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Activistas piden a la Cámara de Diputados que apruebe la reglamentación que impide la venta dentro y fuera de instituciones educativas antes del regreso a clases.
Por Kennia Velázquez / PopLab
Ilustración: PopLab
Para el regreso a clases de niños, niñas y adolescentes se debe garantizar que encuentren una escuela saludable, no sólo desinfectada para evitar contagios del virus SARS-CoV-2, sino también de aquellos productos que dañen su salud, como la comida chatarra.
Después de un año sin asistir a las instituciones educativas y con las limitaciones de la educación a distancia, hay una urgencia porque niños y niñas regresen a las aulas para reducir el impacto en su educación. Pero, “es fundamental que el regreso a clases cuente con entornos propicios para fortalecer su sistema inmune, y para prevenir enfermedades no transmisibles. La pandemia nos ofrece una oportunidad para replantear los espacios como promotores de salud, incluyendo las escuelas”, dice la coordinadora de Contrapeso, Ana Larrañaga.
El 11 de febrero fue aprobada por unanimidad en el pleno del Senado la iniciativa que reforma el artículo 75 de la Ley General de Educación, para que estudiantes de educación básica tengan acceso a alimentos sanos dentro y fuera de las escuelas. La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados, donde ya fue aprobada de manera unánime por la comisión respectiva, por lo que organizaciones de la sociedad civil demandan que se discuta en el pleno para que sea aprobada antes de que niños y niñas regresen a las escuelas.
Los colegios, lejos de ser un espacio que promuevan y garanticen la alimentación saludable, se han convertido en ambientes obesogénicos que ponen en riesgo el derecho a la salud de las personas menores de edad que acuden a clases aún y cuando hay una regulación para la comercialización de productos ultraprocesados y refrescos.
Larrañaga dice que “las escuelas deberían ser espacios libres de productos chatarra y hay que aprovechar las horas que pasan ahí para que aprendan, más allá de las nuevas materias de nutrición debe haber congruencia en ese espacio”.
Por la salud de niños y niñas es fundamental que las escuelas deje de ser espacios obesogénicos. Foto: Unicef.
Liliana Bahena, coordinadora de la campaña sobre entornos alimentarios escolares en El Poder del Consumidor, explicó que el reglamento actual “es una política en papel, porque realmente no se está llevando a cabo. En las escuelas que nosotros visitamos el 51 por ciento del total de la venta es de productos ultraprocesados, el 63 por ciento de las bebidas que se ofertan son azucaradas”.
Y por otro lado, “la disponibilidad de frutas y verduras para consumo es muy limitada, sólo se venden en un 4.3 por ciento”, dice Bahena, quien además reporta que aunque la ley general de salud prohíbe la publicidad de productos chatarra en las escuelas está presente en el 55 por ciento de las instituciones.
Por si fuera poca la exposición que viven niños y niñas al interior de los espacios educativos, al salir se encuentran entre 3 y 8 puestos que venden ultraprocesados.
“En una jornada de estudios tiene un consumo promedio del 70 por ciento de las kilocalorías diarias”, señala la nutrióloga.
El interés superior de la infancia por encima de la industria
México tiene una de las tasas de prevalencia más altas en el mundo de sobrepeso en menores de edad con el 35 por ciento. Durante el confinamiento, incluso los bebés de 6 meses en adelante tomaron refrescos. Más de la mitad de las personas menores de edad suelen consumir de manera regular alimentos no recomendables, según la Encuesta Nacional de Salud 2018.
Por eso Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México dice que:
“es obligación del Estado Mexicano garantizar la salud de niños y niñas en los establecimientos educativos, la evidencia científica ha mostrado el daño en el consumo de bebidas azucaradas y de alimentos chatarra, entonces es una contradicción que en las escuelas públicas y privadas se les venda eso que les hace daño”.
El activista responsabiliza a la industria, por su:
“ambición por ganar dinero a toda costa sin tomar en cuenta la salud de los consumidores. Esta lucha se está dando para que la industria cambie su modelo de negocios hacia una lógica más saludable y no tenga a la infancia como ahora con esos niveles de obesidad y sobrepeso, que provoca afectaciones a su salud y sus proyectos de futuro quedan truncados”.
Se pretende enseñar a niños y niñas a consumir alimentos locales y saludables para mejorar su nutrición. Foto: FAO
Cambios a la ley
En el estudio Cambios en sobrepeso y obesidad en escolares mexicanos se considera a la escuela como “una ventana de oportunidad para la prevención y el combate de la grave epidemia de obesidad que afecta a la población mexicana”. Y alerta que el sobrepeso y obesidad “en escolares mexicanos es un problema creciente que requiere acciones de gran magnitud”.
Desde hace más de una década han implementado regulaciones a la venta de comida chatarra que han resultado insuficientes. Basta recordar cuando la secretaria de educación en el sexenio de Felipe Calderón, Josefina Vázquez Mota, declaró que la solución a la obesidad no era prohibir sino enseñar a comer, mientras firmaba convenios con refresqueras para que realizaran eventos deportivos en las escuelas.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto la estrategia para combatir la obesidad y el sobrepeso fracasó al no haber coordinación en el seguimiento de las políticas al interior de las escuelas y la intromisión de la industria en la toma de decisiones.
La minuta que está por ser discutida por los diputados busca llenar los huecos que han impedido su funcionamiento. Por ejemplo, precisa que las autoridades educativas deben atender los criterios nutrimentales y normas oficiales expedidos por la Secretaría de Salud, para contribuir a una adecuada alimentación en el ámbito escolar. Amplía el concepto de autoridades correspondientes a todos los niveles de gobierno y a las autoridades educativas. También propone recuperar las tradiciones culinarias y preparaciones locales de cada región.
“En el pasado hemos tenido lineamientos muy malos como los que permitían la micro chatarra, luego los lineamientos mejoraron. Pero lo que ha hecho falta es la fuerza en la aplicación y tener un responsable claro de quién va a hacer la vigilancia y tener claro cómo se va a sancionar. Pero también cómo incentivar, porque sabemos que muchas escuelas que venden estos productos lo hacen para conseguir recursos poniendo a la venta cualquier producto y esto pone en jaque la salud de los niños”, señala Ana Larrañaga.
Fiorella Espinosa, especialista en nutrición pública, celebra que se les dé atribución a las cooperativas y a la Secretaría de Educación Pública, pero ve urgente que se “fortalezcan los mecanismos de supervisión, dependerá de la capacidad humana y de recursos para lograrlo”, pues sólo de esa manera las escuelas están libres de chatarra.
Liliana Bahena dice que para que esta reglamentación funcione
“debe haber una comunicación efectiva entre instituciones y realmente responsabilizarse desde su campo de acción, se deberá hacer un reglamento específico y guías operativas. La gran problemática que ha habido desde 2010 hasta hoy es que los lineamientos no se conocen, no se han difundido, no hay capacitaciones, no hay materiales que orienten”.
Para que funcione
Agencias de la Organización de las Naciones Unidas y el Instituto Nacional de Salud Pública han emitido una serie de recomendaciones para atender la mala nutrición en niños y niñas, en el documento sugieren involucrar a padres, madres y maestros para que la reglamentación funcione: conociendo la norma, pero también siendo partícipes de actividades físicas y mejoras en la alimentación.
Otra de las recomendaciones es que las secretarías de educación y salud elaboren menús saludables acordes con los huertos de la región y que consuman a productores locales, que se garantice el acceso al agua potable y que se fomente la activación física, entre otras.
El Plan de Acción para la prevención de la obesidad en la Niñez y la Adolescencia de la Organización Panamericana de la Salud, ratificado por México, establece el mejoramiento de los entornos alimentarios escolares, por lo que las autoridades deben apegarse a él.
La pandemia de COVID-19 ha evidenciado la necesidad de promover la alimentación saludable y acotar la venta de comida chatarra. Fiorella Espinosa considera que hace:
“falta continuar con la regulación de la publicidad, si bien la norma 051 ya está restringiendo el uso de personajes y otros elementos que llamen la atención de niños, niñas y adolescentes, faltan otros espacios en los que están altamente expuestos y no está regulado y que sabemos que desde la industria está mayormente utilizado, que son el internet y los medios digitales, creemos que para proteger la infancia esta es una medida clave”.
En opinión de la especialista, también se debería aumentar el impuesto a las bebidas azucaradas y realizar campañas de alimentación saludable.
Todos los cambios necesarios para que no se permita, “como establece el artículo 4º constitucional; que el interés de la industria esté por encima del interés superior de la niñez”, concluye Juan Martín Pérez García.
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Esta nota fue realizada por POPLAB, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie . Aquí puedes leer la publicación original.
