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Por Redacción CIMAC
Hasta la primera semana de julio de este año, 443 embarazadas, de las cuales, 34.1 por ciento fue a causa del COVID-19; 3.2 por ciento fue por un virus no identificado y 13.2 por ciento fue por diversas complicaciones en el parto y el puerperio, lo que demuestra un incremento de 62 defunciones en comparación con el mismo periodo de 2020, de acuerdo con datos de la Dirección General de Epidemiología.
De acuerdo con estos datos, la razón de mortalidad materna calculada es de 45.3 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados hasta la semana epidemiológica 29. Esto representa un aumento del 20.8 por ciento en la razón respecto a la misma semana epidemiológica del 2020, a pesar de que los servicios sexuales y reproductivos han sido declarados como esenciales durante la pandemia en todo el país.
Resalta que de las principales causas de estas defunciones fueron por COVID-19 con 149 (34.1 por ciento) casos de infectadas con virus SARS-Cov2 y 16 (3.2 por ciento) fueron por un virus no identificado, 65 (13.2 por ciento). A estas se le suman 65 (13.2 por ciento) casos de complicaciones en el parto y el puerperio debido a edemas (hinchazón por acumulación de líquido en los tejidos del cuerpo), proteinuria (presencia alta de proteínas en la orina), trastornos hipertensivos (alteraciones fisiopatológicas), 51 (4.7 por ciento) casos de hemorragias y 28 (2.6 por ciento) casos de aborto.
Las entidades con más muertes maternas fueron: Estado de México con 74 casos, Ciudad de México con 33 casos, Jalisco con 33 casos, Chiapas con 28 casos, y Puebla con 26 casos, en conjunto suman 39. 4 por ciento de las defunciones registradas en el país. Mientras que las entidades con menos casos fueron Baja California Sur, Colima, Campeche, Nayarit y Zacatecas.
Ante el alza en muerte materna, el Observatorio de Mortalidad Materna en México externó su preocupación e hizo un llamado a las autoridades para desarrollar acciones que ataquen esta problemática, por lo que el gobierno mexicano publicó el “Lineamiento para la prevención y mitigación de Covid-19 en la atención del embarazo, parto, puerperio y la persona recién nacida” en junio de 2020 a fin de garantizar que toda embarazada con sospecha o diagnóstico comprobado con COVID-19, incluso, si se encuentra en aislamiento, debe contar con servicios de calidad en antes, durante y después de sus gestaciones.
Entre las recomendaciones de los lineamientos se encuentran reforzar las medidas de prevención contra el virus en los hospitales, establecer un filtro para identificar a las personas contagiadas, establecer un plan estatal para asegurar la salud reproductiva, seguimiento a distancia de embarazadas con sospecha o contagiadas de COVID-19, brigadas comunitarias que contribuyan a las acciones preventivas en salud materna, entre otras.
De acuerdo con organizaciones civiles estas acciones no han sido suficientes porque las mujeres aún temen acudir a los hospitales por miedo a contagiarse, ya que algunos de ellos se transformaron en centros para atender a pacientes de COVID-19. Esta situación ha sido peor para las indígenas, quienes tienen pocos centros de atención a su alcance y cerraron, y muchas de ellas tuvieron que recurrir a parteras y a llevar sus gestaciones sin ninguna atención médica.
Por estas razones, organizaciones civiles sugirieron impulsar que los partos sean atendidos en los Centros de Salud, en las Unidades Médicas Rurales o por parteras para disminuir la saturación en los hospitales y la labor de las parteras tradicionales o profesionales sea considerado como importante y se les apoye con recursos para que puedan realizar sus actividades con seguridad.
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