La red feminista Nosotras tenemos otros datos, informó sobre el contexto de impunidad que rodea los delitos cometidos contra las niñas en México, así como, la normalización de estas expresiones de violencia.
Y es que, señalaron que dichas prácticas van desde la negación de pensiones alimenticias hasta denuncias de abuso sexual.
De igual forma, reconocieron las consecuencias psicológicas que la violencia de género tiene en la vida adulta de las niñas, además de la indiferencia y el desinterés que el Estado Mexicano manifiesta ante este contexto.
Samantha Anaya/@Sam_An16
Patricia Olamendi, especialista en derechos humanos e integrante fundadora de la Red Nosotras tenemos otros datos, compartió algunas cifras sobre la magnitud de la violencia de género que se ejerce contra las niñas en México. Según informó sólo dos de cada 10 menores de edad reciben pensión alimenticia de parte de su padre biológico; mientras que, en 2020, se recibieron 15 mil denuncias por abuso sexual cometido en contra de niñas.
No obstante, Olamendi recalcó que todas estas cifras esconden tras de sí un subregistro, pues sólo ocho de cada 100 víctimas denuncia, ya que algunas se encuentran amenazadas y otras temen ser revictimizadas o señaladas por las autoridades.
Por otra parte, la doctora Olamendi señaló que en un país donde en 2017 se registraron 4 mil 342 embarazos de niñas entre 10 y 14 años -de los 11 mil 749 registrados-, queda claro que estas cifras esconden tras de sí una violación. Al respecto advirtió que “indigna ver cómo las campañas políticas están llenas de un discurso que obliga a las niñas víctimas de violencia sexual a parir”.
La venta de niñas indígenas es otro delito que se comete en México aparentemente con la anuencia de las autoridades. De acuerdo con la también doctora en derecho, cerca de 300 mil niñas han sido vendidas en los últimos años en el país:
“Ser niñas en México es un factor de alto riesgo. El Estado no legisla en contra de los matrimonios, la venta de niñas, los embarazos a temprana edad como consecuencia de una violación, pero todos estos tipos de violencia deben ser tratados como tortura, como una forma de esclavitud; se debe reconocer y nombrar como tal, pero en cambio el presidente justifica todos estos actos”.
Afectaciones psicológicas de las víctimas de violencia sexual
Por su parte, la psicóloga Raquel Schloser aseguró que, como sociedad, se minimizan el impacto que la violencia tendrá en la vida de las niñas cuando sean adultas:
“Se les niega el poder tomar decisiones en sus vidas, porque para ello hay que tener libertad, y ellas no la tienen; ese es uno de los muchos derechos que se les han sido negados”.
La psicóloga expuso que la mayoría de los abusos sexuales de los que se tiene registro han sido incestuosos, por lo que, las niñas están obligadas a convivir con el agresor y sus cómplices; es decir, el resto de los miembros de la familia que lo encubren. De esta manera, la violencia sexual se silencia a causa de la complicidad del resto de los familiares y por el miedo sembrado en ellas a través de amenazas:
“Niñas en situación de calle que han huido de sus casas porque están atrapadas con su agresor comentan que hasta la calle es un lugar menos peligroso. No pueden pensar en sí mismas, porque tratan de sobrevivir, están estresadas y todo el tiempo están en alerta”.
Schloser añadió que, al tratarse de una persona cercana a la víctima, ellas no saben cómo defenderse, además de que “el agresor es alguien amado por el resto de la familia, así que se rompe la confianza en la autopercepción de poder identificar a ‘alguien malo’”. Por lo tanto, “los agresores saben perfectamente lo que están haciendo” y “no es por algún problema mental” sentenció.
Las niñas también se enfrentan al sometimiento de su sistema psicológico para poder sobrevivir, ya que constantemente conviven con su agresor. Las consecuencias de ello, afirmó la experta, es que al crecer suelen culparse por no haberse resistido a la violencia.
De igual forma, difícilmente podrán confiar en sus pares, aseguró, y podrían llegar a tener conductas antisociales, ya que psíquicamente no tienen libertad, no confían en nadie pues quienes debían cuidarlas (la familia) permanecieron en silencio ante el abuso.
Desafíos para la política pública
Por su parte, Amelia Iruretagoyena, académica dedicada a analizar políticas públicas, afirmó que no proteger y cuidar a las niñas es no pensar en el futuro.
Y es que, señalo que las violaciones a los derechos de las niñas tienen efectos a mediano y largo plazo, puesto que “no podrán hacer un proyecto de vida en calma, con bienestar, lo cual es un derecho humano que se les ha sido negado”.
La académica también sentenció que la política pública que protege y garantiza los derechos de las niñas en México es muy pobre, al tiempo que, no hay información pública diferenciada que dé cuenta de los problemas que les afectan y la violencia que se perpetra en su contra.
Asimismo, indico que existe la necesidad de diferenciar los derechos de las niñas y de las adolescentes, de los derechos de las mujeres, esto con el fin de reconocer que las niñas enfrentan desafíos específicos. Por lo tanto, sentenció que es vital identificar medidas específicas de protección que les beneficien.
En el reconocimiento de estas necesidades específicas destacan tres elementos:
- Hay formas de violencia que son socialmente aceptadas o no percibidas como violencia o perjudiciales y, por lo tanto, no son registradas o reportadas.
- Debido a su edad o situación de vulnerabilidad, las niñas que han sufrido violencia nunca o escasamente reportan formalmente ser víctimas de algún tipo de violencia.
- La misma falta de datos crea percepciones de que la violencia en contra de las niñas es un tema de menor magnitud.
El contexto mexicano da cuenta del por qué son urgentes estas acciones:
- De 2015 a 2018 hubo un total de 194 feminicidios de niñas y adolescentes, 3 mil 044 casos de corrupción de menores; 671 homicidios dolosos; 12 mil 545 lesiones dolosas; 201 casos de tráfico de menores; y 427 casos de trata de personas.
- Desde el inicio de la guerra contra el narco las desapariciones forzadas de personas de 0 a 17 años aumentaron de una al mes en 2006 a cuatro por día en 2018. Hasta abril de 2018, había 6 mil 538 personas menores de edad desaparecidas, lo cual correspondían al 6% de los registros de personas desaparecidas en México (37 mil 088 en total).
La indiferencia y la impunidad por parte del Estado es el principio de una violencia estructural contra las niñas en México, lo que las posiciona en una situación de vulnerabilidad sólo por serlo. Por otra parte, la invisibilización y normalización de todas las expresiones de violencia hacia las niñas, por parte de la sociedad adulta, las coloca en un contexto adultocentrista y patriarcal que atenta contra su bienestar e integridad, no sólo ahora que son niñas, sino a lo largo de su vida adulta:
“El panorama de las niñas sigue siendo precario. Ninguna expresión de violencia se debe de justificar”, concluyó Patricia Olamendi.
