AMEDI Jalisco
Por Bernardo Masini Aguilera / @AmediJalisco
No es esto lo que esperamos de un gobierno que se dice reivindicador de las causas sociales. Treinta millones de mexicanos no emitieron su voto en 2018 para ver restringidas sus libertades. De hecho esperábamos todo lo contrario. Nos habían prometido una transformación. La cuarta o la que usted guste, pero una transformación. No la prolongación de prácticas oscuras típicas de regímenes totalitarios.
El pasado viernes 16 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación la anunciada reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Corrió mucha tinta explicando por qué no había que crear un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Activistas en las redes sociales alertaron los riesgos que esto implica para la privacidad de las personas. Especialistas en seguridad y en derecho a la información señalaron que la medida no ayudará a disminuir la incidencia de delitos como el de la extorsión telefónica o los fraudes cibernéticos. Incluso advirtieron que puede ser contraproducente porque puede inducir un aumento en el robo de aparatos telefónicos, para inculpar a los titulares de sus números de los delitos que se cometan con ellos. Todos estos reclamos fueron desoídos.
No importaron los antecedentes. El Título Octavo de la ley referida ya definía mecanismos de colaboración entre las autoridades y los concesionarios de telefonía móvil, que exigen a estos últimos llevar registros del uso que hacemos de los aparatos, incluyendo datos de geolocalización si fuera necesario. En 2014, cuando esta ley se aprobó, esa disposición hizo que miles de personas saliéramos a las calles; que exigiéramos garantías a nuestra privacidad. Se argumentó que así podría perseguirse a quienes usan los teléfonos para delinquir. En aquella ocasión López Obrador, atrincherado desde la oposición, se unió a los reclamos contra la ley impulsada por el entonces presidente Peña Nieto.
El nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil capturará no solo nuestros datos personales, que de suyo exigen suma cautela en su manejo, e implican riesgos para el ciudadano cuando caen en malas manos. Esta nueva plataforma también compilará rasgos biométricos de los 124 millones de usuarios de telefonía celular en México, como los necesarios para el reconocimiento facial, huellas dactilares o el iris ocular. Se trata de elementos de nuestra identidad que todas las personas tenemos derecho a preservar, y a exigir su buen uso a quienes se los confiamos.
El gobierno federal ha esgrimido que hará un uso adecuado de esta delicada información. Que solo la empleará eventualmente, y para fines de perseguir delincuentes con apego a los protocolos que determina la administración de justicia. Nos encantaría poner por delante la buena voluntad y creer que así será. Pero incluso si esa fuera su intención, la mera existencia de la base de datos es en sí misma un riesgo toda vez que puede caer en otras manos. Esas manos podrían usar la base para cosas relativamente banales, como hacernos llegar publicidad que no nos interesa recibir; hasta cosas graves como inculparnos de algún delito. Ahora bien, esas malas manos podrían ser las de las instituciones del Estado. En días recientes una investigación del diario español El País dio cuenta de que la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, utilizó en 2019 un sistema de geolocalización denominado Geomatrix, con el cual pudo espiar las actividades que millones de mexicanos realizamos en internet. Este gobierno, que dice ser tan distinto a los anteriores, utilizó un recurso de espionaje y control que había sido adquirido en el sexenio pasado.
Que la vigilancia masiva es una medida de control desproporcionada, y violatoria de derechos humanos, es una convención internacionalmente reconocida. Se trata de una práctica que vulnera la calidad de la democracia y, sobre todo, el irrevocable derecho a la privacidad. Además es difícil creer lo que nos dicen sobre el cuidado que tendrán en el manejo de nuestros datos. Episodios penosos como el del padrón electoral que en 2012 se puso a la venta en Tepito, con los rostros y los domicilios de todos los que lo conformamos, no ayudan a mantener la calma.
Por todo lo anterior conviene seguir alzando la voz, para que la reforma reciente quede sin efecto. Todavía podemos exigir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tome cartas en el asunto y defienda a los usuarios de la telefonía móvil. Estamos a tiempo de exigir a nuestros legisladores una acción de inconstitucionalidad, pues la medida vulnera el espíritu del artículo primero de nuestra Carta Magna. No se trata solo de los usuarios actuales de estos servicios, sino también los del futuro inmediato.
