Manos Libres
Por Francisco Macías Medina / @pacommedina
Hablar de las fuerzas armadas en México, es movernos en un tema que tiene varios imaginarios y representaciones desde la sociedad. Nos movemos hacia una institución que se encuentra pronta a auxiliar a la población en casos de desastre y al mismo tiempo patrullar las calles, realizar operativos en zonas serranas o cometer desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales.
A finales del sexenio de Felipe Calderón, participé en un diálogo inédito entre integrantes del ejército y ciudadanos, especialistas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil. El desgaste por el uso de las fuerzas armadas en la guerra contra el narcotráfico y los abusos cometidos, hacían posible ese espacio.
Me llamó la atención la accesibilidad de sus integrantes para conversar abiertamente, su preparación, el discurso patriótico y de defensa de la nación en sus intervenciones. La que más me llamó la atención fue la que dividía la situación del país en dos: una en la que los graves incumplimientos de las obligaciones por parte de la ciudadaníaimpulsaban la inseguridad; mientras que en la segunda, se encontraban las instituciones que tenían que acudir en rescate de la situación.
Desde ese momento me percaté de que no se incluían como ciudadanos de este país, sino como un ente conformado de forma separada para cumplir con los intereses nacionales y “rescatarnos”
Con la llegada de la incipiente transición a la democracia, se ha colocado como un elemento de gobernabilidad la presencia de las fuerzas armadas con diversas nomenclaturas ante la debilidad de las instituciones civiles de seguridad. Nótese de nuevo la idea de rescate.
El anuncio del presidente López Obrador, para adscribir su nueva nomenclatura – la Guardia Nacional– a las fuerzas armadas, representa la colocación de un nuevo dique que favorece la militarización e incrementa en kilómetros la distancia en el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad.
Una de las bases de este “impulso”, es el alto grado de confianza con la que las personas miran a las fuerzas armadas, solo la Guardia Nacional es calificada como confiable por el 82.4 por ciento, contra el 52.9 por cierto de la policía preventiva municipal, de acuerdo con la ENVIPE 2020. Por ello, los vemos como constructores de aeropuertos, en ejercicio de la custodia de las vacunas en medio de aplausos y hasta en la realización de intervenciones culturales espontáneas en las redes.
¿Qué implica poner a las fuerzas armadas al centro?, esta respuesta la obtenemos en el reciente informe “Poder Militar”, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CENTROPRODH), en el que se hace un recorrido de las diversas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la legislación e, incluso, controversias judiciales que fueron engendrado la postura actual.
Comentaré algunos de los riesgos que se identifican, se señala que aunque existen claramente instrucciones por parte del presidente López Obrador como Comandante Supremo, para que se cumplan con los derechos humanos, éstas no se reflejan precisamente en mecanismos de justicia, de reparación o de modificaciones en su estructura que eviten que en un futuro pueda volverse a una línea amplia de enfrentamiento; la cual, aunque se ha visto disminuida, en el informe se cita información de la organización Intersecta, donde se señala que en 2020 hubo 260 enfrentamientos, los que arrojan detenciones de civiles, civiles y militares heridos, así como, fallecidos; en el caso de éstos últimos, por cada civil detenido, fallecieron 1,4 civiles; mientras que, por cada militar que falleció, fueron 39.5 civiles los que murieron.
Otro de los elementos de preocupación, es la casi inexistente apertura de investigaciones exhaustivas y eficaces, pareciera que tanto la Fiscalía General de la República (FGR)como la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), han abierto un espacio para dejar de cumplir con sus mandatos y permitido que sean las propias instituciones las que se hagan cargo de ello.
Es más notoria en ésta última, ya que si bien en algunos casos como en Tepochica, Guerrero; Carbó , Sonora; y Nuevo Laredo, Tamaulipas; entre otros, existieron pronunciamientos, en ninguno de los casos se han emitido recomendaciones.
La propia CNDH aceptó haber iniciado 451 quejas y solo emitir una recomendación.
En el caso de la FGR, la propia Fiscalía especializada en Desaparición Forzada y Desapariciones, afirmó contar con 97 (averiguaciones previas o investigaciones) y 5 personas de extracción castrense que han sido judicializadas.
La Fiscalía Especializada en Tortura, aceptó contar con 2125 averiguaciones y solamente una sentencia condenatoria de 2015 a la fecha.
Sobre el uso de la fuerza, el informe afirma que la manera en que se informa por parte de la Guardia Nacional sobre los incidentes, no es distante a la práctica de las Fuerzas Armadas, ya que, por ejemplo, categoriza como civiles, solamente a aquellas personas que no participaron en los enfrentamientos, lo que restringe una visión amplia para dar paso a investigaciones completas, imparciales y eficaces.
Las preocupaciones se centran en que ante el aumento de las actividades de las Fuerzas Armadas en muchas de las tareas, el efecto de ellas es que se incremente su potencial económico sin un control civil amplio, en donde se profundice su carencia de transparencia y rendición de cuentas.
Por último, el riesgo de su involucramiento en actos de corrupción y una predisposición a favorecer su politización, nos llevarían al militarismo que permite su intervención en la vida pública y social del país.
Faltaría revisar los ecos de la militarización en lo local, por ejemplo en Jalisco podemos confirmar la existencia de algunas de las preocupaciones, por ejemplo ante la salida del general Daniel Velasco Ramírez, como secretario de Seguridad Pública, sin que diera respuesta a algunos señalamientos de corrupción o, por ejemplo, la existencia de mandos militares en corporaciones como la Agencia Metropolitana de Seguridad, cuya rendición de cuentas es muy baja.
El escenario actual nos obliga a retomar el reclamo para que se fortalezcan las instituciones civiles de seguridad con base en evidencia y limitar lo más posible la existencia de un “rescate” que a la larga, impediría contrapesos y rendición de cuentas.
