Las violencias de género que diariamente cobran la vida de niñas; los niños y niñas que padecen explotación laboral y/o esclavitud; las niñas, niños y jóvenes en situación de calle; las infancias y juventudes de la diversidad sexual vulneradas por la homofobia, bifobia y transfobia; el incremento de las desapariciones de menores de edad; y el estigma alrededor de percibir a las y los jóvenes como irresponsables y criminales, son algunos de los tantos escenarios que vulneran los derechos humanos de las infancias, adolescencias y juventudes de Jalisco.
De cara al proceso electoral 2020-2021, existe una oportunidad para exigir a los y las futuras funcionarias públicas, legisladoras y legisladores, que se comprometan a trabajar para garantizar y proteger a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del estado.
Pues para contrarrestar las constantes violaciones a los derechos de las infancias y las juventudes, es urgente que se les escuche y atienda.
Por Samantha Anaya/@Sam_An16
Feminicidios e infanticidios
De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), durante 2019, en Jalisco se cometieron 17 feminicidios contra menores de edad. También, informaron que en el mismo año los feminicidios infantiles crecieron un 13.5% en el país.
En contraste, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), señaló que, desde septiembre de 2019, en Jalisco ha ido en aumento la violencia hacia las mujeres. Y es que, lamentablemente, en México lo único más peligro que ser mujer es ser niña.
Por su parte, el colectivo Aquí Estamos afirma que, del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2020, Jalisco es la quinta entidad que registró la mayor cantidad de feminicidios de menores de edad.
Aunado a ello, en México, la legislación no incluye ni reconoce el término feminicidio infantil, sólo se considera un agravante del delito.
REDIM también expone que, en los infanticidios cometidos durante 2019, -donde la víctima tenía entre 5 y 10 años-, el asesino era un familiar cercano a la o el infante, o una persona allegada a ellas o ellos. Para 2020 ya se habían cometido 38 homicidios contra menores de edad en Jalisco.
De los casos presentados en medios de comunicación, de marzo a abril de 2021 fueron cometidos cuatro infanticidios en diferentes puntos del estado.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que, en Jalisco, de 2010 a 2018 hubo 113 defunciones por homicidio de varones de entre 0 meses a 19 años y 71 de mujeres con los mismos rangos de edad.
Al respecto, Michel Gutiérrez de MAROMA, Observatorio de los Derechos de la niñez y juventud, “es tiempo de comenzar a discutir cuales pueden ser las posibles causas que facilitan estos asesinatos y desapariciones”, ello, frente al creciente escenario de violencia y la pasividad y letargo de las instituciones gubernamentales para atenderla “nos orillan a pensar en una especie de apatía y que terminan por abandonar a los niños a su suerte”, expresa.
Trabajo infantil, olvido infantil
De acuerdo con MAMÁ A.C., para 2018 había alrededor de 327 niñas y niños en situación de calle. Sin embargo, las autoridades locales manifestaron no saber cuál es la cifra exacta.
Durante la emergencia sanitaria, que comenzó en el estado en marzo de 2020, la cantidad de niñas, niños y jóvenes en los cruceros aumentó. A decir de las personas expertas, esto sucedió porque se vieron obligados y obligadas a apoyar a la economía familiar o, incluso, porque sus madres y padres no tenían un lugar donde dejarles:
“No son niños de la calle, no son callejeros, no son vagos: son infancias y juventudes abandonadas por un sistema que lo que menos le preocupa es el bienestar”, denuncia Lourdes Limón.
Pero la realidad es que algunas de ellas y ellos son obligadas y obligados a trabajar hasta 12 horas al día.
Un trabajo de investigación hecho por estudiantes de la Universidad de Guadalajara demostró que, de una muestra de 71 niñas, niños y adolescentes de entre los 0 y los 16 años en situación de calle dentro del Área Metropolitana de Guadalajara, el 62% eran varones, mientras que, el 34% mujeres. Las edades más detectadas fueron 4, 9, 8, 10 y 11 años. Con ello, se identificó que el 38% estaba solo, el 33% se encontraba con otro menor de edad y el 25% iba acompañado de otros dos menores de edad.
Por otra parte, las y los niños que pertenecen a familias indígenas que se ven obligadas a migrar cada temporada de siembra a diversas regiones del país, suelen ser vulnerados y vulneradas en más de un sentido; por ejemplo: ellas y ellos deben habitar en las llamadas Galeras, que son cuartos muy pequeños que deben compartir con el resto de sus familiares (4 a 6 miembros, donde la mayoría son niñas y niños). Aunado a ello, las familias que migran del campo para trabajar en la industria agrícola lo hacen porque huyen de la extrema pobreza, de los diferentes tipos de violencia estructural que no les permite el acceso a servicios públicos básicos mínimos.
Graciela Pérez, integrante de MAROMA, señala que “con frecuencia las necesidades de las niñas y niños indígenas migrantes son invisibilizadas ante la cantidad de necesidades propias de toda la familia como el acceso a la canasta básica, vivienda, alimentación, vestimenta, descanso y esparcimiento, incluso, en tiempos de ‘normalidad’”.
En ese sentido, reconoce que el trabajo agrícola, en sí, es una de las actividad peligrosas para la salud, y además agotadora para ellas y ellos. Asimismo, la vulnerabilidad que afrontan estas niñas y niños se recrudece como consecuencia de su edad, su condición de migrantes, por ser indígenas, jornaleros y por provenir de un contexto de pobreza:
“La mayoría de estos niños y niñas no reciben remuneración por tal trabajo, debido a que es considerado sólo como ‘apoyo’ a la economía familiar”, afirma Graciela Pérez.
Odio y discriminación: la violencia de todos los días contra la infancia y juventud LGBTTTIQ+
Jalisco se ubica en el cuarto lugar a nivel nacional con más crímenes de odio registrados.
Luego de que el 24 de julio de 2020 el Congreso de la Ciudad de México aprobara las reformas al Código Penal para tipificar como delito los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOS), agrupaciones, como el Frente Nacional por la Familia, se pronunciaron con mayor fuerza en contra de estas acciones a favor de la población diversa del país. De acuerdo con sus opiniones, “se viola el derecho de las niñas y niños a recibir atención psicológica “necesaria””. No obstante, que se ha documentado que las personas que son obligadas a someterse a este “tratamiento” sufren daños físicos y psicológicos.
Y es que, al tratarse de métodos deshumanizados y crueles, los llamados ECOS atentan contra la integridad de las personas, lo que representa en sí mismo una grave violación a los derechos humanos fundamentales.
De esta manera, la violencia contra las niñas, niños y jóvenes con identidades y orientaciones sexuales diferentes a la socialmente aceptada y normada, no termina con la prohibición de estas prácticas.
Según Unión Diversa de Jalisco, durante este tiempo de contingencia sanitaria los crímenes de odio contra la población LGBTTTIQ+ han aumentado considerablemente, y como señala el informe 2020 del Observatorio Nacional de Crímenes de odio contra las personas LGBT de la Fundación Arcoíris, “no hay momento de nuestra vida que estemos exentxs de peligro”. La víctima más joven registrada e identificada por el observatorio tenía entre 5 y 9 años de edad.
A pesar de ello, de enero de 2015 a octubre de 2020, en todo el estado, sólo se investigaron 13 delitos cometidos contra la comunidad LGBTTTIQ+, delitos como homicidios dolosos, lesiones intencionales y violaciones, y donde la edad promedio de las víctimas es de 29 años.
Ante este panorama de odio e intolerancia, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) informa que la esperanza de vida de una persona trans en México es de 35 años, pues además de la violencia directa que algunas personas de la sociedad ejercen hacia ellas, ellos y elles, está el hecho de que los tratamientos hormonales son muy riesgosos si no se consulta con un endocrinólogo.
Desaparición de menores de edad
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del 1 de enero de 2000 al 14 de mayo de 2021 había un total de 2 mil 897 menores de edad desaparecidos, no localizados y localizados en México; de estos, 881 (30.41%) aún se encuentran desaparecidos o no localizados; mientras que, 2 mil 016 (69.59%) ya han sido localizados, de los cuales 14 (2.08%) fueron localizados sin vida y mil 974 (97.92%) con vida.
A partir de 2011, comenzó a aumentar la cifra de menores de edad que fueron desaparecidas y desaparecidos, se pasó de 57 casos a 244 en 2014. Cinco años después, en 2019 los registros incrementaron hasta alcanzar los 996 menores de edad desaparecidos. Ya en 2020, y a pesar de las crisis sanitaria que obligaba a las personas a permanecer en sus casas, se documentaron un total de 635 casos y en lo que va del año 2021, han sido desaparecidas 79 personas menores de edad.
Las causas de las desapariciones de infantes son múltiples, manifiesta Michel Gutiérrez de MAROMA, sin embargo, advierte que, la mayoría está relacionada a “la negligencia y omisión de quienes debemos cuidar de su bienestar”.
Criminalización y marginación de la juventud
La inseguridad cobra la vida de personas cada vez más jóvenes, subraya Michel Gutiérrez:
“Caminar por ciertas colonias a ciertas horas, se ha vuelto una condena. No importando que sea una colonia acaudalada o colonias marginales. La policía nunca apareció, ni salvó. Peor, algunas veces los policías son quienes arbitrariamente se los llevan, y ya no vuelven a verles o los golpean haciendo que pierdan un ojo o terriblemente los encuentran muertos”.
Por otro lado, los prejuicios alrededor de las personas jóvenes (aunados a una visión adultocentrista) generan en la sociedad un temor sobre lo que ellas y ellos pueden hacer al formar parte de la vida política del estado, afirma Lourdes Limón:
“Al dejar decidir a los adolescentes se teme porque estos se tiren a los excesos y pierdan el camino que los adultos hemos trazado como válido, seguro y digno, no sólo para ellos sino, incluso, para el país”.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 (ENADIS), el 39.8% de la población llamaría a la policía cuando hay jóvenes reunidos en una esquina y 63% más señaló que “la mayoría de las y los jóvenes son irresponsables. Por otro lado, 16.3% de la población juvenil encuestada declaró haber sido discriminada en algún espacio público (en la calle o en el transporte público), en su trabajo o escuela e, incluso, dentro de su círculo familiar.
La criminalización hacia este grupo de la población llega a tal grado que, cuando ellas y ellos salen a exigir justicia contra las violencias que el Estado ejerce sobre todas y todos, la población adulta pide que sean castigadas y castigados.
¿Qué se debería hacer de acuerdo con las organizaciones y la ciudadanía?
Alejandra Hernández de 16 años e integrante de la colectiva Respiremos juntas, explica que lo principal al momento de atender los problemas que atentan contra los derechos de las infancias y juventudes es ver de qué manera las problemáticas generales les afectan a ellas y ellos, pues “una persona menor de edad no procesa los problemas igual que una persona adulta”. Para saber esto, se requiere que las y los adultos les escuchen, afirma:
“Los partidos sólo se enfocan en que los jóvenes sigan estudiando, pero no consideran otras problemáticas, porque no todos vivimos en las mismas condiciones, no toman en cuenta otras situaciones que dañan y vulneran a las personas jóvenes y que son peores. Me parece bien que se enfoquen en la educación, pero no toman en cuenta todos los problemas que nos afectan”.
En cuanto a las propuesta que sólo toman en cuenta los subsidios económicos como becas, Ale sentencia que, si bien se trata de un apoyo, hay problemas más importantes que se encuentra fuera del ámbito económico, como “la salud metal, a la que muchas veces se pasa por alto; o las chicas de mi edad que fueron víctimas de una violación y ahora tienen un bebé que mantener y no cuentan con ningún apoyo”.
En contrate, Regina Vázquez también integrante de la colectiva Respiremos juntas, y quien tiene 15 años de edad, considera que las normas impuestas por los adultos, sobre todo en la escuela, dañan la integridad de las niñas, niños y adolescentes, como la regla de “los tres dedos de la falda; esa idea atenta contra nuestra libertad, sobre todo la de las mujeres, y en lugar de escuchar nuestra propuesta de llevar ropa civil y pantalón, solo nos dicen que no le hagamos dobladillo a nuestra falda”.
Regina precisa que, en lo que va de las campañas políticas para las elecciones 2020-2021, ella no ha visto ni una sola propuesta concerniente a los problemas de las personas jóvenes.
“No nos escuchan. Esta es una actitud más del adultocentrismo, orquestada desde arriba en la política”.
En cuanto al tema de la seguridad, Regina comenta que no se siente segura: “cada que salgo, mis papás me llaman a cada rato. Siempre tengo miedo, estoy atenta por si alguien viene detrás de mí”.
Por otra parte, considera que las becas son una propuesta engañosa, pues menciona que éstas son sólo una forma de “regresar los impuestos que pagamos; si en realidad bajaran los impuestos no tendrían por qué estar dando apoyos económicos: nos quitan dinero y luego nos dan poquito. Las becas siempre me han parecido puras transas, porque a las personas que realmente los necesitan no se las dan”.
Sumando a lo ya dicho, Regina Núñez de 14 años e integrante de la colectiva Respiremos juntas, expone que lo primero que deben de incluir los partidos en sus agendas es tratar la realidad de las niñas, niños y jóvenes desde sus propias voces:
“Muchas veces se forman solos una idea de nosotros y de lo que ‘necesitamos’, pero en realdad no conocen la problemática por las que pasamos y vivimos. Tenemos una cultura muy adultocentrista”.
Sobre la inseguridad en la que ellas y ellos deben de crecer, Regina afirma que nunca se ha sentido segura:
“No me gusta salir sola, no porque no me sienta bien estando conmigo misma. No me gusta salir sola porque soy una persona delgada y bajita y me imagino que en cualquier momento cualquier persona puede llegar y llevarme y no sé qué haría en una situación así”.
Por otra parte, Regina afirma que el hecho de que las candidatas y candidatos no cuenten con una perspectiva interseccional es alarmante, pues “se está dejando de lado las causas de las diferentes violencias que nos atraviesan”.
En tanto, especialistas y personas de la sociedad civil que acompañan directamente las consecuencias de la indiferencia del Estado, asi como las omisiones y violaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, comparten algunos de los temas que deberían encontrarse en las agendas políticas de las candidatas y los candidatos a puestos públicos durante las elecciones 2020-2021.
Lourdes Limón, psicóloga e integrante de MAROMA, considera que, más que políticas públicas, se necesitan acciones públicas y sociales, así como ejercicios donde ellas y ellos comiencen a ejercer su acción subjetiva y política.
También, precisa que las candidatas y candidatos deben tomar en cuenta a las infancias y juventudes. Pero no sólo hacerles partícipes de la firma de acuerdos y pactos, sino escuchar sus propias propuestas, ya que estos “rara vez se cumplen una vez que ya están en el cargo”.
“Eso ya se ha hecho desde los institutos de la juventud, pero estos tienen sesgada una línea política, y lo que realmente se tiene que tomar en cuanta es eso: lo que están viviendo y que ellos puedan proponer políticas e incidencia política desde lo que les sucede a ellas y ellos”.
En ese sentido, Limón advierte que “ningún partido cuenta con una especialista que tenga esa perspectiva infanto-juvenil y que tenga que ver con accionar a la niñez y a la juventud como sujetos políticos y sociales”. En su opinión, las propuestas que generan están más relacionadas con propuestas adultocentristas e institucionalizadas que sólo los ven como personas a las cuales tutelar.
En cuanto a las realidades que está enfrentando la población más joven del estado (que no es incluida entre las propuesta de ni un solo partido), Lourdes señala que el tema principal y el de mayor urgencia es la seguridad:
“La violencia les vulnera en etapas cada vez más tempranas, y no se está hablando sobre ello. Estamos dando vueltas en lo mismo, en lugar de ocuparnos de algo que es tan urgente e importante como lo es que puedan salir a las calles, ir a la escuela y estar seguros”.
Al mismo tiempo, considera que es necesario incluir en la agenda de los partidos una perspectiva interseccional, -nula hasta ahora en las propuestas-, ya que, son múltiples las situaciones en las que se vulneran a las infancias y adolescencias en el estado.
¿Qué proponen los partidos políticos?
Las personas entrevistadas coinciden en que, las propuestas que los partidos políticos hacen sobre la vulnerabilidad en la que el Estado tiene a las infancias y juventudes, carecen de realismo, perspectiva social y sobre todo de una perspectiva infanto-juvenil. Asimismo, ni una sola propuesta contempla las múltiples realidades y violencias que diariamente se cometen contra este grupo de la población, a quienes “ni siquiera se les quiere escuchar; pues las niñas, niños y jóvenes son sujetos políticos incomodos”, sentencia Lourdes Limón.
Su perspectiva no está muy alejada de la realidad, pues siete de los 13 partidos que compiten en las elecciones 2020-2021 (PRI, PRD, PVEM, PES, Somos, Hagamos, Fuerza por México), no contemplan entre sus propuestas alguna concerniente a las niñas, niños y adolescentes en situaciones vulnerables. Respecto a los que aseguran que sí tomarán acciones al respecto, se encuentran las siguientes iniciativas:
- El Partido de Acción Nacional (PAN) propone una educación con valores y habla de oportunidades laborales que no interfieran con los estudios.
- El Partido del Trabajo (PT) expresa que garantizará a la niñez mexicana alimentación, salud, educación, esparcimientos y un ambiente familiar afectuoso, e incrementar sustancialmente el acceso de los jóvenes a la educación en todos los niveles del sistema nacional.
- Movimiento Ciudadano planea legislar para atender las demandas de las juventudes y abrir mayores espacios para su participación en la vida política, social y económica del Estado.
- Por su arte, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) integra entre sus porputas el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro y Jóvenes escribiendo el futuro.
- Futuro implementará políticas públicas que faciliten a los jóvenes el ingreso al empleo formal, independientemente de su grado académico.
- Y el partido Redes Sociales Progresistas (RSP) propone impulsar liderazgos juveniles disruptivos e innovadores, para ocupar cargos de dirección y puestos de elección popular.
Quien resulte electa o electo para ocupar las presidencias municipales o los escaños del poder legislativo tendrá que, escuchar las necesidades y propuestas de niñas, niños y jóvenes, así como garantizar y priorizar su seguridad. A ello, deberán reconocer y analizar los múltiples contextos y situaciones de violencia que cada sector infantil en el estado vive día a día.
