A un año de la represión policíaca que derivó en la detención arbitraria, tortura y desaparición forzada de más de 80 jóvenes que acudían a protestar por la liberación de 28 manifestantes y por la ejecución extrajudicial de Giovanni López, las y los sobrevivientes de este estos delitos de lesa humanidad -cometidos a las afueras de la Fiscalía del Estado de Jalisco, el 5 de junio de 2020- hablan con franqueza de todo lo que el Estado les ha quedado a deber, de sus errores y aciertos en su lucha por la justicia, de las secuelas y traumas que les dejó la violencia y de la impunidad rampante que hay en el caso, esto a pesar de las declaraciones victoriosas del gobernador, Enrique Alfaro, para quien todo ya ha quedado en el pasado.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal y Darwin Franco / @DarwinFranco
En sus palabras hay aprendizajes, pero también secuelas. La violencia cometida en su contra no es algo que se pueda olvidar con algún perdón o con la promesa de que, ahora sí, la policía se ha capacitado para no violentar ningún derecho humano.
El 5 de junio de 2020 quedó marcado en ellas y ellos, y así lo sienten en su interior cuando ven alguna camioneta como aquellas de donde bajaron policías encapuchados para detenerlos y desaparecerlos de manera forzada; lo saben cuando ven a sus victimarios por las calles portando aún el uniforme de alguna corporación policíaca, y lo perciben con coraje e indignación cuando escuchan al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, o al Fiscal General, Gerardo Octavio Solís, señalar que ya no hay impunidad y que todo fue producto de “acciones inexplicables” cometidas sólo por algunos policías y no por todo el aparato del Estado que -durante los días 4, 5 y 6 de junio- se empleó para ejercer toda la fuerza policial contra decenas de jóvenes manifestantes.
A un año de los hechos, ZonaDocs platicó con cuatro jóvenes víctimas de la desaparición forzada y los actos de tortura cometidos por elementos del Estado dentro y fuera de las instalaciones centrales de la Fiscalía del Estado de Jalisco, el 5 de junio de 2020. Sus nombres fueron omitidos para garantizar su seguridad.
El diálogo que ofrecieron fue franco y honesto, pues muchos son los aprendizajes que han tenido desde que decidieron no claudicar en su exigencia de justicia, aún y cuando el Estado les ha incumplido sistemáticamente todo lo que les prometió desde que grabaron un polémico video en el Palacio de Gobierno -espacio que fue usado como centro detención arbitraria y tortura- o como cuando, a través de los Foros de Diálogo para la Construcción de la Paz, Seguridad Ciudadana y Reforma Policial, se les indicó que ese sería el camino a la justicia; sin embargo, ahora saben que todo resultó un acto de simulación que le permitió al Gobierno de Jalisco “cumplir” con la recomendación que las Naciones Unidas le hiciera por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas el 4, 5 y 6 de junio de 2020.
Finalmente, también hablaron de la ruptura del Colectivo Somos 456 y de las exigencias que persisten en un proceso judicial que sigue sin reflejar los delitos de los que realmente fueron víctimas.
El Estado ha sido omiso con las secuelas que nos dejó su violencia
“Realmente nadie se ha preocupado por preguntarme si sigo con secuelas o si se me dio seguimiento, sólo me mandaron con el especialista, me hicieron radiografías, me dijeron lo que tenía, pero nunca propusieron el pago de mis fisioterapias”; precisó una de las víctimas para quien es claro que la única preocupación del Gobierno de Jalisco fue en reponer las cosas materiales que durante la represión les fueron robadas por los policías.
Las secuelas físicas, pero sobre todo psico-emocionales, han tenido que sortearlas con sus propios recursos, pues otras instancias que igualmente prometieron ayudarles como la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos han sigo igualmente omisas
“Para mí la parte psicológica hasta la fecha es muy importante, porque yo también me he dado cuenta que no estoy bien. Sí lo he trabajado un poco, pero por mi cuenta. Si bien, en CEEAV me dieron una lista de psicólogos que me podían atender, especializados en desaparición forzada, nosotros no quisimos recurrir a ninguna persona de esa lista porque, simplemente, no confiábamos; así que ofrecí llevar mis terapias con alguien de confianza y que me rembolsaran el dinero, pero no quisieron hacerlo”, señaló otra de las manifestantes.
Las y los jóvenes que sufrieron la violencia policial, el 5 de junio de 2020, denunciaron que fueron detenidos y sometidos por policías encapuchados o vestidos de civil que utilizaron camionetas particulares u oficiales (aunque sin placas y sin números de identificación) para desaparecerlos de calles aledañas a la Fiscalía del Estado de Jalisco, cuando se disponían a participar en la acción de protesta por la liberación de 28 jóvenes detenidos arbitrariamente, el 4 de junio, en la manifestación por la ejecución extrajudicial de Giovanni López.
“Yo pensé que ya lo había superado, pero me he encontrado con varias situaciones. La primera cuando nos mandaron a evaluar con los psicólogos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Yo fui sola, iba tranquila y en el momento en el que entré a la institución comencé a temblar, a llorar, me estaban entrevistando, haciéndome todas las preguntas, y yo en mi mente estaba pensando `ya me quiero ir´, sentía que me tenían nuevamente detenida. Ahí entendí que no lo había superado”, narró una de las sobrevivientes.
“La segunda vez que sentí ese temor fue en la manifestación que hubo por los hermanos González Moreno, quienes fueron desaparecidos y después asesinados. Fui a manifestarme, y en la marcha sentía que todo el mundo me veía y ¡no es cierto! Era paranoia mía. Pasé por el Parque Revolución y estaban los policías, eran como 50, los tenían esperando, y yo empecé a sentir que me estaban atacando, sentía las miradas. Cuando llegué a la Glorieta de las y los desaparecidos observaba que no hubiera personal de Fiscalía, que no hubiera camionetas como las del 5 de junio”.
Ese medio es persistente, pues las medidas de repetición que establece la Ley General de Víctimas están muy lejos de ser una realidad, pues tan sólo en este año 54 policías municipales de Jalisco han sido detenidos por su presunta participación en la desaparición forzada de personas.
“Yo todavía tengo sueños donde llegan y rafaguean mi casa, donde nos sacan, eso es lo que yo he vivido y donde me pregunto: ¿dónde está el Estado para preguntarme: ¿Dónde estoy, qué he vivido, qué necesito? Ni la atención a víctimas se ha molestado. Nos dieron carpetazo después de la reparación material del daño”.
Para otro de los sobrevivientes, estos sueños y los miedos también continúan.
“Yo he soñado a Alfaro persiguiéndome en una camioneta. De hecho tengo miedo a las camionetas. Y el miedo vuelve con cada caso de desaparición como con lo que le pasó a los hermanos González Moreno, con la ola de violencia e inseguridad que es obvia, a pesar de que se niegue, todo esto está en tu cuerpo, en tu memoria, en la calle”.
Y lo está porque de la decenas de policías que participaron en los hechos sólo ocho están siendo realmente investigados, y de ellos sólo uno está en prisión. Los otros siete llevan su proceso en libertad e, incluso, continúan en activo como se señala la solicitud de transparencia FECC/UT/104/2021 otorgada por la Fiscalía Anticorrupción, instancia que lleva la investigación del caso, y que investiga a estos mandos policíacos y policías operativos como responsables únicamente de “abuso de autoridad”.
“En una ocasión que fui a desayunar ahí me topé con uno de los policías que me agredió, y estaba ahí como si nada, mientras yo sentí miedo y temor tan sólo de verlo”, explicó otro de los manifestantes.
Conforme a la solicitud de transparencia LTAIP/CGES/8169/2021, otorgada por la Coordinación de Seguridad del Estado, durante las tres manifestaciones sólo reconocen la participación oficial de 39 elementos de seguridad (21 participaron el 4 de junio; 11, el 5 de junio; y 7, el 6 de junio); aunque aclaran que cuando la violencia escaló solicitaron todos los refuerzos posibles para salvaguardar la integridad de las instalaciones públicas y de los funcionarios públicos que dentro de ellas se encontraban; razón por la que se aclararon: “es imposible saber el número exacto de policías que participaron en los hechos, pues se solicitó ayuda a las Corporaciones Metropolitanas de Guadalajara, pero se desconoce el número exacto de policías que sirvieron de apoyo y contención”.
La impunidad se traduce en miedo, pues muchos policias que participaron en los operativos y quienes les desaparieron siguen libres, pero no sólo eso, lo están sabiendo quiénes son las víctimas, dónde viven y qué es lo que hacen.
“Ese miedo que comentan mis compañeros sobre salir a la calle a manifestarse, yo también lo he vivido. Cuando fui a la marcha del 8M veía a los policías y me quedaba congelada. Veo una camioneta y me paralizo, son situaciones constantes y no hay un seguimiento; por ejemplo, en una ocasión pasó un incidente, una camioneta con policías se bajaron frente de mí, pero era para otra cosa, iban con alguien más, pero yo no dejaba de pensar: ´qué voy a hacer, ya me volvió a tocar a mí, ¿me tiro al piso, me echo a correr, no sabía qué hacer?”.
Al no garantizarse las medidas de no repetición y la justicia, los cuatro sobrevivientes consideran que esos miedos no desapareceran.
“Yo creo que le están apostando al olvido, al cansancio, al propio cambio de la administración, pues aunque sea un proceso que se siga de oficio, que vaya más allá de la competencia estatal, están aletargando el proceso”, explicó una de las víctimas.
Incluso parte de lo que ayudaría a subsanar las heridas psico-emocionales, sería que realmente la autoridad ofreciera una disculpa pública por lo sucedido, pero esto no ha pasado realmente, aunque así lo haya afirmado el gobernador, Enrique Alfaro, en un video publicado el 4 de junio de 2021.
Para la justicia seguimos desaparecidos
Actualmente, las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra las y los jóvenes manifestantes, los 4, 5 y 6 de junio de 2021 están siendo investigados por tres instancias: la Fiscalía Anticorrupción, la Contraloría Interna de la Fiscalía del Estado de Jalisco y la Fiscalía General de la República.
En las dos primeras instantas, los delitos que se investigan son abuso policial y detención arbitraria, así como diversas faltas administrativas; mientras que en la instancia federal sí se indaga la probable comisión de desaparición forzada, detenciones arbitrarias, abuso de autoridad, violencia policial y tortura.
En el ámbito local se ha rechazado la investigación de estos delitos, pues desde la Fiscalía Anticorrupción se considera que como tal no hubo desaparición forzada sino un abuso de autoridad que derivó en la privación de la libertad de las y los jóvenes.
Por ello, es que quienes llevan un proceso judicial, como los cuatro jóvenes entrevistados por ZonaDocs, están solicitando a la Fiscalía Anticorrupción una reclasificación de los delitos para que los ocho policías que están siendo investigados realmente se les juzgue por los delitos que cometieron en su contra.
La respuesta que han tenido ha sido negativa; pues incluso, el único policía preso por estos hechos ha sido ya sentenciado por abuso de autoridad; el resto de los policías que llevan su proceso en libertad también son investigados por el mismo delito.
“Nosotros nunca hemos hablado de meter a la cárcel a nadie, pero si lo pensamos, ocho detenidos es menos del 1% de todos los que participaron. No es que queramos ver a todas esas personas en la cárcel, pero que acepten que fueron responsables. A nosotros no sólo nos preocupan quienes participaron, sino también quienes lo vieron y no hicieron nada. Dentro de la Fiscalía nos estaba observando y no hacían nada. Las personas que me hicieron firmar una declaración falsa traían camisa tipo polo con la insignia de la Fiscalía, había personal armado de la Fiscalía. Yo que estuve más horas ahí me vieron, al menos, 100 personas: con traje, sin traje, con armas, sin armas, con capucha, sin capucha, con palos todavía. Esa declaración falsa decía que yo formaba parte del grupo `Quémenlos a todos´”.
Esto en alución a lo acontecido en las manifestaciones del 4 de junio cuando un manifestante prendió fuego a un integrante de la policía motorizada de Guadalajara; a la fecha, esta víctima ignora qué fue de esa declaración que firmó bajo amenazas.
Por este hecho y muchos más que fueron perpetrados durante las horas en que fueron desaparecidos de manera forzada es que han solicitado individual y colectivamente la reclasificación de los delitos.
“A través de la ayuda de CEPAD y personas aliadas se hicieron tres escritos: el primero fue para reclasificar los delitos de detención arbitraria y abuso policial a desaparición forzada; el segundo para pedir que nos dieran un resumen de lo que se ha avanzado en el caso; y el tercero solicitando que se me aplicara el Protocolo de Estambul y todas las evaluaciones psicológicas correspondientes para este caso en instituciones privadas pagadas por el gobierno”, explicó una de las jóvenes.
Este documento fue presentado en marzo, la respuesta que le dieron a la mayoría fue:
“En pocas palabras decían que el delito de abuso de autoridad no se podía reclasificar porque ellos no son la institución que está facultada para eso. Sobre el segundo documento que se refiere a la entrega de los avances dijeron que no se podía entregar, y sobre lo del protocolo de Estambul dijeron que ellos tenían sus propios psicólogos y que, por lo tanto, no necesitabamos otro y menos que fuera externo a la institución”.
Esto contrasta demasiado con los dichos emitidos por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien al referirse a los hechos habla de desaparición, pero olvida señalar que los policías detenidos sólo están siendo sólo juzgados por abuso policial, lo cual -como afirman las y los entrevistados- está muy lejos de los derechos que como víctimas tiene para que en el caso no haya impunidad: “pues se les está juzgando por los delitos menores cuando en realidad lo que hicieron fue desaparecernos”, precisó una de las sobrevivientes.
Por estas ineficiencias en las autoridades locales, muchas de las víctimas están llevando dos procesos a nivel federal, uno con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y otro con la Fiscalía General de la República (FGR).
Este último se pensó que no se estaba realizando, pues la FGR, a través de una solicitud de transparecia, negó que haya hecho efectiva la solicitud de la Fiscalía del Estado de Jalisco, quien le turnó el caso para garantizar imparcialidad. Sin embargo, las y los entrevistados confirmaron que la carpeta de investigación existe y ahí sí se está investigando el delito de desaparición forzada y la tortura que padecieron.
“Frente a las publicaciones que aseguraron que no existe una carpeta en la FGR, nosotros hemos querido aclarar que la carpeta existe, nosotros tenemos acceso a ella, hay al menos 20 denuncias compiladas ahí, seguramente, ya se sumaron más por las personas que ratificaron su denuncia en esta institución. Estamos hablando de una carpeta que integra desde el caso Giovanni hasta el 4, 5 y 6 de junio, por lo que tenemos entendido”, explicó una de las denunciantes en la instancia federal.
Ese expediente que, hoy en día, tiene entre seis mil y siete mil fojas es una de las esperanzas que tienen de que haya realmente justicia en el caso, pues ante la negativa de la reclasificación de los delitos de los casos investigados a nivel local y de la falta de voluntad para investigar al resto de los policías implicados, esperan que la FGR pueda ofrecer una investigación que señale con claridad lo que realmente pasó esos días.
Lo mismo esperan de la CNDH, instancia que publicaría a finales de este año, los resultados de la investigación que de manera presencial hizo de los hechos, pues estuvo presente en los procesos de liberación de las 45 personas que, oficialmente, la Fiscalía reconoce detuvo, los 4, 5 y 6 de junio.
Pues conforme a la Coordinación de Seguridad del Estado, mediante la solicitud LTAIP/CGES/8169/2021, para ellos sólo se detuvo a 41 hombres y cinco mujeres: 28 fueron detenidos, el 4 de junio; 11, el 5 de junio; y seis, el 6 de junio. Sobre todas y todos aquellos que fueron detenidos arbitrariamente, el 5 de junio -como las y los cuatro jóvenes que dan su testimonio-, señalaron que no hay registro alguno dentro de la Fiscalía ni en ninguna otra instancia de seguridad pública del estado.
Esta información que tendría que ser pública y de acceso para quienes llevan el proceso legal como víctimas, ni siquiera se les informa, tampoco se les notifica de las audiencias iniciales o de control que se han tenido con los policías señalados. Y de la Fiscalía del Estado jamás se les ha llamado para informarles en qué va su investigación.
“Ni el Ministerio Público (MP) nos ha contestado, las audiencias han sido sin nosotros. Cuando hemos ido con el MP nos dice: `te aviso o nosotros les avisamos´, y así ha pasado un año. Siempre nos enteramos por los medios que hubo audiencia por este caso o que hay avances en la investigación”, contó uno de los jóvenes.
A su vez, el trabajo del abogado que les asignaron tras las mesas de diálogo y que forma parte de la Universidad de Guadalajara, Luis Octavio Cotero Bernal, ha sido ineficiente:
“Nosotros le hemos pedido que nos mantenga informados, pero eso nunca pasa. Hemos tenido que ser nosotros quienes le hemos insistido para hablar con Cotero, pero nos ha quedado mal. Ya no nos contesta, el abogado que es su intermediario tampoco lo hace”.
Cotero Bernal quien lleva su caso tanto en los tribunales estatales como en la Fiscalía Anticorrupción, es investigado por esta misma instancia por ser señalado como uno de los presuntos responsables del confinamiento de 233 cuerpos de personas fallecidas no identificadas dentro de dos contenedores frigoríficos.
“Parece que seguimos desaparecidos para la justicia. Yo pienso en las personas desaparecidas o en quienes no pueden darle seguimiento a sus casos, quién les asegura que va a haber justicia, qué le espera a esas personas desaparecidas si uno que sobrevivió no tiene nada”, concluyó una de las víctimas.
Aprender de los errores para no claudicar en la exigencia de justicia
Para quienes en su momento integraron el Colectivo Somos 456, el cual surgió tras las la violencia policial ocurrida durante las manifestaciones, y que ahora forman parte del Colectivo #5deJunio Memoria, su exigencia de justicia ha sido muy difícil.
Primero por el shock que implicó sobrevivir a una desaparición forzada, después porque el camino que tomaron para exigir justicia terminó por no ser lo que esperaban, esto debido, así lo consideran ahora, a la ingenuidad que tuvieron al considerar que dialogar con el Estado, era la vía para que lo que les pasó no volviera a sucederle a nadie más.
“A la fecha seguimos siendo señalados, nos dicen `les jugaron el dedo en la boca´, cuando en verdad al estar ahí no entiendes, no sabes cómo jugar. Si bien, reconocemos que nuestro lugar fue privilegiado porque nos dimos cuenta de lo ignorado que han estado otras luchas… hasta de eso nos recriminan: `a ustedes luego luego les abrieron las puertas-, pero si así a estos niveles nos ignoraron, no me imagino la indignación que tienen los demás familiares de desaparecidos”, explicó una de las víctimas.
Esto lo precisó para referirse a dos momentos clave en su lucha por la justicia: el video que como Colectivo Somos 456 se grabó junto con Enrique Alfaro en Palacio de Gobierno, donde se anunció que como medida para solucionar lo ocurrido se harían los Foros de Diálogo para la Construcción de la Paz, Seguridad Ciudadana y Reforma Policial, el segundo momento clave en su apuesta por la justicia.
“Nosotros creíamos en eso -el video-, a lo mejor de manera ingenua, pero pensábamos que íbamos a poder lograr que el gobierno se abriera… eso nos dijeron, nos prometieron que no volvería a repetirse… cuando nos propusieron hacer el video con esta idea dijimos: `bueno, va, a lo mejor sí´”.
Sin embargo, no fue así, pues tras su grabación y la sesgada edición que se hizo al omitirse de este los delitos de los que fueron víctimas, ocurrió una primera división entre las víctimas y un descrédito que, hasta el día de hoy, cargan tanto con la opinión público como con colectivos de víctimas que les señalaron que “cuando se había visto que una víctima se sentara a negociar con su agresor”.
La segunda fragmentación llegó con los resultados de los Foros de Diálogo, en donde consideran que los usaron sólo para justificar que se trabajó con las víctimas, cuando en realidad nada de lo que ahí se hizo tuvo que ver con garantizarles justicia.
“Para nostros esas mesas se convirtieron en simulación. En la última mesa no nos invitaron, incluso, cuando tienen el teléfono de todos. Nuestra participación parecía de adorno y también teníamos miedo porque ahí estaban los agresores”.
Tanto el video como los falsos resultados de los Foros de Diálogo con el Gobierno de Jalisco, terminaron por disolver el Colectivo Somos 456; sin embargo, los que persisten ahora como #5deJunio Memoria ya con la lección aprendida continúan con su exigencia de justicia y no repetición, pues -pese al dicho del gobernador- la impunidad en el caso sigue y es falso que la policía haya cambiado a un año de los hechos.
“Nosotros seguimos aquí con dignidad, en resistencia, en lucha, aunque no es un camino fácil. Nos parece indispensable recuperar el espacio público y eso es lo que queremos hacer el sábado 5 de junio en la Glorieta de las y los desaparecidos con la instalación del memorial”, explicaron.
“Queremos hacer ese llamado a no caer en la desesperanza, en la desunión y sobre todo a abrazar otras luchas, no sólo las propias. Un llamado a la unidad a reencontrarnos entre personas, a no desconfiar. Queremos ser esas microrrevoluciones que como células se van juntando para luego generar un impacto que a lo mejor ves o no, pero el mensaje es de esperanza de que sí va a amanecer un día”.
Y dicho amanecer esperan se acompañe de garantías para las víctimas, sobre todo, para esos desaparecidos que, como ellos, tiene la fortura de aparecer, pues quieren que sepan que se les va a escuchar y que no estarán solos en su búsqueda de justicia.
