Jalisco enfrenta una crisis medioambiental compleja, sin embargo, pareciera que la negación de observarla y combatirla como lo que es: una crisis, permite que siga agudizándose.
El cambio de uso de suelo, la toxicidad de los ríos, la escases de agua en ciertos municipios del estado durante meses, la migración y el desplazamiento interno forzado, son algunas de las consecuencias sociales y ambientales que actualmente enfrenta la mayoría de las y los jaliscienses.
Todos estos problemas son causados por el modelo de “desarrollo” que se ha sostenido en los últimos tres siglos, así como, por las políticas públicas y la legislación mexicana que ha impulsado la ejecución de megaproyectos nacionales y extranjeros, relacionados con infraestructuras de energía eléctrica, combustibles fósiles, maquiladoras, mobiliarias, mineras y productoras de alimentos.
Por ello, organizaciones como Friydays For Future (FFF) considera que el primer paso para combatir este escenario crítico ambiental, debe ser el involucramiento de todos los actores responsables, desde los tres niveles de gobierno, para regular la actividad industrial e inmobiliaria, que son las principales responsables.
De cara al proceso electoral 2020-2021, existe una oportunidad para exigir a los y las futuras funcionarias públicas, legisladoras y legisladores, que se comprometan a trabajar para dar una solución real y de largo plazo a la problemática medioambiental.
Por Samantha Anaya/@Sam_An16
Minería a cielo abierto y la toxicidad de su actividad
Entre enero de 2010 y diciembre de 2018 se concesionó el 15.9% (1´270,636.9 hectáreas) del territorio de Jalisco para la explotación minera. Con base en estos eventos, se calcula que para el 2030 la cantidad de territorio ocupado para esta actividad se incremente al 30%.
Carlos Chávez Reyes, presidente de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI), expone que la actividad minera que se lleva a cabo en el norte de Jalisco, precisamente en la comunidad Wixárica, genera enfermedades como cáncer, enfermedades cardiovasculares, neurotoxicidad y diabetes para la población que ahí habita. Esto se debe, advierte, a que la actividad minera en la zona “deja la tierra súper contaminada; queda un polvo muy fino… y ahora la gente va a comer y respirar arsénico, plomo, mercurio…”
En cuanto a los litros de agua consumidos por una sola minera, el Movimiento indígena del pueblo creyente Zoque por la defensa de la tierra y la vida, afirma que, en un minuto, consume 180 litros, en una hora 10 mil 800 y en un día 259 mil 200 litros. En 2010, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), anunció que cada persona debe disponer, al día, de entre 50 y 100 litros de agua. Esto quiere decir que cada día, tan sólo una minera, consume lo que le correspondería a 2 mil 592 personas.
Incendios: las acciones idóneas de los intereses inmobiliarios
Una de los problemas ambientales que se ha recrudecido en los últimos 30 años son los constantes incendios provocados en el Bosque La Primavera, Área Natural Protegida. De acuerdo con especialistas de la Universidad de Guadalajara (UdeG), el bosque ha sufrido más agresiones en los últimos 30 años que en todos los 140 mil años de su existencia.
Por su parte, el investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológico Agropecuarias (CUCBA), Arturo Curiel Ballesteros, considera que el desinterés colectivo por los constantes incendios al Bosque La Primavera se vincula con el interés particular para el beneficio económico de los cambios de uso de suelo, esto en relación a los intereses inmobiliarios.
Desde 2009, ante la débil defensa jurídica del bosque La Primavera, por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), se ha dejado en total olvido y descuido 53 hectáreas del área natural protegida (ANP).
De igual forma, en el Bosque del Nixticuil desde 2007 más de 320 incendios forestales han sido provocados. La brigada comunitaria del bosque señala en sus redes sociales que el registro anual de incendios les permite concluir que la mayor parte de los fuegos son provocados por intereses inmobiliarios.
Y estos intereses, no sólo son privados, el gobierno de Zapopan ha llevado a cabo desde el año pasado 2020, la construcción de un taller de maquinaria, para el que han retirado 12 árboles del área de conservación ecológica junto al Bosque del Nixticuil.
La contaminación del agua proporcionada por la actividad industrial
Las empresas Hershey’s, Honda y Nestlé (esta última, la cuarta empresa, a nivel nacional, que más litros de agua extrae anualmente, con un total de 9 mil 778 millones 692 mil 000 litros), se encuentran entre las 29 empresas que más contaminan el Río Santiago, al descargar aguas residuales que incumplen con los parámetros que marca la norma.
La mayoría de las empresas que más sustancias tóxicas arrojan al río se encuentra ubicadas en el corredor industrial en el municipio de El Salto, el cual es el segundo corredor más importante de México. La licenciada en biología, Graciela González, denuncia que la continua explotación de los recursos naturales, la construcción desmedida de fraccionamientos (contaminación doméstica) y la mala gestión del Estado han provocado una “devastación y muerte sistemática”.
Entre las consecuencias que afectan la salud de las comunidades que viven en esta misma área está el “tener que aguantar olores nauseabundos, deforestaciones masivas y el ver nuestros medios de subsistencia extintos”, sentenció Graciela González.
La contaminación del Río Santiago también afecta al Lago de Chapala (principal fuente de abastecimiento de agua de la Zona Conurbada de Guadalajara), pues el cauce del rio desemboca en este cuerpo hídrico.
¿Qué se debería hacer de acuerdo con las organizaciones y la ciudadanía?
Especialistas y personas de la sociedad civil que viven directamente las consecuencias del maltrato al ambiente en el estado y el trabajo de defensa del territorio y la vida, comparten algunos de los temas que deberían encontrarse en las agendas políticas de las y los candidatos a puestos públicos durante las elecciones 2020-2021.
De acuerdo con el Banco Mundial, en el mundo hay alrededor de 370 millones de personas indígenas en más de 90 países, lo que constituye el 5% de la población mundial. Son ellas y ellos quienes protegen el 80% de la biodiversidad que aún queda en el planeta. Por ello, es necesario diseñar políticas ambientales que tomen en cuenta a las comunidades y pueblos originarios.
Manual Jacobo, periodista y comunero de Mezcala, considera que, antes de proponer acciones para combatir la crisis ambiental, se requiere hacer un mapa de los territorios, para así determinar cuáles son las necesidades de cada lugar, para observar si la propuesta presentada es la indicada. Acto seguido, se debe observar si ésta incluye a los habitantes, “porque de lo contrario de poco sirve, porque lo que busca, más bien, es ganar votos”.
De igual forma, señaló que el otorgar apoyos y subsidios económicos “no sirve de nada”, sino que, por el contrario, vuelve a las comunidades dependientes del Estado, “(creen que) no sabemos pensar, y que es la clase política la que debe pensar por nosotros”.
En cuanto a las acciones que el Estado debe de tomar en contra de las empresas que dañan el medioambiente, el comunero afirma que no sólo se les debería de multar, sino también obligarles a resarcir el daño generado y a cerrar las plantas de quienes recurran a estas prácticas.
Asimismo, Jacobo precisa que, antes de instalar un corredor o una empresa, “se debe consultar a los habitantes, ofreciéndoles la información oportuna de los daños futuros que estas pueden generar con sus diversos ángulos”.
Por su parte, Rocío Moreno, historiadora y comunera de Mezcala, considera que mientras ningún gobierno regule a la industria en todo el país, no se generará un cambio efectivo para subsanar la crisis ambiental, pues es ésta la raíz del problema.
“Los inmobiliarios y los empresarios tienen a sus órdenes al gobierno, son intocables. Estos partidos están ya rebasados: tienen que estar involucrados los tres niveles de gobierno, tienen que coordinarse, si no, no se puede hacerse un trabajo serio alrededor de la crisis ambiental. Sin embargo, estamos lejos de eso”.
Aunado a ello, la inacción de los tres niveles de gobierno da cuenta de que “las promesas hechas en cada campaña quedan en sólo palabras”.
En cuanto al saneamiento del Río Santiago, (mencionado desde hace décadas en las propuestas de campaña, aunque sin llegar a materializarse), Moreno denuncia que “la única forma de salvar al Río Santiago, y de salvar la vida de los pobladores que viven en las orillas, es si tan sólo se deja de contaminar, de arrojar residuos tóxicos; no se requiere de infraestructura, que es lo que han estado haciendo”. Y, ¿cuál es la única forma de dejar de arrojar residuos tóxicos en el rio? Regulando a las industrias que lo hacen, afirma.
En contraste, Arlene Valle, de la organización Friydays For Future (FFF), añade que, antes de escuchar a “personas que vengan a decirnos qué es lo que necesitamos, debemos de, como comunidad, ver cuáles son las necesidades más urgentes que tenemos, cuáles podrían ser algunas soluciones, ver si tiene cabida”. Y para que esto sea efectivo, advierte “las y los candidatos deben de estar dispuestos a escuchar” tanto a las organizaciones de la sociedad civil, como a la ciencia y sus especialistas.
No obstante, la integrante de FFF cuestiona la manera en cómo han sido implementadas las sanciones contra quienes atentan contra el medioambiente:
“Nos dimos que cuneta que las sanciones de los delitos ambientales no estaban tan a la mano de la ciudadanía y no existen organizaciones que se encarguen de hacer valer las leyes ambientales, porque todo recae en los juzgados. No se le está dando una visión integral al proceso de ejecución de estas sanciones”.
Por ello, agrega que se requiere establecer sanciones justas y adecuadas, que vayan de acuerdo con el daño que generado:
“Dales un sentido de justicia y no sólo ponerlas por complacer, y además que haya más transparencia en este tipo de sanciones, que vayan más allá de lo económico, que se brinde protección a esta zona. Algo para que se piense más en el ambiente, y no en el bolsillo del Estado”.
Habrá que advertir que México subió del lugar 130 al 124 en el índice de percepción de corrupción. Por ello, expresa Rocío Moreno “las empresas son intocables, porque el Estado las solapa”.
¿Qué proponen los partidos políticos?
Las personas entrevistadas coinciden en que las propuestas que los partidos políticos hacen sobre el medioambiente son genéricas: “sanear el agua y reciclar, eso lo escuchamos siempre”, expresa Arlene Valle. Por otro lado, también expresan que es preocupante que algunos partidos ni siquiera contemplen este problema. Manuel Jacobo, por su parte, señala que la ciudadanía debe dejar de pensar que la solución va a venir de algún partido, pues desde que existen “sólo han actuado en su beneficio”.
“Consideramos que todos los partidos, en conjunto, lo están haciendo pésimo, porque no la ven como una crisis. Nos preocupa que se vaya a seguir con estas prácticas negacioncitas, de que la crisis climática no está, de no apoyar a la ciencia, a las comunidades. Muchos sólo dicen algo por llenar un documento. La necesidad pega tanto en este estado que nos parece increíble que algunos candidatos no tengan esas propuestas”, cuenta Arlene.
Su perspectiva no está muy alejada de la realidad, pues dos de los partidos políticos (Fuerza por México y Somos), de los 13 partidos que compiten en las elecciones 2020-2021, no contemplan entre sus propuestas alguna concerniente a la crisis ambiental. Respecto a los que aseguran que sí tomarán acciones al respecto, se encuentran las siguientes iniciativas,
- El Partido de Acción Nacional (PAN) propone una actuación conjunta entre los tres niveles de gobierno, además de escuchar a las comunidades.
- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) aunque pareciera reconocer la problemática, en su plataforma electoral, no ofrece una propuesta de cómo podría ser intervenido.
- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) asegura que fortalecerá el marco de las dependencias competentes y con las organizaciones encargadas de la aplicación y ejecución de la normatividad ambiental.
- El Partido del Trabajo propone elaborar un Plan Nacional de Protección y Mejoramiento Ambiental.
- Por su parte el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) propone otorgar subsidios económicos al campo.
- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propone un “Día de trabajo en Casa”, de acuerdo con el partido se logrará incrementar la productividad laboral y disminuir las emisiones móviles, pero sólo será para aquellos empleos que se puedan realizar desde casa. Entre otras cosas, asegura que transformarán la basura en energía, el tratamiento de aguas residuales, la prohibición de delfinarios, “espacios dignos para los animales en venta”, pero no su prohibición, el aprovechamiento de las energías limpies accesibles, educación ambiental, acciones para la buena calidad del aire y financiamiento para el medioambiente. No obstante, olvida advertir cómo logrará hacerlo.
- Movimiento Ciudadano propone asignar recursos suficientes para financiar los programas y proyectos ambientales e implementar sanciones ejemplares contra quienes atenten contra el medio ambiente.
- El Partido Encuentro Social (PES) presenta a la sustentabilidad como la única opción para reducir y frenar el cambio climático y todas sus consecuencias, pero no se señala concretamente las acciones a desarrollar para su ejecución.
- Hagamos enfatiza la necesidad de prestar atención en el crecimiento urbano.
- Futuro propone modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía para crear una Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y aumentar las penas contra quienes dañen el medioambiente.
- Y el partido Redes Sociales Progresistas (RSP) propone reorientar los patrones de producción y consumo hacia actividades económicas necesarias para la mitigación y adaptación al calentamiento global.
Quien resulte electa o electo para ocupar la gubernatura de los municipios o los escaños del poder legislativo tendrá que reconocer que el estado enfrenta una crisis ambiental. A ello, se suma la necesidad de desarrollar un trabajo coordinado entre dependencias, instituciones, niveles y poderes de gobierno para garantizar que la legislación mexicana realmente sancione a las empresas que contaminan el aire, el agua y el suelo.
Sobre todo, afirman las y los defensores y activistas, para que Estado deje de solapar los delitos ambientales que se cometen y se escuche a las comunidades y pueblos originarios quienes resultan más afectadas y vulneradas frente a la crisis.
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