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El último antecedente registrado fue la imposición de la candidatura de Lucero Sánchez López, quien fue militante priista hasta que Acción Nacional en conjunto con el Partido Sinaloense le ofreció una candidatura en 2013 para ser diputada. Era una desconocida política, pero arrasó por el distrito que correspondía a Cosalá apoyada por el crimen.
En Sinaloa están los ojos puestos desde la Federación. Aquí se prevé una violencia política durante este proceso electoral y los primeros avisos ya están bajo análisis.
El 4 de marzo, la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en México, Rosa Icela Rodríguez, dio un informe sobre el contexto electoral, justo a un mes del inicio de empezar la campaña electoral. En este se detalló como en siete estados del país había ya registros de violencia, se trata de Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco.
También se señaló aquellas entidades donde hay un riesgo inminente de cooptación desde grupos criminales para la imposición de candidatos o para presionarlos y establecer políticas a modo, esos son Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco.
Esa cooptación criminal se refiere a la influencia de los grupos criminales para la imposición de candidaturas o políticas públicas para mantenerse vigentes en sus zonas de influencia.
La Fiscalía General de la República, en Sinaloa hay dos organizaciones con influencia en este Estado, el “cártel de Sinaloa” y el “cártel de los Beltrán Leyva”.
El último antecedente registrado fue la imposición de la candidatura de Lucero Sánchez López, quien fue militante priista hasta que Acción Nacional en conjunto con el Partido Sinaloense le ofreció una candidatura en 2013 para ser diputada. Era una desconocida política, pero arrasó por el distrito que correspondía a Cosalá.
Para 2015 estalló un escándalo: en Estados Unidos se le señaló como operadora criminal del cártel de Sinaloa. Según el informe que aún se encuentra en las cortes estadounidenses, siendo legisladora traficó drogas ilegales hacia ese país y conspiró para el tráfico de armas, así como en una de las fugas de Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’.
En otro informe, realizado esta vez por la empresa Etellekt Consultores, se señala que en Sinaloa no se puede actos de violencia aún más graves, como el asesinato de políticos o políticas, sobre todo con aquellos que se sostienen como opositores al poder político en turno, en este caso el PRI.
Es así que documentó el asesinato de José Carlos Trujillo García, regidor del Partido del Trabajo por Navolato cuando recién salía de la presidencia municipal.
“El edil de 30 años, a las 16:15 horas, había salido del edificio de la presidencia, caminó unos metros hasta donde había dejado su automóvil color gris BMW, detrás de la iglesia San Francisco de Asís, ubicado entre las calles José María Morelos y Antonio Rosales en el centro, al llegar a su unidad un vehículo se emparejo de donde un sujeto realizó disparos a quemarropa cayendo al piso boca arriba”, reportó el diario La Jornada el 10 de noviembre de 2020.
“El regidor de la fracción parlamentaria del PT, originario de la sindicatura de Juan Aldama “El Tigre”, era presidente de las comisiones de seguridad pública y tránsito, de gobernación y de pesca y agricultura en el ayuntamiento de Navolato”.
Para abril, cuando iniciaron las campañas electorales, la empresa consultora contabilizó hasta 65 asesinatos.
“Los 65 asesinatos contra políticos se han presentado en 19 entidades del país, al menos en 9 de las mismas, el 100% de las víctimas estaban afiliadas únicamente a partidos opositores a los gobernadores, en los estados de Oaxaca (8), Morelos (4), Puebla (2), Quintana Roo (2), Michoacán (2), Chihuahua (2) y Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa con una víctima opositora, cada uno”, indicó la empresa.
Apenas publicado ese informe, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana confirmó esos datos y añadió más detalles de la violencia política electoral.
Para el 8 de abril ya se tenía el registro de 103 eventos con carpeta de investigación abierta por violencia política electoral, de las cuales 117 personas son consideradas víctimas.
Entre esos ataques se incluyó el asesinato del regidor de Navolato.
La Fiscalía General de Sinaloa informó que hasta el momento no se tiene ninguna carpeta de investigación por violencia política en el contexto electoral, pero que se mantiene a la expectativa de cualquier denuncia o expresión pública para actuar de oficio.
Apenas el 10 de abril la candidata por el PRI en Concordia, Acela Zatarain Ruiz, dio a conocer su retiro de la campaña como candidata, asegurando que es por motivos personales. Más tarde se estableció la posibilidad de amenazas en su contra, sin embargo el dirigente del partido, Jesús Valdés Palazuelos, descartó un acto criminal en su contra.
“Ella asegura que son motivos personales y que comprende los tiempos de la política”, mencionó en entrevista para ESPEJO.
Hasta el momento no se tiene señalado algún riesgo específico contra candidatas y candidatos, pero la Secretaría de Seguridad Pública ha puesto focos de atención en el mapa político del Estado, sobre todo en el área serrana.
Cristóbal Castañeda Camarillo mencionó que Concordia, Rosario, Cosalá, Culiacán, Badiraguato, Sinaloa y Choix son propensos a tener conflictos previos entre grupos criminales, como ha ocurrido en los últimos dos años.
Uno de esos conflictos ocurrió entre el 24 y 25 de marzo de 2020, cuando grupos criminales asesinaron a Luis Alberto Monárrez, ex policía que era candidato a síndico municipal en Tepuche, al norte de Culiacán, por Morena. Al siguiente día fue asesinado Jovel Pérez Meza, comandante de Policía Municipal adscrito a esa sindicatura.
La violencia tuvo un crecimiento hacia el 24 de junio en Bagrecitos, un pueblo perteneciente a la sindicatura de Tepuche, cuando fueron asesinadas 16 hombres de una forma grotesca: Hubo hombres que fueron mutilados y decapitados, algunos más fueron heridos con balas hasta que murieron.
Dos de esas personas viajaban en su motocicleta de un pueblo hacia otro, después de haber dado de comer al ganado, pero se encontraron con los hombres armados y terminaron siendo víctimas de un ataque organizado, de acuerdo con las autoridades, por confrontaciones internas de la organización “Cártel de Sinaloa”.
Esas confrontaciones también se han desarrollado en Choix, pero con distintos ataques de grupos armados hacia la población.
Entre Choix y Culiacán se han contabilizado hasta 500 personas desplazadas, según datos de la Secretaría de Desarrollo Social, por lo que aún existen pueblos deshabitados en los que no se pondrán instalar casillas electorales.
