#CrisisForense
Dentro de la crisis forense que prevalece en México y donde, conforme al Informe realizado por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, existen 52 mil personas fallecidas sin identificar, Jalisco ocupa el cuarto sitio nacional con 5 mil 738 casos.
Este reporte, publicado días antes de conmemorarse el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición, además señala que el 60% de estos cuerpos yacen en fosas comunes de cementerios públicos con registros deficientes y con alta probabilidad de extravío de sus cuerpos.
Por Darwin Franco / @DarwinFranco
Antonio Cabezas Hernández, 59 años, desapareció en agosto de 2017. Ingresó a los servicios médicos forenses el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), el 30 de septiembre de ese año. Durante más de dos años negaron a su familia que éste hubiese sido localizado; sin embargo, su hermana lo identificó, el 27 de agosto de 2019.
Esto significa que su cuerpo que llegó a la morgue, el 30 de septiembre de 2017, siempre estuvo en las instalaciones forenses. A dos años de su identificación, el personal del IJCF aún no ha entregado su cuerpo porque no saben dónde lo enterraron.
Esta historia refleja de manera clara lo que el Informe “La Crisis Forense en México: más de 52,000 personas fallecidas sin identificar“, elaborado por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, encontró respecto al desorden que existe en todo al país alrededor del paradero de todas aquellas personas fallecidas que no han sido identificadas .
Este Informe que establece “un piso mínimo reconocido por el Estado” en cuanto a la crisis forense y de identificación en México, precisa que el 60% de las más de 52 mil personas fallecidas sin identificar están actualmente resguardadas en fosas comunes de panteones municipales; sin embargo, como pasa con Antonio, no se cuentan con registros fiables para saber con certeza dónde y bajo qué condiciones están, razón por la que consideran que es muy posible que sus cuerpos puedan ser extraviados o confundidos.
Ese es el miedo de la familia Cabezas, pues al paso de tres años consideran que, quizá, ya no lo van a encontrar, ya sea porque de verdad no hay forma de saber en qué panteón lo dejaron o porque su cuerpo, por esa falta de registros, ya fue entregado a alguien más.
Aunque con esta investigación, realizada por la organización que integra a 74 colectivos de búsqueda del país, es posible dimensionar el tamaño de la crisis forense el problema sigue siendo la opacidad, pues: “Las autoridades no han podido o no han querido informar dónde se encuentra el 22% de las personas fallecidas sin identificar”, esto se señala así porque sólo 23 de 32 estados del país contestaron a las solicitudes de transparencia elaboradas por el Movimiento.
El 60% de aquellas personas fallecidas no identificadas que sí se sabe dónde están se encuentran en alguna fosa común en los estados de Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Chihuahua.
En un desglose sobre los destinos finales que han tenido estas personas fallecidas sin identificar también se destaca que junto con las fosas comunes, muchas de ellas han sido incineradas o cedidas a universidades y/o centros de investigación médica.
En el caso de Jalisco, el IJCF aseguró haber incinerado, entre 2006 y 2015, mil 571 cuerpos, pero sólo les tomó ADN a 1430 de ellos, lo que implicó desaparecerlos completamente como puede leerse en la investigación: “Jalisco: desaparecer hasta volverse cenizas“.
Aunque la crisis forense data del año 2006, fecha en que el número de homicidios se incrementaron por la afronta que se declaró contra la delincuencia organizada, es a partir del 2015 en que ésta se ha agudizado, siendo los años con mayor incidencia 2018, 2019 y 2020.
¿Qué ha causado esta crisis forense?
Conforme a los datos otorgados, el Movimiento señala que aunque la identificación forense es un fenómeno multifactorial, la crisis puede atribuirse a dos aspectos estructurales:
“Por un lado, un incremento notorio en los niveles de violencia a partir del año 2006 que coincide con el cambio de la política de seguridad pública, llevando a las fuerzas armadas a realizar tareas de seguridad pública para combatir a la delincuencia organizada. Por el otro, una marcada incapacidad del Estado, y concretamente, de los servicios forenses, para responder a las necesidades crecientes de identificación humana”.
Lo cual, precisan, también ha corrido de manera paralela con la crisis de desapariciones que atraviesa el país, pues
“es posible que entre los cuerpos no identificados que yacen en fosas comunes y clandestinas, en servicios forenses y otros espacios, se encuentren algunas de las personas reportadas como desaparecidas”
Para la organización esto es lo que hace aún más fuerte el incumplimiento de las autoridades, federales y estatales, no sólo de su labor de identificación sino también en la de investigación de las desapariciones, pues si ambas de realizaran de manera completa, urgente e imparcial; muchas de las personas desaparecidas serían identificas y, en consecuencia, muchas de las personas fallecidas recuperarían su identidad.
Otro de los problemas que inciden en esta crisis forense es la falta de capacidades institucionales para la identificación de personas, lo cual se genera porque hay carencia de personal calificado; pues en el país la responsabilidad de identificación recae en 4 mil 111 peritos responsables.
“La escasez de personal forense provoca un rezago en la elaboración de peritajes. Las autoridades de 11 entidades informaron que, hasta el 31 de agosto de 2020, había 6,176 peritajes pendientes de realizar, principalmente en genética, antropología física y odontología”, se precisó en el Informe.
A esto hay que sumar también la falta de recursos técnicos y presupuestarios para hacer frente a la crisis; además de carencia de diseño de políticas institucionales para hacer efectivo el trabajo que se hace en los servicios médicos forenses del país.
Otro de los problemas que detectaron las familias está en el uso deficiente de la genética para identificar a quienes yacen en las morgues, pues pese a que ésta técnica de identificación se coloca como la más importante, en realidad, pocos estados la aplican con eficacia.
En el caso de Jalisco, sólo el 4.45% de todas sus identificaciones suceden bajo este método.
Si a esto se le suma que pese a tener una gran cantidad de muestras genéticas tomadas a las y los familiares de las personas desaparecidas, las instituciones forenses del país no pueden compartir o cruzar sus registros, ya sea por la manera en que toman las muestras o porque, simplemente, utilizan software que son incompatibles.
Recomendaciones para resolver la crisis forense
Finalmente, el Informe hace al Estado Mexicano una serie de recomendaciones para afrontar esta crisis forense; entre las que destacan:
- Cumplir fehacientemente con el principio de participación conjunta establecido en la Ley General en materia de desapariciones, garantizando la participación directa, efectiva y constante de las familias de personas desaparecidas.
- Avanzar decididamente en la implementación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.
- Realizar un diagnóstico completo, desagregado y específico sobre los servicios forenses del país.
- Expandir y mejorar los servicios forenses ordinarios. Ampliar la plantilla de peritos en especialidades relativas a la identificación humana.
- Construir, ampliar y modernizar instalaciones adecuadas y correspondientes con el desafío actual.
- Acelerar la instalación y entrada en funcionamiento de los centros regionales y estatales de identificación humana.
- Profundizar la apertura hacia el trabajo conjunto entre servicios forenses ordinarios, organizaciones expertas y universidades, tanto nacionales como internacionales.
- Disponer la autonomía formal y real de los servicios forenses en todo el país, separándolos de las fiscalías o de otras instituciones que actualmente los dirigen o controlan, ya sea formal o informalmente.
- Garantizar la implementación y el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Protocolo Homologado de Búsqueda.
- La Secretaría de Educación Pública y la Asociación Nacional de Universidades Públicas deben incentivar la formación de especialistas forenses a través de la creación de nuevos programas de licenciatura, especialidad, posgrado y diplomado.
- Garantizar que todos los perfiles genéticos de referencia se analicen de manera expedita y de forma completa frente a los perfiles genéticos correspondientes de personas fallecidas no identificadas.
- Implementar un sistema homologado de comparación de perfiles genéticos como podría ser la Base Nacional de Información Genética garantizando su interoperabilidad con otros bancos de perfiles genéticos existentes en el país.
- Garantizar que toda persona fallecida sin identificar cuente con archivo básico de identificación y una carpeta de investigación o averiguación previa.
- Garantizar que ninguna persona fallecida sin identificar sea inhumada en fosas comunes (colectivas), como lo establece la Ley General en su artículo 129, fracción II.
- Construir los centros de resguardo necesarios para garantizar que toda persona fallecida sin identificar sea inhumada en fosas individuales, con trazabilidad completa, garantizada y detallada en bases de datos.
- Garantizar que ninguna persona fallecida sin identificar sea entregada a universidades, en cumplimiento con la Ley General de Salud en sus artículos 350 Bis 3 y Bis 4.
- Las autoridades deben asegurarse de contar con los mecanismos y recursos suficientes para localizar y notificar a las familias de todas las personas fallecidas que resulten identificada.
Recomendaciones que se hacen recordando que el país hoy cuenta con más de 90 mil personas desaparecidas, de las cuales más de 13 mil 500 fueron desaparecidas en Jalisco.
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Este informe puede leerse completamente en:
https://movndmx.org/wp-content/uploads/2021/08/Informe-La-Crisis-Forense-en-México.pdf
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Para profundizar más también puede consultarse nuestro especial #CrisisForense:
