Con una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, al canciller Marcelo Ebrard, la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y el Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) Francisco Garduño, diversas organizaciones llamaron al Estado mexicano a poner un alto a las “acciones implementadas por el gobierno de Estados Unidos para frenar la migración”.
Según denunciaron, en la última semana se ha documentado el envío de vuelos desde Estados Unidos hacia distintas entidades del centro y sur del país con personas migrantes centroamericanas, principalmente familias integradas por infantes que han sido expulsadas de territorio estadounidense bajo el Título 42, negándoles su derecho a un procedimiento legal que les permita acceder al asilo en México.
Calculan que al país han llegado al menos seis vuelos con un promedio de 200 a 300 personas migrantes cada uno, cuyos destinos han sido las ciudades de Tabasco, Chiapas, Morelia, Guadalajara y Ciudad de México.
En el caso de Jalisco, es importante advertir que esta práctica ya había sido registrada por organizaciones defensoras desde el año 2019, pero con migrantes mexicanos.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
“Con gran preocupación hemos visto el apoyo que el gobierno mexicano ha dado a diversas acciones implementadas por el gobierno de Estados Unidos para frenar la migración que lejos de proteger personas migrantes y solicitantes de asilo, las coloca en situaciones de peligro y las obliga a recurrir a rutas más sórdidas e inflar las arcas de los traficantes” expresaron cerca de 100 organizaciones y personas defensoras, académicas y activistas a título personal en una carta dirigida a los representantes del Estado mexicano.
En este documento, expusieron que el gobierno de México ha colaborado con Estados Unidos para llevar a cabo vuelos desde el territorio vecino hacia distintos estados y ciudades del sur y centro del país. En estos, denunciaron, vienen familias migrantes centroamericanas a las que se les ha negado el derecho a llevar a cabo un proceso migratorio legal que les permita acceder a su derecho internacional al refugio y al asilo político.
Así lo denunció también el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSM), quienes documentaron los días 9 y 10 de agosto la llegada a Tapachula, Chiapas “de un vuelo diario proveniente de McAllen, Texas, Estados Unidos que transportaba a personas guatemaltecas, hondureñas y salvadoreñas expulsadas bajo el Título 42”.
De acuerdo con el COMDHSM, las expulsiones bajo la política Título 42 responden a la medida anunciada por la administración del nuevo presidente Joe Biden, que busca acelerar la deportación de personas migrantes “con el pretexto de la emergencia sanitaria por COVID-19”.
En ese sentido, las organizaciones precisaron en su carta que, el gobierno de México aceptó participar en la implementación del Título 42 desde marzo de 2020 “sólo un día después de que el gobierno estadounidense la anunció”. En este acuerdo, el Estado mexicano se comprometía a recibir a 100 personas expulsadas al día provenientes de países centroamericanos, exceptuando a población vulnerable a la COVID-19, mujeres embarazadas, niñez y adolescencia.
Las redes de personas defensoras junto con el colectivo de monitoreo coinciden en que lo anterior no ha sido respetado.
Además, a decir de los testimonios de personas migrantes que han sido víctimas de dichas prácticas, tras bajar de estos vuelos “son llevadas a la frontera con Guatemala para que crucen sin que se les informe de su derecho a solicitar asilo” y/o sobre las posibilidades de regularizar su situación migratoria. Tampoco cuentan con un documento que muestre que han sido expulsadas por el gobierno de Estados Unidos.
El colectivo de monitoreo incluso advirtió que documentaron los testimonios de personas detenidas en México a las cuales les fueron negados sus derechos por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) de manera explícita y con insultos.
Respecto al actuar de las instituciones competentes en el caso de las y los menores de edad, las Procuradurías de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes han permanecido omisas y ausentes.
Se trata de “un mismo modus operandi” señaló el COMDHSM, que “pone en riesgo severo la vida de las personas con necesidades de protección internacional y violan de manera masiva el derecho a solicitar asilo”.
Asimismo, explicaron que las nuevas medidas implementadas en la frontera entre México y Estados Unidos ha generado “un clima generalizado de miedo e incertidumbre entre las personas migrantes”, debido a la ausencia de claridad sobre los procesos administrativos y los cambios sorpresivos de los procedimientos.
Hasta el momento se tiene un registro de al menos seis vuelos que han llegado a Tabasco, Chiapas, Morelia, Guadalajara y Ciudad de México, cada uno con 200 a 300 personas.
Vuelos exprés en Jalisco
Lo denunciado ahora por las organizaciones y personas defensoras no es nuevo.
El 29 de septiembre de 2020 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) expresó su rechazo “ante las condiciones de repatriación de miles de mexicanos desde Estados Unidos”. A través del comunicado de prensa DGC/310/2020, advirtió que estas personas estaban siendo devueltas desde este país sin garantías de seguridad y en situaciones que vulneran sus derechos humanos.
Los vuelos, habrían expresado, provenían de Estados Unidos y llegaban a Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Michoacán, Tabasco y Jalisco, trasladando a connacionales mexicanos que eran detenidos en las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y que después eran devueltos de forma inmediata sin que tuvieran conocimiento de sus derechos.
Quienes acompañan a personas deportadas en Guadalajara, señalaron que se trataba en su mayoría de personas migrantes indígenas, provenientes de Guerrero, Tabasco, Chiapas y Campeche.
En aquel momento, las organizaciones expresaron haber presenciado la llegada de aviones chárter con personas mexicanas deportadas desde el mes de diciembre de 2019. Dos cada semana con 135 personas cada uno, según afirmaron.
Explicaron con ello que, el origen de esta lógica de deportación comenzó con la reactivación del Procedimiento de Repatriación al Interior de México (PRIM), un acuerdo entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación mediante el Instituto Nacional de Migración (INM), a través del cual se “se repatrian personas mexicanas vía aérea a México desde Estados Unidos y después se acercan a sus lugares de destino”.
El procedimiento, por lo tanto, es operado por el INM y el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (DHS) y, recibe el apoyo de la red consular de México. De acuerdo con el mismo documento público, el primer y “único vuelo” que se realizó durante 2019 salió de Tucson y arribó a la ciudad de Guadalajara; sin embargo, ya se anunciaba que continuarían de manera regular durante el 2020.
#ProtecciónNoDeportación, #ProtecciónNoExpulsión
El llamado de las organizaciones al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es a replantear su participación en acciones y políticas encaminadas a frenar la migración, puesto que, consideran que cualquier medida que contemple lo anterior estará “destinada al fracaso porque las razones que empujan a las personas a salir de sus países siguen vigentes y la pandemia las agudizó”.
Recordaron con ello lo sucedido durante la administración del expresidente de Estados Unidos Donald Trump y el Protocolo “Quédate en México”, el cual hizo que 72 mil personas fueran regresadas a territorio mexicano exponiéndolas “como carne de cañón a secuestros, extorsiones, abusos de autoridad, violaciones de derechos, condiciones precarias de vida y (a) la muerte”.
“No podemos repetir los mismos errores y volver a permitir incalculables impactos en la salud física y emocional de quienes huyen de su país para salvar su vida” manifestaron.
A esta alerta urgente se han sumado instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
“Estamos convencidas que como país, que su gobierno, puede hacerlo mejor si trabajamos en coordinación y dejamos de participar en acciones binacionales que no garantizan la protección de la vida y la seguridad de las personas migrantes y solicitantes de asilo, mucho menos su acceso a información para regularizar su situación migratoria, su derecho al asilo, su derecho de no devolución y el acceso a la justicia y el debido proceso”, sentenciaron.
