#AlianzaDeMedios
En Coahuila, el 95 por ciento de las denuncias por delitos sexuales quedan impunes. ¿Qué sucede desde que una persona es víctima de una agresión sexual hasta que obtiene justicia?
Texto: Francisco Rodríguez / Semanario Vanguardia
Fotoarte: Edgardo Barrera
COAHUILA.- Daniela vivió un noviazgo de agresiones y violencia que culminó con una violación. Su ahora exnovio siempre fue agresivo: la nalgueaba, la mordía y ahorcaba cuando tenían relaciones sexuales. Se enojaba seguido.
–Ya te estás pasando. No estás midiendo tus fuerzas –reclamó Daniela más de una vez.
Una tarde el novio pasó por ella y sin mediar comentario la llevó a un motel. Daniela no quería tener sexo. En más de una ocasión le pidió que se detuviera.
–Me golpeó. Me mordió la espalda. Me lastimó mi parte íntima. Yo le gritaba que se quitara, que parara, pero no lo hizo.
Después de haber tenido relaciones sexuales sin su consentimiento, el novio la abandonó en una tienda y no volvieron a hablar. Daniela entendió que había sido violada.
Una psicóloga de la Facultad le explicó que había vivido una violación. Podría activar el protocolo de violencia de género de la universidad o interponer una demanda penal. Ella se negó. No quería contarle lo ocurrido a otra persona. El miedo, el rechazo, su intimidad.
Para el abogado penalista Gerardo Pérez Pérez, el miedo, la presión social, la revictimización, señalamientos, son las principales razones por las que no se denuncia.
–Es un miedo que siempre está presente. Lesiones y daños se prolongan en el tiempo. También hay un tema de política familiar –considera el penalista.
Daniela empezó lo que ella llama una “fase destructiva”. Comenzó a embriagarse al grado de llegar alcoholizada a clases.
Tres semanas después seguían los moretones en su cuerpo. Hasta que su mamá los observó.
Largo camino
Desde 2017 hasta el primer trimestre de 2021, según datos de la Fiscalía General de Coahuila y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se han denunciado 4 mil 895 delitos sexuales en el estado: 2,382 por abuso sexual, 897 por acoso sexual, 72 por hostigamiento sexual, dos por incesto, 572 por violación equiparada, 770 por violación simple y 200 por “otros”.
Sin embargo, en el mismo periodo apenas se contabilizan 255 sentencias condenatorias (y cuatro absolutorias) según cifras entregadas por el Poder Judicial del Estado, es decir, que de cada 100 denuncias por delitos sexuales, apenas 5 llegan a una sentencia. En otras palabras: 95% quedan impunes.
En delitos como el abuso sexual la cifra de impunidad es del 98% y delitos como el acoso sexual registran apenas 3 sentencias condenatorias (0.33% del total de denuncias).
¿Por qué son tan bajas las cifras? El resto de la historia de Daniela, la estudiante de medicina que fue violada, puede ayudar a entender.
Después que su mamá le mirara los moretones que seguían sin desaparecer tres semanas después, la hija contó lo vivido. “Vamos a denunciarlo”, animó la madre, enojada por lo que había vivido su hija.
Daniela tenía –tiene– una imagen de la justicia: la impunidad es el menú principal. “¿Qué van a decir? No va a funcionar”, eran las excusas de la misma víctima. El aura de impunidad que ronda en el sistema de justicia vence a las víctimas antes de iniciar un proceso largo y tortuoso.
La psicóloga la diagnosticó con estrés postraumático. No se acordaba de lo que había pasado, vomitaba cuando trataba de recordar. La ansiedad la invadía. Seguía bebiendo alcohol en exceso. Su madre insistía en denunciar. Su psicóloga también. Ésta la canalizó un día con un médico legista de la Facultad que trabaja en la Fiscalía. El médico le miró una foto del glúteo lleno de sangre y moretones. “Estos fueron fregazos de los buenos”, le dijo. “Tú eres la víctima”, recalcó el doctor. Daniela no se sentía una víctima. Comenzó a llorar porque el doctor le decía que tenía que aceptar.
Su madre contrató un abogado con quien Daniela fue a la Fiscalía a poner la denuncia, más presionada que por interés propio. Pero le dijeron que como se trataba de algo hecho por el novio, era “violencia de mujer” y tenía que acudir al Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer.
En el Centro de Justicia la ingresaron a un pequeño cuarto donde un funcionario comenzó a cuestionarla como si se tratara del llenado para una vacante.
–»Ahí viene otra que violaron», sentí.
–¿Qué te pasó?… ¿Te quitaste la ropa?… ¿Le hiciste sexo oral?… ¿En qué motel?… ¿Cuánto duró? Fueron algunas de las preguntas del servidor público.
Un cuarto pequeño, atendida por un hombre, experiencias que van en contra del Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género y Derechos Humanos sobre la Violencia Sexual para el Estado de Coahuila.
Del Centro de Justicia únicamente logró que le dieran una medida de protección y restricción a su atacante. Pero su denuncia fue ingresada como lesiones, no como violación. “Así se mete, luego vamos a gravarle el delito”, explicaron. Daniela no entendió.
De haberle recibido su denuncia penal en el Ministerio Público, es posible que hubieran encontrado datos que probaran la violación. El penalista Gerardo Pérez Pérez explica que el coito violento o la cópula por la fuerza, provoca que al no haber lubricación, los labios mayores exteriores tengan eritemas o enrojecimiento. Menciona que la cópula se confirma con una prueba química forense que se llama fosfatasa ácida, que consiste en la introducción de hisopo o un algodón en el genital de la mujer, se le pone una solución y si se torna azul o morada, quiere decir que hay semen.
Pérez Pérez explica que los delitos sexuales se consideran de “naturaleza íntima y realización oculta”, pues la cópula sucede normalmente sin testigos. Pese a ello, en teoría con el estándar del nuevo sistema penal bastarían datos mínimos que ubiquen al agresor en el lugar, que lo vinculen con evidencia mínima como fluidos corporales, fluidos seminales, pelos, pedazos de trusa, golpes, lesiones, huellas materiales; peritajes en química forense, medicina forense, sexología forense o estomatología forense. Con esos elementos de sustento, el especialista asegura que el delito de violación es de los más accesibles para la autoridad.
El problema es que existe un protocolo de investigación de delitos sexuales que “no sirve de mucho porque los ministerios públicos y jueces no le hacen caso y lo pasan por alto cuando es muy completo”.
El Protocolo de Investigación sobre Violencia Sexual, un documento de 104 páginas, refiere por ejemplo que se deben conformar equipos de investigación encabezados por el personal ministerial, la policía investigadora y el personal pericial para plantear el plan de investigación, el cual debe ser acorde con el diseño de la teoría del caso. “La teoría del caso debe estar soportada de tal manera que esté alerta a los posibles argumentos de la defensa…”.
También se indica que por la naturaleza de los delitos sexuales, es imprescindible aplicar un peritaje para evitar la pérdida o alteraciones de pruebas y realizar estudios básicos como uno médico, corporal, dictamen psicológico, acreditar la relación víctima-victimario, un análisis de contexto y recoger evidencias materiales, entre otras.
Pero nada de eso se hizo cuando Daniela y su abogado pisaron el ministerio público. En cambio la denuncia continuó en el Centro de Justicia, donde le explicaron que procedía una conciliación. Que su exnovio acudiría a pedir perdón y daría una reparación del daño de 50 mil pesos. “Yo quiero que se quede el registro que me violentó sexualmente. No me importa el dinero”, comentó Daniela, ya para entonces decidida a obtener justicia.
No aceptó y el caso siguió. Para su mala fortuna, apareció una pandemia.
Desde el 2017 a la fecha, se presentaron 4 mil 895 denuncias por delitos sexuales y 255 sentencias.
Efecto embudo
En materia penal, dice el especialista Gerardo Pérez Pérez, existe un fenómeno socio jurídico: el efecto embudo, un problema del sistema en materia penal:
–De un extremo del embudo son los delitos cometidos, otra parte más estrecha que son los denunciados, otra parte que son los investigados, luego otra que son donde se dieron orden de aprehensión, luego orden cumplimentada, después los sancionados y que causan ejecutoria” –explica.
Dice que es un problema donde hay una serie de etapas donde se van diluyendo los casos, reduciendo los datos probatorios, o interés de las víctimas y se van abandonando. Por eso la diferencia entre las 4 mil 895 denuncias por delitos sexuales desde 2017, y las 255 sentencias condenatorias en el mismo periodo.
El Fiscal General Gerardo Márquez Guevara, considera que se tienen que analizar mejoras legislativas para el desahogo de pruebas después que se judicializa una carpeta. Por ejemplo, que se permita el desahogo vía remota.
Jesús Sotomayor Garza, magistrado en retiro, dice que son muchos casos en donde la víctima se abstiene de asistir a audiencias o careos; no se presentan pruebas y al órgano acusatorio lo atan de manos y no se tienen elementos para solicitar una orden de aprehensión.
Actualmente la Fiscalía de Coahuila únicamente tiene (sin contar los datos de la región Norte I que comprende los municipios de Piedras Negras, Allende, Guerrero, Jiménez, Hidalgo y Nava) 548 expedientes judicializados, lo que representaría el 11 por ciento del total de denuncias, según respuesta a una solicitud de información.
Ariadne Lamont, directora de Incidencia y Acompañamiento del Instituto de Formación, Investigación y Consultoría de Género y Derechos Humanos (Incide Femme), considera que no hay recursos humanos y económicos para atender el problema, situación que para ella se traduce en que los cuerpos de mujeres, niños y niñas no importan para las autoridades.
Se solicitó vía transparencia a la Fiscalía de Coahuila conocer cuántos agentes del ministerio público están destinados a atender los delitos sexuales, sin embargo, en la respuesta solo se refirió que hay ocho unidades de investigación especializadas en delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes o contra mujeres, aunque no se precisa cuánto es el personal en cada unidad.
Lamont critica que no hay gente especializada en el tema, desde médicos legistas, ministerios públicos, jueces, policías investigadoras, pero tampoco maestros o maestras que sepan qué hacer con niñas y niños víctimas de violencia sexual.
El penalista Gerardo Pérez critica que no se siga el protocolo por parte de los involucrados, el cual describe como un “recetario” para acreditar los hechos. “Que no sea motivo de interpretaciones, que fuera el seguimiento de las normas técnicas aprobadas y son obligatorias, y nadie las acata”, lamenta.
Para Adriana Romo, activista y miembro de la Red de Mujeres de La Laguna, la parte grande del embudo podría agrandarse si no solo se toman en cuenta las denuncias, sino también las llamadas al DIF o las llamadas de emergencia al 911.
De acuerdo con el SESNSP entre enero y abril de 2021 se recibieron hasta 137 llamadas diarias de mujeres reportando algún tipo de violencia (16 mil 445 llamadas): 45 llamadas por un tema de abuso sexual, 90 de hostigamiento sexual, 36 por violación, 3 mil 317 por violencia contra la mujer, mil 695 por violencia de pareja y 11 mil 262 llamadas por violencia familiar.
Según cifras del Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres en Coahuila entregados vía transparencia, cada año hasta 15 mil mujeres son atendidas por primera vez por algún tipo de violencia como física, psicológica, económica, patrimonial o sexual. Pero se desconoce cuántos de esos casos abrieron un expediente penal.
En 2020 se atendieron 11 mil 442 mujeres que llegaron por primera vez a uno de los cinco centros del Estado, el 10 por ciento, es decir, 1,144 mujeres denunciaron violencia sexual, apenas cuatro casos menos que el total de denuncias por delito sexual.
Pero en 2019, la cifra de mujeres atendidas por violencia sexual por primera vez (1,288) superó a las denuncias (1,125) por delitos sexuales. Esa diferencia es la cifra negra de mujeres que no denuncian a su agresor. Un embudo que podría ensancharse.
La verdad que huye
“El tiempo que pasa es la verdad que huye”. La cita es de Edmond Locard (1877-1966), un criminalista francés. En delitos sexuales, sobre todo en una violación, el tiempo es indispensable, pues el abogado penalista Gerardo Pérez Pérez comenta que uno de los problemas es la pérdida de datos de prueba en la propia víctima.
–¿Cómo probar un hecho material, ya no digamos a años, a meses de distancia? El calzón de la niña ya lo tiraron, las lesiones quizá ya sanaron.
Sin violación no hay peritaje médico, sin peritaje médico no se comprueba una violación. No hay señas, semen, fluidos, nada comprobable. Puede haber un peritaje psicológico, pero Gerardo Pérez dice que una cosa es que pruebes el hecho y otra que lo vincules a una persona.
Adriana Romo, activista de la Red de Mujeres de La Laguna, afirma que las víctimas de violencia física en promedio tardan en denunciar cinco años desde el primer episodio. En muchos casos pueden pasar años.
–Muchas veces las mujeres desisten. Muchas ya no siguen el proceso, ya no regresan cuando se trata de delitos sexuales –afirma la activista.
Es casi como una frase que dice Daniela, la víctima de violación, cuando me cuenta su experiencia: “Si eres mujer, casi seguro que te va a pasar”.
En delitos como el abuso o acoso sexual es más difícil comprobar porque se trata de insinuaciones, tocamientos, exhibicionismo, enviar imágenes pornográficas. En un abuso sexual (que se diferencia de la violación en que no hay ningún tipo de penetración), a veces es hasta que acuden a terapia que las víctimas se dan cuenta de lo que sufrieron.
–Te dicen «es que entonces sí me abusó». La persona se disocia, no sabe lo que pasó. A mí me lo dicen, aunque hayan pasado siete años –dice Adriana Romo, activista y psicóloga.
Es el caso de Alejandra, una estudiante de la Facultad de Medicina, amiga de Daniela. Ella acudió a terapia psicológica porque tenía problemas en casa y problemas en una relación posterior.
–Nunca lo vi como un abuso. Pensé que no había sido algo tan grave. Cuando se lo contaba a mi psicólogo se me fue la voz, ahí fue la primera vez que admití que lo que sufrí fue un abuso. Quedé en shock, con la mirada perdida. Fue muy fuerte la sensación de darte cuenta que sufriste algo tan severo. Como lo bloquee, me negué.
Alejandra pidió el dictamen de su psicóloga y decidió activar el protocolo de violencia de género de la Universidad Autónoma de Coahuila. No le llamó la atención seguir un camino legal. “No tenía dinero y no quería ser revictimizada”, relata. Nunca le ofrecieron acompañarla a denunciar penalmente
Sin embargo, la universidad le solicitó otro dictamen de algún especialista interno. Eso significa revivir la experiencia, el trauma. Relata que le pidieron acudir varias sesiones con diferentes especialistas, hasta que puso un alto y aseguró que no continuaría. Pese a ello, logró que la Comisión de Honor y Justicia suspendiera seis meses a su agresor. Pero la sentencia fue revocada por la falta del dictamen psicológico.
En ese tiempo, Alejandra vivía ataques de pánico de creer que veía a su expareja. “Sentía que me seguía”, recuerda.
¿Caso resuelto?
Ariadne Lamont de Incide Femme, dice que no que ve que avance el castigo a los culpables en delitos sexuales pero sí que las denunciantes son revictimizadas y culpabilizadas.
Asegura que hay algo que se repite: vueltas y vueltas y vueltas. Asegura que llega un momento en que la víctima desiste.
–He visto que les dicen: «No se puede hacer nada, no se puede demostrar, no hay evidencias». Es la negativa de inicio.
El mismo Fiscal General de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, dice que entre cinco y seis de cada 10 casos, no continúan con las diligencias del proceso y admite que seguramente es por la revictimización.
Daniela –la estudiante que fue víctima de violación– pasó un día por el Centro de Justicia y miró que ya habían reiniciado labores después de casi un año de pandemia. No volvió a saber de su abogado. Hasta su madre, la primera quien la había animado e impulsado a denunciar, le dijo que ya mejor lo dejara. “Dios que se encargue”, comentó. Daniela entiende esa postura. Dice que es difícil para la familia cargar con el hecho que hayan abusado de una hija.
Pero Daniela ya estaba encarrilada en la búsqueda de justicia. Sufría ansiedad y pesadillas.
–¿Por qué voy a dejar que se salga con la suya? No quiero que se lo haga a nadie más –pensaba.
Sin embargo, se toparía con una irregularidad en el Centro. Cuando acudió a revisar su carpeta, la encargada le aseguró que su caso estaba “resuelto”.
–Me comenta la persona que el expediente decía que ya no quise seguir. Y seguía como lesiones. Nunca lo cambiaron. Me dijo que si quería comenzar la denuncia por violación, tenía que empezar de cero.
Nada avanzó. Nada se investigó.
Daniela me asegura que ya no moverá nada porque está próxima a casarse. “Ya no quiero cargar con eso”, dice.
Cerca del 70% de los delitos sexuales de abuso y violación, se originan en un contexto familiar.
Infancias marcadas ¿familias cómplices?
De 4 mil 895 denuncias por delitos sexuales desde 2017, en 1,327 la víctima fue un menor de edad (75.5% mujeres) según datos de la Fiscalía General entregados vía transparencia. En 144 denuncias la víctima tenía entre uno y cuatro años. En 350 tenían entre seis y 10 años; en 604 el rango de edad era de 11 a 15 años. En 229 denuncias, tenían 16 o 17 años.
El principal delito sexual denunciado por menores desde 2017 es el abuso sexual con 781 denuncias interpuestas. En segundo lugar está delito de violación o equiparado a la violación con 293 denuncias. Y con 174 denuncias el acoso sexual. El delito de estupro, que obtener sexo a través del engaño, tiene 70 denuncias.
De las 255 sentencias condenatorias por delitos sexuales desde 2017 en Coahuila, 129 fueron en casos de menores de edad. Es decir que 10 de cada 100 denuncias de víctimas menores de edad, alcanzan justicia.
Adriana Romo opina que el tema de delitos sexuales trata también de un problema de indolencia a nivel social, de “valemadrismo” de muchos actores de la sociedad que no protegen y cuidan a la infancia y adolescencia. Por ejemplo, señala que las escuelas nunca avisan ni denuncian, y muchas veces prefieren hablar a la Red que a Pronnif.
–Como que no nos importan las infancias. No nos importa conocer que hay niños que están siendo víctimas de abuso sexual, pero también de explotación, violencia física.
Critica que todo mundo pasa y hace como que no ve el problema, porque considera que hay una sociedad adultocéntrica que no termina por entender que los niños y niñas son sujetos de derechos.
Mucho también porque la may oría de esos abusos sexuales en menores ocurren en el seno familiar. Ariadne Lamont estima que cerca del 70% de los delitos sexuales de abuso y violación, se originan en un contexto familiar: el abuelo, tío, padrastro, vecinos; delito cuya denuncia a veces amerita el paso de 5, 10, 15 años.
–El menor no es sujeto de derechos y todos voltean para otro lado. No es pronunciable, incomoda, la gente se empieza a remolinear en su silla, no se sienten bien –critica Ariadne Lamont.
Considera que eso habla que son niños de vida rota y que tendrán consecuencias en la vida adulta.
Como psicóloga, Adriana Romo explica que una violencia sexual en esos más de mil 300 niñas y niños y en los demás que no denuncian, es devastador para toda la vida, pues es un evento que fractura el desarrollo normal de una persona.
-Cuando hay un abuso en edad infantil el niño no sabe qué le pasó, no alcanza a entender qué fue lo que le pasó. Cuando ese niño niña llega a la adolescencia y cambia de un pensamiento concreto a uno abstracto, es cuando comprende fue un abuso, una violación.
Para estos casos, el Protocolo establece que para defender la teoría del caso, se debe valorar cómo la persona agresora pudo haber creado un entorno hostil y coercitivo que inhibió la resistencia de la víctima; se deben abordar las condiciones de desigualdad, sumisión, discriminación por género y violencia psicológica que impiden la reacción inmediata de las víctimas.
Alcanzar ¿justicia?
Leslie fue víctima de violación y es una de 255 víctimas de delitos sexuales que ha obtenido una sentencia condenatoria para su agresor. Aunque ella no siente que obtuvo justicia.
En 2018 dos sujetos entraron a asaltar el Oxxo donde trabajaba. Iban armados con cuchillo y pistola. Eran cerca de las 10 de la noche. Los ladrones la quitaron de la caja. Leslie alcanzó a apretar el botón de pánico pero no funcionó. Su compañero en ese momento estaba en la bodega.
“Pensé que solo quedaría en el susto, en el robo”, recuerda. Pero un ladrón le apuntó con la pistola y la violó.
La joven entró en una crisis nerviosa. Su compañero llamó a emergencias. Al lugar arribaron policías y abogados de la tienda de conveniencia. La empleada subió a una ambulancia pero el abogado de Oxxo, sin siquiera preguntarle a Leslie por su nombre, la presionó para que antes de atenderse la crisis nerviosa fuera a denunciar, lo que también va en contra del Protocolo.
En el ministerio público dio su declaración, la atendió el médico legista y la persona que realizó el retrato hablado. Todos le preguntaron lo mismo que hoy la sigue perturbando: ¿Qué pasó?
-A todos les tenía que ir contando qué me había pasado –recuerda la víctima.
Lo anterior pese que el Protocolo de Investigación sobre Violencia Sexual establece que debe existir una coordinación institucional para que las víctimas narren los hechos completos una vez y no se les haga repetir su historia varias veces.
Regresó a su casa y ella tuvo que comprar la pastilla para evitar un embarazo. Hasta el día siguiente le suministraron retrovirales en el Centro de Justicia de las Mujeres para prevenir una enfermedad de transmisión sexual.
No era el primer Oxxo de la zona donde robaban. La tienda –relata la víctima- decidió poner aparatos gps en cajetillas de cigarros porque ya estaban cansados de los robos.
-Nunca fueron a tomar huellas. Oxxo no entregó el video. Si lo atraparon fue por otra cosa. En mi carpeta nunca estuvo el video como prueba.
Dos meses después la gente de Oxxo le habló para que reconociera a los ladrones. Leslie los identificó. A su agresor lo miró sin ningún remordimiento.
Sus movimientos seguían en automático. No creía lo que había vivido.
En el proceso sintió la presión y el mal trato de las instituciones de gobierno. Un día tocaron a su casa de manera agresiva. Su hermano abrió y reclamó por las formas. “Somos la autoridad, podemos tocar así”, fue la justificación de agentes de la Fiscalía. Fueron a decirle que la ministerio público –licenciada Andrea- la quería ver. Al día siguiente Leslie se presentó y le pidieron que querían que aceptara el procedimiento abreviado, una figura de terminación anticipada del proceso donde el imputado reconoce su culpa y negocia su pena.
Leslie se negó. Quería justicia mediante el juicio oral. A cambio recibió un bombardeo de presiones para que desistiera y concluir rápidamente el proceso.
–Me cuenta toda la historia trágica de mi agresor: que vende plumas, que tiene muchos hijos, que la esposa. Llegó un momento en que yo ya no sabía si era la buena o la mala –relata la víctima.
En una audiencia para juicio oral la hicieron esperar tres horas y al final se difirió. En total tres veces difirieron la audiencia. Ella gastaba 200 pesos para transportarse hasta los juzgados.
Al final, después del hostigamiento y contar su historia más de 10 veces, pensó que no quería volver a contar su violación una vez más y aceptó el procedimiento abreviado: de 259 sentencias por delitos sexuales desde 2017, 23 casos siguieron el procedimiento oral y 197 el procedimiento abreviado. En 39 sentencias no hay datos, según informó el Poder Judicial a una petición por transparencia. En cuatro casos por juicio oral se dictó una absolución: dos por casos de violación, una por violación equiparada y otra por explotación sexual.
–Ya no puedo estar estresándome tanto en que va a ser y siempre no. Qué voy a decir y si me preguntan esto. Momentos de estar siempre y siempre pensando para que salgan con que no.
Leslie sí llegó a una sentencia para su victimario. Fue sentenciado a siete años de prisión por el delito de violación con arma de fuego más otros delitos que no recuerda.
Pero no por ello quedó exenta de revictimizaciones y burocracia. “Perdí la cuenta de las veces que repetí lo que me pasó. A la ministerio público, al médico legista, en el Centro de Justicia, a quien realizó el retrato hablado, muchas veces lo repetí a la MP y eso afecta porque es recordar”.
Víctima hasta que maten
Leslie no siente que obtuvo justicia. “Fue una justicia negociada”, dice. Todavía digiere lo que sucedió y se pregunta cómo pasó, si pudo haber reaccionado diferente. Daniela se siente igual. No entiende cómo no reaccionó, cómo no pudo hacer algo para evitar la agresión sexual. Veía lejano ser una víctima y ser parte de una estadística.
Leslie desarrolló una adicción al Tramadol, un analgésico de tipo opioide que alivia el dolor. En la universidad no ha podido recuperar su nivel académico. Afirma que ha afectado su capacidad de retención. Daniela todavía sufre de ansiedad grave y depresión moderada. Hay momentos en que Alejandra todavía tiene ataques de pánico. Su confianza en los hombres ha repercutido.
Las tres aseguran que no existe perspectiva de género en las instituciones, que el sistema no funciona y no está para apoyar a las mujeres. Que lo más seguro es que una víctima de delito sexual no obtenga justicia.
Daniela y Alejandra afirman que se ha normalizado la violencia a tal grado que muchas mujeres que sufren violencia no lo identifican. Dicen que pareciera que solo se es víctima hasta que matan a la persona.
***
Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
