Por Francisco Macías Medina / @pacommedina
La impunidad la podemos definir de múltiples maneras pero sus consecuencias son visibles en diversos grupos de la población: denegación de justicia, violencia institucional, daños a la integridad física, psicológica y socioafectiva, carencia de protección, denostación y hasta criminalización en personas o grupos de ellas que reclaman justicia.
Recientemente se presentó el Informe sobre la Impunidad Activa en México, elaborado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, la Red Universitaria para los Derechos Humanos y la University Network for Human Rights, los cuales con base en la documentación de casos que exhiben graves violaciones a los derechos humanos y macro criminalidad, dieron contenido a lo que llamaron impunidad activa, definida como la “serie de acciones realizadas con el fin de garantizar que no haya castigo o sanción a los responsables”.
La documentación describe una serie de dinámicas, así como recomendaciones y propuestas para exigir mecanismos extraordinarios de justicia de tipo transicional y que al mismo tiempo fortalezcan instituciones que puedan proporcionar elementos para superar los horrores descritos.
Me reduciré a mencionar los mecanismos de impunidad activa que se detectaron para poder dar una vista rápida a hechos y evidencias de lo que ocurre en Jalisco. Entre ellos se describieron los siguientes:
La alteración de la escena de los hechos y de evidencia falsa, como una herramienta que permite una colusión de autoridades para modificar las pruebas e, incluso, sembrarlas para generar la percepción de responsabilidad de los participantes en lo ocurrido.
En el caso de Jalisco, se registran por parte de los medios de comunicación la existencia de enfrentamientos, tanto de la Guardia Nacional como de corporaciones locales, las cuales carecen de un análisis claro sobre el uso de la fuerza con el fin de descartar la existencia de posibles ejecuciones extrajudiciales. Ante la opinión pública se publicitan solo como “enfrentamientos” con la reproducción única de la versión de la corporación, sin una evaluación independiente de lo ocurrido. ( Ver ejemplo. Nota de El Financiero)
Negativa de Recibir denuncias e iniciar investigaciones, en el informe se documentó que ante la existencia de graves violaciones a los derechos humanos víctimas y familiares buscan denunciarlos ante la policía o el Agente del Ministerio Público, – no en todos los casos- con ello comienzan los obstáculos y las dificultades.
En ZonaDocs se ha documentado ampliamente en muchas de las historias de las personas desaparecidas la existencia de este mecanismo, el cual busca inhibir, cansar pero sobre todo mantener hermética esa realidad, incluso evitar que se haga visible, ya que muchos de los ataques provienen de las propias oficinas de atención, las cuales tienen una relación directa con estructuras políticas o criminales, las oficinas de análisis de contexto hoy son las grandes ausentes en el tema.
Intimidación y amenazas a víctimas, familiares y testigos, al igual que el anterior, se busca inhibir y mantener la situación tal y como se encuentra. En el informe se documentaron incluso casos de tortura a testigos.
En Jalisco, recuerdo incidentes en donde las víctimas que acudían a denunciar detenciones arbitrarias ante la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, en contra de policías investigadores dependientes de la Fiscalía de Jalisco, recibían casi inmediatamente llamadas de los propios denunciados para amedrentarlos, lo que habla de la existencia de estos mecanismos incluso, en instancias en donde en teoría tendría que garantizarse la seguridad de las personas y la confidencialidad de la información.
Otro ejemplo, es el caso sobre las desapariciones forzadas ocurridas el 4, 5 y 6 de junio de 2020 a jóvenes que participaban en las protestas por la ejecución extrajudicial de Giovanni López. Durante su privación de la libertad muchos de ellos fueron amenazados con la imposición de posibles delitos como una forma de generar miedo en ellos y ellas.
Presentación de cargos en contra de las víctimas, mecanismo que busca cambiar la narrativa de los hechos o cuestionar la veracidad de la versión de las víctimas.
En muchos de los casos, dicha herramienta se inicia con la “filtración” en prensa de carpetas de investigaciones, partes médicos o exámenes psicológicos, para generar una percepción que les permita de inicio una “imposición moral” de sanciones. En ocasiones la polarización hace el trabajo de tribunales sumarios sin justicia.
Reticencia de las autoridades civiles a investigar a elementos de las fuerzas armadas, los elementos encontrados es que existe una negativa a realizar las investigaciones y cuando éstas se inician, ocurren demoras innecesarias o se socavan las mismas.
En Jalisco tenemos un gran pendiente en el acceso a la justicia sobre el estándar de dichas investigaciones contra elementos de las corporaciones. Aunque hoy escuchamos la judicialización de casos en contra de policías municipales por el delito de desaparición forzada – de lo cual falta evaluar la calidad del proceso y la existencia de verdaderas sentencias que sancionen y reparen- , sus direcciones de asuntos internos se caracterizan por la opacidad en sus procesos, los cuales son de corte inquisitivo o, incluso, lejanos de las directrices del derecho al debido proceso, sin mecanismos de reparación y con una baja rendición de cuentas, ya que, incluso, sus determinaciones son protegidas de acuerdo a la legislación de transparencia por tratarse de asuntos de seguridad y con un gran desequilibrio en cuanto a los derechos de las víctimas.
Reticencia de autoridades para investigar casos de narcopolítica, aunque es evidente la falta de capacidades de las autoridades de justicia local para el tema, en el caso de Jalisco, desde hace décadas debido a los graves casos ocurridos por la dinámica de grupos del narcotráfico, su discurso es el de inmediatamente declararse incompetentes de acuerdo con la ley para desarrollar las investigaciones. Con ello, se evita contar con información del contexto en el que se cometieron las graves violaciones de derechos humanos o delitos.
Hay que decir que muchos de los datos del contexto, han sido obtenidos gracias al trabajo de periodistas y medios de comunicación, lo que permite que tengamos mayores elementos del contexto de macrocriminalidad que se vive en la entidad.
Intento de manchar reputación de víctimas, como mecanismo de distracción y de divulgación a través de los medios de comunicación, así como forma de llamar la atención sobre la supuesta inmoralidad o comportamiento indebido de las víctimas.
Podemos observar el caso de Christian Omar Palma Gutiérrez, llamado “QBA” artísticamente por ser cantante de rap, actualmente procesado por la desaparición Javier Marco y Daniel, estudiantes de cine. Antes de conocer el sustento de las investigaciones y la evidencia en su contra, se prefirió criminalizar a la comunidad rapera de jóvenes que se expresan en colonias en alta situación de marginación, acompañada de imágenes y videos previamente seleccionados para juzgar una dinámica ajena a consumidores de los principales medios de comunicación.
En ese caso, la entrevista que le realizara el cineasta África Eleazar, dejó en evidencia que el objetivo no era entender el contexto de jóvenes como Christian, sino de criminalizarlo y juzgarlo de forma anticipada, no obstante que posteriormente el Comité contra de la Desaparición Forzada de la ONU, ordenara ampliar las investigaciones debido a graves inconsistencias de la fiscalía local.
En esta breve mirada, se logra observar que en Jalisco han ocurrido varios casos con suficiente evidencia que nos hace suponer la existencia de una impunidad activa, la cual tiene su origen no solo en la carencia de capacidades institucionales, sino en las redes de estructuras criminales, políticas y empresariales que fomentan la impunidad.
Mientras no se desarticule y se desmovilicen los cuadros, así como sus recursos que las favorecen, las consecuencias continuarán.
Se pueden reformar leyes, realizar foros, llamar a consultores, emitir “pronunciamientos”, pero sin la ruta del diagnóstico ofrecida en el informe, el cual incluye la existencia de mecanismos extraordinarios de justicia, el callejón de nueva cuenta no tendrá salida.
