Defensora denuncia hostigamiento laboral en DIF Guadalajara

“En el Gobierno del Estado de Jalisco el acoso y hostigamiento sexual se castiga” asegura el Protocolo Cero para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar el Acoso y Hostigamiento Sexual Laboral en la Administración Pública del Estado Jalisco; sin embargo, quienes han sido víctimas y acompañantes, reconocen que la revictimización, las deficientes sanciones e, incluso, el hostigamiento laboral, son lamentablemente, algunas de las muchas consecuencias que, agudizan las situaciones de por sí límites que experimentan las mujeres que han decidido denunciar a sus agresores al interior de las dependencias públicas.

Lucía Zavala, es integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y Directora del Centro de Desarrollo Comunitario Número 10 del DIF Guadalajara, desde hace casi un año ha sido hostigada laboralmente por sus superiores derivado de las acciones de acompañamiento a una víctima de hostigamiento sexual dentro de la misma institución y por un servidor público.

Sobre las situaciones a las que ha sido sometida Lucía ya existe una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) y también tiene conocimiento el personal directivo del DIF Guadalajara, de jurídico y de contraloría; no obstante, esto no ha sido suficiente para que se repare el daño ocasionado en su contra y, mucho menos, se garantice la no repetición de estos actos para ella y para otras mujeres usuarias o trabajadoras.

Por Dalia Souza / @DaliaSouzal

El Diagnóstico de la Cultura Institucional de Género en la Administración Pública Estatal en Jalisco Noviembre de 2019 de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres y el Gobierno del estado de Jalisco, señala que el 11.61% de las y los servidores públicos encuestados expresaron estar “de acuerdo” en “haber sido objeto de abuso y amenazas con relación a sus actividades”, mientras que, el 9.10% reconoció estar “parcialmente de acuerdo”.

A la par, reconoce que 20.03% de las y los encuestados afirmaron estar en “desacuerdo” respecto a “si en la institución se adoptan medidas para evitar abusos o amenazadas con relación a las actividades laborales”; el 16.05% dijo estar “parcialmente de acuerdo” y 7.99% “parcialmente en desacuerdo”.  

El Diagnóstico, evidencia también que 10.35% de las y los encuestados (592 personas) manifestó estar “de acuerdo” en “haber sido objeto de hostigamiento o acoso sexual”. Sin embargo, el 6.82% (390 personas) de las y los servidores públicos dijeron “no haber quedado conforme con la respuesta brindada por la institución tras haber denunciado los posibles actos ante las autoridades y mecanismos competentes” (7.43% o 425 personas manifestó que sí).

El 36.44% señaló estar en “desacuerdo” respecto a “si en las dependencias se informa sobre la ruta a seguir por las y los servidores públicos que permita denunciar el hostigamiento o acoso sexual”. Y finalmente, un 77.39% estuvo de acuerdo en la necesidad de un mecanismo para proteger a mujeres y hombres de estas prácticas.

La encuesta fue aplicada a 3 mil 570 mujeres y 2 mil 749 hombres de 30 dependencias, incluido el DIF Estatal y devela que resulta necesario “erradicar las aún persistentes actitudes de prejuicios” e “idiosincrasia con rasgos discriminatorios en la cultura de las organizaciones de gobierno”, puesto que, “están presentes en las prácticas institucionales las cuales tienen un impacto negativo en los procesos de planeación, en el clima laboral, en los procesos de selección, en el ascenso del personal y, de manera importante, en el otorgamiento de bienes y servicios”.

Lucía Zavala, labora en el DIF Guadalajara como Directora del Centro de Desarrollo Comunitario Número 10, su compromiso con la defensa de los derechos humanos de las mujeres y su posición como funcionaria pública de una institución que por años ha reconocido entre sus deberes “la asistencia social” y el “bienestar de las familias mexicanas”, la obligó a no callar las violencias que otro servidor público cometió en contra de una joven que prestaba su servicio social dentro de la dependencia municipal.

Habrá que advertir que el Protocolo Cero para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar el Acoso y Hostigamiento Sexual Laboral en la Administración Pública del Estado Jalisco reconoce que es obligación de las y los servidores públicos “en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión” la salvaguarda de “la integridad y dignidad de las personas y particularmente de las mujeres desde la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos”.

Lucía, así lo hizo.

Era julio de 2019, la joven que en ese momento prestaba su servicio social en la dependencia contactó a Lucía y le explicó que el Jefe de Psicología del DIF Guadalajara, Samuel López González le había hostigado sexualmente a través de mensajes de WhatsApp y de manera personal

Desde su experiencia en el acompañamiento a mujeres que han sido víctimas de la violencia, Lucía supo que tenía que ayudarle.

Señala que compartió con ella los caminos que podía seguir para presentar una denuncia, no obstante, la joven víctima decidió interponer una queja ante la Contraloría del DIF Guadalajara, un área que, junto con toda la institución, continúan debiendo a ambas medidas de reparación, compensación y satisfacción ante las violencias, la revictimización, las amenazas, el hostigamiento y la persecución a las que les sometieron.

Y es que, explica Patricia Ortega, investigadora de la Universidad de Guadalajara y representante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (DDESER) en Jalisco, cuando las defensoras se encuentran con un caso que requiere su atención “no les queda de otra”, incluso, si se trata de eventos que suceden en el lugar de trabajo o si esto puede ponerles en riesgo, “no nos podemos quedar calladas” asegura:

“Porque cuando nosotras identificamos que esto está pasando, aunque sea nuestro lugar de trabajo, aunque sepamos que podamos estar en riesgo, aunque nos puedan acusar de violentar un proceso o de no “estar siguiendo un protocolo” no nos podemos quedar calladas”.

Fotografía: Facebook DIF Guadalajara

La primera advertencia

La defensora denuncia que al principio comenzaron a monitorear sus acciones y después llegaron las amenazas y las advertencias por parte de sus superiores en DIF Guadalajara para que dejara el caso.

Recuerda que se encontraba en las instalaciones del DIF Guadalajara junto con la joven, cuando “mandaron a supervisar qué estábamos haciendo juntas”, señala. Al menos, describe, tres servidores públicos de la dependencia: Iván, Magali y Fabiola, esta última su jefa directa, comenzaron a acercarse al sitio donde ambas estaban.

“Les incomodo el ver a una víctima de violencia y a mi persona, ya sea porque sabían de mi trabajo o porque algo les incomodó de mi presencia”, asegura.

• “Diles que ya voy, ya sé que vienen a ver qué estoy haciendo, diles que si tan inquietos o inquietas están ahorita me pueden hacer cualquier pregunta” le dijo a una de las servidoras públicas que se acercó.

Efectivamente, dice Lucía, la estaban esperando.

Cuando llegó a la oficina de su directora al mando, Fabiola Yolanda Sánchez Raigoza, Jefa de Centros de Desarrollo Comunitarios, ahí también se encontraba Araceli María Lizardi Rodríguez, Directora del Área de Habilidades y desarrollo comunitario, quienes le advirtieron “no te metas en problemas”.

“Me amenazaron diciéndome que yo “no tenía” por qué estarme metiendo en esos asuntos”, advierte Lucía.

A ella sólo le quedó contestarles: “como servidoras públicas tenemos la obligación de que si conocemos algún delito tenemos que visibilizarlo, por lo tanto, mi persona no me preocupa, me preocupan ustedes si su afán es ocultar, nada más por un tema de política o amistad con el implicado, que a esto no se le dé el seguimiento pertinente”.

Tras argumentarles lo anterior, precisa, “desistieron” de “amedrentarla” y le advirtieron finalmente que hiciera lo que quisiera. En opinión de Lucía, esto deja en evidencia cuánto les incomodó que ella decidiera acompañar a la joven, pero, además, su negligencia y omisión al conocer un caso en el que decidieron no actuar; “se esforzaron en que yo no hiciera lo que a ellas les tocaba”, dice.

El amedrentamiento

Luego de que la joven presentó su denuncia ante la Contraloría del DIF Guadalajara, las medidas tomadas en contra del agresor “sólo fueron una simulación”, así lo reconoce Lucía. Pues si bien, aunque fue reasignada a un nuevo puesto, el sujeto siempre encontraba maneras de acudir a las oficinas donde se encontraba la víctima: “él burlándose iba todos los días a verla y a reírse de ella con la justificación de ir por café” asegura.

Y aunque la joven se quejó, la respuesta de las autoridades competentes fue que “ni modo que no tomara café”. Ella siguió insistiendo y después fue trasladan a las instalaciones de DIF Guadalajara, lugar al que el agresor continuaba acudiendo de manera reiterada.

Cansadas de que no existiera una verdadera sanción y que se minimizara el riesgo que corría ante la indiferencia de la institución, comenzaron a requerir respuestas sobre la sanción que le sería aplicada, puesto que, hasta el momento, las medidas que le habían dado a la víctima no garantizaron su seguridad.  

“No hicieron nada durante un año de ese proceso y obviamente sí hay protocolos de acción, pero no quisieron hacer nada, querían que ella y yo nos cansáramos”.

Más de un año después, el 25 de noviembre de 2020, la joven fue citada ante la Contraloría de DIF Guadalajara. Lucía, que se encontraba ahí para recoger algunos materiales de trabajo, se encontró con la joven dentro de las oficinas de esta área llorando y “en crisis”, advierte, por lo que, no tuvo otra opción más que detenerse y pedir una explicación de lo que estaba sucediendo.

 “Yo iba caminando por el pasillo de oficinas centrales cuando volteo a las oficinas de contraloría la veo a ella muy mal, llorando y sumamente en crisis a lo que yo le pregunto desde la puerta que qué le pasa, que qué tiene. Ella refiere que la están amenazando Refugio Rivera y Miguel Zuno Ruvalcaba, que la estaban amenazando con sancionarla si no se presentaba ese día en un horario más tarde, cuando ella refería que tenía otras ocupaciones que no le permitían presentarse”.

De acuerdo con la defensora, Miguel Zuno Ruvalcaba y Refugio Rivera ambos servidores públicos adscritos al área de Contraloría de DIF Guadalajara, buscaban que la joven desistiera de su denuncia, incluso, le advirtieron que la sancionarían, cuando ella sólo buscaba que reprogramaran la fecha de un citatorio para dar seguimiento al caso.

Cuando Lucía cuestionó a los dos servidores públicos sobre la situación y les exigió una explicación de por qué hablaban de una sanción a quien había denunciado ser víctima de violencia, ambos le refutaron su papel en la institución y autoridad para intervenir en el caso: ¿quién eres? Le dijeron.

Lucía no dudó en advertirles que no necesitaba un puesto para poder observar y señalarles que lo que estaban haciendo era amedrentar y revictimizar a la joven que estaba en la oficina.

“Esto que están haciendo es amedrentarla y revictimizarla, lo que también es un delito como servidores públicos” les dijo.

Tras salir de la oficina, Lucía recibió una llamada de su jefa directa, Fabiola Yolanda Sánchez Raigoza quien ya se encontraba en su oficina con el Contralor del DIF Guadalajara, Fernando García Escalera:

“Cuando ella me llama yo ya sabía que estaba el contralor ahí, me imaginé que iba a estar el jefe de los dos violentadores. Me marca y me dice: “te necesito aquí en mi oficina”. Yo le dije: ya sé que seguramente va a estar ahí el contralor, así es que si quiere hablar conmigo el señor lo va a hacer enfrente de la directora general”.

Ella ya no estaba dispuesta a que continuaran agrediéndola. Sin embargo, Sánchez Raigoza le llamó nuevamente para decirle: “Yo en mi papel de jefa, ejerzo mi poder para exigirte que vengas”.

No tuvo otra opción. Cuando llegó al área de la Oficina de Habilidades y Profesionalización, el contralor, Fernando García Escalera venía detrás de ella y comenzó a reclamarle sobre lo sucedido: – ¿Quién eres para meterte a mi oficina? le dijo con tono agresivo y en voz alta. Lucía le explicó que estaba interviniendo en una situación de violencia y revictimización a una usuaria que estaban cometiendo dos de sus funcionarios a cargo.

Le advirtió, incluso, que estaba cumpliendo con su deber y que era su obligación como servidora pública intervenir en los casos de violencia de los que fuese testigo, pues de lo contrario, sería cómplice.

La respuesta de García Escalera ante los argumentos de Lucía fue: “Tenga ovarios para aceptar que usted habla con la joven víctima”.

Atónita e indignada, porque en el lugar se encontraban al menos siete personas, todas servidoras públicas, viendo cómo era humillada y violentada, le explicó nuevamente que esto que ella estaba haciendo era lo mínimo que podría hacerse porque nadie hacia dentro de la institución había hecho algo por la joven:

“Yo muy molesta y frustrada me llené de impotencia y de rabia que él se estuviera metiendo con mi cuerpo, con mis ovarios, con mi dignidad, con mi indignación ante un acto de violencia y todos solamente miraran sin hacer nada. Culpabilizándome” recuerda Lucía.

Araceli Lizardi Rodríguez, Directora del Área de Habilidades y desarrollo comunitario, le pidió a Lucía -y no al contralor- que “bajara la voz”:

“No podía bajar la voz porque él me estaba gritando, me estaba defendiendo, no le estaba faltando al respeto como él me lo estaba faltando. Yo realmente comencé a llorar de impotencia, no podía creer que estuviera siendo tratada de esta manera, sobajada, humillada de estas formas delante de tanta servidor y servidora pública. Esto me indignó”.

De manera abrupta como todo lo que había sucedido hasta ese momento, el contralor amenazó a Lucía con hacerle un acta:

“Yo le cuestioné “un acta de qué, ¿qué vas a poner en el acta?, ¿que tú estás siendo violento conmigo?” Me dijo “nada más un acta de lo que está sucediendo, nada más de lo que está pasando”.

Patricia Ortega, experta en temas de género y violencia en contra las mujeres, explica que este tipo de prácticas machistas y misóginas no son exclusivas de una sola institución, en su análisis, la lógica patriarcal está inmersa en la estructura, en un sistema que permea al funcionariado de todos los niveles de gobierno y que aun no reconoce la relevancia de sensibilizar, capacitar y formar a sus servidores públicos con una perspectiva distinta:

“No hay proceso de transformación de la institución para poder brindar este servicio. Nos encontramos a funcionariado que tiene prácticas patriarcales machistas; la mayoría de ellos hombres que estaban en el servicio público o en las profesiones: ya sea como abogados, psicólogos, trabajadores sociales, administradores que nunca fueron capacitados, sensibilizados o formados para dar un servicio en otra lógica del servicio público”

Es desalentador y contradictorio, señala, que sean “esos mismos machos que en sus casas violentan a sus compañeras, a sus hijas o que en la calle agreden a otras mujeres” los que se encuentran en el servicio público:

“Esto es lo más común en cualquier dependencia, incluso, en las dependencias que se supone que deben de atender a las víctimas de esta violencia” manifiesta.

Lucía pudo comprobarlo.

El silencio cómplice

“Me quedé muy molesta por eso y le hice un oficio a la directora general para darle a conocer lo que estaba pasando dentro de sus oficinas” relata Lucía. Sin embargo, aunque fue recibida dos días después de los hechos por Elizabeth Antonia García de la Torre, Directora del DIF Guadalajara, e, incluso, ésta reconoció que el contralor tuvo un actuar violento con Lucía, su reacción ante ello se limitó a hacerle una serie de “observaciones” al funcionario.

“Cuando entro a su oficina ella acepta que el contralor es violento, me dicen que sí le han dado esas observaciones al contralor, que está de acuerdo conmigo con su violencia y que iba a ver las formas”.

Además, si bien, Lucía planteó a la directora que requería una disculpa pública de Fernando García Escalera, ella le dijo que eso “no estaba en sus manos” y que sólo se lo señalaría al funcionario para “ver sí el quería”.

“Yo le pedí que necesitaba una disculpa del señor, que quería yo una disculpa, que no lo iba a dejar pasar, ella me dijo “eso no está en mis manos, se lo voy a decir a él a ver si quiere”. Como si fuera un favor”.

Pasaron tres meses y parece que el funcionario simplemente “no quiso” realizar la disculpa pública y reconocer con ello su actuar violento.

En febrero de 2021, después de corroborar que nadie en el DIF Guadalajara estaba haciendo algo para subsanar y compensar las violencias que se cometieron en contra de ella y la joven, Lucía decidió acudir con una vía externa que sin ser “juez y parte” observara y revisara lo que estaba sucediendo.  

“No recibo nuevamente más noticias y pienso “la justicia no se mendiga”. Ellos no me están haciendo ningún favor a mí, y están muy equivocados si creen que el ego y la arrogancia y su incapacidad no les deja ver con claridad las cosas. Entonces, busqué una instancia externa para exigir justicia por la serie de actos de violencia de los que la víctima y yo hemos sido objeto”.

Interpuso una queja ante la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISMH) y otra más ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ). Respecto al actuar de la primera instancia sólo una vez el personal se contactó con ella y “ya no más” dice Lucía.

En cuanto a la queja presentada ante la CEDHJ, esta ha sido admitida bajo el número 1733/2021/VDQ el día 10 de mayo de 2021 -aunque esta fue presentada en el mes de marzo-. Los responsables señalados son: Fernando García Escalera, Contralor del DIF Guadalajara; Samuel López González, Jefe del Área de Psicología del DIF Guadalajara; José Refugio Rivera y Miguel Zuno Ruvalcaba, personal adscrito a la Contraloría del DIF Guadalajara; Elizabeth Antonia García de la Torre, Directora del DIF Guadalajara y de quien o quienes resulten.

A decir de Elizabeth Antonia García de la Torre, Directora del DIF Guadalajara en entrevista para ZonaDocs, García Escalera tuvo “una conducta inapropiada”. Y es que, en su interpretación, los hechos de violencia son un mero “evento” entre trabajadores e, incluso, podría tratarse de “una cuestión de percepción”:

“Imagínate que aquí yo abriera la puerta y vinieran a quejarse de las “relaciones laborales de toda la institución” hay mil 400 trabajadores, pues obviamente tendríamos que estar haciendo este procedimiento para todo mundo y me parece que eso tampoco sería la vía”.

En ese sentido, García de la Torre asegura que, en una acción sin precedentes, tras tener conocimiento de esta situación, envío un exhorto al Contralor García Escalera, “el primero y el único que hay en esta administración”. No obstante, respecto a la disculpa pública, advirtió que ella no tiene atribuciones como para requerir al funcionario público un acto de esta índole, pues, en sus palabras “no puede obligar a nadie a que haga una disculpa pública sino está convencido”:

“Al “yo creerle” es hacer uso de mis facultades y entonces lo que hago es “invitarlo y exigirle a que se conduzca con respeto”. El hecho de obligarlo a que haga una disculpa pública sería asegurar o aseverar que él realmente hizo lo que ella dice que hizo o, que se condujo de una manera inapropiada o que le dijo una palabra que la ofendiera…”

Habrá que advertir que, esto no se trata de un mero roce entre compañeros de trabajo, sino de un superior jerárquico que abusó de su posición de poder para amedrentar e intimidar a una trabajadora que pretendía evidenciar sus deficiencias y omisiones en la atención a un caso de hostigamiento sexual por parte de un servidor público de la misma dependencia.

Elizabeth Antonia García de la Torre, Directora del DIF Guadalajara. Fotografía DIF Guadalajara

Sin justicia y sin reparación las amenazas y el hostigamiento laboral continúa

No fue hasta que se presentó la queja ante la CEDHJ que la justicia comenzó a mover sus engranes hacia el interior del DIF Guadalajara. Con fecha del 25 de marzo de 2021, a casi dos años de los hechos, la Jefatura de Responsabilidades de la Contraloría interna de esta dependencia determinó sancionar a López González con 30 días naturales de suspensión de su cargo por “incurrir en la comisión de una falta administrativa no grave”.

“Hay un departamento de Igualdad Sustantiva en DIF Guadalajara y ellas resolvieron que no había hostigamiento sexual, cuando en el oficio de la sanción dice que hay hostigamiento sexual pero que es un delito no grave” afirma Lucía.

El documento precisa que, la medida sancionatoria tendrá efecto “a partir de que cause estado dicha resolución”. No obstante, fue hasta segunda quincena de abril, posterior al día 16 de este mes, así como, durante la primera de mayo que, López González -aparentemente- recibió la sanción dictada de 30 días sin salario; lo anterior de acuerdo con el registro público de la nómina de servidores públicos del DIF Guadalajara.

Esto significaría que la sanción demoró en ser aplicada al menos 22 días posteriores a la emisión del oficio de suspensión dictado.

Pero esto no ha sido suficiente, respecto al caso de la joven, Lucía comparte que los propios agresores han acudido a su casa para “notificarle” que el contralor “quiere hablar con ella”, solicitud que no tiene efecto pues presuntamente ya existe una determinación de parte de esta área al emitir su sanción.

En cuando a Lucía, hace algunas semanas, una compañera de trabajo le hizo llegar un mensaje del contralor donde le decía que “debería de ser más cuidadosa” tanto en su trabajo como “en otras cosas” pues de ella “dependían sus dos hijas”. Esta información sólo pudo obtenerse a través de la declaración patrimonial que Lucía entregó al área de contraloría hace unos años; por lo tanto, además de reconocer que este “mensaje” es una amenaza en su contra y en contra de sus seres queridos cercanos, hace responsable al contralor, Fernando García Escalera de lo que pueda sucederles.

“Él está utilizando mis datos personales con fines particulares. Sabe en dónde vivo. Si me preguntas que si podría ocurrir algo en mi contra te digo que sí y él sería el responsable”.

Sobre estos eventos ya existe una carpeta de investigación iniciada ante el Centro de Justicia para las Mujeres, a través de la cual se han dictado medidas de protección y vigilancia para garantizar su seguridad y la de su familia.

De manera lamentable, señala que el hostigamiento laboral ha continuado, han intentado forzarla a firmar documentos que buscan hacerle “reconocer” situaciones y eventos que no han sucedido, como: que ella es la representante legal de la joven víctima; que ha señalado directamente a Samuel como responsable del delito; e, incluso, si utiliza su tiempo laboral para realizar acompañamiento a otras víctimas de violencia.

“Ellos querían que yo firmara ese oficio, yo les dije que no, entonces, les contesté con otro oficio, que no soy su representante, que pertenezco a la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y que no voy a ser omisa ante actos de violencia y revictimización por parte de servidores públicos”.

Aunque la Directora de DIF Guadalajara aseguró en entrevista que fue ella quien requirió en noviembre de 2020 la apertura del procedimiento ante el área de Jurídico de la dependencia, Lucía señala que, fue hasta el mes de mayo de 2021 -después de admitida la queja ante la CEDHJ- que la dependencia tomó el caso bajo el número de procedimiento PA 14/ 2021.

“Tenemos que tener muy claro que estamos trabajando en una institución de gobierno y que también tenemos que apegarnos a las leyes que nos rigen, entonces, creo que no era un asunto de querer o no querer o de voluntades, creo que es un asunto mucho más profundo y que no se debe de tomar a la ligera. Entonces, por lo tanto, solicito que se investigue para poder “estar seguros de que vamos a ser justos con ambas partes”.

Sin embargo, Lucía precisa que, en el documento, además de notificarle que sería iniciado el proceso de investigación, fue cuestionada por no haber interpuesto la queja por su cuenta:

“Me cuestionaron por qué no había acudido a poner la queja ante recursos humanos y jurídico pues, según ellos, ese era el camino que debería de haber seguido”.

Lucía les explicó que la institución misma no le había brindado ninguna seguridad para iniciar un procedimiento, puesto que, en otras situaciones de violencia “no habían actuado conforme a la ley”, por lo que optó por acudir con instancias externas. Habrá que señalar que los hechos ocurrieron en noviembre de 2020 y desde esa fecha, la máxima autoridad en la dependencia, es decir, la directora general, tenía conocimiento del caso, no obstante, el oficio sobre lo sucedido entre Lucía y el contralor fue enviado por ésta hasta febrero de 2021.

De acuerdo con la “versión oficial” permanece abierto el procedimiento de investigación ante el área de jurídico del DIF Guadalajara para determinar “si existen elementos para iniciar un procedimiento administrativo”, aseguró la titular de la dependencia; además, precisó que ya ha sido atendida la queja por la presunta violación a los derechos humanos de esta defensora y permanecerán a la espera de la resolución:

“En ese sentido hay que dejar que se tome el curso no sólo de lo que nosotros hacemos de manera interna de acuerdo a lo que vayamos a hacer. Pero también, lo que vaya a decidir derechos humanos sobre este procedimiento y sobre las formas en las que se ha establecido, sería aventurado decir qué es lo que debería de pasar o no, y lo que derechos humanos dictamine se asumirá en su momento”, precisó García de la Torre.

En opinión de Lucía, la serie de eventos que tanto la joven como ella han enfrentado al interior de esta dependencia, obedece a una red de complicidad entre “machos” que imposibilita y obstruye la justicia para las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, hostigamiento o acoso, sin importar ser usuarias o trabajadoras.

Así lo reconoce también Patricia ortega, quien explica que esta serie de acciones machistas y misóginas están cobijadas “por la estructura de influyentismos, de amiguismos y de la cultura política del Estado”. Sin obviar que, son estas mismas circunstancias las generan “ambientes sumamente hostiles, insoportables y de tensión” para las mujeres que hacia el interior de dichos sistemas han decidido no callar más estas violencias.

En ese sentido, explica que resulta prioritario observar y subsanar la serie de afectaciones que sufren estas mujeres, pues cada una de estas prácticas “tienen un impacto en su vida porque se trata de su ingreso, de su desarrollo profesional”. Y es que, no resulta justo que sean ellas quienes se enfrenten a ambientes enrarecidos, a risas, burlas, señalamientos constantes y que “no exista una autoridad que le ponga un alto”.

En su lugar, las autoridades de cada instancia deberían garantizar que los agresores reconozcan sus errores, responsabilizarles de los mismos y, con ello, sancionarlos:

“Que le explique al agresor que lo que hizo fue cometer un error y que se responsabilice o sancione. Pero, además, que lo haga entender que quien le está llamado la atención no está fastidiándolo de manera personal, sino que lo que está haciendo es proteger a la usuaria de su actuar de poder”, precisa.

Por lo tanto, precisa, no se trata de acciones de castigo “porque sí”, sino de responsabilidades que deben asumirse en términos de derechos humanos que garanticen que habrá una reparación del daño y la no repetición de estos actos.

“La reparación del daño implica un reconocimiento del daño ocasionado que eres producto de esta cultura institucional machista y que tienes que responsabilizarte sobre lo hecho, tienes que garantizarle a la persona que esto no se va a repetir” explica la defensora.

En ese sentido, Ortega señala que la “institución tiene que tomar el caso” y con ello, “comenzar a reconocer en qué se falló y qué tienen que hacer para reparar”, además de generar procesos de capacitación, sensibilización y capacitación de su funcionariado, sin olvidar “proteger a las víctimas y garantizar su seguridad”.

Es esto mismo lo que exige Lucía: garantías de seguridad para continuar ejerciendo su trabajo dentro de la dependencia, pero también como defensora; seguridad para ella y para su familia; y la garantía de que situaciones como esta no volverán a repetirse para ninguna usuaria, trabajadora o ciudadana.

*Todos los documentos citados en este texto fueron revisados de manera directa por la reportera.