Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) presentó su informe “El acceso a la justicia en México durante la pandemia de COVID-19. Análisis sobre la actuación del Poder Judicial de la Federación”.
El documento plantea un análisis sobre los obstáculos y retos a los que se enfrentan los grupos más vulnerables en el país al momento de tratar de acceder a la justicia. Además, sugiere nuevas medidas y vías para que a estos grupos les sea más fácil la garantía de sus derechos humanos.
La directora de la Fundación, Ana Lorena Delgadillo, expresó que, si bien en estos tiempos de pandemia las desigualdades en el acceso a la justicia se agudizaron, la realidad es que en México desde hace años el acceso al mayor recurso legal para defender las violaciones a derechos humanos (como lo es el amparo) se ha vuelto un tema excesivamente técnico, además de ser “un privilegio” para aquellas personas que pueden pagar por a una abogada o abogado.
Esta situación, en el último año y medio, se ha vuelto aún más compleja, pues sólo tienen acceso a las demandas de amparo quienes cuentan con internet y/o a algún dispositivo electrónico.
Por Samantha Anaya/@Sam_An16
Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, advierte en entrevista que el informe “El acceso a la justicia en México durante la pandemia de COVID-19” surgió ante la preocupación que expresaron diferentes organizaciones de derechos humanos sobre el impacto que la pandemia trajo consigo -de manera particular- hacia las personas que se encontraban dentro de estaciones migratorias y aquellas solicitantes de asilo en el norte de México bajo el Protocolo Quédate en México.
De acuerdo con la organización, este grupo de la población en situación de vulnerabilidad corría -corre- mayor riesgo de contagiarse, además de estar expuestos a la violación reiterada y sistemática de sus derechos humanos.
Ante este panorama, dichas organizaciones comenzaron a promover amparos en diferentes estados de la República, iniciando con aquellos donde se encontraba un mayor número de población migrante. Lo que exigían al Consejo de Migración era que se transparentara la información sobre las medidas de salubridad implementadas para proteger a este sector, así como, que se dictarán nuevas que garantizarán la vida, la seguridad y el acceso a la salud de todas las personas.
Sin embargo, las y los defensores llegaron a la conclusión de que también se encontraban en el medio de “una epidemia del desamparo”, esto de cara a la serie de procedimientos legales implementados y el nulo accionar de las autoridades del Poder Judicial:
“Los amparos que realizamos no nos llevaron a ningún resultado positivo, e imagínate que el juicio de amparo es el mecanismo legal más poderoso que tenemos en México para proteger abusos contra nuestros derechos, y ni este da resultados favorables”, sentenció la abogada Delgadillo.
Lamentablemente, la actual contingencia sanitaria no es la verdadera razón por la que los juicios de amparo se han vuelto insuficientes: históricamente el juicio de amparo ya no ha funcionado como debería:
“Aceptamos que la pandemia trajo complejidades, pero aceptamos que también agudizó desigualdades en cuanto al acceso a la justicia”.
Por ello, el informe señala que muchos de los desafíos y obstáculos en torno al funcionamiento judicial en México -y en general, en América Latina- han estado presentes desde mucho antes de la emergencia sanitaria actual. A pesar de ello, estos desafíos se han agravado o se han vuelto más notorios.
Para evitar los contagios al interior de las instancias del Poder Judicial se ideó un plan de justicia digital desde marzo del año pasado. Sin embargo, aunque algunas de estas restricciones eran inevitables, estas medidas implican una notoria limitación a los derechos humanos de la población más vulnerable, como personas migrantes, solicitantes de asilo, privadas de la libertad y las y los trabajadores de la salud. Situación que va en contra de lo que diferentes estándares internacionales marcan.
El esquema implementado para evitar la propagación de los contagios al interior de las instancias del Poder Judicial además, ha mostrado claras diferencias en cuanto a la impartición de justicia, por lo que, las organizaciones que participaron en la elaboración del informe señalan que hubiera sido deseable la definición de lineamientos más uniformes a fin de procurar el correcto acceso a los procesos judiciales.
Por otra parte, dado que la curva de contagios durante el 2020 fue en aumento, las y los funcionarios públicos del Poder Judicial dieron prioridad a los juicios en línea, lo cual, no fue algo nuevo a raíz de la pandemia. Tiempo atrás ya era posible realizar solicitudes de amparo de manera virtual, sin embargo, aumentaron a partir de la contingencia sanitaria, lo que trajo consigo más problemas que soluciones, entre ellas, las siguientes:
1) Existe un gran desconocimiento desde el funcionariado del Poder Judicial, así como de las y los abogados sobre el funcionamiento de los juicios en línea:
“Nos pasó que en uno de los amparos teníamos muchas dudas y llamamos a uno de los juzgados y tampoco los servidores públicos sabían cómo utilizarlo”, añadió Ana Lorena.
2) La prevalencia de limitaciones técnicas para realizar las demandas de amparo en línea. Por ejemplo, el Poder Judicial requería que se contará con la firma fiel, la cual es indispensable para realizar demandas de amparo; no obstante, conseguirla requiere de una serie de trámites excesivos que dificultan su acceso:
“Nos dimos cuenta de que, al final, sumando todos los pasos te pedían más requisitos cuando lo haces de forma electrónica que por la vía física. Entonces, si se trataba de agilizar y de hacerlos más fácil, pues no funcionó: había más requisitos”.
3) El expediente electrónico no era igual al expediente físico, y mientras que el juzgado tenía cierta información, electrónicamente se tenía acceso a otra distinta:
“Al final, todas estas trabas eran un pretexto para que las autoridades no cumplieran con lo que mandaba el Poder Judicial”.
La mayor preocupación de las organizaciones acompañantes de las personas migrantes y de las solicitantes de asilo era que la mayoría de los jueces encontraron la manera de darle la vuelta al amparo.
Aunado a todo lo anterior, la abogada Delgadillo enfatizó que, en un país con tanta desigualdad, no se le puede dejar toda la carga a la justicia digital, ya que la brecha digital es enorme:
“Si sólo tomamos en cuenta la brecha digital, ahí tienes el número de personas que tienen acceso a la justicia”.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), expone que sólo el 52.1% del total de los hogares mexicanos cuenta con servicio de internet, y únicamente el 37.6% con computadora, laptop o tableta.
La inaccesibilidad a medios digitales impidió, además, que un amplio sector de la población obtuviera una firma electrónica, -trámite indispensable, salvo en algunas excepciones- para iniciar un juicio en línea. De esta forma, cualquier persona sin recursos tecnológicos se vio aislada de la justicia y de sus derechos.
Tal y como ya sea ha señalado, a pesar de que la contingencia sanitaria generó que ciertas situaciones se replicarán y fuesen más notorias, de marzo de 2019 a febrero de 2020 (periodo previo a la pandemia en México), sólo el 1.52% de las demandas fueron hechas a través del Portal de Servicios en Línea, mientras que, el 1.57% del total de las promociones fueron enviadas por esta plataforma. Las cifras anteriores muestran la poca adaptación de las personas usuarias del sistema de justicia a los juicios en línea, a pesar de que estos medios digitales están regulados en la Ley de Amparo desde 2013.
En contraste, entre marzo de 2020 y febrero de 2021 las demandas presentadas mediante el Portal de Servicios en Línea mostraron el 10.3% y las promociones realizadas por esta vía llegaron al 9.47%. Aun cuando existe un incremento considerable, el número de denuncias continúa siendo muy bajo, lo cual puede explicar se como producto de la brecha digital y la falta de confianza, conocimiento y entendimiento de las personas usuarias.
De la misma manera, el número de demandas presentadas se redujo en un 44.81%.
Una de las mayores limitaciones para acceder a la justicia en este tiempo de pandemia es la brecha digital. No obstante, esta no es la única limitación que existe: hay quienes no tienen ni la más mínima posibilidad de acceder a un amparo, ya que este se ha convertido en un tema excesivamente técnico exclusivo para las abogadas y abogados:
“Prácticamente, una persona que no tiene abogada o abogado no puede acceder al amparo. Entonces, estamos dejando la defensa de nuestros derechos para personas que pueden pagar un abogado o abogada, pero no para personas que están en una situación de gran vulnerabilidad. Y, como si fuera poco, durante la pandemia, se cerró la posibilidad de que las organizaciones pudiéramos ir a las estaciones migratorias a explicarles sus derechos”.
Además, las dificultades para dar inicio a los juicios de amparo por interés legítimo impactaron particularmente en la defensa de derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad que no podían materialmente acceder a un amparo. Aunado a ello, este procedimiento legal históricamente se ha caracterizado por su exceso de tecnicismo, situación que no mejoró durante la pandemia. Sino que, por el contrario, los acuerdos del Consejo de la Judicatura constituyen una regulación confusa y de difícil asimilación, aun para las y los practicantes del Derecho.
Delgadillo, aseguró que garantizar la comunicación y difusión de estos temas e información a todas las personas mediante un lenguaje incluyente, práctico y sencillo sobre “cómo se puede acceder a un juicio de amparo”, es uno de los desafíos y acciones prioritarias para el sistema judicial.
Otra de las acciones indispensables es que el Consejo de la Judicatura -al ser el encargado de mirar cómo funciona la justicia digital- genere un diagnóstico de qué ha pasado durante el tiempo de la pandemia.
“Cómo organización estamos presentando un punto de vista sobre qué pasó, pero ellos cómo poder judicial tiene que hacer un diagnóstico de qué nos está pasando con la justicia digital, sobre todo en el acceso a los juicios de amparo para las poblaciones que están en situaciones de vulnerabilidad y que no pueden acceder a la justicia, para así promover medidas para que el juicio de amparo sea mucho más cercano a las personas que están en el país”.
Ante estas situaciones, la Fundación en su informe enfatiza la necesidad de que el Poder Judicial mantenga una comunicación óptima con la sociedad y con los jueces locales.
“Es importante reconocer que es indispensable mejorar la pedagogía con la que el Poder Judicial se ha dirigido a la población, el proceso de comunicación debe ser particularmente reforzado tratándose de las personas en situación de vulnerabilidad”.
De igual forma, señala la abogada, es indispensable que las autoridades reconozcan la existencia de los diversos contextos en los que se vulneran los derechos de las personas y, con ello, colocar espacios de procuración de justicia en lugares donde la vida de las personas corren peligro:
“Por ejemplo, si una mujer es víctima de violencia doméstica y el único lugar donde se encuentra lejos de su agresor es en el mercado por qué no instalar módulos de acceso a la justicia en esos lugares”.
Por último, la abogada y defensora de derechos humanos afirma que una de las grandes aportaciones que tiene este informe es recordar que el juicio de amparo es la máxima protección para proteger los derechos de las personas, sin embargo, en la actualidad no está funcionando de manera rápida y efectiva:
“Nos encontramos en un país donde no hay quien nos defienda, porque ese juicio debería de ser muy accesible, y no tiene que ver con la pandemia, porque esto es histórico. Lo que nos aparece es que el juicio de amparo tiene que estar en el debate, en lo que se requiere en el sistema de justicia para que realmente este sea cercano y sea accesible para quien requiera protección”.
