El clima de violencia que criminaliza y asesina a los y las defensoras de derechos humanos en todo el país, se caracteriza por la inacción del Estado ante estos crímenes. Pues lejos de garantizar justicia para ellas y ellos, se encarga de desvirtuar su labor y perpetuar escenarios de impunidad.
Así lo denuncia el informe “Semillas de dignidad y lucha. Situación de personas defensoras en México 2019-2020” de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos: todos los derechos para todas y todos (Red TDT).
Este documento denuncia, además, que durante 2019 y 2020 fueron asesinadas 45 personas defensoras de derechos humanos.
Por Samantha Anaya/@Sam_An16
“El Estado mexicano pone en entredicho la labor de defensa de derechos humanos, criminalizando y estigmatizando a quienes la desempeñan”, señala la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos: todos los derechos para todas y todos (Red TDT).
El informe “Semillas de dignidad y lucha. Situación de personas defensoras en México 2019-2020”, advierte que de 2019 a 2020 fueron asesinadas 45 personas defensoras de derechos humanos.
Entre ellas, 15 eran defensoras del medio ambiente, y los estados en los que fueron asesinadas son: Baja California Norte y Veracruz; 19 de ellas defendían la tierra y el territorio, en Chihuahua y Chiapas.
Otras tres personas defensoras de derechos civiles y políticos fueron asesinadas en Michoacán y Toluca; seis personas defensoras de los derechos de la comunidad LGBTTIQ+ fueron asesinadas en Baja California Sur, Jalisco, Guanajuato, Tabasco y San Luis Potosí; y en Guerrero y Puebla fueron asesinadas dos personas dedicadas a comunicar con una perspectiva de derechos humanos.
A pesar de que las agresiones contra personas defensoras son perpetradas por agentes del Estado o por particulares (empresas, crimen organizado), todo acto de violencia es responsabilidad del Estado, denuncia la Red TDT.
En este mismo periodo de tiempo las personas defensoras han tenido que enfrentar múltiples obstáculos en el ejercicio de su labor; desde el riesgo y la vulneración de sus vidas y las de sus seres queridos, hasta la criminalización que existe alrededor de la defensa de los derechos humanos en México.
Lo que genera a su vez: agresiones directas, hostigamiento, impunidad y violencia sistémica en su contra.
Mujeres defensoras en medio de un contexto de violencia de género sistémica
De 2019 a 2020 los movimientos feministas y de mujeres adquirieron un papel protagónico en toda América Latina y el Caribe, realizando acciones en pro y defensa de las niñas, adolescentes y mujeres.
En medio de un contexto de pandemia las luchas feministas no han cesado, pues se han valido de las nuevas tecnologías y otras formas para seguir con su lucha por visibilizar las constantes violaciones a los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres en México, América Latina y el Caribe, las cuales se han recrudecido en el contexto de pandemia.
Por otra parte, las manifestaciones y protestas feministas por la violencia feminicida han sido reprimidas de forma violenta, como sucedió en Quintana Roo, donde las fuerzas policiales dispararon sus armas de fuego y detuvieron a varias mujeres manifestantes, entre ellas una periodista. En medio de estos hechos, también se denunció haber sufrido tortura sexual de parte de los miembros de la policía.
En medio de este contexto, la defensa de los derechos de las mujeres es constantemente cuestionada, denostada y criminalizada desde las esferas más altas del poder.
Así lo ha dejado claro el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ha declarado en varias ocasiones que el feminismo es una “moda importada”; que “no responde a los verdaderos intereses y necesidades de las mujeres en el país”, y que, además, los movimientos feministas en México están financiados por lo que él llama “el conservadurismo” y por capital extranjero.
Frente a estos discursos, la Red TDT no duda en expresar en su informe que: no es sorpresa que los ataques contra las mujeres defensoras y, en particular, contra las mujeres que defienden los derechos de las mujeres se mantengan en la impunidad y se reproduzcan sin filtro en las redes sociales y en los medios de comunicación.
Personas defensoras de la comunidad LGBTTIQ+: lo que no se nombra no existe
En 2020, la Red TDT documentó el asesinato de, por lo menos, seis personas de la comunidad LGBTTTIQ+ que realizaban acciones en pro de la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, en ninguno de estos casos se consideró que fueron asesinadas por su labor de defensa de derechos humanos. Por ello, la organización manifiesta que “cuestionar la definición de persona defensora plantea importantes retos para garantizar que todos los derechos sean para todas las personas”.
Las poblaciones LGBTTTIQ+ se encuentran en un contexto de grave vulnerabilidad y precariedad, lo que por consecuencia lleva a crímenes de odio en su contra. Hasta el momento, no existe algún estado que ofrezca datos sobre la violencia que viven estas poblaciones, mucho menos sobre las condiciones de seguridad social, salud y/o laborales:
“La violencia estructural que invisibiliza a las poblaciones diversas empieza por quién es el sujeto de derechos humanos históricamente pensado: hombre, blanco, heterosexual”.
La invisibilización de las poblaciones LGBTTTIQ+ genera que no se reconozca explícitamente su labor como personas defensoras de derechos humanos, pues lo que no se nombra no existe, advierte el informe:
“El nombrarse y enunciarse como parte de las poblaciones diversas es en sí mismo un ejercicio del derecho a defender derechos; las personas de las poblaciones diversas no se convierten en personas defensoras, lo son desde el momento en que se enuncian”, expresa la Red de Juventudes Trans.
En medio de un Estado que ejerce opresiones, que genera contextos hostiles para ciertos grupos de personas, es necesario que el enfoque de derechos humanos funja como herramienta para maximizar la protección de las garantías de vida que debería proporcionar el sistema en sí mismo.
De esta manera, la Red TDT precisa que desde la sociedad civil se necesita nombrar, promover y proteger los principios de interdependencia e indivisibilidad de los DDHH.
Defensa de la tierra y el territorio: delitos contra quienes defienden la vida
Ni el actual contexto de pandemia y emergencia sanitaria ha frenado la política extractivita. En México, los megaproyectos son considerados “actividades esenciales”, por lo que lejos de suspenderse han sido impulsados por el actual gobierno federal.
En contraste, las acciones de protesta y de lucha colectiva en defensa de la tierra y el territorio sí han sufrido a causa del confinamiento, lo que ha llevado a los colectivos a adaptarse al nuevo contexto para continuar con su labor.
Las comunidades que se han manifestado en contra de los megaproyectos impuestos por la administración federal han sido ignoradas, al mismo tiempo que continúan las campañas de desprestigio, criminalización y judicialización contra las personas defensoras del medio ambiente, los recursos naturales y la vida.
Criminalización por parte del Estado
Los actores principales que buscan desacreditar y desmeritar las acciones de quienes defienden los derechos humanos, son las autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes a través de declaraciones en medios de comunicación expresan que las personas defensoras de derechos humanos tienen “intereses ilegítimos” o que están financiadas por opositores.
En México, desde hace dos años, el gobierno federal a través del Presidente de la República, ha recurrido contantemente a este tipo de señalamientos durante sus conferencias matutinas. Para la Red TDT esto propicia que se deslegitime la labor de las organizaciones, redes y colectivos, pero también, demuestra un amplio desconocimiento y desprecio sobre la defensa de los derechos humanos, así como de las luchas históricas de pueblos y comunidades.
En el nivel estatal y municipal el riesgo es aún mayor, ya que estos ataques mediáticos se reproducen y materializan por otros actores locales y gubernamentales.
Criminalización de personas defensoras a través del uso de instancias de procuración de justicia
En su informe, la Red TDT expone que el sistema de justicia penal mexicano funciona parcialmente. Funciona “muy bien” cuando se quiere criminalizar alguna protesta y a las personas defensoras de derechos humanos -esto con la finalidad de desacreditar la lucha y detener su labor-. Sin embargo, es disfuncional y lento cuando se trata de investigar y resolver delitos cometidos en su contra.
Por ello, los abusos siguen siendo reproducidos y se ven reflejados en el abuso de la prisión preventiva. Por esta razón es que las personas defensoras de derechos humanos esperan su sentencia en los centros de reclusión, a veces durante años.
Esta situación no es a causa de leyes y reglamentos disfuncionales. Más bien, es un reflejo de la ineficacia de las fiscalías, de un sistema judicial con agentes poco capacitados, de jueces carentes de perspectiva de defensa de derechos humanos, de la falta de homologación de estándares internacionales en materia de defensa de derechos humanos; y de una distribución inadecuada e ineficaz de recursos, manifestó la Red TDT en su informe.
