Por Juan Servando Banderas Martínez
Durante las últimas décadas Canadá se ha convertido en un referente mediático mundial de lo que se considera como política progresista. Desde sus leyes en protección de las personas de la comunidad LGBTQ+, la aparente reivindicación de los derechos indígenas y la reciente legalización de la mariguana en todo el territorio, convirtiendo a Canadá en el segundo país en hacerlo, después de Uruguay.
Esta visión de Canadá también es particularmente poderosa en comparación con las carencias del resto del continente, desde la falta de seguridad social, violencia policiaca y corrupción en Estados Unidos hasta la enorme pobreza y desigualdad que se vive en América Latina, haciendo parecer al país del norte más cercano ideológicamente y socialmente a Europa que al continente al que pertenece.
Buena parte de esta imagen se debe a las extravagantes participaciones de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, en eventos mediáticos donde abandera la imagen progresista de su país. Sin embargo, diversos escándalos raciales, entre otras cosas, han mermado esta percepción sobre el mandatario, una característica que irónicamente comparte con el país en su totalidad.
El progresismo de Canadá se torna cada vez más borroso y es difícilmente reconocible, especialmente cuando de política externa se trata. Sin lugar a dudas la posición de Canadá como el segundo mayor exportador de armas al Medio Oriente, dan fe de esta situación con más que suficiente detalle; sin embargo uno de los ejemplos más claros de este fenómeno para los latinoamericanos son sin lugar a dudas las empresas mineras canadienses en la región.
A lo largo de todo el continente americano estas mineras son conocidas por sus constantes abusos a las comunidades, la contaminación de ríos y lagos, el incumplimiento de los derechos laborales de sus trabajadores, sus lazos con el crimen organizado y los gobiernos corruptos y hasta desapariciones y asesinatos.
En años recientes la actividad minera canadiense en América Latina sólo ha ido en crecimiento, lo que le ha permitido al país del norte sostener 4% del total de su producto interno bruto a través de esta la industria, por lo que pasa de sólo representar una industria privada a una industria esencial para el estado canadiense.
Sólo en México existen alrededor de 29 conflictos activos con mineras canadienses que durante el auge neoliberal de los noventas, tras la firma del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte, fueron presentadas como oportunidades de desarrollo y crecimiento económico para comunidades ya de por sí profundamente sumidas en la marginación. Sin embargo, estas promesas han traído pocos frutos y a costos muy elevados.
Un claro ejemplo de esto es la empresa minera Great Panther en el estado de Guanajuato, donde los habitantes denuncian la contaminación de los ríos y presas aledañas con metales como manganeso y arsénico, como sucedió en el 2015 tras un derrame de sustancias tóxicas provenientes de la mina El Rosario de la misma empresa que fueron a terminar en el Río Cata.
En muchos de los casos, la llegada de las mineras canadienses a las comunidades se produce a través del aprovechamiento de áreas grises de la ley mexicana que les ha permitido establecerse en territorios previamente protegidos, o en ocasiones, incluso fuera de la legalidad. De igual manera muchas de las comunidades denuncian haber sido víctimas de engaños por parte de las empresas mineras que han sobrepasado innumerables veces las restricciones inicialmente delimitadas.
Irónicamente, mientras el estado canadiense se asegura de demostrar respeto por las comunidades indígenas del norte del continente a través de actos representativos e incluso retribuciones económicas, empresas mineras canadienses como First Majestic Silver han buscado y conseguido concesiones para la explotación de minerales en los cerros de Wirikuta, el lugar más importante de la cosmovisión para los Wixárikas. Otro caso similar es el proyecto San José del Progreso en tierras ancestrales de la comunidad zapoteca.
Finalmente no faltan los casos reportados de hostigamiento y hasta asesinato de miembros sindicales y activistas de las comunidades afectadas, como es el caso de Mariano Abarca, activista de Chicomuselo, Chiapas cuya familia presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras su asesinato. La familia denuncia a la empresa Blackfire de estar involucrada en el hecho ya que el director general de la empresa acusó a Abarca de crimen organizado, entre otras cosas, y Abarca denunció en múltiples ocasiones haber recibido amenazas constantes de la empresa canadiense.
Al igual que otras potencias mundiales, Canadá provee de una calidad de vida extremadamente alta para sus ciudadanos que se atribuye al mito moderno de un progreso de crecimiento económico infinito. Herramienta que le ha permitido a la población canadiense disfrutar de las maravillas del mundo moderno sin sufrir las consecuencias de producirlo. Un ideal que se vende al resto del mundo al elevadísimo precio de sus oportunidades reales de progreso.
