores y trabajadoras agrícolas migrantes, quienes se movilizan a nivel nacional desde el sur o centro hacia el norte del país en búsqueda de oportunidades laborales que mejoren su calidad de vida.
“Se emplean en ranchos y en campos de producción de frutas y verduras. Y aquellos trabajadores y trabajadoras que emigran hacia Estados Unidos en los corredores migrantes con visas H-2A en este sistema de migración transnacional, regulado” agregó Raczynska.
En Periplo se han propuesto aumentar las habilidades de las y los jornaleros a través de talleres, capacitaciones y charlas, además de, realizar trabajo de documentación monitoreo, apoyo y acompañamiento. Por otro lado, también están iniciando diálogos e intercambios con las empresas para la promoción e implementación de buenas prácticas en el sector privado.
Por ahora, Periplo se enfoca solamente en trabajadores y trabajadoras mexicanas, sin embargo, desde el programa de migraciones, que es impulsado también por Fundación Avina, brindan atención a personas migrantes originarias de Guatemala, Honduras y El Salvador, ellas y ellos forman parte de otros proyectos no necesariamente vinculados con el trabajo agrícola.
Jornaleras y Jornaleros en doble vulnerabilidad
La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas denuncia en su informe “La población jornalera agrícola interna en México frente a la pandemia de Covid-19” que el gobierno mexicano no ha generado datos, ni mucho menos políticas públicas que atiendan las violaciones a los derechos humanos que experimentan las y los trabajadores agrícolas migrantes en el país.
Frente a ello, han tenido que realizar un trabajo de monitoreo y documentación para conocer la situación real de este sector. Desde su análisis identifican cinco violaciones principales a sus derechos:
Laborales, porque únicamente el 3% de las y los trabajadores temporales cuentan con un contrato escrito exponiéndolos a la informalidad y limitando así su acceso a prestaciones de ley.
Educativos, ya que, en el caso de las familias migrantes el rango de niñas y niños que acuden a la escuela permanece entre el 14 y 17%.
Salud, acceder a este derecho es complicado para las y los jornaleros porque no existe atención cercana ni específica, no hay centros de salud en las zonas que rodean a los campos agrícolas y la movilidad de una familia entera no es sencilla.
Vivienda, según la Red a las familias se les otorga un espacio llamados “galeras” que son sitios inadecuados para su habitabilidad, sin las condiciones adecuadas para vivir porque son reducidas, sin ventilación, sin acceso a agua potable y con presencia de plagas.
Alimentación, por una parte, no se les brinda el alimento necesario para compensar el desgaste físico que implica el trabajo agrícola, por el otro, son las y los migrantes, con o sin familias, quienes deben proveerse de alimentos, así como de conseguir los utensilios necesarios.
Agnieszka Raczynska coincide con las afirmaciones de la Red, puesto que, ella ha experimentado desde su propia labor los distintos abusos a los que continuamente son sometidos los y las trabajadoras agrícolas por su condición migratoria:
“Existe un sistema muy desigual, está diseñado de tal manera que el beneficio económico, de la producción siempre queda del lado del sector privado. Lo que identificamos es el gran desconocimiento que tienen las y los trabajadores de sus propios derechos y del marco regulatorio de la legislación que existe en México”.
Además de las violaciones a sus derechos humanos, la coordinadora del proyecto explica que las trabajadoras y trabajadores “son el escalafón más bajo de toda la cadena de poblaciones muy vulneradas que viven en contextos muy adversos” situación que les “inserta en estos espacios laborales en condiciones de muchísima precariedad”:
“ Hemos identificado que tres cuartas partes de la población trabajadora agrícola migrante en México tiene al menos una carencia social” sentenció.
Raczynska asegura que además de las violaciones a sus derechos laborales, ahora con la pandemia de la COVID-19, las familias se enfrentan “a un riesgo más” cada vez que empieza su jornada laboral: “siguen trabajando en las mismas condiciones, incluso ahora poniendo su vida en riesgo su propia vida para producir los alimentos que nosotras consumimos”.
“Los contextos en los que estas personas trabajadoras migrantes viven y de los que provienen son ya de entrada muy precarios, los cuales los ponen en un lugar con los empleadores desde una desventaja. Lo que hace referencia a carencias económicas y formas de precariedad en las distintas necesidades básicas. Igualmente, se le agrega la vulnerabilidad a la que son expuestas y expuestos ante contextos de violencia, incluso, institucional,” enfatizó Agnieszka Raczynska.
Otras de las formas de violencia laboral a las que se enfrentan continuamente las y los trabajadores agrícolas migrantes en México, son:
- Irregularidades en el monto y el pago de salarios.
- Jornadas laborales que se sobrepasan y no se pagan.
- Se emplean a menores de edad.
- Jornadas de trabajo de 12 horas o más por día.
- Se limita su acceso al derecho a la salud o educación.
- Anomalías en las condiciones de contratación que generan otras violaciones.
Ante esta situación el proyecto ha compartido esfuerzos para combatir la desinformación y vulnerabilidades que las empresas generan como empleadores, al tiempo que, han “tratado de cambiar la narrativa” que rodea a las y los jornaleros y que les estigmatiza y vulnera como personas migrantes. El estigma sobre ellas y ellos es tan grande que la sociedad, los empleadores y, por ende, las empresas han construido la idea de que por ser migrantes tienen menores derechos como trabajadores agrícolas.
“Todas las personas migrantes tienen los mismos derechos y además si son trabajadoras o trabajadores, no deben de tener derechos distintos a cualquier otro trabajador por el hecho de ser migrantes”, agregó la Coordinadora del Proyecto “Periplo”.
Mujeres, migrantes y trabajadoras agrícolas
Fundación Avina registró que, en México durante el 2020, de las 2 millones 330 mil 305 personas que laboraron ese año como jornaleras agrícolas casi el 13% fueron mujeres.
Desde el proyecto Periplo han identificado desigualdades, entre otras violencias hacia las mujeres en el sector agrícola. Aseguran que hay un alto grado de discriminación en las contrataciones. Lo anterior queda al descubierto en la impartición de tareas en el campo, donde a los hombres se les designan los trabajos de mayor esfuerzo físico, mientras que, por el contrario, a las mujeres se les designa, por ejemplo, la cosecha de fresas por considerar que tienen “una mayor delicadeza en las manos”.
Al mismo tiempo, es a las mujeres a quienes se les destina a las labores de cuidados como la limpieza o la cocina, además de las que de por sí ya realizan con su propia familia que las acompaña. También reciben un sueldo desigual, ya que, a ellas se les otorgan puestos por “destajo”, lo que quiere decir que trabajan y ganan un sueldo condicionado a la cantidad de producto que generen; esta modalidad recibe menos salario en comparación con una jornada laboral como lo establece la ley.
“Aunque aparentemente el género es irrelevante, puesto que el trabajo por destajo es tanto para hombres como para mujeres, a más mujeres se les dan estos trabajos por destajo y no por contrato laboral, entonces por lo general las mujeres perciben menos ingresos y cuentan con menores ganancias al término de la jornada laboral,” agregó Agnieszka Raczynska, Coordinadora del Proyecto “Periplo”.
Las violencias a las que son enfrentadas las mujeres trabajadoras agrícolas y migrantes son múltiples, desde sufrir acosos y hostigamientos hasta ser sometidas a trabajar jornadas dobles o triples. Todas las vulneraciones a sus derechos las mantienen en una desventaja en la competencia laboral.
Desde este proyecto, han documentado que las mujeres embarazadas pueden ser forzadas a dejar el trabajo, a continuar trabajando bajo las mismas condiciones que el resto de los trabajadores y/o a “descansar” obligatoriamente sin un sueldo. A decir de la coordinadora de Periplo, las mujeres trabajadoras agrícolas viven otras violaciones a sus derechos humanos que los hombres no enfrentan como, por ejemplo, el derecho a la salud, en específico a la salud sexual y reproductiva.
“Dentro de esta fuerza trabajadora identificamos el poder y la importancia de las mujeres migrantes y trabajadoras. Normalmente a ellas se les concibe como las acompañantes de los migrantes hombres, pero también nos hemos dado cuenta que las mujeres trabajadoras conforman un importante porcentaje de la fuerza laboral en México dentro de la industria agrícola” precisó.
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En ocho meses de labor ya han visto algunos resultados. Reconocen que las y los trabajadores han decidido alzar la voz, plantear sus exigencias para que se respeten las condiciones básicas de trabajo e, incluso, ya hay quienes, con el acompañamiento de Periplo han conseguido denunciar fraudes en las empresas, todo lo anterior sin el miedo de no conseguir un empleo de nuevo.
Por último, Agnieszka Raczynska llama a las y los consumidores a ser conscientes de las manos que nos brindan alimentos diariamente:
“Nos debe de importar por la misma razón que nos preocupa con qué manos se hace nuestra ropa y en qué condiciones. Nos oponemos a condiciones de esclavitud de las trabajadoras de la maquila de la industria indumentaria, entonces de igual manera nos debemos de oponer a las condiciones de esclavitud de los trabajadores de la industria agrícola, que algunos trabajan en condiciones de esclavitud moderna.”
En el siguiente enlace puedes acceder a la página web de Periplo para encontrar más información sobre su labor: https://proyectoperiplo.org/
