AMEDI Jalisco
Por Ana Vicencio Huerta / AMEDI Jalisco / @AmediJalisco
Desde el lunes por la mañana circuló en redes sociales un video con un acto deleznable. Un hombre encapuchado que se identifica como representante del Cártel Jalisco Nueva Generación exige a medios de comunicación como Milenio Televisión que modifiquen su cobertura periodística sobre el conflicto que ocurre en Michoacán y, directamente, amenaza a la periodista Azucena Uresti.
Este hecho es apenas una muestra de la violencia y riesgo que representa el ejercicio periodístico en nuestro país. En marzo de este año Artículo 19 presentó su informe sobre libertad de expresión en México. Ahí destaca que el año pasado cada 13 horas se registró una agresión a periodistas. En total, el número de ataques contra la prensa en 2020 se elevó a 692, la cifra más alta desde que se guarda registro. Con seis asesinatos a integrantes de la prensa ese año, de acuerdo a Reporteros sin Fronteras, no hay ningún país del mundo donde hacer periodismo sea tan peligroso y letal como en México.
Hace apenas tres semanas un grupo de periodistas de Guerrero protestó durante la visita de López Obrador a la entidad para denunciar las condiciones del gremio y demandar acciones de su gobierno para garantizar la integridad de las y los periodistas en una región con fuerte presencia del crimen organizado.
En esa entidad, desde finales del año pasado, seis periodistas de Iguala tuvieron que huir por amenazas de grupos criminales. Secciones de nota roja o diarios locales enteros han desaparecido por completo. En algunos territorios existe silencio absoluto en estos temas o se prohíbe la circulación de periódicos. De los 14 municipios de Tierra Caliente, por ejemplo, solo en Ciudad Altamirano circula un periódico desde hace 15 años según reporta el periodista de La Jornada, Sergio Ocampo.
La situación es realmente crítica, sin embargo, las amenazas a periodistas no solo provienen de los criminales, sino de poderes políticos y económicos. En su más reciente informe, Artículo 19 revela que muchas de las agresiones que ha registrado vienen del mismo aparato estatal.
Una muestra clara es la que relató el periodista Témoris Grecko para el Washington Post hace un par de semanas. En su artículo recuerda el asesinato del periodista Cecilio Pineda en marzo de 2017 en Guerrero. Pineda había recibido días antes amenazas de muerte y además había sido parte del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas del Gobierno Federal.
Era el gobierno de Peña Nieto que, de acuerdo a recientes revelaciones de Pegasus Project, contrató el software espía de NSO Group para vigilar cerca de 15 mil líneas telefónicas vinculadas a periodistas, activistas y políticos. Pineda fue uno de esos periodistas intervenidos y apenas semanas antes de su asesinato había comenzado a ser espiado.
La sospecha de que el gobierno mexicano pudiera haber participado o facilitado su asesinato es espeluznante. La colusión entre autoridades y el Ejército con grupos criminales se refleja también en la tremenda impunidad que existe en estos casos. Según informa Artículo 19, 99% de las investigaciones que inicia la Fiscalía Especial de Atención a Delitos cometidos Contra la Libertad de Expresión no genera ninguna sanción. La falta de justicia trae consigo más asesinatos y más impunidad, y tiende a envalentonar a los criminales que se saben intocables.
Periodistas como Jesús Lemus, quien cubrió durante varios años en Michoacán la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón y tuvo que huir del país tras múltiples amenazas, opinan que el mecanismo para la protección de periodistas no funciona. Las y los periodistas que viven en el exilio deben permanecer fuera del país porque no existen condiciones para regresar mientras sus agresores permanezcan libres.
Uno de los motivos por los que el mecanismo ha fallado y se ha debilitado en esta administración, de acuerdo con Itzia Miravete, Coordinadora de Prevención de Artículo 19, es por un lado la disminución de presupuesto mientras se ha incrementado la cantidad de personas que están incorporados al mecanismo; y por otro lado, la falta de coordinación entre fiscalías, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otros organismos estatales.
Además de políticas claras que combatan la impunidad de las agresiones a la prensa, como la creación de planes de investigación, o la adecuada capacitación a Agentes del Ministerio Público federal y estatal para generar líneas de investigación que sí estén relacionadas con la labor periodística de las víctimas, el gobierno debería priorizar estrategias que prevengan la violencia contra periodistas.
Lamentablemente, el papel del gobierno federal y particularmente el del Presidente en los últimos dos años ha abonado en buena medida a la estigmatización del ejercicio periodístico. Cuestionar constantemente a los periodistas, llamarles “corruptos” o “mentirosos” o presumir que realizan su trabajo “con mala fe”, todo ello contribuye, junto con la inacción en la prevención e investigación, a construir desde el Estado un imaginario donde las amenazas y agresiones están permitidas.
Decenas de periodistas publicaron en redes sociales ayer mensajes de apoyo y respaldo a Azucena Uresti y demandaron al Estado protegerla. El Presidente expresó también su solidaridad con la periodista en una de sus mañaneras, pero más allá de la condena a este caso específico, que no es aislado, la mejor manera de demostrar su voluntad para proteger a periodistas sería estableciendo un nuevo discurso donde la descalificación y crítica a la prensa no sean la constante; donde ejercicios como Quién es quién en las mentiras de la semana desaparezcan por completo, y donde a partir del respeto y compromiso hacia la libertad de expresión y derecho a la información, se tomen en cuenta todas las recomendaciones de periodistas y especialistas en derechos humanos para mejorar los protocolos de investigación a estos delitos.
Solo erradicado la impunidad, solo persiguiendo y condenando estas amenazas, podremos imaginar que disminuya la violencia hacia periodistas.
