La aprobación de la Ley Olimpia el pasado 29 de abril significó una gran victoria para visibilizar la violencia digital que afecta, sobre todo, a las mujeres mexicanas. Ahora, las instancias encargadas de la procuración de justicia deben asegurar procesos eficaces y no revictimizantes para las mujeres que han sido afectadas por estas prácticas.
Desde la colectiva feminista Luchadoras agregan que, incluso, hay que tomar en cuenta otros procesos de justicia y reparación del daño más allá de la Ley Olimpia, que se apeguen a las necesidades de cada mujer.
Por Ximena Torres / @ximena_tra
Ilustración Las Revueltas
El pasado jueves 29 de abril la Cámara de Diputados aprobó la Ley Olimpia con 446 votos a favor y uno en contra. Las organizaciones y colectivas feministas que la impulsaron durante años celebraron lo sucedido como una victoria histórica, entre ellas el Frente Nacional para la Sororidad y la misma Olimpia Coral Melo.
Así como Flor Rodríguez, integrante del Frente, lo aclaró para ZonaDocs en noviembre de 2020, Ixchel García de la colectiva Luchadoras opina que la aprobación la Ley es un avance de suma importancia porque ayuda a visibilizar el tema de la violencia digital contra las mujeres.
“El hecho de que ya esté la violencia digital en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y como una violación a la intimidad en los Códigos Penales si es importante porque forma parte de esas opciones con las que pueden contar las mujeres. Que el tema haya tomado un lugar en la agenda pública ha sido, en gran parte, gracias a este impulso y esta adopción de la Ley Olimpia a nivel nacional” dice Ixchel.
La aprobación de las reformas, además, llega en el marco del confinamiento por COVID-19 y el consecuente aumento del uso de internet de entre 50 y 70% según ONU-MUJERES. En su reporte “Violencia contra mujeres y niñas en el espacio digital. Lo que es virtual también es real” la organización explica que en este contexto las plataformas se han vuelto sitios vulnerables para ataques cibernéticos, sobre todo contra mujeres. Eso quiere decir que, si antes de la pandemia 73% de las mujeres en el mundo habían experimentado algún tipo de violencia en línea, ahora el riesgo es mayor.
El motivo por el que aumentan los riesgos para ellas se debe a que las manifestaciones de la violencia en línea guardan una estrecha relación con el contexto de desigualdad estructural, discriminación, el patriarcado y la brecha digital de género.
Así se configura el caso de México y otros países, en donde los hombres son, en su mayoría, quienes diseñan los algoritmos y softwares con “importantes sesgos de género y la reproducción de roles y estereotipos”, aunque las mujeres representen la mayor parte de usuarias y usuarios de las redes sociales, de la telefonía en internet y de la publicación de contenidos.
¿Qué sigue?
Con la aprobación de la Ley Olimpia todos los estados del país tienen la obligación de homologar sus legislaciones. Sobre todo, las tres entidades federativas que hasta ahora no prohíben la violencia digital: Morelos, Nayarit y Tabasco.
Sin embargo, ante el sistema jurídico patriarcal mexicano que el Frente Nacional para la Sororidad y otras colectivas siempre han denunciado, ni siquiera la aprobación de las leyes en todos los lugares del país aseguran el acceso a la justicia y a la reparación integral del daño. La investigación “Justicia en trámite. El limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México” de Luchadoras da cuenta de ello.
“La respuesta institucional sigue siendo ineficiente para garantizar el acceso a la justicia en casos de violencia digital en México. Las instancias encargadas de la procuración e impartición de justicia están fallando, y es necesaria una acción comprometida de su parte” dice el informe.
A ello Ixchel García agrega que los procesos de denuncia son tardados, revictimizantes e implican costos económicos y emocionales para las mujeres, que en muchas ocasiones provocan el abandono de las denuncias.
Por tal motivo, el paso siguiente a la aprobación de la Ley Olimpia es la creación de protocolos multidisciplinarios de investigación, rutas de atención para que los procesos legales sean más efectivos y dignos, el registro de la violencia con el fin de ampliar el conocimiento sobre ella y la capacitación a personas juzgadoras en temas de tecnologías de la información.
Según Luchadoras, a eso se suman las diferentes necesidades y perspectivas de las mujeres sobre lo que significa la justicia y la reparación del daño. En la colectiva explican que no existe una solución única para la violencia digital, sino que hay diferentes caminos y materias del derecho como la educativa, civil y laboral, para atender la problemática.
“Es importante poner al centro lo que ellas mismas consideran que es idóneo para hacer frente a una agresión digital, y tomar acción a partir de sus propias determinaciones” incluyen en “Justicia en trámite”.
Las mujeres a quienes Luchadoras han acompañado incluyen, entre las alternativas de justicia, el derecho a la verdad sobre la identidad de las personas que las agredió, una disculpa pública por parte de ellos, una campaña de educación para que estas personas comprendan la gravedad de la violencia digital y los espacios que se construyen entre mujeres para saberse acompañadas.
También es importante responsabilizar a las plataformas digitales sobre la seguridad de sus usuarias y usuarios. Aunque algunas de estas empresas han mostrado interés en atender las violencias cometidas en sus aplicaciones, los procesos para eliminar contenido dentro de ellas son complicados y la mayoría de las veces no están traducidos al español.
En Luchadoras se ponen a la disposición de las mujeres que han vivido violencia digital para brindarles contención emocional, realizar el trámite para que las plataformas eliminen su contenido, para registrar la agresión y si desean llevar un proceso por la vía penal, para contactarlas con abogadas feministas.
Con todo ello buscan brindar todas las opciones posibles para que las mujeres accedan a la justicia dependiendo de la perspectiva que tienen de ella.
“Hay un debate muy importante en el feminismo sobre punitivismo o antipunitivismo. El problema es que, cuando polarizamos tanto el discurso sobre las leyes nos olvidamos de otras posibles soluciones. Es importante que haya acceso a toda la información, herramientas y opciones para que el camino que elija cada mujer sea el más digno”.
Es posible contactar a la colectiva feminista Luchadoras a través de sus redes sociales: @LuchadorasMX en Facebook y Twitter, @luchadoras.mx en Instagram; o al correo electrónico hola@luchadoras.org
Sobre la Ley Olimpia
El dictamen mejor conocido como Ley Olimpia y aprobado por la Cámara de Diputados hace algunos días, implica reformas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal.
En la Ley de Acceso se reconoce la violencia digital como “toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmite, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, aprobación o autorización”.
También, “aquellos hechos que le causen daño psicológico o emocional a las personas, en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia. Así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y/o dignidad de las mujeres, que se cometan por medio de las tecnologías de la información y la comunicación”.
Y, por último, se reconoce la violencia mediática como “todo acto a través de cualquier medio de comunicación, que promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres, que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida”.
En el Código Penal la reforma castiga el delito de violación a la intimidad sexual con una pena de tres a seis años de prisión y una multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización. Esto a quienes video graben, audio graben, fotografíen, impriman o elaboren, divulguen, compartan, distribuyan o publiquen imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad, sin su consentimiento, aprobación o autorización.
Herramientas para prevenir la violencia digital
En el foro “Violencia digital y Ley Olimpia ¿Cómo generamos espacios seguros en la virtualidad?” Organizado por el Comité Interdireccional para la Igualdad de Género de la universidad ITESO, Ixchel García hizo las siguientes recomendaciones para navegar en una internet más segura:
Administrar las configuraciones de las redes sociales para que, aun cuando las cuentas sean públicas, no todas las personas puedan acceder al contenido posteado.
Usar contraseñas seguras que no sean fáciles de asociar con los o las propietarias de las cuentas. Para ello se recomiendo no usar nombres, apodos o fechas de nacimiento y no usar la misma clave en todas las plataformas. Por el contrario, se aconseja que las contraseñas tengan al menos 16 caracteres y que incluyan letras mayúsculas, minúsculas y números.
Sobre los servicios de mensajería es importante analizar la plataforma a utilizar tomando en cuenta si esta ofrece autodestrucción de mensajes, si tiene cifrado de extremo a extremo, si puede bloquear las capturas de pantalla, si tiene herramientas para denunciar la pornografía no consentida y si es de código abierto, porque de esa manera no hay un fin lucrativo detrás. Las aplicaciones Signal y Wire se encuentran entre las más seguras.
Se sugiere respaldar los archivos digitales en un dispositivo externo como una memoria.
También es necesario utilizar la navegación privada y segura a través de buscadores confiables como Firefox o DuckDuckGo. Es preferible evitar el navegador de Google.
Por último, se recomienda negar que los buscadores guarden las contraseñas, borrar el historial de navegación y preferir la opción de “preguntar siempre” cuando una plataforma solicita permiso para usar la cámara, el micrófono o la geolocalización.
