Dos años cuatro meses han transcurrido desde que Daniela, estudiante de la licenciatura en Medicina del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara denunciara ante distintas autoridades de esta casa de estudios los eventos de violencia sexual y acoso que sufrió de parte de su agresor y de sus compañeros de carrera.
Daniela no ha conseguido regresar a clases, pues durante este tiempo, denuncia su madre, quien le ha acompañado en este andar, las medidas ofrecidas por la UdeG han sido insuficientes y dilatorias para subsanar las deficiencias que hubo en el proceso interno de investigación y sanción a las personas responsables -entre perpetradores y funcionariado universitario omiso-, pero aún más importante, garantizar un entorno seguro para la joven estudiante.
Estas situaciones las llevaron a exigir en septiembre de 2020 una reparación patrimonial del daño a la Oficina del Abogado General de la UdeG, la cual les fue negada. Por ello, ahora el caso se encuentra ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Si bien, aún no existe una determinación de parte de este órgano, la universidad y sus representantes continúan revictimizando a la joven y negándose a ofrecerle lo mínimo que le arrebató: su derecho a seguir estudiando en un lugar digno y seguro.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
“Llegamos a esta instancia luego de tocar todas las puertas de la Universidad de Guadalajara durante lo que tuvo que vivir mi hija” precisa en entrevista la señora Teresa, madre de Daniela.
Ella se refiere a la demanda interpuesta ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco por motivo de la Reclamación Patrimonial que ambas han requerido a la Universidad de Guadalajara (UdeG).
Y es que, en septiembre de 2020 esta casa de estudios se negó a otorgar una reparación patrimonial por el daño que les ha ocasionado un proceso dilatorio, victimizante, plagado de omisiones, y que les ha vulnerado sistemáticamente desde que Daniela denunció haber sido víctima de agresión sexual y acoso por parte de sus compañeros de la licenciatura de Medicina del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la UdeG.
En aquel momento, a través del Oficio No. AG/4038/2020 la universidad definió que se trataba de una “reclamación notoriamente improcedente”; puesto que, bajo sus argumentos “el hecho de que Daniela no haya decidido regresar a estudiar no es un daño ocasionado por la universidad porque tiene diversas opciones afuera de esta institución”.
Hasta este punto, habría que advertir que, si bien, la UdeG a través del Consejo General Universitario (CGU) aprobó la expulsión definitiva de sus dos agresores, Daniela no consiguió incorporarse a la escuela o continuar con sus estudios; ello, pese a que la joven externó al Secretario General de la UdeG sus deseos de continuar la licenciatura en la Universidad Autónoma de Nuevo León, con la cual mantiene un convenio.
Al respecto, la UdeG dijo ayudarle con sus trámites ante esa universidad, sin embargo, le advirtieron que no contaría con su apoyo para gastos de traslado y viáticos, pese a que, la universidad contaba/cuenta con la capacidad de becar a la joven como una estudiante de excelencia fuera del estado y, así, evitar obstruir su derecho a la educación, así como, la revictimización y estigmatización de la que estaba siendo sujeta.
Además, en octubre de 2019, un año siete meses y dos semestres después de los hechos que llevaron a Daniela a abandonar la escuela, el Rector General de la UdeG, Ricardo Villanueva, aseguró a la joven en una reunión privada que “no era necesario que buscara espacio en otra universidad”, porque la universidad “generaría las condiciones para su regreso en enero de 2020”.
Esto no sucedió.
Daniela, por lo tanto, impugnó la resolución, pero la UdeG sólo tuvo a bien emitir un comunicado en el que decidió exponer y revictimizar una vez más.
La universidad le ha ofrecido algunas alternativas para reincorporarse a sus estudios, las cuales contemplan: regresar a clases en el CUCS “en un clima libre de violencia”; la posibilidad de reubicarla en cualquiera de los centros universitarios que ofrece la carrera de Medicina en la UdeG; y retomar su carrera de Medicina en alguna de las escuelas incorporadas a la UdeG, sin costo para la estudiante.
Sin embargo, Daniela y su madre reconocen que ninguna de éstas corresponde a una reparación integral y satisfactoria del daño, ni tampoco le garantiza sus derechos como víctima a la no repetición, restitución, compensación y satisfacción, de manera individual, colectiva, material, moral y simbólica.
Estos mismos argumentos y prácticas han sido reiteradas en los alegatos que la Oficina del Abogado de la UdeG ha presentado ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, quienes continúan advirtiendo que hicieron todo lo que estuvo en sus manos a costa de la dignidad y los derechos humanos de Daniela y su madre como víctima directa e indirecta en este caso:
“Es un documento lleno de revictimización de señalamientos hacia mi hija, en donde la vuelven a revictimizar, donde la vuelven a culpar, entonces, todo este rollo que traen respecto a la defensa de los derechos humanos, de la perspectiva de género, de la defensa de las mujeres en ¿dónde queda?” se cuestiona la señora Teresa.
Incluso, ahora mismo Daniela aparece como “desertora” ante el sistema de la Universidad de Guadalajara, sin que esto se les haya notificado y cuando la estudiante se vio obligada a solicitar en al menos dos ocasiones licencia, ya que, sus acosadores -amigos del agresor- continuaban sin sanción. Y es que, en opinión de la UdeG, no existían elementos para castigarlos. Sobre esto, tampoco fue informada Daniela para llevar un proceso justo donde se le permitieran presentar sus propios elementos probatorios, además, se tuvo conocimiento de ello hasta que esta información fue presentada al Tribunal:
“Yo hasta el día de ayer me entero que de las quejas sí hubo resolución para los agresores que estaban dentro de la universidad y que fue el motivo por el que mi hija pidió licencia. Entonces, creo que, en este momento, estamos hablando de casi año y medio después, nos enteramos de que la Comisión de Responsabilidades los citó, no encontró elementos para castigarlos y se dio por improcedente. Nosotros nos enteramos hasta el 13 de julio de 2021 sobre este procedimiento interno”.
En ese sentido, la UdeG plantea al Tribunal -entre otros alegatos- que 1) ofreció a Daniela la oportunidad de cursar sus estudios en cualquiera de los centros universitarios de esta casa de estudios, y 2) que, dadas las medidas implementadas para mitigar el contagio de COVID-19 a través de clases virtuales y a la distancia, “no resultaba necesario durante dicho periodo la asistencia presencial a los planteles educativos y la interacción física con los profesores y compañeros de clase”.
Para la madre de Daniela, estas “opciones” tampoco resultan satisfactorias porque no terminan de garantizar entornos seguros y dignos para que su hija -y para otras mujeres de la comunidad universitaria-. Expresa que, el Centro Universitario de la Costa (CUCosta) -uno de los planteles a los que buscaban enviarle-, ha sido denunciado un profesor por violación, acoso y hostigamiento sexual a un grupo de 20 alumnas, precisamente de la licenciatura en medicina; por otro lado, advierte que las clases a virtuales no han eximido a las y los estudiantes de la violencia, acoso y hostigamiento digital sexual:
“Siguen saliendo víctimas, el caso de las chicas de Puerto Vallarta, que fue una opción que la Universidad de Guadalajara le dio a mi hija, que se fuera allá para continuar sus estudios al CUCosta. Por qué ofrecen que se vaya allá cuando hay violentadores. Y, además, a pesar de la pandemia y las clases virtuales las violencias no han parado” sentenció.
“Todo lo que han hecho ellos desde 2020, con el protocolo es letra muerta, porque no están considerando nada del protocolo” exclama la señora Teresa, reiterando las palabras de su hija Daniela, se refiere al Protocolo Universitario para Atender los Casos de Acoso y Hostigamiento, el cual apenas era un borrador cuando agredieron a su hija.
Para ambas, parece que nada ha cambiado y lamentan de sobremanera que, “la UdeG continúe dejando a una víctima en estado de indefensión” y que espere que una autoridad como el Tribunal de Justicia Administrativa haga lo mismo.
“Nosotras vamos a seguir con el caso ante el Tribunal, todo lleva su tiempo como cualquier proceso legal, la universidad está demandando como una improcedencia la demanda, que siento que nosotras tenemos todo el derecho de hacerlo y que casi casi la lectura es que la UdeG le está diciendo al Tribunal qué hacer”.
Ninguna víctima tendría que mendigar justicia y reparación del daño, sin embargo, lo que sigue, señalan, es esperar los tiempos procesales, pero, sobre todo, que el Tribunal responda a favor de Daniela:
“Nosotras nos vamos a ir hasta las últimas consecuencias. En lo administrativo, falta esperar los tiempos procesales y esperar que el Tribunal responda a favor de la víctima, porque a final de cuentas la UdeG no pierde nada. No sé si existe un antecedente, pero nosotras es lo que estamos exigiendo”
