ZonaCero
Por Jonathan Ávila / @JonathanAvilaG
Los procesos electorales son coyunturas difusas, muchas veces vacías en contenidos claros, pero con una fuerte carga simbólica sobre aquellos puntos de ruptura social que se cristalizan, sobretodo, en la discusión referente al contexto y sus protagonistas. Este 2021 la agenda estuvo marcada fuertemente por la violencia y su impacto en el proceso electoral.
De cara a las elecciones del 6 de junio, muchas personas han expresado la “relevancia” de que haya un voto informado, basado en características y mínimos básicos que deberían abordar o representar quienes se postularon a los cargos de elección popular.
Sin embargo, un punto importante para el proceso también ha de ser el entendimiento del complejo entramado de violencia que vivimos y cómo las reconfiguraciones macrocriminales de esta jornada electoral tendrán un impacto directo en el fortalecimiento de sus redes y el uso de la violencia.
Como ya hemos referido múltiples veces en esta columna, el libro Votes, drugs and violence, de Sandra Ley y Guillermo Trejo –así como toda la investigación académica y de divulgación que precedió esta publicación– evidencia la importancia del análisis de la violencia en los procesos electorales, ya que cada nuevo ciclo electoral ha representado un disparador de violencia, cuyo punto más álgido parece haber llegado a la elección de 2021.
Este hecho no es fortuito, toda vez que las redes macrocriminales se configuran desde lo local y de esa forma van escalando el nivel de penetración en los mercados ilícitos. Trejo y Ley señalan cómo la evidencia empírica ha mostrado que el nivel donde busca influir principalmente el crimen organizado es a nivel municipal. Por tal razón, la elección de 2021 resulta clave pues están en juego más de 21 mil cargos públicos de distintos órdenes de gobierno, pero principalmente alcaldías, diputaciones locales y federales.
Jalisco ha sido uno de los epicentros de esa violencia. Esta entidad se ha dicho que es el bunker originario de uno de los principales grupos del crimen organizado que tiene mayor presencia en el país, y además queda marcado por un relevante proceso electoral en donde se deciden alcaldías y diputaciones locales que podrían tener un fuerte impacto en la reconfiguración política de aquí a las elecciones de 2024, cuando se releve la gubernatura.
Homicidios, desapariciones y amenazas han tenido como blanco directo a aspirantes políticos y funcionarios locales. El inicio de la violencia electoral quedó marcada con el asesinato del ex gobernador Aristóteles Sandoval en diciembre de 2020 en Puerto Vallarta. Aunque la violencia también ha estado focalizada en regiones clave de las redes macrocriminales y las zonas de conflicto entre grupos del crimen organizado.
Municipios como Casimiro Castillo, Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán, Villa Purificación, Tecalitlán, Tuxpan, Tonila, Tonayan y Ciudad Guzmán, han sido enclaves regionales del sur, costa y sureste que representan los focos rojos locales, pero que también algunos de estos fueron territorios estratégicos en la pasada elección de 2018.
Estas mismas regiones son territorios estratégicos en disputa, como lo señala un estudio de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, evidenciado por Proceso. En la Zona Metropolitana de Guadalajara y una parte del sureste se habla de disputas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con el llamado Cártel Nueva Plaza –una escisión del mismo que se abrió paso en el discurso estatal desde el 2018–, en otra parte del sureste conflictos con el llamado Cártel de los Viagras, al norte con Los Zetas y el Cártel del Golfo, en una parte de Altos Norte con el Cártel Santa Rosa de Lima y en otra con el Cártel de Sinaloa.
¿Por qué esta violencia? Dice Crisis Group en un reciente informe, de manera general, que los grupos del crimen organizado buscan instrumentalizar las elecciones para incrementar sus ganancias. Cada elección significa una alianza potencial entre futuros funcionarios, para la búsqueda de acuerdos turbios que les ayuden a conseguir protección, acceso a instituciones e incluso a fondos públicos.
Frente a la atomización de los grupos del crimen organizado, donde Jalisco registró cerca de 50 con capacidad armamentística activa hasta 2019, las guerras entre grupos se vuelven claves, porque las ganancias y la ocupación de los territorios son bienes indivisibles.
“Pero a medida que tanto las instituciones estatales como el crimen organizado en México se han ido fragmentando y se han vuelto más proclives a la violencia interna, los efectos de estas transacciones se han vuelto cada vez más tóxicos. Las facciones criminales se disputan fragmentos del Estado mexicano, por lo que los involucrados se han visto envueltos en una red de relaciones en la que las rupturas violentas son frecuentes”, señala Crisis Group en su informe.
Si los candidatos aliados de determinado grupo triunfan en la contienda, se genera una reconfiguración o afianzamiento territorial del que se pueden esperar favores como impunidad, protección por parte de las fuerzas de seguridad y el acceso al erario para la explotación de los recursos a su favor, como reitera Crisis Group.
Por su parte, Sandra Ley menciona cómo esta nueva configuración produce oportunidades para la generación de una gobernanza criminal en donde también se influye en el nombramiento de puestos clave, sobretodo en instituciones de seguridad, rentas y mayor información para tener ingresos superiores.
Esto es apenas el inicio del cambio en la administración local, donde se invierte el sentido de la gobernanza democrática favoreciendo la gobernanza criminal, que no es otra cosa que los “controles de facto del crimen organizado sobre distintas dimensiones de la organización local, incluyendo la vida política, económica y social de las comunidades y distritos en áreas urbanas”, dicen Trejo y Ley.
La violencia electoral es solo un síntoma de lo que puede seguir, como agregan Trejo y Ley, toda vez que esta gobernanza criminal, es decir, el triunfo en la alianza macrocriminal, genera impactos como la presencia de violencia en otros procesos electorales en el largo plazo o de manera más amplia, la conquista de la administración municipal, el control de las economías al expandir los procesos de extorsión en las poblaciones civiles y el establecimiento de controles territoriales más precisos.
Este contexto ha generado dos respuestas importantes: la normalización de su ocurrencia en el entramado violento que vivimos y la disociación de las y los candidatos blanco de la violencia con respecto al entramado violento del que son objeto. Crisis Group ha evidenciado que muchas de estas alianza en realidad son frecuentes e innegables, fuentes consultadas para su informe expresaron:
“No puedes gobernar sin ellos. Puede ser de manera voluntaria o a través de la fuerza. Pero la verdad es que los candidatos buscan a la maña para poder ganar elecciones (…) es perfectamente normal que cinco, diez o quince candidatos vayan a pedir apoyo, y siempre prometen trabajar para el grupo”.
Y aunque este contexto evidencia la complejidad del entramado violento que vivimos al menos desde 2006, las autoridades han normalizado la existencia de esta violencia y sus impactos. Así lo dijo el gobernador del estado, Enrique Alfaro, al declarar “tampoco es un asunto que no hayamos visto antes” refiriéndose a la incidencia de los grupos del crimen organizado en las elecciones.
Esta normalización también ha generado un abordaje tradicional. Quienes gobiernan al país agudizan la crisis al responder como se ha venido haciendo en la última década, pues desde lo federal y lo estatal ya se han anunciado una serie de acciones de securitización del proceso electoral, con la presencia de agentes policiales y militares en operativos de vigilancia en los municipios de Jalisco y los focos rojos nacionales.
Casos como el de Jilotlán de los Dolores, municipio jalisciense vecino de Michoacán, donde la democracia se ha puesto en duda por la existencia de solo un candidato en el proceso electoral ante la renuncia de quienes se han visto amenazados, muestra la relevancia de entender y tomar cartas en el asunto de la violencia electoral de cara a sus efectos posteriores en la administración pública…¿entender la violencia debería ser decisiva para el voto a ejercer el 6 de junio?
