La concepción de la policía como enemiga de la sociedad civil, ha estado íntimamente relacionada con la resistencia de los partidos en el poder dentro de los gobiernos de los países latinoamericanos, quienes buscan conservar y mantener intacto el “Statu Quo”. Esta idea, a su vez, se sustenta en la criminalización de ciertos sectores de la sociedad que son objeto de represiones sistemáticas en medio de un contexto de violencia y demandas ciudadanas de “seguridad”.
Estas y otras reflexiones estuvieron presentes en la mesa “De la seguridad pública a sociedades más pacíficas” del Congreso Internacional: procesos de transición entre violencia y paz en América Latina, organizado por el Laboratorio de conocimientos Visiones de Paz: transiciones entre paz y la paz en América Latina, del Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales (CALAS).
En el segundo día de estos diálogos académicos, se abordó a profundidad la investigación Sergio Rojas, Violencia policial en democracia, con la intervención y las reflexiones de las y los investigadores del laboratorio: Gabriel Feltran (Brasil/Alemania), Roberto Briseño (Venezuela), Camila Braga (Brasil) y Rafael Cantizani (España).
Por Samantha Anaya/@Sam_An16
Violencia policial en democracia, es la investigación de Sergio Rojas, doctor en literatura y profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. En este trabajo, que fue presentado en el marco de la mesa de diálogo “De la seguridad pública a sociedades más pacíficas” del Congreso Internacional: procesos de transición entre violencia y paz en América Latina, el investigador aborda el caso chileno, reconociendo que los contextos de represión y violencia de parte de los elementos de seguridad están presentes en el resto de los países latinoamericanos.
A decir del también filósofo, en la actualidad, uno de los principales problemas que enfrentan las sociedades latinoamericanas es “el sentimiento de impotencia ante los procesos de pacificación violenta”; es decir, a través del uso de las fuerzas policiales. Y es que, explica que más allá del desinterés, indiferencia y/o ignorancia de parte de las personas que viven en medio de estos contextos: “muchas veces ocurre que las cifras, con el propósito de informar y de conmover, traen ese sentimiento de impotencia”.
Aunado a ello, agregó, el mundo tiene una percepción negativa respecto a la policía uniformada, esto por los múltiples casos de “violencia represiva despiadada” sobre la ciudadanía.
Para ejemplificar esta situación (y desde el contexto más inmediato al investigador), Rojas expuso el caso de Chile y los hechos del 18 de octubre de 2019, donde las fuerzas policiales actuaron con un grado de violencia “completamente inédita” en contra de ciudadanas y ciudadanos que manifestaban su inconformidad y rabia frente a las decisiones del presidente Sebastián Piñera y el contexto de desigualdad económica de aquel país:
“Cuando la policía actúo con un grado de violencia completamente inédita en Chile. Lo que quiero subrayar con el adjetivo ‘inédito’ es que esta situación fue una sorpresa, por lo que cuestiono ¿cómo es que surge este grado de conciencia, respecto a una historia de la violencia que pone en cuestión una idea de cierta forma naturalizada, en un país con una historia que la tiene como parte de su consolidación, la cual no deja de lado la violencia sistemática?”
Para Rojas la cuestión principal a resolver es cómo, a partir de un determinado momento, la ciudadanía dejó de ver de forma normal la extrema violencia cometida por la policía, y más aún ¿por qué la policía actuó/actúa de esa manera en un régimen democrático? Para poder responder a estas interrogantes, es necesario comprender y tomar enserio la confianza que le otorga la ciudadanía a las fuerzas del orden, manifestó Rojas.
Según señala el investigador, la violencia policial instituida o naturalizada en un régimen democrático se relaciona internamente, no sólo circunstancialmente. Con una crisis de la democracia misma, se desencadena una reacción inevitable en el violento accionar de la policía, lo que plantea la necesidad urgente de un proyecto de restructuración de la institución policial.
Por otro lado, uno de los problemas que enfrentan las corporaciones policiacas (y que deben de ser corregidos) es su carácter militarizado; además de la existencia de dos escalafones muy diferenciados al interior de la carrera (oficiales y suboficiales), cuya distinción de clases muy significativa, y se conjuga con un alto nivel de centralización, explicó Rojas.
El investigador asegura que los problemas al interior de las instituciones policiales –y que se manifiestan en su exterior- no tienen que ver con la preparación y la capacitación de sus agentes, ya existen “policías muy bien entrenadas y son estas también las más violentas”.
El doctor Rojas también precisó que, para entender este problema desde el ámbito y la esfera social, es importante, en el caso de Chile, preguntarse cómo es que se produce en la ciudadanía un drástico cambio en la percepción y la valoración del accionar policial entre los años 2015 y 2019.
Rojas explicó que en 2016 la policía de Chile era una de las mejores evaluadas del continente, “siendo una de sus características la positiva evaluación ciudadana”, por lo que, los hechos de octubre de 2019 sorprenden y queda la pregunta, entones, ¿qué sucedió?
“En 2016 se indicó que la policía de Chile era de las mejor evaluadas en el continente, la que les valoraba con un alto nivel de confianza. Se trata de una aseveración que hoy sorprende en Chile, no sólo por la situación que se ha vivido desde octubre de 2019, sino también porque esta percepción positiva existía hasta hace sólo 4 años”.
En cuento a la “reciente” percepción negativa que rodea el actuar de la institución policial en Chile, el investigador agregó que fueron las múltiples actitudes de discriminación hacia varios grupos de la población (migrantes, clase baja, personas de la comunidad LGBTTTIQ+) lo que abonó a este escenario. Sin embargo, Rojas también sentenció que estas ideas tienen sus raíces en la misma sociedad, a partir de la criminalización hacia estas personas “diferentes” que “representan una amenaza para el orden social”, sustentado por prejuicios hacia ciertos sectores considerados como “proclives para cometer algún delito”.
Estas “ideas” advirtió el investigador, “ayudan a justificar y avalar un comportamiento policial más violento hacia algunos sectores de la sociedad”.
El mal menor
Otra de las reflexiones compartidas por el Rojas fue el llamado “mal menor”, el cual se refiere al costo social y a los daños colaterales, expresiones que suponen una desigualdad ya existente de derechos y oportunidades, que no son “posibles de corregir en el marco de una decisión urgente”, por lo que son aceptados a priori como una distribución desigual de los costos.
En el caso chileno, señaló, fueron los planes de salud, educación y jubilación de un amplio sector de la población que se sostenía/sostiene precariamente, además de con un alto nivel de endeudamiento. En contraste a esta realidad un sector de la ciudadanía que exige mayor resguardo policial, a causa del supuesto aumento de la delincuencia.
La política del mal menor no es solo un cálculo político entre mayorías y minorías, tampoco es una evidente falta de humanismo. La política del mal menor corresponde a una aritmética de la violencia de baja intensidad, en la que, a dicha política, le sigue un régimen de invisibilidad de grandes grupos humanos, cuya situación de vulnerabilidad no es el resultado de acciones ineficientes, sino un factor estructural, manifestó Rojas.
La violencia estructural ejercida contra ciertos grupos de la población que se criminalizan por “atentar contra el orden social”, comienza desde “la implantación del ‘modelo’ económico y político neoliberal”. En ese sentido, advirtió que se refiere a un modelo porque se manifiesta como un conjunto de ideas, “las cuales fueron implementadas por décadas desde la dictadura de Pinochet”.
A raíz de este clima de violencia, se genera/generó un sentimiento de incertidumbre y a su vez “personas hambrientas de seguridad”, cuyos comportamientos arraigan ideas clasistas, racista, homofóbicos y xenofóbicos sustentadas por el miedo a que sea alterado el orden social, “por lo que se exige un aumento de la presencia policial por parte de ciertos grupos de la población”.
Por ello, el investigador explicó que el ámbito en el que se puede ver reflejada la criminalización naturalizada en la sociedad es en las cárceles, vistas como “las formas dominantes de castigo”. Sin embargo, estas formas dominantes de castigo “van dejando de ser la solución al problema del crimen y comienzan a ser parte del problema de la violencia”.
Para concluir su intervención, el Rojas advirtió que el orden social ya no puede definirse por la sobreposición de la paz frente a la violencia, sino por una violencia administrada sin interrupción y que siempre es justificada en nombre de la paz:
“Violencia reaccionada (que no se limita al accionar de la policía en nombre del orden público) consiste en el mantenimiento de la legalidad misma, esta como régimen de desigualdad. La policía reacciona contra quienes se consideran enemigos del orden público, pero también del orden social (status quo)”.
“Búsqueda de seguridad y la reafirmación de jerarquías sociales”
Siguiendo al investigador Sergio Rojas, Gabriel Feltran, doctor en ciencias sociales y profesor del departamento de sociología y coordinador del posgrado en sociología de la Universidad Federal de San Carlos (UFSCar) añadió que el perfil de lo que socialmente se entiende por “criminal”, se concentra en la población que vive mayormente en los barrios bajos, en las favelas y en las periferias de Brasil, tal y como ocurre en el resto de América Latina:
“El perfil de quienes ocupan las cárceles atiende al proceso de jerarquización social y segregación de un grupo específico, el cual es considerado enemigo interno de la democracia y del orden”.
Al respecto y desde el caso brasileño, Feltran compartió los resultados obtenidos en su investigación Violencia policial y mercados ilegales, en la que retrata el perfil de un chico de 18 años que pertenece a un sector de la población socioeconómico bajo, y quien se dedicaba a robar automóviles.
Las acciones delictivas de este joven le permitían a llevar una vida, económicamente hablando, “medianamente aceptable”. Sin embargo, el dinero obtenido por la agencia de seguros con la que contaba el dueño del vehículo, el dinero obtenido a partir de la subasta ilegal de autos de lujo y las acciones posteriores cometidas a partir del robo de automóviles, dejan entrever, en palabras de Feltran, que, incluso dentro de todos los actores que participan en la ejecución de actividades delictivas, quien podría llegar a ser juzgado y condenado es este joven, pues cuenta con las características que se le suele adjudicar a un criminal.
El orden imperante en los Estados latinoamericanos y en sus sociedades
Por su parte, Roberto Briseño-León, profesor titular de sociología de la Universidad Central de Venezuela y fundador del Observatorio Venezolano de Violencia, señaló que, además de las reflexiones y cuestionamientos planteados por Rojas, otro punto importante a considerar es ¿qué es lo que pasaba en Chile (y más específicamente con la policía chilena) en 2019, para que tuviera los mejores niveles de evaluación de todas las policías de América Latina? Para hallar la respuesta, Briseño aseguró que es necesario buscarla en los contextos sociales, ya que es donde la policía despliega sus acciones:
“La policía actúa contra los ladrones porque respeta un orden donde se enfatiza el respeto a la propiedad privada; actúa contra los homicidas porque se respeta un orden donde se le debe respeto a la vida. La policía lo que busca es proteger el orden. Por eso, para entender y limitar la actuación de la policía, uno debe de pensar en conceptos que de manera simple puedan entender el cambio social que incesantemente se trata de evitar”.
En contraste, Camila Braga, investigadora posdoctoral en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Sao Paulo, enfatizó que la representación de la policía como “los protectores de un forma de vida, de un orden político, económico y social”, contribuye a construir la manera en cómo los integrantes de este orden perciben a sus otros:
“La paz se pensó como un proyecto liberal. Sin embargo, dentro de las modernas democracias liberales se esconde el efecto ordenante de la violencia en su pasado, y que como efecto se incluye a unos y se excluye a otros, creando otros tipos de fronteras y construcciones del espacio. Por ello se debe pensar en otras geografías, para una correcta pacificación”.
Finalmente, el doctor en historia de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Rafael Cantizani, señaló que, así como en Chile, en España se ha presentado a la policía como actores en pro de la ciudadanía. No obstante, la realidad es que “esta idea del posicionamiento de la ideología de derecha, del conservadurismo, y sobre todo ahora con el fenómeno Trump, vemos a gente en el poder con una ideología fascista”. Por ello, consideró necesario repensar en nuevas estrategias desde diversas latitudes:
“Se vende como la fuerza de seguridad pública del Estado, pero a fin de cuentas el Estado es la suma de todos los individuos, por lo que su labor debe ser en pro de todas las personas. Sin embargo, vemos lo opuesto, así como una alta fidelidad al partido político que está gobernando”.
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Durante los próximos días y hasta el 30 de abril se presentarán en el “Congreso Internacional: Procesos de transición entre violencia y paz en América Latina” ponentes originarios de México, Colombia, Costa Rica, Argentina, Guatemala, Alemania y más países, para reflexionar sobre las transiciones de paz en países Latinoamericanos.
Este evento es organizado por el Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales (CALAS) entre otras instituciones colaboradoras.
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