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A pesar de contar con espacios para atender a niños, niñas, adolescentes y personas mayores en sus casas hogar, la población en vulnerabilidad que recibe apoyo en el DIF disminuyó 38 por ciento en la última década. La institución también debe garantizar el cuidado de los miles de niños migrantes que ingresan sin compañía al país y son detenidos por la autoridad migratoria
Por Patricia San Juan / ONEA
Imagen: ONEA
En la última década, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) cerró espacios en sus casas hogar para niños, niñas, adolescentes y personas mayores. De 2010 a 2020, el número de beneficiarios del DIF disminuyó 38 por ciento, de acuerdo con información obtenida vía Ley de Transparencia.
Las personas beneficiarias de las casas hogares del DIF en esa década pasaron de 711 a 438.
Las casas hogar que atendían a decenas de personas hoy cuentan con una población reducida. Los espacios están subutilizados en un momento en el que se vuelven fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de sectores vulnerables en medio de una compleja coyuntura a causa de la pandemia de covid-19.
En sustitución a la falta de atención por parte del DIF Nacional en sus centros, otras instancias privadas y públicas realizan parte de su labor. Es el caso de los espacios del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), que trabajan para la protección de los infantes, y los Centros de Estancia Transitoria para Niñas y Niños de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que alberga a niños menores de 12 y los ayuda a ser integrados o reintegrados a familias.
Mientras el DIF Nacional refugia a menos personas con el paso del tiempo, también debe enfocarse en garantizar la protección a la infancia migrante que ingresa al país de Centro y Sudamérica.
A finales de marzo, el canciller Marcelo Ebrard declaró que en el país hay mil 800 personas menores de 18 años contabilizados por el Instituto Nacional de Migración (INM). Las afirmaciones coincidieron con la detención más grande de migrantes por parte de las autoridades estadounidenses en un mes.
De acuerdo con la agencia Reuters, 171 mil migrantes fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos en marzo pasado; 19 mil son niños, niñas y adolescentes sin compañía.
En el caso de México, los casi dos mil infantes deben contar con la atención y refugio del DIF Nacional. La institución debe brindarles condiciones para su reubicación con familias temporales, estancias en albergues de puertas abiertas, con los cuidados necesarios y la regulación de su situación migratoria.
Sin un hogar para crecer
Las casas hogar para personas menores de 18 años a cargo del DIF Nacional se quedan vacías con el paso de los años. De acuerdo con el Censo 2020 elaborado por el Inegi, 24 mil 574 niñas, niños y adolescentes residen en centros de asistencia social. De ellos, sólo 185 viven en los espacios creados y administrados por la institución. Son asi la mitad de los 354 que los habitaban una década atrás.
En el país existen diferentes tipos de centros administrados por el DIF que atienden a esta población: casas cuna, casa hogar para niñas y casa hogar para niños, donde viven hasta la mayoría de edad. Son espacios donde se les brinda un lugar para vivir, reciben atenciones básicas, como alimentos y ropa, acuden a la escuela y acceden a servicios médicos.
En lo que respecta a las casas de cuna (que reciben a bebés recién nacidos hasta que cumplen 4 años 11 meses) hay una instalación en todo el país. Se trata de la Casa Cuna Tlalpan que en 2010 protegía a 82 niños y niñas; en la actualidad resguarda a 42.
El centro Casa Cuna Coyoacán que antes brindaba atención a recién nacidos, ahora refugia a niños y niñas de 4 a 8 años; en 2010 contaba con 72 residentes y hoy con 39.
La Casa Hogar para niñas Graciela Zubirán Villarreal, que da cuidados a niñas de 9 a 18 años, es una de las que más redujo su población. En 2010 protegía a 154 niñas y adolescentes y el año pasado a sólo 43. Es decir, que el número de menores bajó 72 por ciento en una década.
El Centro Amanecer (que cuida a niños de 9 a 12 años) pasó de 38 residentes en 2010 a 32 en 2020. Por el contrario, la casa hogar para varones de 13 a 18 años aumentó en número de beneficiarios, de 8 a 29 adolescentes en el mismo periodo.
El obstáculo para integrarse a una familia
Las casas hogar son un espacio de esperanza para decenas de niños, niñas y adolescentes que aspiran a tener una familia. En México, sin embargo, la adopción es un proceso complejo que desmotiva a los padres; en muchos de los casos no se concluye por la cantidad de trámites que deben realizar. Esto provoca que los menores de edad que no son integrados a un hogar permanezcan en esos sitios durante toda su infancia.
Entre 2014 y 2020, el DIF Nacional tiene registro de 81 niños, niñas y adolescentes adoptados, un promedio de 13 infantes por año.
El proceso de adopción debe tomar como eje rector el principio constitucional del interés superior de las infancias para que sean integrados a un hogar.
El primer paso es que los niños, niñas y adolescentes sean considerados “susceptibles para adopción”. Una vez analizada su seguridad y su estatus jurídico, se debe tomar como última opción tras privilegiar su posible reintegración con su familia, ya sea nuclear o extendida.
Aunque la adopción se caracteriza por ser un proceso largo que lleva de uno hasta cuatro años, desde el 2019 se reformaron algunas de las disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para agilizar los trámites.
Las familias deben acceder a cursos de preparación e iniciar el trámite de solicitud de adopción. Además, tendrán evaluaciones y entrevistas. Una vez que esto ocurra el sistema DIF emitirá un certificado de idoneidad, en sus ámbitos Nacional o estatales, así como las Procuradurías de Protección, para entrar a una lista de espera.
La aceptación de este certificado entre las instituciones, sin la necesidad de una revaluación, ha podido agilizar algunos procesos de adopción, de acuerdo con información del DIF Nacional. No existe aún un promedio de tiempo estimado, pues cada caso tiene sus particularidades.
Otro problema al que se enfrentan para formar parte de un hogar es a la discriminación de los adoptantes, asegura Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim).
El especialista afirma que las familias esperan idealmente a “bebés de piel blanca, varones y que les garanticen que no eran hijos de delincuentes”.
Pérez García considera que en México existe un rezago en la atención de las personas menores de 18 años y en el impulso de políticas públicas en la materia para la agilización de la adopción, expone además que las casas hogar únicamente deberían funcionar como sitios transitorios y no lugares en los que deban pasar gran parte de su vida.
En la actualidad, las directrices para las modalidades alternativas del cuidado de la infancia recomendadas por Naciones Unidas establecen que los Estados se enfoquen en desinstitucionalizar a los niños, niñas y adolescentes que no tienen un hogar y se fortalezcan las familias temporales o las adopciones definitivas.
Sin embargo, sin una ley que regule de manera específica las adopciones y combata el negocio de compra de niños en el que participan políticos, instituciones y el crimen organizado se complica su protección, de acuerdo con el director ejecutivo de Redim.
“Son ineficientes, ineficaces, omisos en la responsabilidad, paradójicamente hay funcionarios públicos muy comprometidos, gente que sí conocemos que hace grandes esfuerzos pero son personas, no es una institución ni es una política pública”, opina.
Casas para adultos mayores en la decadencia
Otra población en condición de vulnerabilidad y que desde hace años padece los estragos de la falta de atención son las personas adultas mayores.
Las casas hogar a cargo del DIF se quedaron con poco personal, impidieron el ingreso de nuevos residentes y disminuyeron aún más el número de habitantes. Esta situación resultó contradictoria por el aumento de adultos mayores que se quedaron desempleados por la pandemia y en muchos casos derivó en una falta de recursos y vivienda.
El Censo 2020 del Inegi muestra que 27 mil 590 adultos mayores viven en casas hogar o asilos (como algunos los llaman).
A nivel nacional, existen mil 504 centros de atención para esta población, de ellos 107 son instituciones públicas, cuatro son reguladas por el DIF y el resto pertenecen a asociaciones civiles, religiosas o mercantiles, instituciones de asistencia o beneficencia privada y sociedad civil.
De las instancias bajo la custodia del DIF dos se encuentran en la Ciudad de México (Arturo Mundet y Vicente García Torres), una en Oaxaca (Los Tamayo), y una más en Morelos (Olga Tamayo).
Todas han disminuido su número de residentes, no solo por el fallecimiento de los mismos, también porque limitan la posibilidad de ser sujetos de asistencia social a personas en condiciones de vulnerabilidad, a pesar de contar con la capacidad instalada para recibirlos.
En 2010, un total de 357 adultos mayores vivían en las cuatro instancias a cargo del DIF Nacional, para diciembre de 2020 albergaban a 253 personas, lo que refleja que la problemática se agudizó en la última década.
En el caso de los centros Vicente García Torres y Arturo Mundet su población se redujo 37.3 y 32.9 en el mismo periodo, respectivamente. El primero pasó de 118 a 75 habitantes, mientras que en el segundo bajó de 140 a 94.
En la Casa Hogar para Ancianos Los Tamayo ocurrió algo similar al registrarse una disminución de 29 por ciento en el número de adultos mayores bajo custodia, de 45 a 32.
El centro ubicado en Morelos es el único que reporta un menor impacto negativo, ya que mantiene al 96 por ciento de sus inquilinos desde 2010, con 52 de ellos.
Miguel Medina, experto en gerontología en el Centro de Rehabilitación Física Integral, Neurológica Ortopédica, explica que los centros de asistencia privada reciben a la mayoría de pacientes con enfermedades psiquiátricas porque no son aceptados en los centros del DIF.
El también responsable de una casa de asistencia agrega que parte de los residentes de estos espacios privados utilizan sus propias pensiones para pagar la atención o sus familiares los ingresan con esfuerzos económicos grupales, aunque la crisis económica derivada de la pandemia también redujo el número de ingresos durante 2020 y lo que va de 2021.
Por esta razón, el experto ve con preocupación el aumento de casos de adultos mayores mal medicados como una práctica negligente para evitar que las enfermedades psiquiátricas afecten el núcleo familiar. Se tiene registro de víctimas de maltrato, problemas de salud por falta de atención y en algunos casos los errores cometidos pueden costar vida.
Presupuesto a la baja
La disminución de atención a grupos vulnerables por parte del DIF Nacional se combina con otra problemática: la reducción de recursos públicos para sus actividades en años recientes.
Pese a que una de las promesas del actual gobierno es que la institución se fortalezca, durante los primeros dos ejercicios fiscales de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador la institución sufrió recortes a su presupuesto y no se encuentra en los niveles de inversión que se tenían en administraciones pasadas.
En 2010, el DIF tuvo a su disposición mil 655 millones de pesos. Para el lustro siguiente, la cifra fue en aumento y mostró su pico más alto para el ejercicio fiscal de 2015, año en el que contó con 2 mil 463 millones de pesos para la realización de sus funciones.
En los siguientes años la tendencia fue a la baja: en 2016 pasó a 2 mil 398 millones de pesos, para 2017 fue de 2 mil 227 millones, en 2018 la asignación subió 2.8 por ciento a 2 mil 290 millones; pero, en 2019 (primer año de la nueva administración), cayó a mil 933 millones, un 15.6 por ciento menos que el periodo anterior.
Hacia 2020, los recursos aumentaron apenas 1.6 por ciento y pasaron a mil 964 millones. Para este año, el Presupuesto de Egresos de la Federación establece que el gasto será de mil 976 millones de pesos, un 0.6 por ciento más con respecto al ejercicio pasado; esto, a pesar de que el impacto de la pandemia afectó la economía de millones de mexicanos dejando a miles de familias en la vulnerabilidad.
Al hacer un análisis al detalle del gasto por parte del DIF Nacional, se observa que en lo referente al capítulo de servicios personales (pago de nóminas, aportaciones a la seguridad social, entre otros desembolsos) presenta un incremento en la última década al pasar de 930 millones de pesos en 2010 a mil 571 millones en 2020.
La respuesta oficial de la institución informa que durante la última década se invirtieron 64 millones 161 mil pesos en bienes muebles e inmuebles entre 2014 y 2016, durante la administración de Enrique Peña Nieto. Y, con respecto al capítulo 6000 relacionado con la inversión pública, se desembolsaron 71 millones 931 mil pesos de 2013 y 2016.
El presupuesto del DIF Nacional no solo se destina a las casas hogar, también se usa para el cuidado de personas con discapacidad, atiende problemáticas en núcleos familiares y tiene la obligación de diseñar políticas públicas y ejecutar programas de asistencia social.
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Esta nota fue elaborada por ONEA, la reproducimos con su autorización. Aquí puedes consultar la publicación original.
