Artículo 19 México presentó su informe anual sobre el panorama nacional de libertad de expresión y derecho a la información en 2020. Titulado “Distorsión: el discurso contra la realidad”, el documento muestra que las formas autoritarias del gobierno actual representan un peligroso aliciente para la censura.
Por Ximena Torres / @ximena_tra
“Es evidente que la transformación (del gobierno federal) radica en un nuevo manejo de los viejos anclajes autoritarios. Pocas cosas cambiaron para bien en libertad de expresión”, así inició Leopoldo Maldonado, Director regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, la presentación del informe “Distorsión: el discurso contra la realidad”.
Este análisis que Artículo 19 realiza de manera anual, dio a conocer que el 2020 fue el año de la distorsión en cuestiones de libertad de expresión y derecho a la información, pues el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y las administraciones estatales han mostrado peligrosas tendencias que atentan contra la libertad de expresión.
El Informe da cuenta de las seis tendencias que más preocupan a Artículo 19 porque representan “alicientes para la censura”.
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Concentración y clausura de la información
Durante los dos años de su administración, AMLO ha centralizado la comunicación en su figura. Las “mañaneras” se han vuelto una tribuna donde el presidente pontifica, juzga, estigma, informa y desinforma, como dice el primer capítulo del informe de Artículo 19.
Además, señala la organización, cuando López Obrador ha emitido declaraciones que desdeñan problemas como la violencia contra las mujeres o la seguridad nacional, bajo el argumento de que él tiene “otros datos”, da pie a un complejo camino para obtener información pública que, a la vez, es un excelente disuasivo de ejercicios de verificación periodística.
Leopoldo Maldonado, denunció que en 2020 encontraron las tres tendencias que han denunciado desde años atrás: 1) la ausencia de criterios claros para la asignación de publicidad oficial como mecanismo de censura indirecta; 2) el mal manejo e ineficiencia de los recursos públicos a través del “gasto decembrino”; y 3) la concentración de la publicidad oficial en algunos medios. El informe resalta que el 54% de los recursos de publicidad oficial durante el año analizado, se repartió solo entre 10 medios y empresas de comunicación.
Como última muestra de la concentración de la información estuvo la amenaza de desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) por “promover la opacidad”, aunque son las dependencias a cargo del presidente quienes niegan u ocultan la información en primer término, advirtieron.
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La desigualdad informativa en la pandemia
En México, más de 30 millones de personas no tienen acceso a tecnologías de la información y comunicación y de acuerdo al análisis de Artículo 19, la política pública planteada por la administración actual no será suficiente para garantizar el derecho a internet para todos y todas. Sobre todo, para las personas que se enfrentan a otras situaciones de vulnerabilidad como los integrantes de comunidades indígenas.
Mientras tanto, las y los periodistas realizan sus labores en condiciones precarias, lo que han causado la muerte de 99 de ellos y ellas por contagios de COVID-19. Eso es una muestra de que la prensa no cuenta con las medidas mínimas para garantizar sus derechos laborales.
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El permiso para agredir a la prensa
AMLO se ha quejado de manera recurrente de que es “el presidente más atacado” por la prensa. De esa manera “tal vez, el presidente no mande acallar periodistas de manera directa, pero los fustiga y estigmatiza”, dice el informe 2020 “Distorsión: el discurso contra la realidad”.
Como consecuencia, los atentados contra periodistas en 2020 aumentaron 13.63% respecto a 2019. Eso significó una agresión contra ellos y ellas cada 13 horas. De las agresiones 49.5% fueron ejecutadas por personas funcionarias públicas, sobre todo por fuerzas de seguridad civiles.
En 2020 seis periodistas fueron asesinados por motivos vinculados por su labor: María Elena Ferral, Julio Valdivia, Pablo Morrugarrés, Jorge Armenta, Israel Vázquez y Jaime Daniel Castaño.
La pandemia nuevamente provocó que se empeorarán las condiciones laborales de los profesionales de información, pues 42.5% de los bloqueos informativos en 2020 estuvieron vinculados a la cobertura de COVID-19 en México.
Además, destacó el caso de Notimex en mayo de 2020. Sobre él, Artículo 19 denunció que el personal directivo de la agencia informativa ordenaba a sus empleados el uso de cuentas de Twitter para agredir a otras personas periodistas. Ha pasado casi un año de los hechos y “las autoridades a cargo de investigar estos hechos han actuado con inexplicable y obsequiosa lentitud” dijo Leopoldo Maldonado.
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La vocación por censurar internet
Durante 2020 Artículo 19 identificó 15 iniciativas presentadas ante el Congreso Federal y los locales, para sobrerregular diversos aspectos de internet con el fin de mermar su potencial democratizador y eliminar las críticas contra personas funcionarias públicas.
Ocho de las 15 iniciativas fueron aprobadas y publicadas, todas con “serias deficiencias técnicas que evidencian desconocimiento del funcionamiento de internet, pero que tienen como resultado inmediato la pretensión de controlarlo”, según el director regional de la organización, Leopoldo Maldonado.
Por otro lado, estuvieron las protestas feministas, que AMLO y otros gobernantes como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, equipararon con actos violentos y emitieron declaraciones estigmatizantes.
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Desmantelamiento de protección de derechos
A pesar del contexto violento y polarizado, en “Distorsión: el discurso contra la realidad” se dio cuenta de que se debilitaron instituciones dedicadas a proteger los derechos humanos. Entre ellas la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el INAI y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Según el análisis de Artículo 19, la CEAV es la que se encuentra en una crisis más grave, pues desde junio de 2020 no cuenta con una persona titular, no tiene recursos suficientes para sus labores, ni legitimidad.
El Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, por su parte, está debilitado y al borde del colapso con mil 262 personas beneficiarias hasta junio de 2020.
Natividad Ambrocio, periodista de Guerrero que ha recibido amenazas por su labor, participó en la mesa de discusión posterior a la presentación del informe. Ella explica la crisis de la siguiente manera:
“El sistema de justica en México como en Guerrero es una simulación, las fiscalías y mecanismos de protección para proteger a periodistas, actúan solo si hay delitos que perseguir. Si tienes que huir por amenazas no te ayudan. No hay un plan de protección real para los periodistas”.
Eso ha implicado que los derechos de las víctimas queden desprotegidos y, además, que prevalezca la impunidad. De acuerdo con los datos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), la impunidad prevalece en 98% de los delitos contra la liberta de expresión en México.
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La disculpa por el pasado y la negación del presente
El presidente Andrés Manuel ha negado que violaciones graves a derechos humanos como la tortura, desapariciones y masacres, sigan ocurriendo en México, aunque los datos muestren lo contrario.
Dicho discurso, que nuevamente pretende distorsionar la realidad, obstaculiza el acceso a verdad y justica de las personas víctimas, así como el derecho a la información de toda la sociedad, señala Artículo 19 en el último capítulo de su informe anual.
Si bien en los dos años trascurridos de la administración del Gobierno federal se han realizado acciones simbólicas como disculpas públicas, “no se han creado los mecanismos suficientes para garantizar justicia en todos los casos de violaciones graves de los derechos humanos” dice Leopoldo Maldonado.
Ejemplo de ello son los casos de la matanza de Acteal, Chiapas en diciembre de 1997, donde un grupo paramilitar, presuntamente creado o fortalecido por el Estado, mató a 45 personas indígenas tzotziles, entre ellas cuatro mujeres embarazadas.
Al respecto, Gerardo Pérez y Eliseo Pérez, actuales integrantes de la organización Las Abejas de Acteal, reconocieron en la mesa de discusión posterior a la presentación del informe, que hasta ahora el caso está impune.
“Nosotros estamos construyendo la otra justicia. Nos hemos aliados con organizaciones independientes que luchan a favor de la paz porque el sistema de justicia de México no tiene el interés. El día 22 de cada mes hacemos una conmemoración por los y las compañeras, porque la memoria es la justicia” dijo Gerardo Pérez.
36 acciones mínimas
Después de presentar y denunciar el contexto de censura y los atentados contra la libertad de expresión, Leopoldo Maldonado, director regional de ARTICLE 19 presentó algunas de las 36 acciones mínimas que urgen al Estado mexicano para atender las problemáticas. Entre ellas:
- Derogar tipos penales que criminalizan la libertad de expresión como calumnia, difamación, ultrajes, entre otros.
- Impulsar política pública integral de prevención, protección, investigación, sanción y reparación integral del daño en la materia.
- Dotar a los y las periodistas del equipo de protección sanitario necesario para su labor.
- Combatir la precariedad laboral que se agravó con la contingencia sanitaria.
- Abstenerse de aprobar y promulgar legislaciones restrictivas de los derechos digitales y usar mecanismos de censura en internet.
- Garantizar el ejercicio de la libertad de expresión para las mujeres en entorno físico y digital.
- Desarrollar acciones para prevenir la violencia contra la libertad de expresión en contextos de protestas.
- Garantizar acceso a la información e internet a todas las personas en México.
También puede conocerlo a profundidad en: https://distorsion.articulo19.org/?fbclid=IwAR292kcAzb_7lShppki7K2aerK8swaAJGGxwWExJ8S6Rdf2mu85hEdMDSCY
