En el quinto conversatorio de la serie Diálogos de saberes en tiempos de pandemia, titulado Lucha por la vida y el territorio: Mezcala y los pueblos de la cuenca Chapala-Santiago, de la organización Otros Saberes de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), fueron abordados los problemas que rodean la vida de las y los habitantes de esta zona geográfica de Jalisco.
Ellas y ellos están sufriendo las afectaciones de un Estado que crea leyes que protegen y amparan a las y los empresarios que deciden instalar sus industrias en sus territorios, que les despojan de sus tierras y enferman sus cuerpos.
Por Samantha Anaya/@Sam_An16
Fotografía de portada por Darwin Franco / @DarwinFranco
“Para Mezcala la tierra es todo”
La historia de Mezcala “se explica con la lucha de su territorio”, pues desde hace 500 años sus habitantes trabajan para proteger su territorio, afirmó Rocío Moreno, historiadora y comunera en la comunidad de Mezcala, durante el conversatorio titulado Lucha por la vida y el territorio: Mezcala y los pueblos de la cuenca Chapala-Santiago.
Moreno narró que, desde el proceso de conquista por parte de los europeos al llegar a esta zona, el pueblo coca (en donde se encuentra la comunidad de Mezcala) “fue de los más violentados, porque se esclavizó a gran parte de su población”. Por esta misma razón, ahora sólo “se encuentran un par de comunidades, y eso tiene que ver con el exterminio y las violaciones contra su territorio y habitantes”.
La comunera expuso, además, que el exterminio de los pueblos originarios generó la pérdida de su lengua, por lo que lo único que les quedó fue refugiarse en su tierra:
“Por eso decíamos que para Mezcala la tierra lo es todo. Nuestros ancestros resistieron a la colonización. Esto nos da orgullo e identidad”.
Por otro lado, en los últimos 15 años los conflictos han sido en contra el “desarrollo” inmobiliario, el cual ha contribuido enormemente a contaminar el agua y el aire, lo que a su vez ha obligado a parte de las y los habitantes a desplazarse:
“El lago está lleno de químicos y desechos. Con forme empezó la contaminación, la gente se ha ido, pues han aumentado los casos de enfermedades renales y respiratorias”, declaró Moreno.
Actualmente, la lucha por la defensa de sus tierras está puesta en diversos litigios legales que enfrentan desde hace 20 años en contra de un empresario de Guadalajara, “la comunidad está por recuperar sus tierras. Si Mezcala pierde sus tierras -como perdió su lengua- desaparece nuestra cultura”.
Esta extensión geográfica, que comprende un total de 3 mil 600 hectáreas, es donde las y los habitantes de Mezcala pueden vivir y practicar sus danzas; oficios milenarios; probar y elaborar sus platillos; sus creencias; ritos para la cosecha, para la lluvia; y donde cuentan con un gobierno tradicional. Rocío puntualizó que, tal y como Mezcala, muchas otras comunidades afrontan problemáticas similares,pero esto no es lo único que les une, sino también, y más importante aún, la solidaridad y la empatía.
La indiferencia del Estado mexicano ante los problemas de las comunidades
Manuel Jacobo, periodista y comunero de Mezcala, denunció que las muertes de algunas y algunos habitantes de las comunidades de la cuenca del río Santiago por enfermedades renales han sido pasadas por alto por las autoridades en más de una ocasión por varios años.
Asimismo, expuso que, en 1995, el doctor Miguel Ángel Ruiz llevó a cabo una investigación, la cual arrojó que: las y los bebés que nacían en esos años morían minutos después de nacer, por lo que, notificó a la Secretaria de Salud y la respuesta que obtuvo el médico, por parte de esta instancia gubernamental, fue “no tienes derecho a investigar esto”. Después de dicho suceso “el caso quedó en el olvido, no se hizo nada” comentó Jacobo.
Luego de 15 años, en el año de 2010 acudió a la comunidad una reportera de La Jornada, quien al enterarse y documentar la cantidad de personas que padecían enfermedades renales, en la comunidades aledañas a la cuenca del río, cuestionó y señaló al Secretario de Salud de ese periodo, Alfonso Petersen. Sin embargo, la respuesta de este funcionario fue “que era una ironía las cifras, porque la enfermedad había aumentado en todo el país”, relató Manual Jacobo.
En contraste, el comunero compartió que sí, la cifra de padecimientos de enfermedades renales había aumentado también en la comunidad, al punto en que las enfermas y los enfermos “ya eran alguien que yo conocía: mi primo, su hermano, amigos”, comentó.
Otra de las cuestiones que evidenciaban la negligencia de las autoridades para investigar y tratar el problema fueron las edades de las personas que fallecieron, expresó el periodista.
“Casi todos eran niños de entre 5 y 14 años, cuando usualmente quienes padecen este tipo de enfermedades son adultos mayores”.
Después de la intervención de algunas y algunos periodistas, así como de diversos actores de la sociedad civil, la situación se comenzó a difundir, lo que incomodó a los diferentes niveles de gobierno, quienes a su vez “tomaron sus propias acciones”, advirtió durante el conversatorio:
“Realizaron 1,700 pruebas a niñas y niños en Agua Caliente, pero la afección estaba, y sigue estando, en casi todos los pueblos de la Riviera de Chapala. A pesar de que la mayoría resultó positivo en la prueba, no se hizo nada y la gente se seguía muriendo, sin haber recibido la mínima atención”.
Al respeto, Jacobo afirmó que el 29 de marzo de 2016 la Secretaria de Salud declaró ante el Congreso del Estado de Jalisco que no se iban a incorporar los medicamentos para tratar enfermedades renales al Fondo de Protección contra Eventos Catastróficos, ya que el costo era muy alto, decisión que dejó desprotegida a la población en Mezcala que no contaba con seguridad social:
“Esto decía mucho, porque Mezcala, San Pedro y la mayoría de la región está habitada por agricultores y pescadores, por lo que alrededor de 600 enfermos renales no contaban con tratamiento. La situación sigue y no se les otorga medicamento. Ellos mismos deben de buscar la forma de conseguir el medicamento, porque el gobierno no está haciendo absolutamente nada”.
La hemodiálisis, uno de los tratamientos para las enfermedades renales, tienen un costo que ve desde $4,000 a $5,000 (pesos mexicanos) semanales. Sin embargo, “algunas familias tienen 2 o hasta 3 enfermos renales”, afirmó Jacobo.
En un intento por “tomar acciones para solucionar este problema”, se han aprobado proyectos para destinar recursos para “apoyar” a quienes padecen de esta afección, pero la realidad es que estos recursos “se quedan en las organizaciones, a los enfermos nunca les llega nada” finalizó.
“El dinero se antepone a nuestras vidas”
Por su parte, la licenciada en biología Graciela González expuso la situación que enfrentan las y los habitantes de El Salto en el área industrial alrededor de la cuenca del río. Los altos niveles de contaminación que ha dejado la actividad industrial han desembocado en “una situación irreparable para el territorio y sus habitantes”, afirmó González.
La continua explotación de los recursos naturales, la construcción desmedida de fraccionamientos (contaminación doméstica) y la mala gestión del Estado han provocado una “devastación y muerte sistemática”.
Entre las consecuencias que afectan la salud de las comunidades que viven en esta misma área está el “tener que aguantar olores nauseabundos, deforestaciones masivas y el ver nuestros medios de subsistencia extintos”, sentenció.
La bióloga también refirió que, en la historia de la humanidad, hay cientos de ejemplos de “pueblos devastados por la contaminación, por la extensión”. En este caso, la manera en cómo las y los habitantes de la cuenca en el municipio de El Salto han resistido y luchado por sus derechos humanos es muestra de ello:
“Están haciendo denuncias, expresando nuestro grito de desesperación hacían el Estado que no quiere oírnos; aprendimos a sostener nuestra palabra”.
Al mismo tiempo, González puntualizó que esta lucha por exigir justicia para ellas y ellos no fue un camino fácil y sin obstáculos, pues tuvieron que resistir a la invalidación, ya que cada vez que alguna o alguno de los habitantes interponían una denuncia les exigían presentar pruebas para avalar dicha denuncia:
“Decíamos que no teníamos por qué cargar con evidencia de una situación real y que tiene nombre y apellido. Por ello, tuvimos que politizarnos, aprender de leyes, porque el dinero se antepone nuestras vidas”.
Otras de las consecuencias que ha generado el “progreso” mal entendido, en la vida de cada una de estas personas, es “la pérdida de la esperanza” de un futuro seguro, señaló la bióloga:
“Han convertido un paraíso en un infierno industrial. ¿Para quién se quedó el paraíso? Para los industriales, apoyado por una impunidad corporativa, porque las leyes están hechas a modo y el Estado no tiene intención de cambiarlas”.
¿Cuáles son los capitales que se encuentran en la zona industrial de El Salto?
En tanto, Sofía Encino, integrante de Un Salto de vida, señaló cuáles son algunos de las nacionalidades de las empresas e industrias que cuentan con fábricas de producción en esta área del municipio.
El Salto pertenece a una región más amplia de corredores industriales en el Occidente de México, lo que le posiciona como el segundo corredor más importante del país. Por ello, los principales capitales que invierten en esta área industrial del país vienen de Estados Unidos, Alemania, Suiza y Japón,principalmente.
De las 700 empresas que se encuentran instaladas en este corredor la gran mayoría, señaló Encino:
“No son de consumo final, sino que son parte de una cadena de producción: hay electrónicas, instruías químicas, muebleras, textil, y de todas estas muchas se dividen en otras empresas pequeñas que se hacen pasar por empresas nacionales, pero muchas se valen de los tratados internacionales para declararse como ‘empresas socialmente responsables’, y usan a las empresa pequeñas para tapar y ocultar todas las violaciones que cometen”.
El Salto es el segundo municipio del estado que más aporta al PIB, pero “también es el más pobre de la Zona Metropolitana de Guadalajara, por eso está perfilado para producir mano de obra barata”, denunció Sofía Encino.
Respecto a las denuncias que ella y su mamá, Graciela González, junto con otras y otros habitantes del área han realizado ante este contexto, resaltó el referente a la termoeléctrica que se tenía planeado instalar en Juanacatlán. Lamentablemente, aunque acudieron con la presidenta municipal de Juanacatlán, Adriana Cortés González, para exponerle el riesgo y las consecuencias ambientales que generaría este megaproyecto para la salud de quienes habitan en esta zona, ella desdeñó y minimizó el riesgo:
“Ella nos dijo que por qué nos quejamos de tener uno o dos enfermos renales en casa, cuando ‘somos’ el motor económico del país, entonces que eso era un sacrificio que valía la pena”.
La lucha de estas comunidades no cesa ni cesará hasta que estos proyectos de “desarrollo” dejen de amenazar la salud y el bienestar de las y los habitantes y del medio ambiente: “en la medida en que entendamos los problemas se podrá hacer algo, pero el capitalismo mata”, finalizó Rocío Moreno.
