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En el paso de Enrique Galindo Ceballos como comisionado general de la Policía Federal, la corporación cometió masacres y violaciones a los derechos humanos en Apatzingán y Tanhuato, Michoacán, así como el desalojo violento de Nochixtlán, Oaxaca. El exmando policiaco ahora busca gobernar la capital de San Luis Potosí, por lo que activistas llaman a tener memoria colectiva
Texto Marcela del Muro
Fotos: Mauricio Palos y Marcela Del Muro
SAN LUIS POTOSÍ.- “No tenemos que hacerlo a escondidas ni en privado ni bajo el agua, lo hacemos de frente. Tenemos calidad moral, política y social para dar la cara”. Así, Enrique Galindo Ceballos abrió su primer discurso como abanderado de la coalición “Sí por San Luis” -integrada por PRI, PAN, PRD y Conciencia Popular- al ayuntamiento de la ciudad de San Luis Potosí.
Galindo Ceballos arrancó su campaña en abril argumentando que es una persona frontal, pero durante estos meses no ha aclarado los múltiples señalamientos sobre sus actuaciones como comisionado de la Policía Federal.
El ahora candidato fue mando de la corporación policiaca desaparecida al inicio de este sexenio por el gobierno federal, debido a que “le faltó disciplina, le faltó profesionalismo y sobre todo moral, no de las bases de esa corporación, no de los policías, el mal ejemplo lo impusieron los de arriba, no actuaron ellos con rectitud”, según explicó en octubre pasado López Obrador.
Uno de esos “de arriba”, precisamente, es el excomisionado Enrique Galindo. En las calles del centro de la ciudad se pueden observar varios afiches que le recuerdan su responsabilidad en la brutalidad policiaca del desalojo de Nochixtlán, Oaxaca, en 2016.
La destitución de Galindo
“En el marco de los hechos recientes y por instrucciones del Presidente de la República, el Comisionado General de la Policía, Enrique Galindo, se ha separado de su cargo. Ello con el objetivo de facilitar que las autoridades correspondientes lleven a cabo una investigación ágil y transparente, de cara a la ciudadanía”, anunció en conferencia de prensa, el 29 de agosto del 2016, el entonces secretario de Gobernación Miguel Angel Osorio Chong.
Esta información se dio a los 11 días de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación por el caso de las 22 personas ejecutadas extrajudicialmente, de un total de 42 muertes civiles, en el rancho El Sol, en Tanhuato, Michoacán, el 22 de mayo del 2015. Y a los dos meses con 10 días del violento desalojo de la toma de carretera en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, donde 8 civiles fueron asesinados y más de 200 heridos.
En las dos masacres se señala a la Policía Federal, a manos de Galindo Ceballos, como responsable del uso excesivo de la fuerza pública. Pero esta forma de actuar no era nueva. El excomisionado priista llegó al cargo desde el 26 de diciembre del 2012 y desde el 2014 hay señalamientos sanguinarios sobre el actuar de los federales.
Desalojo en Nochixtlán
El bloqueo en el cruce de la supercarretera Puebla-Oaxaca con la carretera federal 190 comenzó el 14 de junio del 2016, justo a la entrada del pueblo de Asunción Nochixtlán, en la región Mixteca, como rechazo a la reforma educativa impulsada por Enrique Peña Nieto. Los manifestantes pedían que se abriera el diálogo entre las autoridades federales y el magisterio.
El profesor Santiago Ambrosio, presidente del Comité de Víctimas del 19 de junio en Nochixtlán (Covic), recuerda que desde el día 16 se observaron varios convoyes federales en la zona. Las carreteras de la región del Istmo también se encontraban bloqueadas y el plantón decidió cerrar completamente la carretera para evitar que la policía pasara, colocando tres barricadas en distintos puntos del camino.
“El sábado 18 yo estuve en el bloqueo del panteón. Antes de las 6 de la mañana (del 19 de junio) nos avisaron que venía un convoy grande de federales desde Oaxaca. Nos movimos a verificar, pero no alcanzamos a llegar al puente porque ya estaban los autobuses ahí. Sin avisar ni nada, comenzaron a aventarnos bombas de gas. Habíamos muy pocas personas, exagerando 50, la mayoría mujeres. Nuestra idea era esperar a que llegara el convoy y aceptar el protocolo para hacer el desalojo, pero nos empezaron a corretear y disparar. No opusimos resistencia, desalojamos en menos de 15 minutos y nos arrinconaron al panteón. Al principio, pensamos que los disparos eran con balas de goma, pero entre las 8:30 y 8:45 fue el primer herido de bala”, explica el profesor Santiago.
El 19 era domingo y Día del padre, los habitantes de los ranchos cercanos acudían a la plaza de Asunción Nochixtlán para realizar las compras de la semana. Los manifestantes entraron al pueblo seguidos de 800 elementos de la Policía Federal, según la cifra oficial.
“Ahí empezó todo, hasta las 4 o 5 de la tarde que se retiraron. Fue tremendo porque fue por tierra y por aire. Detuvieron a 25 personas. Ocho compañeros muertos por balas, 160 compañeros heridos también por balas, aparte los golpeados. Hay compañeros que fueron torturados. La Policía Federal sí estaba organizada, no se les salió de las manos. Iban a desalojar las vías de la supercarretera y eso lo consiguieron en 5 o 10 minutos, pero se metieron a la población y dispararon”.
Para la tarde, comenta Santiago, había policías federales, estatales, antimotines y un convoy grande de fuerza de reacción. “Hicieron uso de toda la fuerza del estado contra la población”.
Enrique Galindo se encontraba en Oaxaca, acompañado del exgobernador Gabino Cue y el excomisionado nacional de seguridad, Renato Sales. En conferencia de prensa informó que a la llegada de los más de 800 elementos fueron atacados por los manifestantes, esto propició que implementara una estrategia distinta, supuestamente, para la protección del pueblo. Pero ninguno de los integrantes del plantón estaba armado. Los pobladores de Nochixtlán trataron de defenderse con palos, resorteras y cohetones que se utilizaban en las fiestas.
“Nos ha costado muchísimo, la justicia en México no es pronta ni expedita. Hemos tenido que hacer uso de todos los recursos jurídicos para que presenten a algunos funcionarios, como a Galindo. Sabemos que no estuvieron presentes, sí. Pero, a ver, ellos fueron los que planearon todo y dieron la orden, también hay responsabilidad por omisión porque ellos debieron de haber parado esa masacre”, explica el profesor Ambrosio. “Nosotros lo único que pedimos es justicia, verdad y castigo a los culpables”.
Tanhuato y la recomendación de la CNDH
Casi un año antes del desalojo, el 22 de mayo del 2015, la Policía Federal realizó un operativo en el rancho El Sol, en la localidad de Tanhuato, Michoacán. La versión oficial señala que el operativo fue realizado gracias a la denuncia del despojo del rancho por parte de presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Que antes de llegar al lugar, los federales fueron atacados por hombres armados para posteriormente perseguirlos hasta la propiedad. El enfrentamiento duró más de tres horas dejando un saldo de cuarenta y dos civiles asesinados y un federal muerto.
El 18 de agosto del 2016, sin embargo, la CNDH emitió una recomendación sobre la matanza de Tanhuato, basada en los peritajes e investigaciones en el lugar del crimen: indicó que 22 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, la mayoría de los masacrados presentaban disparos de distancias menores a los 90 centímetros; 13 de ellos fueron atacados por la espalda, cinco desde un helicóptero, tres cuando se encontraban sometidos, uno de ellos fue quemado vivo y otro atropellado. Desde el helicóptero dispararon más de 4 mil proyectiles. La escena de la masacre fue alterada: se sembraron armas a 16 ejecutados y se movieron siete cadáveres.
La Comisión indicó que el enfrentamiento de la Policía Federal y, presuntos, delincuentes en realidad fue abuso de poder.
La masacre de Tanhuato fue ejecutada por elementos de la llamada Operación Jalisco. El 1 de mayo de 2015 ingresaron al territorio jalisciense más de 3 mil 500 efectivos del Ejército, Marina y Policía Federal. La finalidad de la operación era eliminar al CJNG y capturar a su líder, El Mencho. Ninguno de los objetivos fue logrado.
“El estado ya venía experimentando una espiral de violencia con puntos muy álgidos: 2011, por ejemplo, que es cuando se establece el Cártel Jalisco. En el año 2015, justo cuando se comienza el operativo, el gobierno federal identificó que no podían trabajar con las autoridades locales, que ayudaron a robustecer las estructuras criminales, y el estado se llena, sobre todo en la parte sur, de federales y de marinos. A partir de eso se agudiza no sólo la violencia, también la estructura de las formas de operación del Cartel. Aunque hay detenciones de líderes, de seis años a la fecha, vemos que el cartel es más fuerte, dominan más territorios. Lo que sí se ha observado es que a partir de ese tiempo las desapariciones se han incrementado, también somos el estado con mayor número de fosas clandestinas”, explica el periodista Darwin Franco, experto en temas de desaparición y derechos humanos en el estado de Jalisco.
Las masacres de Apatzingán
También en Michoacán pero a principios de año, el 6 de enero del 2015, se produjo un tiroteo entre guardias rurales y la PF, según la versión oficial. Murieron 16 civiles que hacían un plantón en el Palacio Municipal de Apatzingán.
A los 10 días, la periodista Laura Castellanos publicó su artículo “Fueron los federales”, que desmintió la versión oficial y demostró que ese tiroteo en realidad fueron dos masacres contra civiles y guardias rurales desarmados.
“El arribo federal fue por asalto. El ataque duró 15 minutos. Los manifestantes corrieron al jardín central a guarecerse tras las bancas. Cámaras de vigilancia registraron a decenas de personas desarmadas huyendo de un lado a otro. Más policías federales entraron y sitiaron la plaza entera. Testigos presenciaron ejecuciones extrajudiciales por parte de los policías federales”.
Laura Castellanos, periodista.
La segunda fue unas horas después, cuando los pobladores armados con palos fueron tras los convoyes de la PF para rescatar a los detenidos, muchos de ellos fueron acribillados durante un tiroteo de 20 minutos, donde también existieron ejecuciones extrajudiciales. No hay una cifra exacta de muertos, indica la periodista.
En agosto de 2019 se dictó auto de formal prisión contra seis policías federales que, supuestamente, dispararon contra los civiles. Pero ni el comisionado de Seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, ni Enrique Galindo Ceballos han sido investigados.
La Policía Federal al mando de Galindo también fue señalada por participar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre del 2014. La CNDH, en su recomendación sobre el caso, reveló la existencia de patrullas de la PF en los lugares donde se asesinó y desapareció a los estudiantes. Los federales fueron señalados por omisión al no proteger la integridad de la población y permitir que se efectuará el ataque.
En busca de respuesta, los padres de los normalistas desaparecidos convocaron, el 20 de noviembre, a una marcha pacífica rumbo al zócalo del entonces Distrito Federal. Miles de personas los acompañaron, exigiendo la presentación con vida de los estudiantes. Al finalizar la manifestación, llegaron los federales y la policía del DF, los últimos fueron atacados por un grupo de jóvenes manifestantes y empezó la persecución, atacando a la población en general.
«Para servir hay que proteger los derechos humanos»
“ apelamos a la memoria colectiva, esto es, tener conciencia de que la participación como candidato de Enrique Galindo representa una trasgresión a las víctimas y a las familias que han resultado vulneradas por una política represiva. Estos antecedentes ponen en duda su compromiso con los derechos humanos y con ello, amenaza la seguridad de la sociedad potosina”, colectivos, organizaciones y defensores de derechos humanos de todo el país se pronunciaron, el pasado 22 de mayo, contra la candidatura del excomisionado de la Policía Federal.
La carta está dirigida a la sociedad potosina y presenta algunos de los antecedentes que se narran en los párrafos anteriores. Reiteran que es indispensable ejercer un voto libre e informado.
“Ninguna persona con antecedentes que le relacionen a ejecuciones extrajudiciales, tortura, tratos crueles e inhumanos, deben ocupar cargos de poder publico. ¡Para servir y proteger, hay que respetar derechos humanos!”.
Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
