El único mando de la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad tras los hechos ocurridos el 5 de junio de 2020 y que permanecía en prisión preventiva fue liberado la tarde del 8 de julio de 2021.
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A cambio de su libertad, el Juez Décimo Primero de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial, Raúl Valdés Arredondo, le ordenó pagar 35 mil pesos a las víctimas y tomar un curso de derechos humanos.
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Por Darwin Franco / @DarwinFranco
Aunque el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que en la violencia policial ocurrida los 4, 5 y 6 de junio de 2020 en contra de las y los manifestantes a las marchas por la ejecución extrajudicial de Giovanni López -ocurrida el 4 de mayo de ese año en Ixtlahuacán de Los Membrillos- no habría impunidad; un juez otorgó la suspensión condicional del proceso a Salvador, comandante del área operativa de la Policía Investigadora de la Fiscalía del Estado, con lo cual el único detenido por los hechos quedó en libertad.
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De acuerdo a información dada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco, encargada de la investigación del caso, esta resolución judicial se concedió porque la defensa del comandante Salvador cumplió con los parámetros establecidos en el artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por ello, se decidió que éste podía seguir la investigación en libertad.
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Libertad que, conforme a la Unidad Estatal de Medidas Cautelares, también se le permitió porque de las seis víctimas reconocidas en la carpeta de investigación que integró al Fiscalía AntiCorrupción: “sólo una persona le dio seguimiento a su asunto y ésta dijo no se opuso a que se le otorgara este beneficio que considera la ley”.
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El resto de las víctimas, a decir de la misma Fiscalía, no han dado seguimiento al caso o han manifestado no querer saber más de la investigación; por tanto, bastó la opinión de una de las seis víctimas para que se le concediera la libertad a uno de los ocho policías que, tras los hechos, fue señalado por su participación en las detenciones arbitrarias y abusos policiales cometidas contra las y los manifestantes.
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Ante esta liberación quienes integran el Colectivo #5deJunioMemoria señaló de manera enfática en sus redes sociales:
“¿De qué sirven las mesas de diálogo y los foros si lo que cuesta desaparecer a alguien es 35 mil pesos, según la “justicia”. Además, el único detenido que hoy recupera su libertad NO es el responsable, es solo uno de los ejecutores de un operativo descontrolado e irresponsable”.
Esto así lo señalan porque parte de las acciones a las que se le obligó al comandante a cumplir para recuperar su libertad están: “el pagar 10 mil pesos de forma inmediata, a la víctima que sí continuó el proceso hasta el final, como reparación del daño” y el pagar en quince días “5 mil pesos por cada una de las cinco víctimas restantes, dando un total de 25 mil pesos, que serán entregados como donativo al Organismo de Nutrición Infantil”.
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En total, el comandante deberá pagar 35 mil pesos como medida reparatoria del daño; lo cual, es una ofensa para las víctimas que llevan meses solicitando una reclasificación de los delitos, pues lo que padecieron fueron desaparición forzada y tortura, no sólo violencia policial o detención arbitraria.
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Sin embargo, el resurso de reclasificación de los delitos por lo que se investiga a los ocho policías investigados les ha sido negado, pues a decir de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco, ésta no tiene la facultad para hacerlo.
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Además del pago económico, el comandante también deberá cumplir con los siguientes requisitos:
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• Residir y mantener el domicilio que informó ante el juzgado.
• No acercarse a las víctimas, ni frecuentar los mismos sitios que ellas, incluyendo sus domicilios particulares.
• Tomar un curso de Derechos Humanos.
• Someterse a la vigilancia mensual que determine la Unidad de Medidas Cautelares.
- Ofrecer disculpas públicas a las víctimas.
Esto último ya se le dio por visto, pues en la audiencia al hacer uso de la voz: “el comandante pidió perdón a las víctimas”, lo cual contrasta en demasía con lo que las víctimas del 5 de junio solicitaron en la lectura de un comunicado durante la colocación de un memorial por lo ocurrido el 5 de junio de 2020: “…en lo que se refiere al viernes 5 de junio, demandamos que se reconozcan los delitos a los que sobrevivimos: tortura y desaparición forzada, ambos imprescriptibles y de lesa humanidad, y que se pida una disculpa pública por estos mismos delitos”.
“¿Cómo que la disculpa pública ya ocurrió en la audiencia? Si es para las víctimas y la sociedad, ¿no tendríamos que escucharla todxs? Decirla ahí o no decirla es lo mismo. Queremos que dejen de llamar “disculpas” a acciones que lxs sobrevivientes no reconocemos como tal”, sentenció el Colectivo 5deJunioMemoria.
El día de los hechos, Salvador se desempeñaba como comandante del área operativa de la Policía Investigadora de la Fiscalía del Estado, él fue uno de los dos mandos policiacos que fueron detenidos a raíz de los hechos derivados durante la manifestación en las inmediaciones de la Fiscalía del Estado, el 5 de junio de 2020. Con su liberación, ninguno de los 11 policías investigados está en prisión; sin embargo, se aclaró que su liberación no implica una exoneración de los delitos por los que se le investiga.
