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Tras el maltrato contra la familia Aguirre Chable, el colectivo Madres en Búsqueda de Coatzacoalcos exige la destitución del encargado de la subunidad Integral de Procuración de Justicia, Alberto Torres Rivera, y el fiscal Lenin Juárez Jiménez
Texto: Miguel Ángel León Carmona
Fotos: Especial
XALAPA, VERACRUZ. – La imagen fue retratada en un edificio de la Fiscalía General del Estado (FGE). Natalia reúne fuerzas desde una banca de madera para cargar dos bolsas negras donde autoridades le entregaron los restos de su hermano: Eladio Aguirre Chable, asesinado en Veracruz.
La mujer viste sandalias rojas, falda larga y blusa rosada. Se le aprecia cabizbaja. Junto a ella yace la osamenta (con un poco de tejido blando) de su hermano, privado de la libertad el 21 de abril de 2020 en el municipio de Las Choapas, en la zona sur de Veracruz.
La familia de Eladio buscó y encontró por su cuenta sus restos. Natalia Aguirre quisiera llevarlo hasta un cementerio y comenzar con su duelo, pero los trámites burocráticos le niegan esa oportunidad.
Mientras tanto, el calor recalcitrante y un olor nauseabundo que desprende de las bolsas negras se impregna en el cubrebocas de la mujer y en las paredes de la sub unidad de procuración de justicia de Las Choapas.
Integrantes del colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos condenaron el trato hacia Natalia y lo calificaron como “indignante, degradante e inhumano”. No se trata de un hecho sin precedentes en Veracruz, pero sí uno del que hay fotografías y señalamientos directos hacia personal de la Fiscalía.
Lenit Enríquez, representante del colectivo de Coatzacoalcos, exige una investigación de la FGE contra el fiscal Lenin Juárez Jiménez y Alberto Torres Rivera, encargado de la sub unidad de Las Choapas, por haber ordenado esta entrega, así como obstaculizar la búsqueda y el reconocimiento de la víctima.
Eladio visitó a sus hijos en Las Choapas cuando fue desaparecido
Eladio Aguirre Chable (30 años de edad) se ganaba la vida en Puerto Morelos, Quintana Roo. Allí trabajaba como taxista donde transportaba a turistas con quienes interactuaba con un inglés que medio masticaba. El 21 de abril de 2020 realizó una visita a Las Choapas para reunirse con su madre, Candelaria, y sus hijos.
Aquel viaje fue exprés, pues uno de sus hijos estaba enfermo. Apenas mejorara volvería a Quintana Roo para seguir con las propinas en dólares. Pero sus planes no se cumplieron: fue privado de la libertad un lunes y no volvieron a saber de su paradero.
La familia Eladio denunció su desaparición y su ficha comenzó a ser difundida por la Comisión Estatal de Búsqueda. Los meses transcurrieron sin noticias, hasta que Candelaria Chable recibió un croquis anónimo que decía: Busca en este lugar a tu hijo, allá lo fueron a aventar.
“No haga caso, la quieren agarrar de tonta”
Candelaria recibió el croquis el pasado 25 de marzo, cuando integrantes del colectivo al que pertenece buscaban cadáveres en predios de la región de Los Tuxtlas. Ella dio avisó a la Fiscalía de Veracruz, pero la respuesta fue tajante: “No haga caso, a lo mejor la quieren agarrar de tonta o la quieren extorsionar”, reviró el fiscal Lenin Juárez Jiménez.
La madre se ahorró corajes e ignoró aquellas palabras. Sola acudió hasta un lugar marcado en el mapa, cerca del río Tonalá, en el municipio de Agua Dulce. Candelaria rentó una lancha y dio con una osamenta que aun tenía adherida ropa que portaba Eladio el día de su desaparición.
En el agua flotaba una playera tipo polo, pantalón de mezclilla, tenis negros y gorra. “Es él”, dijo Candelaria y envió una fotografía a personal de servicios periciales de la FGE. Las autoridades de esa dirección, sorprendidas, enviaron un vehículo para recoger la osamenta.
La revictimizante espera para recuperar a un desaparecido
Candelaria y su hija Natalia pasaron todo el 26 de marzo completando formularios hasta que el fiscal Lenin Juárez aceptó firmar la entrega de la osamenta. Sin embargo, les habría dicho que ya era tarde, que se trasladaran al día siguiente al Servicio Médico Forense de Las Choapas.
Las mujeres, indignadas, se macharon. La madre pidió mirar el cadáver en el panteón del Semefo para convencerse de que se trataba de Eladio. No hubo dudas. La mandíbula y tres dientes encimados la convencieron.
El fiscal Alberto Torres Rivera le indicó a Natalia Aguirre que avisaran a su funeraria que pasaran por los restos a la sub unidad de procuración de Las Choapas. La hermana se trasladó hasta ese sitio donde había más formularios por firmar.
Natalia esperó sobre una banca de madera, bajo una temperatura que oscilaba en los 37 grados centígrados. “Ahí estábamos y veíamos que las bolsas pasaban de una oficina a otra porque nadie soportaba el olor”, refirió Lenit Enríquez. Personas que acudieron a dicho lugar administrativo notaron con indignación la diligencia.
El trato de las autoridades fue reportado por Natalia con el colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos quienes no dudaron en redactar un comunicado y contactar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) donde interpondrán una queja contra personal de la FGE.
Sobre este tema, la Fiscalía no ha emitido una postura. La titular Verónica Hernández Giadáns ha sostenido que para su administración es prioridad el trato digno a víctimas de desapariciones y desapariciones forzadas y ha criticado diversos tipos de violencias contra mujeres
Exigen destituir a responsables
Tras el trato que recibió la familia Aguirre Chable, el colectivo “Madres en búsqueda de Coatzacoalcos” envió un comunicado y enumeró las violaciones de derechos humanos cometidas.
En primer lugar, cuando Eladio Aguirre fue localizado por su familia e identificado por su hermana y también por peritos de la fiscalía en las instalaciones de las Choapas, Veracruz, las autoridades se negaron a hacer la entrega de los restos, aludiendo que debían hacerse exámenes genéticos, si bien en este caso no era indispensable.
Posteriormente, denunciaron, “el encargado de la subunidad Integral de Procuración de Justicia, Alberto Torres Rivera, y el fiscal Lenin Juárez Jiménez, entregaron el cuerpo de su familia en condiciones deplorables y precarias, sin atender a sus obligaciones previstas”.
El comunicado cuestiona: “¿Cómo es posible que las autoridades entreguen los restos de una persona en una bolsa de plástico negra sin sellar a una madre que busca a su hijo”.
Por ello exigieron la destitución de los dos responsables directos de este maltrato: el encargado de la subunidad Integral de Procuración de Justicia, Alberto Torres Rivera, y el fiscal Lenin Juárez Jiménez.
Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
