#AlianzaDeMedios

Los quieren en silencio porque son almas de movimientos. Son líderes de pensamiento por la tierra y las culturas, de la libertad y la justicia.

En los últimos 10 años han asesinado a cuatro activistas, quienes buscaban a personas desaparecidas, quienes defendían la tierra o a los pueblos indígenas.

Han sido personas incómodas, sobre todo para gobiernos y movimientos políticos.

Actualmente hay 10 personas que tienen medidas de protección a su favor, pues han sido amenazadas, golpeadas, robadas y cuestionadas.

Textos Marcos Vizcarra / Ilustraciones Juan Panadero

Román Rubio, el arrullo Tarámari

Su trabajo ayudó a formar un movimiento importante con el Colectivo Tarahumara Sinaloense, tanto que se logró instalar clínicas con brigadas sanitarias mensuales, escuelas indígenas y la contratación de maestros bilingües.

Román Rubio López conoció a los Tarámari 30 años antes de haber sido asesinado.

Un hombre que se convirtió en su amigo le habló de hombres y mujeres que viven en la Sierra Madre Occidental entre chozas y cuevas para tratar de sobrevivir.

Le contó de que allá arriba solo se tiene maíz, nopales y frijoles para poder comer, más todos aquellos animales que se pueden cazar y el agua de los ríos para beber. No más.

Eran historias de de una situación que hoy permanece, aunque ya no solo lo sabe Román, sino miles de personas después de fundar el Colectivo Tarahumara Sinaloense.

Hay poco estudio antropológico sobre ellos, solo el Colectivo, la delegación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y académicos del Estado de Chihuahua han elaborado informes en los que se establece con datos difusos que ellos llegaron hace alrededor de 30 años.

Son parte de un desplazamiento de personas Tarahumara que se trasladaron hacia Sinaloa en búsqueda de mejores condiciones de vida.

Román Rubio era profesor de secundaria, pero tomó la decisión de ser también un explorador para conocer más de ellos, una curiosidad que lo hizo aprender de otras culturas como la Yoreme.

Subió a pueblos como Cuitaboca, Alisos de Olguín, Cañada Verde, Jikapory y en El Cochi. Ahí hay todo un pueblo que oficialmente no existía para las autoridades.

Las visitas fueron constantes y decidió hacer colectas en cruceros de Guasave y Sinaloa de Leyva, así sumó a mujeres y hombres interesados en ayudar con víveres y ropa a las comunidades Tarámari.

Su trabajo ayudó a formar un movimiento importante con el Colectivo Tarahumara Sinaloense, tanto que se logró instalar clínicas con brigadas sanitarias mensuales, escuelas indígenas y la contratación de maestros bilingües.

Al Profesor Román Rubio le costó plantones, manifestaciones y decenas de reuniones con funcionarios para lograrlo. Y sucedió.

Su peso social lo ganó a pulso y las puertas de dependencias públicas tenían menor resistencia ante su presencia. Era también un político, que creía en los derechos humanos como algo de todas las personas.

“Acaso los Tarámari no son sinaloenses”, reclamó el 27 de septiembre de 2020, al exigir maestros bilingües en la explanada de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa.

La noche del 20 de julio de 2021 el Profesor Román Rubio fue desaparecido. Un día después se le encontró asesinado en una de las riberas del río Sinaloa, en el malecón de la ciudad Sinaloa de Leyva.

Su caso causó eco en el País, tanto que la Presidencia de la República se pronunció, aunque ello solo quedó ahí, mientras que la Sierra sigue llorando su ausencia.

Sandra Luz y la búsqueda pendiente

La mujer, madre de Édgar García Hernández, se volvió investigadora y logró conocer que dos hombres de apellido Valenzuela desaparecieron a su hijo, lo asesinaron y enterraron en un campo en San Pedro, Navolato.

El 12 de mayo de 2012 fue asesinada. Un hombre se bajó de una camioneta color blanco, se colocó una capucha frente a ella y le disparó en 12 ocasiones. El cuerpo de la mujer recibió ocho de esas balas y la desangró provocándole una muerte inmediata.

Una mujer logró ver todo lo que sucedió. Por ella se sabe que ese día ambas habían estado en la Procuraduría General del Estado donde se reunieron con Martín Robles Armenta, subprocurador general del Estado, para discutir.

Ambas mujeres eran buscadoras, madres con hijos desaparecidos por hombres armados y policías.

En mayo de 2014 las desapariciones de personas no tenían un eco suficiente en las agendas de funcionarios o la prensa. Pocas personas, como el periodista Javier Valdez Cárdenas (+) pusieron atención y documentaron casos desde antes, cuando aún eran descritas como “levantones”.

Incluso, en ese tiempo buscar a personas desaparecidas podía ser causa de criminalización de personas, señalándolas como “encubridoras de criminales“. Así sucedió con Sandra Luz.

La Procuraduría General sostenía reuniones con Sandra Luz y otras mujeres como Alma Rosa Rojo Medina. Las tres pertenecían a un colectivo llamado Voces Unidas por la Vida, integrado en ese entonces por 30 familias con hijos desaparecidos. Leían datos recopilados para poder explicar un fenómeno que crecía en silencio.

Sin embargo, el descontento era la regla general, esas reuniones no tenían mayor consecuencia que el reconocer falta de información sobre cada caso.

En cambio, hubo ocasiones donde la confrontación era más fuerte.

“Dicen que mi hijo es un criminal pero no me lo demuestran, y si lo fuera, pues que me lo traigan vivo y que lo juzguen, pero que lo traigan”, repitió Sandra Luz en más de tres ocasiones en el Palacio de Gobierno mientras se manifestaba.

El colectivo Voces Unidas por la Vida era uno de las dos organizaciones de personas buscando a otras desaparecidas, solo que este sobre casos recientes, mientras que el colectivo de Madres y Padres de víctimas de la “guerra sucia” busca aclarar los crímenes de las décadas de 1960 a 1980.

Las dinámicas de estas organizaciones eran la de exigir avances en la procuración de justicia. En ese tiempo la búsqueda se limitaba a recorrer calles, pueblos y colonias para preguntar si alguien había visto a su familiar, pero Sandra Luz decidió cambiar la estrategia.

La mujer, madre de Édgar García Hernández, se volvió investigadora y logró conocer que dos hombres de apellido Valenzuela desaparecieron a su hijo, lo asesinaron y enterraron en un campo en San Pedro, Navolato.

“Yo lo que quiero es ir a San Pedro y que nos dejen meter palas”, señaló la mujer a este reportero en abril de 2014.

Aquel año, en 2014, se unió una mujer que busca (aún sigue en búsqueda) a su hijo desaparecido en La Constancia, El Fuerte. La señora se llama Rosa Elia Vázquez y su hijo Román Soto Vázquez. Llegó aquí luego de contactar con el activista Óscar Loza Ochoa, miembro de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, organización acompañante y fundadora del colectivo Voces Unidas.

La señora Rosa Elia aprendió las estrategias de presión a la Procuraduría General y asistió en reuniones y manifestaciones para seguir buscando.

Era un grupo grande de mujeres buscando, quienes ya tenían un movimiento con fuerza suficiente para visibilizar las desapariciones como un problema estatal.

El 12 de mayo un hombre asesinó a Sandra Luz, quien se había colocado como la persona más fuerte de este colectivo y la de mayor exigencia. Ese día, al salir de la Procuraduría, fue a una manifestación de pepenadores en el Ayuntamiento de Culiacán.

Al llegar la tarde habló con una de sus compañeras sobre ir con una persona vidente en la colonia Mazatlán, cerca del Centro de Culiacán. Tomaron un camión y al bajarse de este un hombre ya las esperaba para asesinar a Sandra Luz.

El crimen tuvo tal magnitud que la Procuraduría apuró por tener a una persona detenida. Se fabricó una verdad histórica con un hombre de Tepuche en una camioneta blanca y lo tuvieron detenido por 8 meses, hasta que se descubrió que se le presentó con una serie de mentiras. Quedó libre y el crimen impune.

El colectivo Voces Unidas por la Vida se dispersó del miedo, nadie quería buscar.

La señora Rosa Elia fue una de las personas que decidió parar de viajar a Culiacán, no quería ser asesinada, pero también reconocía su necesidad de buscar a su hijo.

En julio de 2014, dos meses después del asesinato de su compañera, conoció a otras cuatro mujeres en el Ministerio Público de San Blas, con quienes habló de la situación de Sandra Luz, sobre lo que hacía y de sus ganas de ir a San Pedro a clavar palas para rastrear.

Un par de meses después, esas mujeres formaron un colectivo llamado Las Rastreadoras de El Fuerte, una organización que ayudó a reunir de nuevo al colectivo Voces Unidas por la Vida.

De estos dos colectivos han nacido otros 16 más en el Estado que han logrado hacer que este tema tenga una agenda especial para Sinaloa.

Sandra Luz Hernández
Madre de hijo desaparecido.
Fue asesinada el 12 de mayo de 2014 en Culiacán, Sinaloa.

Atilano Román no terminó el programa de radio

En 2009 Atilano Román y un grupo de comuneros de pueblos de Mazatlán y Concordia, comenzaron protestas por la construcción de la presa Picachos, el proyecto que desplazó a decenas de familias de distintos pueblos del sur de Sinaloa.

Realmente las inconformidades comenzaron en 2005, cuando empezó la construcción de la obra hídrica que a la fecha no tiene un funcionamiento agrícola, como se prometió y la falta de apoyos para el desplazamiento oficial no sucedió y ello provocó el movimiento comunal.

Román era uno de los líderes visibles del movimiento que aglutinó a más de mil habitantes de poblados como Copales, El Placer, San Marcos y Puerta de San Marcos, que buscaban indemnizaciones justas por sus tierras, corrales, árboles, pozos de agua, letrinas, devolución de cobros por avalúos, servicios y carreteras pavimentadas en los lugares de reubicación, construcción en réplica de viviendas afectadas, pago al daño de la tierra agrícola y ganadera, del valor de calles empedradas, iglesias, escuelas, hospitales.

Demandó apoyos de becas a estudiantes, empadronamiento de adultos mayores de 60 años, así como garantizar el aprovechamiento de los recursos de la presa para los afectados.

Logró gran parte de ello después de marchas, plantones y manifestaciones que, incluso, lo llevaron a la cárcel por la administración de Mario López Valdez.

No sin antes la criminalización del movimiento por el gobierno estatal, luego de que seis integrantes murieran en medio de un fuego cruzado por grupos criminales atribuidos a los cárteles de Sinaloa y Beltrán Leyva.

También se le señaló de alterar el orden público con las manifestaciones, algunas hechas con marchas de un pueblo a otro sobre las carreteras, como aquella en abril del 2012, cuando por orden el Gobernador Mario López Valdez, la Policía Ministerial detuvo a más de 30 comuneros, incluidos Román. En aquella ocasión marchaban de Mazatlán a Culiacán.

Fue un activista incómodo que no era bien recibido por los ayuntamientos, el gobierno estatal y el Congreso local, y el costo fueron más detenciones.

El 11 de octubre de 2014, mientras conducía un programa de radio llamado Así es mi tierra, en el que hablaba sobre asuntos relacionados con la presa Picachos, un hombre entró a la cabina y le disparó hasta matarlo. Los gritos y los sonidos de las balas se escucharon en vivo.

El Procurador en ese entonces era Marco Antonio Higuera Gómez. El hombre repitió en una decena de ocasiones que tenía indicios importante, la identificación de los responsables y la posibilidad de aclarar el crimen. A la fecha sigue impune.

Ramón Corrales Vega contra las mineras

El 23 de mayo de 2014 fue encontrado el cuerpo de Ramón Corrales Vega en el municipio de Choix, asesinado luego de haber sido desaparecido.

Era líder campesino de Potrero de Cancio, Choix, y se convirtió en activista después de que el grupo minero Paradox Global Resources se instalara en esas tierras para la explotación de hierro.

En 2011 inició una serie de manifestaciones para acusar el despojo de tierras y deterioro de los campos donde cultivaban ajonjolí y cacahuate.

La empresa incumplió con lo pactado a cambio de la explotación de hierro: entregar regalías a los ejidatarios, además de pavimentar las calles, crear una clínica de salud y una tienda comunitaria, según los campesinos.

La reacción del Gobierno de Sinaloa fue la de iniciar averiguaciones previas por el delito de despojo, lo que calmó los ánimos de los campesinos durante dos años, pero no pasó a mayores.

En agosto y septiembre de 2013, los campesinos bloquearon 15 días el paso de vehículos y trabajadores a la mina Paradox, en demanda del pago de 5 millones de dólares que les adeuda la compañía desde 2006 por la extracción de 350 mil toneladas del mineral.

La empresa también incumplió el pavimentar las calles de la comunidad, ampliar la clínica de salud e introducir servicios públicos a cambio de explotar el yacimiento de 29 hectáreas.

En octubre de ese año 32 campesinos fueron detenidos por la Policía Ministerial, pero 17 permanecen prisioneros en el penal del poblado Felipe Ángeles, municipio de Ahome, pues el resto salieron libres por una revocación que hizo el Supremo Tribunal de Justicia.

Corrales Vega había permanecido escondido, pero un grupo armado lo encontró y le disparó con decenas de balas desde armas AK-47 y AR-15.

A la fecha no se tiene algún indicio para que el crimen pueda ser resuelto. Ello significó más que las averiguaciones previas. Desde esa fecha los campesinos no han vuelto a manifestarse.

La empresa siguió sus labores y para 2015, un año después del crimen, ya realizaba exploración para el proyecto Cerro Mozambique y continuar con la extracción de hierro de ese municipio, pero se retiró tras haber provocado un derrame de residuos tóxicos en 2015.

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Este proyecto se publicó originalmente en Revista Espejo:

https://revistaespejo.com/especiales/sembraron-lucha-ahora-son-semillas-de-consciencia/