Zona Cero
Por Jonathan Ávila / @JonathanAvilaG
Aunque había realizado de manera ordinaria y en forma sus asignaciones laborales, para Adriana –nombre ficticio por petición de anonimato– se convirtió en un sinuoso camino de ansiedad y estrés poder trabajar en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), cuando le pidieron asistir presencialmente a las oficinas, pese a las múltiples ocasiones en que tuvo que explicar si difícil situación de salud en un contexto de algo grado de contagios con la pandemia de COVID-19 y su enfermedad autoinmune.
Luego de muchas acciones sistemáticas y crecientes, en las que se dio cuenta que le estaban quitando el trabajo que realizaba en casa, Adriana decidió acudir a las autoridades internas para denunciar su situación de hostigamiento laboral por parte del segundo visitador, Krystian Felype Luis Navarro.
Todo inició en febrero de 2020, cuando sus médicos le diagnosticaron espondilitis anquilosante, una enfermedad autoinmune que ataca las articulaciones y la hace propensa a adquirir infecciones o virus por el tratamiento médico que lleva. Semanas después de su diagnóstico se llamó al confinamiento por la pandemia de COVID-19 y, como millones de personas en el mundo, tuvo que realizar sus actividades en casa.
A partir de mayo, luego de dos meses de trabajo en casa, comenzaron a pedirles a los trabajadores de dicha institución que trabajaran presencialmente en las oficinas de la comisión. Adriana explicó su situación, pero parecía que no se tomaba en cuenta su opinión y situación de salud debido a que las peticiones se fueron haciendo presentes recurrentemente.
Relata que en junio, luego de las manifestaciones por el caso de Giovanni López, se pidió mantener guardias de la CEDHJ en la Fiscalía del Estado. Ella fue una de las personas a las que se les preguntó si podía asistir, pero de nuevo Adriana tuvo que explicar su situación de salud y la vulnerabilidad a la que estaba expuesta ante el contexto de pandemia.
Así, las presiones para asistir se volvieron más fuertes y sistemáticas. Un día recibió la llamada de la colaboradora del segundo visitador para decirle que se debía presentar al menos tres días de la semana en horario completo. Ella no acató la orden tal cual, pero debió presentarse a las oficinas haciendo labores presenciales entre dos o tres horas y al menos una vez por semana. “Empezó a exigirme que fuera a laborar, cada llamada o cada mensaje eran con diferentes instrucciones, horarios o formas de trabajar, incluso me citaba para ir a una comisión o capacitación, donde iba a convivir con más gente y tendría que tener contacto cercano con gente”, expresó en su denuncia.
Frente a ese contexto, en octubre de 2020 le pidieron los expedientes en los que estaba trabajando, con el pretexto de que debían estar en la oficina y que además se debía atender presencialmente a las autoridades y quejosos, aún cuando ella podía realizar esas acciones a distancia, como había estado trabajando hasta entonces. “De tener mucho trabajo se me redujo muchísimo o me lo redujeron. De tener aproximadamente entre 25 y 30 quejas para su integración, a mí me pasaban de 2 o 1”, relata.
Los mensajes y llamadas comenzaron a generar ansiedad, estrés, nerviosismo. Adriana ha laborado cerca de 19 años en la institución, pero a partir de entonces sentía que trataban de quitarle el trabajo o presionar. Por eso, en una ocasión en donde asistió a las oficinas, decidió hablar directamente con el segundo visitador. Le explicó sus razones, pero el encargado de la visitaduría que da seguimiento a la defensa de derechos humanos en asuntos laborales le dijo “que entonces solicitara una incapacidad parcial permanente para que estuviera en mi casa con mis hijos”, relata Adriana en su denuncia, “que la Comisión no me había enfermado, cuestiones personales como si mi esposo estaba en mi casa, que mi sueldo era decoroso, que me sintiera afortunada, que no era la única mujer que tenía hijos”.
Aquella charla se dio en junio de 2020, en febrero de 2021 le marcó el visitador adjunto para pedirle la totalidad de los expedientes en los que trabajaba porque era una instrucción del segundo visitador, dijo él entonces.
La tarde del 31 de mayo de 2021, ante esa situación, decidió llamar directamente al teléfono del segundo visitador y aclarar lo que sucedía.
Primero recurrió al Órgano Interno de Control para poner una queja administrativa, el 14 de junio de este año, y al día siguiente presentó la denuncia formal en el Centro de Justicia para las Mujeres. Sin embargo, la propia Adriana ha detectado algunas irregularidades o acciones que la hacen dudar sobre la independencia del procedimiento, e incluso sobre la imparcialidad con la que se está llevando a cabo el proceso en el Órgano Interno de Control de la CEDHJ.
Toda vez que quien lleva a cabo el proceso legal de defensa del segundo visitador por la denuncia de Adriana, ante el Centro de Justicia para las Mujeres, es la ex visitadora María Isabel Gallaga González y su esposo, Jorge Ávila Valdez, quien no solo son cercanos al segundo visitador sino que también, en el caso de ella, cuenta con antecedentes laborales en el propio Centro de Justicia para las Mujeres. Esto se pudo verificar en los documentos que integran la investigación, donde el segundo visitador nombró como defensores a Isabel Gallaga y Jorge Ávila Valdez, que en el caso de éste es hermano de Lydia Ávila Valdez, quien ocupó la sexta visitaduría de la CEDHJ de 2015 a 2017 y que antes también trabajó dentro del área de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado, con Luis Carlos Nájera.
Con la salida de la propia Lydia Ávila se desapareció la sexta visitaduría e incluso Isabel Gallaga asumió su puesto ante la CEDHJ con el mismo sueldo de su cuñada. La historia del segundo visitador y su abogada no es nueva, e incluso quedó evidenciada cuando ambos asumieron sus cargos ante la CEDHJ, ya que los dos llegaron a ocupar sus cargos por recomendación del ex secretario general de gobierno, Roberto López Lara. Justamente antes de entrar a la CEDHJ el segundo visitador fungió como titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, subordinado a López Lara.
Antes de saber quiénes eran los abogados defensores de la persona a la que acusaba, Adriana se encontró con ellos afuera del Centro de Justicia para las Mujeres. Ella se acercó y le dijo que quería platicar con ella, “se puso a decirme que no era enemiga de nadie”, relata, “que a todos nos apreciaba mucho, y yo le dije ‘bueno, yo le marco después’, jamás le marqué a ella, pero ya después me di cuenta”.
Desde el 5 y hasta el 28 de julio, la investigación de Adriana fue archivada en la Agencia del Ministerio Público que lleva su caso, por lo que interpuso una impugnación ante el Juez de Control y también una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, logrando con ello que reabrieran su caso y se fueran desahogando algunas acciones para presentar más pruebas.
Resulta irónico que la institución encargada de velar por los derechos humanos de la población en Jalisco concentre en su interior a personas que en su quehacer diario se dedican a hostigar a otras en el ámbito laboral y a su vez realicen acciones que lleven a la discriminación. Sin embargo, lo que principalmente busca Adriana, es que su caso sea investigado conforme a derecho y que no haya conflictos de interés, como ahora ve que sucede con el involucramiento de personajes que antes estuvieron en la estructura de la CEDHJ. “Yo veo que hay un apoyo hacia él segundo visitador”.
