Tras la detención de 10 mujeres, -entre ellas dos menores de edad y un bebé-, que protestaban el pasado viernes 9 de julio a las afueras del edificio de la Secretaría de Educación Jalisco en Guadalajara, el Frente Feminista de Jalisco denunció que sus compañeras fueron golpeadas por los elementos de seguridad que participaron en el acto de represión y que han tenido que recibir contención emocional derivado de los eventos.
Si bien, las mujeres en su totalidad fueron liberadas, el proceso judicial en su contra sigue abierto por los delitos de: daño en las cosas, pandillerismo, lesiones y delitos contra representantes de la autoridad.
Es por esta razón que diversas colectivas se han sumado al llamado #SinCargosLas10 que reclama a la Secretaría de Educación en el estado, el retiro de los delitos imputados a las mujeres que fueron detenidas de manera arbitraria en un acto legítimo de manifestación de justicia a víctimas de abuso y violencia sexual en una escuela pública de la entidad.
En este contexto, Amnistía Internacional ha manifestado su preocupación sobre los hechos ocurridos el viernes, reconociendo que son muestra de “un esquema de represión” “que limita el derecho a la libertad de expresión y de reunión y estigmatizan la legítima protesta de las mujeres, organizaciones y colectivas feministas”.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
El viernes 9 de julio por la mañana, un grupo de 10 mujeres integrantes del Frente Feminista de Jalisco fueron detenidas de manera arbitraria y violenta por elementos de seguridad estatal del grupo Ateneas, mientras protestaban a las afueras del edificio de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) ubicado en la avenida Alcalde de Guadalajara.
Las 10 mujeres, entre ellas dos menores de edad y una madre con su hijo lactante, fueron sometidas a actos de intimidación, amenazas y golpes, según denunció el Frente Feminista el día sábado por la tarde en un acto de exigencia de justica frente a Palacio de Gobierno en la capital del estado:
“La policía sabe cómo golpear, saben cómo putearte para que no deje marcas. Ayer calientitas no sentían tanto los golpes, pero ya que amanecieron en el suelo frío y duro ya se empezaron a enfriar, una ya salió con costillas lastimadas, una trae el brazo lastimado, a una la taclearon entonces, creemos que hasta la clavícula la trae lastimada” explicaron.
Todo quedó documentado en la transmisión en vivo que realizaba el Frente el día viernes a las afueras de las instalaciones de la también conocida como “Torre de educación”.
Sin embargo, pasaron al menos ocho horas para que la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) informara puntualmente sobre la situación de las mujeres. En este primer comunicado, la autoridad estatal daba a conocer que “quedarían sujetas a un término no mayor a 48 horas para resolver su situación jurídica”; luego, un par de horas después, detallarían que las dos menores de edad habrían sido puestas en “libertad reservada” tras la valoración del Ministerio Público.
El sábado 10 de julio por la mañana, otra comunicación de la FEJ daría a conocer que la madre que fue detenida junto con su bebé habría recibido también la “libertad con reservas de ley”, “atendiendo el interés superior de la niñez”. Con ello, informarían que, por lo tanto, las siete mujeres restantes quedarían a disposición del órgano jurisdiccional.
Finalmente, después del medio día del sábado, la Fiscalía anunció que el juez vigésimo Miguel Ángel Galván Esparza, vinculó a proceso a las siete mujeres; que el agente del Ministerio Público “integró la carpeta de investigación y analizó sus registros”; y que “consideró que existían datos de prueba para judicializar la carpeta”.
Detallaron, además, que a las 8:00 a.m. de este mismo día el juez de control llevó a cabo la audiencia donde las mujeres fueron inicialmente imputadas por los delitos de daño en las cosas, daño al patrimonio urbano, pandillerismo, lesiones y delitos contra representantes de la autoridad; sin embargo, tras la valoración del caso se determinó que únicamente les serían atribuidos los delitos de pandillerismo y daño a las cosas y que podrían llevar a cabo el proceso en libertad.
En el acto de protesta convocado por el Frente Feminista bajo la consigna “Sin cargos las 10” a las afueras de Palacio de Gobierno en Guadalajara, las integrantes de esta agrupación de colectivas expresaron su malestar y desconfianza hacia la autoridad estatal y de seguridad:
“Hace seis meses nos estaban dando agüitas en una manifestación por las infancias y ahora salieron con esta mamada, las mismas, las mismas morras que estaban en las marchas diciendo “yo te cuido”, con su listón morado en el pelo y diciéndonos “hermana yo te creo”, son las mismas que ayer le patearon las costillas a mis compas. Ya no sabemos qué esperar, ya no sabemos qué hacer, hay que apechugarle porque esto nos tocó vivir” señalaron.
En este mismo espacio, aunque anunciaron la liberación de sus 10 compañeras, reconocieron que aún el proceso permanece abierto y que deberán pagar cerca de $200 mil pesos mexicanos por concepto de reparación del daño solicitada por la SEJ; además, que no podrán acercarse a una distancia menor a 500 metros a cualquier edificio o institución pública del estado.
Respecto a la situación de la madre que fue detenida junto con su bebé lactante, denunciaron que “fue amenazada con quitarle a su bebé” e intimidada, tanto por autoridades como por medios de comunicación y ciudadanos quienes no garantizaron su seguridad ni la de su hijo de tres meses de edad:
“Deben saber que toda la vida las mujeres hemos maternado y hemos hecho otras cosas al mismo tiempo. Es parte del ser mujer, es parte del ser humano, ser mamá no te exime de otras cosas y así como las Adelitas andaban en la Revolución soltando plomazos con la cría encima, así andamos nosotras, porque las mamás también luchamos, las mamás también quemamos y no podemos existir en un mundo donde nuestras hijas salen a la calle y regresan violadas o no regresan” señalaron.
Sin justicia para las víctimas
Para la colectiva Me Cuidan Mis Amigas, quien realiza labores de acompañamiento sororo a la familia de C.A.M.N., una de las niñas víctimas de violencia sexual dentro de una escuela primaria pública en Zapopan, Jalisco, es fundamental que no se pierda de vista el caso y que no se ponga en riesgo el proceso judicial que permanece vigente.
Pues, si bien, las mujeres manifestantes habrían acudido el día viernes a denunciar la falta de justicia, la tergiversación de la información dispuesta en medios de comunicación vulnera la seguridad de la menor.
Precisaron que la denuncia en contra de los maestros y autoridades escolares permanece abierta desde hace más de un año y corresponde al delito de omisión y encubrimiento, no por violación, como se ha señalado. Con ello, puntualizaron que la carpeta se encuentra judicializada, por lo que, “es de suma importancia que no se compartan los nombres de los involucrados, tanto del maestro, como de las menores”.
“Entre nosotras siempre nos cuidaremos, es por eso que en estos momentos y siempre, nuestra prioridad será proteger a las víctimas y ver por su acceso a la justicia de manera integral” señalaron.
Alto a la represión y criminalización de la protesta feminista
Amnistía Internacional ha hecho un exhorto al Gobierno de Jalisco a no criminalizar a las mujeres manifestantes en el estado. En su comunicado emitido el pasado sábado 10 de julio, la organización manifestó su preocupación ante la detención de las 10 mujeres detenidas el día viernes a las afueras de la Secretaría de Educación Jalisco.
En su valoración, precisaron que “este hecho repite claramente los esquemas de represión ocurridos en otros estados del país, que limitan el derecho a la libertad de expresión y de reunión y estigmatizan la legítima protesta de las mujeres, organizaciones y colectivas feministas”.
A la par, expresaron que “calificar de vandálicos” los hechos ocurridos en las instalaciones de la SEJ, las autoridades “distraen la atención sobre los motivos que las orillan a manifestarse”.
Así lo reconoció Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, quien además, expresó que resulta “urgente que las autoridades de Jalisco se abstengan de hacer declaraciones estigmatizantes contra las manifestaciones organizadas por mujeres que protestan contra la violencia de género”.
Urgió con ello, el reconocimiento de “la legitimidad de las mismas” y llamó al gobierno a pronunciarse “claramente” en contra de la violencia de género en todas sus modalidades.
Con determinación, manifestaron su descontento por “el uso del sistema de justicia penal” que criminaliza a las mujeres que deciden salir a las calles a manifestarse. Agregaron que, los eventos ocurridos en Jalisco el día viernes se suman a los documentados en Guanajuato, Sinaloa, Quintana Roo, Estado de México y Ciudad de México, en los cuales hubo detenciones que “parecen tener la intención de mermar la protesta social cuando las colectivas feministas piden justicia en casos específicos de violencia por razones de género”.
Recordaron a las autoridades del estado que “pintar consignas e intervenir monumentos son expresiones protegidas por el derecho a la libertad de reunión pacífica”, por lo que, las autoridades deben tener presente que su deber “es considerar todas las manifestaciones como pacíficas excepto cuando se presenten acciones que puedan provocar lesiones graves o muerte a personas o daños graves a bienes”.
Por último, exhortaron al gobierno estatal a “abstenerse de utilizar la legislación penal y administrativa para inhibir la participación en manifestaciones y acallar por otros medios las críticas contra las autoridades”.
#SinCargosLas10
#SinCargosLas10 es el hashtag que han utilizado diversas colectivas en el estado para exigir a la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) que retiren todos los cargos impuestos contra las 10 mujeres detenidas de manera arbitraria el viernes 9 de julio.
Al mismo tiempo, han requerido a la SEJ que deje de ser omisa ante las violencias padecidas por las infancias dentro de las escuelas primarias y llamaron a la congruencia, advirtiendo que, “por un lado promueve la equidad y la educación no sexista y por otro lado muestra su indolencia contra las denuncias de abusos sexuales y violación de derechos humanos hacia las infancias y adolescencias”.
Demandaron, por lo tanto, la puesta en práctica prioritaria de protocolos contra la violencia sexual y de género en las escuelas públicas de Jalisco y capacitación al personal docente y administrativo.
“En Jalisco se sigue reprimiendo la legítima protesta. El Gobierno de Jalisco sigue usando a la policía para silenciar nuestra legítima rabia”.
