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La proximidad entre El Paso y Ciudad Juárez ofrece a las mujeres oportunidades de acceso a servicios de salud reproductiva, pero el cierre de la frontera, el estatus socioeconómico y la cultura conservadora a ambos lados de la frontera representan también obstáculos. Esta es una exploración del intercambio de los servicios de aborto en la frontera
Por Verónica Martínez y Victoria Rossi / La Verdad
CIUDAD JUÁREZ.- Lucero manejó por el Puente de Córdova-Las Américas sola. Los calambres en el vientre que el personal de la clínica de abortos le dijeron surgirían, ya comenzaron a hacerse sentir.
Detrás tenía El Paso, Texas, donde a los 23 años, acababa de tener un aborto en la clínica Hill Top Women’s Reproductive Clinic. Por delante tenía a Juárez, su ciudad natal, donde en el estado circundante de Chihuahua, se considera delito tener un aborto.
Lucero, quien pidió resguardar su nombre completo, había considerado volar a la Ciudad de México. Era el 2017, y allí los abortos habían sido legales desde hacía 10 años, pero tuvo que sopesar los costos: dos boletos de avión, el costo de alimentación y albergue –además de tener que explicar su repentino viaje a la capital de México–.
Mientras tanto, el viaje en auto a El Paso le podría tomar media hora. Con su visa de turista, podía entrar a Texas sin problema. Estaría de vuelta en casa el mismo día sin que nadie supiera lo que había hecho.
Al cruzar la frontera para entrar a Ciudad Juárez, se agudizó su temor. “Pido, por favor, que esto no ocurra”, recuerda haber rezado, preocupada por desmayarse o por sufrir una hemorragia, lo cual le obligaría ir a un hospital, donde no podía fiarse de la confidencialidad entre el médico y la paciente. Cualquiera que se diera cuenta que hubiera tenido un aborto podría reportarle a la policía. “¿Y si me descubren?”
Si bien Lucero se dirigió al norte para tener el aborto, muchos residentes de El Paso se dirigen al sur. En Juárez, encuentran acceso barato y fácil al medicamento misoprostol, que induce el aborto, y que se vende sin receta médica como tratamiento para las úlceras en muchas farmacias mexicanas. Es una solución para las que optan por tener un aborto sin recurrir a una clínica, ya que las restricciones legales en el estado de Texas, cada vez más estrictas, dificultan el hacerse el procedimiento en muchas clínicas.
En la región del Paso del Norte, las fronterizas de ambos lados del río Bravo por décadas han recurrido al lado opuesto de la frontera para poner fin a los embarazos, con circunstancias que no siempre tienen a su disposición en casa.
Ahora, sin embargo, las juarenses deben buscar en otra parte. Sigue cerrado el cruce terrestre a Estados Unidos para la mayoría de los mexicanos, y esta primavera, El Paso perdió su última clínica para abortos.
Las consecuencias de la imposibilidad de tener un aborto en El Paso, junto con el cierre de la frontera de EE.UU. en la era de la pandemia, han repercutido en la otra orilla del río Bravo. En los 15 meses en los que la clínica de Planned Parenthood en El Paso ofreció servicios de aborto, aproximadamente un 3% de sus pacientes provenía de México, indica. Pero la ciudad texana ya no ofrece acogida a las personas como Lucero, quienes antes cruzaban la frontera para tener abortos sin temor a repercusiones legales.
Mientras tanto, pronto las residentes de El Paso podrían valerse hasta más de Juárez para conseguir las píldoras para el aborto.
El primero de septiembre, una nueva ley denominada “Texas Heartbeat Act”, en efecto prohibirá que las clínicas del estado realicen abortos a unas seis semanas después de concepción —tan pronto como se detecte actividad cardíaca en el embrión, y antes que muchas sepan que están embarazadas—. Con la reducción en el acceso al aborto, habrá más residentes de El Paso que opten por cruzar la frontera.
Las restricciones legales en Texas
Durante las últimas dos décadas, los legisladores estatales en Texas han promulgado regulaciones cada vez más estrictas contra los servicios de abortos.
En el 2013, después de aprobación de la ley, House Bill 2, que impuso estándares similares a los hospitalarios a las clínicas para abortos, dos clínicas en El Paso cerraron temporalmente y los procedimientos de abortos en el condado se redujeron en un 40%. Aunque la Corte Suprema anuló la medida en el 2016, siguen vigentes otras restricciones.
Para el 2017, aproximadamente un 96% de los condados de Texas ya no contaba con ninguna clínica para abortos.
El Paso era la excepción hasta que empezó la pandemia. Luego, en marzo del 2020, los médicos de Planned Parenthood que otrora volaban a El Paso dos veces al mes para realizar abortos dejaron de ir por el tema de seguridad ante el COVID. Meses más tarde, la última clínica en ofrecer servicios de abortos en El Paso, Hill Top Women’s Reproductive Center, donde Lucero se hizo el aborto, cerró sin dar explicaciones.
La clínica de Planned Parenthood sigue abierta en El Paso para ofrecer otros servicios médicos y está reclutando nuevos médicos para volver a ofrecer servicios de abortos. Pero las restricciones cada vez mayores en Texas han dificultado aún más el reclutamiento de médicos, dijo Xochitl Rodríguez, oficial de filantropía en Planned Parenthood of Greater Texas en El Paso. Rodríguez no pudo decir cuándo volvería a ofrecer abortos la clínica.
Además de prohibir abortos clínicos a partir de las seis semanas, la ley Texas Heartbeat Act, permitirá que las personas entablen juicios contra los prestadores de servicio de abortos y cualquier otra persona que “ayude o incite” a una persona que busque el servicio más allá de las seis semanas. En julio, docenas de clínicas de aborto y grupos de defensa presentaron demandas para obstruir la medida antes que entre en vigencia. En una audiencia que estaba programada para este lunes, estos grupos esperaban convencer al juez del distrito federal en Austin a que frenara la ley de entrar en vigor. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos del Distrito Cinco canceló la audiencia el pasado viernes.
“Sin las cortes interviniendo, el miércoles, se les va a negar a los texanos su derecho constitucional al aborto en violación de 50 años de precedentes”, Julie Murray, una abogada que representa a la Federación Americana de Planned Parenthood en el caso, dijo en un comunicado.
A nivel nacional, la Corte Suprema ha aceptado oír un caso en el que el fiscal del estado de Mississippi ha solicitado anular Roe v. Wade y Planned Parenthood v. Casey, fallos emblemáticos que establecen el derecho constitucional a interrumpir un embarazo.
Los opositores a los abortos esperan que la mayoría conservadora de la Corte haga precisamente eso, entre ellos el gobernador de Texas, Greg Abbott. En julio, se unió a una coalición de gobernadores antiaborto para presentar un escrito de amicus curiae que insta a los magistrados que declaren que el aborto no es un derecho constitucional. Durante la sesión legislativa de primavera, Abbott promulgó una ley que prohibiría automáticamente el procedimiento si se revoca el Roe v. Wade.
El intercambio el Paso-Juárez
Al cruzar a pie el puente Paso del Norte, del centro de El Paso hacia Juárez, “lo primero que se ve es un bar, otro bar, una farmacia, bar —tal vez uno que otro buen restaurante—”, dijo Lina-María Murillo, profesora asistente en la University of Iowa, quien investiga la historia de la atención médica reproductiva en la frontera. En Juárez, un buen número de farmacias vende misoprostol, un medicamento que induce el aborto, en cajas de 28 píldoras que cuestan unos 20 dólares.
“Lo que esto nos dice es que durante mucho tiempo el aborto ha formado parte principal de la economía de la salud de la región fronteriza”, dijo Murillo. “Las personas de la región fronteriza van a México para servicios dentales, para chequeos médicos –el aborto claramente es una parte de un régimen de atención médica–”.
Si bien en Chihuahua es ilegal usar el misoprostol para interrumpir un embarazo, se vende sin receta médica en las farmacias mexicanas, para tratar las úlceras.
En las comunidades fronterizas de Texas, por mucho tiempo las personas se han encargado de sus propios abortos a tasas más altas que el resto del estado y el país. Una encuesta a nivel estatal de clínicas de aborto encontró que un 12% de sus pacientes, que residen a lo largo de la frontera entre Texas y México, en algún momento intentó encargarse de su propio aborto —en comparación con un 7% de las pacientes por todo Texas, y un 2.6% a nivel nacional—.
Esta práctica ha comenzado a afianzarse a nivel nacional. Cuando alguna vez los abortos, más allá de un entorno clínico, suscitaban imágenes de ganchos y remedios populares peligrosos, ahora la práctica se ha vuelto más segura y efectiva con el aumento en el uso de las píldoras que inducen el aborto.
Para terminar un embarazo, las clínicas en EE. UU. –y ahora, algunos servicios de telemedicina– ofrecen un régimen de dos drogas, mifepristona y misoprostol, las cuales en combinación resultan más eficaces que el misoprostol por sí solo. Pero como es difícil encontrar la mifepristona en México y en mucho del sur a nivel global, muchas se fían sólo del misoprostol, que tiene una eficacia de un 85%, en comparación con aproximadamente el 93% del régimen de los dos medicamentos. La Organización Mundial de la Salud ha aprobado el misoprostol como forma segura y efectiva de autogestionar un aborto hasta 10 semanas después de la concepción.
A medida que aumentan las barreras contra el aborto clínico, es más probable que las personas opten por encargarse de su propio aborto. Abigail Aiken, profesora asociada de la University of Texas en Austin, encontró con su equipo de investigación que el número de abortos autogestionados se eleva con cada aumento de 40 millas de distancia de la clínica de abortos más cercana. De acuerdo al estudio, mientras menor el ingreso de la persona, más probable es que intente poner fin a su embarazo sin recurrir a un entorno clínico.
Los abortos por cuenta propia aumentaron dramáticamente durante la pandemia, cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) autorizó a los proveedores que enviaran por correo los fármacos mifepristona y misoprostol a sus pacientes. Hay diecinueve estados, incluyendo Texas, que no permiten que los proveedores en el estado envíen por correo estos medicamentos, pero ejercen poco control sobre las organizaciones que operan fuera del estado, ni menos fuera del país.
Aiken también descubrió que durante la pandemia, en Texas aumentaron las solicitudes al grupo internacional Aid Access, el cual ofrece medicamentos para abortos y consultas tele médicas.
Cuando el gobernador de Texas, Greg Abbott, impuso una prohibición de cuatro semanas al aborto en abril del 2020, citando preocupaciones de seguridad frente al COVID, el estudio encontró que las peticiones a Aid Access de apoyo para abortos subieron en casi un 94% con respecto al año anterior, el mayor imcremento en todo el país.
La penalización en Chihuahua
Incluso después de su aborto, Lucero temía que su familia se enterara. La mujer sentía que no solo había cruzado una línea geográfica para tener el aborto; sino que también había cruzado una línea moral.
“Yo sabía que hacía algo ilegal en México y que había mil razones por las que podría ir a la cárcel”, dijo Lucero.
Desde el 2013, 10 personas en Ciudad Juárez han sido acusadas por interrumpir ilegalmente un embarazo, según información de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Solo uno, en el 2018, resultó en una condena de 32 meses de prisión.
De acuerdo con información publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nueve denuncias de presuntos delitos relacionados con el aborto en Chihuahua se registraron en el 2020 y tres, en el 2021, con datos actualizados a junio.
Según información obtenida del Tribunal Superior de Justicia del estado de Chihuahua mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, no hubo casos registrados con una sentencia en Chihuahua vinculada a una interrupción ilegal de un embarazo en el 2020 ni tampoco hasta la fecha en el 2021.
Aunque los abortos en Chihuahua están penalizados, la ley ofrece algunas excepciones. El Código Penal del estado de Chihuahua establece que es legal interrumpir un embarazo en caso de violencia sexual, si está en peligro la salud de la mujer, o si ha sido inseminada a la fuerza, o si el aborto fue por accidente.
La norma oficial de México, NOM-046-SSA2-2005, es el marco legal que establece los criterios para prevenir y atender la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, y las normas para los servicios de aborto en el estado en casos de violación sexual. Estos servicios incluyen acceso a pruebas del sífilis y VIH, consejería, pruebas de embarazo y, en el caso de un resultado positivo, píldoras anticonceptivas de emergencia o los procedimientos necesarios para interrumpir un embarazo, si se solicita.
No se requiere que el personal médico verifique las declaraciones de aquellas que soliciten un aborto voluntario en los casos de violación sexual. Deben aceptar la palaba de la que lo solicita, y actuar “bajo el principio de la buena fe referenciado en el artículo 5 de la ley general de víctimas”.
Aunque la ley también permite que el personal médico se nigue a ofrecer los servicios de aborto voluntario por objeción de conciencia, el estado igual tiene la obligación de encontrar un médico dispuesto a realizar el procedimiento.
Los servicios de salud de Chihuahua cumplen por completo con las normas establecidas en NOM-046, según Mitzi Alicia García, coordinadora jurisdiccional de salud reproductiva de la Ciudad Juárez. García afirma que en aquellos casos en los que es legal el aborto bajo el Código Penal del estado, todo hospital estatal puede garantizar atención médica de un médico que no tenga objeciones de conciencia.
Sin embargo, Elia Orrantia, directora del centro contra violencia familiar, Sin Violencia, indicó que, en su experiencia, sigue siendo un reto ayudar a una mujer a conseguir un aborto legal, ya que muchos médicos todavía pueden negarse a realizar el procedimiento.
“En Chihuahua, es todavía muy común la objeción de conciencia”, explicó Orrantia. “En realidad es el doctor quien decide si va haber una interrupción legal del embarazo”.
No todos los hospitales estatales en Ciudad Juárez cuentan con los servicios requeridos para prevenir o interrumpir un embarazo, agregó Orrantia. A veces las que buscan abortos tienen que ser referidas a otros hospitales.
“En el mejor de los casos, se transfiere a la víctima a otro hospital estatal, pero tiene que volver a contar su historia para recibir un servicio que tendría que ser garantizado por el estado”, dijo.
Aun cuando el aborto es legal bajo ciertas circuntancias de acuerdo con la ley estatal, las juarenses podrán sentir recelos de pedir el procedimiento para evitar ser juzgadas y estigmatizadas, señaló.
Entre las restricciones al acceso y el temor a la penalización, algunas juarenses podrán optar por encargarse de sus propios abortos al considerar que el medicamento se consigue con cierta facilidad en las farmacias.
Así fue en el 2019, cuando una conocida se comunicó con Lucero. Le pidió ayuda, sabiendo que había sido muy elocuente por los medios sociales sobre su posición a favor de la legalización del aborto en México. Lo más importante era que Lucero no le juzgaría.
Después de tomar misoprostol, durante una semana sufrió con una infección. No sólo eso, sino que el medicamento no había logrado interrumpir su embarazo.
Lucero se tomó el día libre en su trabajo para ayudarla. Llevó a la joven con su ginecólogo –el mismo doctor que en el 2017 discretamente le pasó a Lucero una tarjeta con la información de la clínica Hill Top Women’s Reproductive Clinic en El Paso–. El doctor recomendó un procedimiento para quitar el tejido infectado de su amiga.
A diferencia de Lucero, la joven no tenía una visa para cruzar con facilidad a El Paso. Incluso si la tuviera, no tenía el dinero necesario y menos el apoyo de su familia.
“Con ella, vi la contraparte. Había dos rostros a esta experiencia: lo que yo había vivido y lo que ella vivía actualmente”, comentó Lucero.
Las dos lloraron en el carro camino al hospital y se pusieron de acuerdo en qué decirle al personal médico al llegar.
Lucero le dijo que no había forma que el personal médico supiera que había tomado misoprostol. “Tienes que negarlo por completo”, le dijo. “Diles que sentiste un dolor intenso y que comenzaste a sangrar esta mañana y que por esto has venido a urgencias”.
Lucero esperó afuera del Hospital de la Mujer en Ciudad Juárez, mientras que la joven a la que apenas conocía acababa de ingresar para que la revisaran. Solo podía quedarse afuera del hospital como las decenas de personas que esperaban a sus seres queridos.
Se pegaba una hoja de papel en la puerta de vidrio del hospital con información actualizada, pero cada vez que Lucero la veía, no había noticias de la joven, quien hasta entonces era solo una conocida.
Durante la espera, una patrulla de la Policía Municipal se detuvo en la entrada del hospital. Se estacionó con las luces encendidas. A Lucero se le hundió el corazón hasta los pies pensando en la joven que estaba adentro del hospital.
La joven no tenía acceso a su teléfono; Lucero no le podía poner sobreaviso que tal vez había sido reportada. No sabía qué hacer, pero estaba convencida que no se podía ir y dejar a la que ahora era su amiga.
“Ya me estaba imaginando en la cárcel”, narró Lucero. “Recordé que alguien me había dicho que los cómplices también van a la cárcel por ayudar a las que quieren tener un aborto”.
Bajo el artículo 143 del código penal de Chihuahua, cualquiera que obligue o ayude a una mujer a obtener un aborto “será penalizado con seis meses a tres años de prisión, con cualquier medio que se usara, tanto que esto se hiciera con el consentimiento de la mujer”. Sin el consentimiento de la mujer, la penalidad aumenta a tres a seis años.
Otra patrulla se estacionó cerca de la entrada, y entonces fue que Lucero vio a una reclusa embarazada del penal federal bajarse del vehículo. Vestía el uniforme del centro penitenciario y llevaba grilletes en los tobillos y las muñecas.
Lucero sintió alivio, pero seguía llena de ira.
“¿Por qué tenemos que pasar por esto? No sólo no queremos estar embarazadas, sino que también tenemos que lidiar con este asunto legal y con dificultades económicas solo porque algunas personas en el gobierno tienen el derecho a decidir. Llegan a decir: ‘no, tú no tienes autoridad sobre tu cuerpo”.
Después de más de seis horas, su amiga salió. Había recibido la atención debida, y ninguno de los del personal médico le preguntó nada.
¿Privilegio o derecho?
El aborto de Lucero le supuso una carga económica. Pero, a diferencia de su amiga, pudo pagar el procedimiento. Y, por último, contar con un automóvil y una visa de turista que le permitió conseguir un aborto sin complicaciones legales o de salud.
“Reconozco que pude hacer eso con todos (mis) privilegios”, dijo Lucero, reconociendo que, para otras fronterizas, el acceso al aborto no es tan sencillo.
Liz Stunz no considera que el acceso al aborto sea un privilegio. Para ella, es un derecho. El panorama restrictivo del aborto en Texas, dijo, le causó miedo, aislamiento y dolor. Se enteró de su embarazo en el 2015, solo dos meses después de mudarse a El Paso. El momento no podría haber sido peor.
Entonces, a los 28 años, no tenía un carro ni tampoco tenía amigos en la ciudad en quien confiar. Su nuevo novio le había agredido sexualmente, dijo, pero en El Paso solo tenía a él a quién recurrir. Sabía que no le podía pedir mucho. Que la llevara a la clínica de Planned Parenthood, en Albuquerque, era imposible.
“Nunca antes me había encontrado en una situación tan, pero tan, vulnerable”, explicó.
Viviendo solo con el ingreso de estudiante graduada, Stunz no podía pagar el costo de un aborto, de cualquier manera. En Texas, el costo de un aborto va desde los 450 dólares, y dependiendo de la etapa de gestación, puede aumentar hasta los mil 500 dólares. Normalmente se paga del propio bolsillo, porque Texas prohíbe que los seguros cubran la mayoría de los procedimientos de aborto.
Stunz leyó en internet sobre el misoprostol y lo fácil y lo barato que era al otro lado de la frontera. “Quería acabar con todo lo más pronto posible y no quería hablar con nadie del tema”, dijo. Tenía el pensamiento ofuscado, esporádico, constantemente enfocado en su madre, católica devota, provida, quien estaría horrorizada con los planes de su hija.
Con el misoprostol, Stunz no tendría que esperar una cita en una clínica y no tendría que pasar por una larga fila de oponentes al aborto en la puerta de la clínica. Interrumpió su embarazo, en privado, en su casa.
El novio de Stunz era de Juárez y la visitaba con frecuencia. Le contó sobre el misoprostol y le pidió que se lo comprara. “Era lo menos que podría hacer él”, comentó Stunz.
Cinco horas después de tomar una segunda dosis de misoprostol, se encerró en su casa, las piernas sujetas al pecho, con calambres que parecían un cuchillo torciéndose en su útero que iban y venía. Se le subió la temperatura hasta la fiebre, después tuvo escalofríos. Saqueada por las náuseas, vomitó, después se preocupó, pensando que había arrojado el medicamento. Al final, se quedó dormida.
La fiebre, dolores abdominales, y sangrado vaginal son secuelas comunes del misoprostol, según la Organización Mundial de la salud https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/328166/9789243550404-spa.pdf?ua=1
La clínica Mayo afirma que el medicamento también puede causar náuseas y vómitos. En el momento, sin embargo, no hizo que fuera menos temeroso.
Antes de mudarse a El Paso, Stunz había vivido en Portland, Oregon, donde una amiga había podido conseguir un aborto el día después de saber que estaba embarazada. El procedimiento tampoco costó mucho, recordó Stunz. A diferencia de Texas, Oregon permite que el seguro privado cubra el costo del aborto, y también tienen un programa de seguro estatal que cubrirá el procedimiento. “Es completamente lo opuesto a Texas”, dijo.
Si hubiera quedado embarazada en Portland, añadió, habría ido a una de las muchas clínicas de Planned Parenthood en la ciudad. “Si una clínica está un poco ocupada, hay como cuatro más a diez minutos de distancia en autobús”
Allí, dijo, se habría sentido apoyada. No habría requerido la ayuda de su novio abusivo. Hasta se sentiría empoderada.
“¿Por qué mierda tiene que ser más difícil que en Portland? Eso me enciende de ira. El que todavía sigamos en este debate”, dijo. “Que las mujeres todavía tengan que lidiar con este tipo de regulación sobre sus cuerpos es una locura”.
En Portland, dijo, “nadie está allí tratando de hacer que la mierda sea más difícil para ti como en El Paso, o como en Texas. Me alegro que pude al menos conseguir esa mierda sin pagar mucho en Juárez, ¿sabes? Me alegro de que haya habido al menos eso”.
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Este contenido fue producida como parte de Puente News Collaborative, una asociación binacional de organizaciones de noticias en Ciudad Juárez y El Paso, de la que forma parte La Verdad.
*Este trabajo fue realizado por LA VERDAD, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar el original.
