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El Comité contra la Tortura de la ONU pidió al gobierno de Veracruz, en noviembre de 2017, investigar la cadena de mando del Secretario de Seguridad Pública y varios fiscales que siguen laborando, por su participación en la desaparición forzada de los cinco jóvenes de Playa Vicente; la petición fue ignorada
Texto: Miguel Ángel León Carmona
Fotos: Miguel Ángel León Carmona y Especial
XALAPA, VERACRUZ. – En noviembre de 2017, el Comité de desapariciones forzadas de la ONU hizo un llamado urgente al Estado mexicano para investigar al entonces secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, por la presunta participación en crímenes de lesa humanidad. El Comité había lanzado, desde marzo de 2016, acciones urgentes por la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca, al sur del Estado.
La carta de 2017 fue signada por Ibrahim Salama, jefe de la subdivisión de Tratado de Derechos Humanos. El motivo de la misiva: las desapariciones de cinco jóvenes originarios de Playa Vicente –ocurrida el 11 de enero de 2016– en manos de policías estatales, quienes presuntamente los entregaron con integrantes del Cartel de Jalisco para torturarlos y asesinarlos.
El documento del cual E-Consulta Veracruz posee una copia fue remitido a las autoridades de Veracruz, durante el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes. La petición era clara: investigar la cadena de mando de la Secretaría de Seguridad Pública (que fungió en el periodo de Javier Duarte) y a algunos fiscales que a la fecha siguen laborando.
Sin embargo, la solicitud fue desdeñada. Arturo Bermúdez fue detenido el 3 de febrero del 2017 por el delito de enriquecimiento ilícito. Un año más tarde, el 8 de febrero del 2018 (en campañas electorales), él y otros dos mandos de la SSP fueron acusados ante un juez por presuntamente comandar un grupo de fuerzas especiales de la policía que usó la Academia de El Lencero para torturar y matar. Sin embargo, en menos de un año, un juez le permitió enfrentrar el proceso el libertad, tras pagar una fianza de un millón de pesos de fianza.
Pero nunca se relacionó esa investigación con la de Tierra Blanca, que era una de las principales peticiones de los padres de los jóvenes para acceder a la justicia,
En 2017, la colaboración del comité de desapariciones forzadas de la ONU no era obligatorio. No obstante, eso cambió el pasado 16 de junio tras un fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ) el cual exhorta a las autoridades mexicanas a atender las acciones urgentes de este organismo internacional.
Por las desapariciones forzadas de José Benítez de la O, Mario Arturo Orozco Sánchez, Bernardo Benítez Arroniz, José Alfredo González Díaz y Susana Tapia (16 años), la ONU dictó las acciones urgentes No.288-292/2016. Entre esas que destacan: Búsqueda de las personas desaparecidas e investigación de su desaparición; Investigación de las posibles responsabilidades por acción u omisión de autoridades y medidas de protección para los familiares de los desaparecidos.
1.- No detener la búsqueda de tres jóvenes
De acuerdo con investigaciones ministeriales, el último paradero de los cinco jóvenes de Playa Vicente fue un campo de tortura denominado “El Limón” presuntamente empleado por elementos del CJNG que era custodiado y operado por policías de Veracruz.
En ese lugar, erigido en el municipio de Tlalixcoyan, se confirmaron las muertes de Bernardo Benítez y José Alfredo González mediante el hallazgo de un fragmento de tibia del primero, y una mancha de sangre sobre un tronco del segundo. Sin embargo, para la ONU eso no aclaró por completo el paradero de los otros tres jóvenes por lo que pidió que se agotaran las investigaciones.
El ministerio público de la federación desestimó, en un inicio, la investigación contra 21 detenidos –entre ellos ocho policías- por el delito de delincuencia organizada.
El documento apunta: “El Ministerio Público de la federación adoptó dicha decisión (desestimar la investigación) sin tomar en cuenta los casi ocho mil fragmentos óseos, abrazaderas, mangueras, bidones con diésel, vehículos de carga y demás implementos propios del robo de hidrocarburos; dos vehículos robados y remarcados en su número de identificación vehicular”. Todo ello, encontrado en El limón.
2.- Se debe investigar a Bermúdez y subordinados
En una parte medular de la carta, el comité de la ONU cuestionó por qué el gobierno de Javier Duarte no investigó la cadena de mando de la Secretaría de Seguridad Pública incluyendo al entonces secretario Arturo Bermúdez, a Nabor Nava Holguín, entonces subsecretario de operaciones, José Alfonso Díaz Pineda, director de operaciones, y Andrés Tenorio Quezada, subdirector regional de la zona centro.
El organismo preguntó por qué todos esos mandos de la policía fueron llamados a declarar, no obstante, solo en calidad de testigos y no como probables responsables, a pesar de que eran jefes directos de los ocho policías detenidos, incluido el principal involucrado: Marcos Conde, delegado regional de Tierra Blanca.
“No se hizo referencial (en la investigación) al nivel jerárquico que los relacionaba con cada uno de los policías detenidos, impidiendo una investigación real de la cadena de mando”, se lee en la carta.
Además, apuntaron por qué Bermúdez Zurita no era imputado por el caso Tierra Blanca, aun cuando para noviembre de 2017 ya se encontraba en prisión por el delito de enriquecimiento ilícito. El exsecretario de Duarte terminó por ser absuelto de estas imputaciones y hoy está libre.
3.- Investigar omisiones de fiscal, actualmente vigente con Cuitláhuac
El Comité también solicitó puntualmente la investigación de carácter penal o administrativa a los agentes del ministerio público de Tierra Blanca. Lo anterior, por considerar que “no cumplieron adecuadamente con sus funciones y dieron un trato negligente (a las víctimas). Dichas dificultades fueron denunciadas por los familiares de los cinco jóvenes de. No obstante, ninguna acción ha sido adoptada al respecto”.
El entonces titular de la agencia del ministerio público de Tierra Blanca era Marco Favio Zavala, quien públicamente fue señalado por las familias de entorpecer las investigaciones. A pesar de ello, el funcionario ha permanecido laborando, sin ser llamado a cuentas, en las administraciones de Jorge Winckler (hoy prófugo) y Verónica Hernández, quien asumió el cargo de Fiscal general en el gobierno de Cuitláhuac García.
Actualmente Favio Zavala es fiscal encargado de la subunidad de Isla, pero también de la que se encuentra en Playa Vicente, donde las familias de las cinco víctimas radican.
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Esta nota fue realizada por E-CONSULTA VERACRUZ. La reproducimos con su autorización. Aquí consulta la publicación original.
