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Además del riesgo de salud que conlleva enfermar de covid, los despidos y la dificultad para encontrar un nuevo empleo se perfilan como una de las secuelas más difíciles para quienes lo contraen, a pesar de que la Procuraduría Federal del Trabajo tiene programas de asesorías, lo hecho resulta insuficiente ante la ola de despidos
Por Arturo Contreras Camero / Pie de Página
Fotos: Isabel Briseño
Omar trabajaba en el hospital ABC, era médico dictaminador para una empresa de seguros, hasta que enfermó de covid. A las pocas semanas la empresa cortó, de tajo y unilateralmente, todo tipo de relación con él. Casos como el suyo se repiten por los miles; filas de trabajadores que después de contrarer el nuevo coronavirus fueron sujetos de discriminación laboral.
Como el de Omar, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador (Profedet) atendió cerca de 12 mil casos parecidos desde que inició la pandemia, la mayoría registrados entre abril y junio de 2020.
Todos esos casos se atendieron a través del sitio en línea que crearon especialmente para atender despidos injustificados y pagos detenidos por la pandemia, sin embargo, el titular de la Profedet, Luis Enique Solorzano Espinosa, no cree que la emergencia sanitaria haya provocado un nuevo paradigma en la violación de derechos laborales de las personas.
“Si ha afectado, eso no lo puedo responder, nosotros en la Procuraduría defendemos trabajadores, esa es la actividad que tenemos, lo que ha pasado con la situación de la emergencia nos ha permitido tener una mejor forma de atender a los trabajadores, no solo presencial sino a través de asesorías telefónicas y por correo”, asegura en entrevista telefónica.
A esta tarea se ha dedicado buena fuerza del personal de la Procuraduría, que nunca cerró sus puertas, a diferencia de la Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, que durante los la pandemia dejaron de resolver casos de desencuentros laborales entre empleados y patrones. No obstante, podría no ser suficiente.
Durante el primer pico de la epidemia, entre mayo y junio de 2020, casi 100 mil personas acudieron de forma presencial a la Profedet por casos parecidos.
Si bien por motivos de la pandemia la Profedet atendió 20 mil casos, sólo logró una resolución favorable en 23 de ellos, y abrió 68 juicios más. Pero tan sólo en abril de 2020 más de 12 millones de personas perdieron su empleo en México.
“A mí me dio covid en noviembre; como secuela me quedó fibrosis en el pulmón derecho. Tuve neumonía, tuve incapacidad por tres meses, y cuando llegó el tiempo, no querían que me reincorporara a mis labores. Finalmente me reincorporé y, a partir de entonces, me estuvieron presionando, me hostigaban, me ponían más trabajo, yo quería que entendieran que yo no podía trabajar tanto, que me costaba mucho, pero en vez, me ponían más”, relata Omar en una entrevista telefónica.
Según cuenta, su contagio tuvo que ver con el hostigamiento y acoso laboral del que fue objeto desde meses antes, cuando su jefa se enteró de sus preferencias sexuales.
“Mi jefa es medio espantadita, yo no lo ando diciendo al mundo, pero tampoco lo escondo cuando me lo preguntan, se enteró por alguna razón y empecé a tener problemas con ella. Me hicieron un chisme, me difamaron”.
Poco después de esto, a Omar se le enterró una astilla en el dedo y se le infectó todo el brazo.
Espantado, fue al hospital, donde recibió el diagnóstico de una enfermedad que afecta su sistema inmune. Para el diagnóstico tuvo que tomarse tres días laborales, los cuales solicitó como parte de sus derechos, pero le fueron negados y se le descontaron. Desde ese incidente, la jefa de Omar le pidió que firmara su renuncia. Él se negó. “Está bien, si no quieres, te vamos a despedir de manera justificada”, le amenazaron.
Tiempo después, en medio del hostigamiento laboral que le imponía jornadas extenuantes, la depresión que le provocó el diagnóstico previo y la condición del mismo Omar enfermó de covid.
“En mi área trabajamos tres médicos y yo; mis dos compañeros fallecieron de covid”, narra.
Tres semanas después de que Omar se recuperó, cuando intentó retomar sus labores, se dio cuenta que la misma empresa le había bloqueado el acceso a las herramientas de trabajo.
“Me quitaron el acceso al sistema, estuve mandando mensajes de por qué ya no me dejaban entrar, hasta que un día me dicen ‘comunícate con el abogado’. Me comunico, y me dijo que yo ya no laboraba en la empresa, por teléfono”.
El caso de Omar resume una realidad característica de la precarización laboral en México, que se recrudeció con la pandemia: en el país las condiciones de salud, de género y el embarazo son las principales razones de exclusión laboral, según datos de 2019 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Conapred.
El abogado egresado de la UNAM asegura que sus padres han sido su principal motivación para seguir adelante, pues ambos dependen de él económicamente.
Prohibido enfermarse
Desde antes del primer pico epidémico en el país, en mayo del 2020, muchas empresas empezaron a recortar sus plantillas laborales. Cuatro de cada 10 compañías en México ya lo habían hech, según una encuesta realizada por la Confederación de Cámaras Industriales de México, la Concamin.
Muchas de estas empresas, de por sí, ya contaban con esquemas en los que los derechos laborales eran menos que una ilusión. Como la empresa en la que trabajaba Norberto, abogado especializado en el sector de la construcción, a quien después de casi cinco años de labor en la Constructora Sicim nunca le entregaron un contrato definitivo.
“Es la sede de una constructora italiana basada en México, te contrataban por outsourcing, uno no estaba dado de alta ante el IMSS. La empresa se asesoró bastante bien para hacer las cosas mal. Su centro de trabajo estaba en Guadalajara y la empresa que nos contrataba estaba en San Luis Potosí y no declaraba al seguro lo que nos pagaban a nosotros”, cuenta sobre sus condiciones.
Norberto.
Poco después de empezar la pandemia, las órdenes de la empresa fueron estrictas:
“‘Nadie puede dejar de venir a trabajar, se tienen que hacer guardias’. Eso nos dijeron, a pesar de que era una empresa no esencial. Incluso buscaron una manera de solicitar una carta del presidente de la empresa para no parar las funciones”.
Norberto enfermó en julio del 2020, según cree, por compartir la oficina con muchos de sus compañeros que no pudieron dejar de trabajar. Junto con él, enfermó el resto de su familia.
“Nos enfermamos en julio. Mi papá tuvo secuela en un pulmón, mi mamá tuvo un shock hipovolémico, que da por el uso de anticoagulantes, provoca un sangrado interno, que si no encuentra cómo salir, puede provocar el ahogamiento, pero no pasó a mayores”.
Cuando Norberto enfermó, seguía asistiendo a la oficina, por orden de sus jefes. Al tener síntomas, él mismo se realizó una prueba, no la empresa. Cuando conoció el resultado, preguntó si debía pedir una incapacidad en el IMSS, y la respuesta fue contundente.
“Regresé para el 6 o 7 de octubre, que me pidieron que fuera a presentar mi estudio de laboratorio de covid. Entonces el gerente de recursos humanos me dijo: ‘Qué bueno que estás aquí, déjame darte tu finiquito’. Yo no sabía que desde el momento en que notifiqué que me sentía mal para ellos fui una baja definitiva. Solo que se esperaron una semana para correrme. La empresa continúa operando así, según me dicen. Hicieron llegar una circular que decía que al primer síntoma, sea Coronavirus o no, están dados de baja de la empresa”.
Omar no recibió su última quincena. Actualmente batalla para pagar el tratamiento de sus enfermedades, pues de un día para otro se quedó sin trabajo. Norberto, por su parte, ya no cree en la sensibilidad o en la comprensión de las empresas. “Ninguna persona está exenta de este virus, y los trabajos no entienden. Deberían ser más empáticos y comprensivos”.
¿Qué hacer en caso de emergencia?
En caso de que una persona decida terminar su relación laboral por propia cuenta tiene derecho a recibir una parte proporcional de su aguinaldo, el pago de sus vacaciones así como de la parte proporcional de su prima vacacional; una prima de antigüedad, si tiene al menos 15 años de antigüedad y la cobertura de sus prestaciones laborales.
En caso de que se produzca un despido injustificado, el trabajador tiene esas mismas prestaciones. También, tres meses de salario por concepto de indemnización constitucional.
Si usted necesita algún tipo de orientación, puede comunicarse al: 01 800 911 7877 o solicitar información al correo: orientacionprofedet@stps.gob.mx
También puede emitir denuncias a través de este sitio: https://procuraduriadigital.stps.gob.mx.
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Este texto se publicó originalmente en Pie de Página:
https://piedepagina.mx/discriminacion-laboral-otra-secuela-de-la-covid/
