Las personas privadas de su libertad son un sector vulnerable ante contagios por COVID-19, por lo que, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió un pronunciamiento donde solicitó que se considere como prioritarias a las personas mayores de 60 años privadas de su libertad y al personal de los centros penitenciarios como prioridad para la vacuna contra el COVID-19.
Aunque Jalisco es el tercer estado con más casos acumulados de COVID-19 en centros penitenciarios, la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL), informó que ninguna persona adulta mayor privada de la libertad ha sido vacunada.
Por Jacqueline López / @jacqueline_lope
Las condiciones de hacinamiento en las que viven las Personas Privadas de su Libertad (PPL) mayores de 60 años o más, se encuentran en un estado de vulnerabilidad no sólo por la edad y la sobrepoblación de los centros penitenciarios, sino por ‘’padecer comorbilidades que generan complicaciones en su estado de salud’’ lo que los puede llevar, incluso, a su fallecimiento al contraer la enfermedad de la COVID-19, afirmó la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) en un pronunciamiento público.
Si bien, el Gobierno del estado, informó a principios del mes de enero de 2021, que personal de los centros penitenciarios del estado, así como, demás trabajadores que laboran en organismos de alto riesgo, serían inmunizados, la CEDHJ informaron que el personal sanitario que trabaja en los centros penitenciarios de la entidad presenta, junto con las PPL un alto riesgo de contagio, pues no cuenta con las medidas de sanidad necesarias para evitar ser potenciales portadores del virus.
Datos que son reflejados en el Mapa Penitenciario COVID-19, el cual fue realizado por la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL); donde a la fecha en México más 300 personas privadas de su libertan han fallecido a causa de la COVID-19; mientras que, más de 4 mil 300 personas recluidas en un centro penitenciario y personal sanitario fueron contagiadas.
En el caso de Jalisco, la entidad ocupa el tercer lugar de contagios acumulados en centros penitenciarios con 303 personas contagiadas.
Por ello, la CEDHJ consideró importante y fundamental que las personas privadas de su libertad que tengan 60 años o más, así como el personal sanitario que trabaja en los centros de reclusión sean considerados en el grupo prioritario de vacunación contra la COVID-19.
Finalmente, solicitaron al titular al gobernador, Enrique Alfaro que gire las instrucciones necesarias para que se gestione ante las autoridades competentes que se les incluya en la aplicación de la vacuna como prioridad, con el objetivo de ‘’respetar el derecho a la no discriminación, a la protección de la salud y, potencialmente, el derecho a la vida’’ pues según el mapa penitenciario no ha sido vacunada ninguna persona privada de su libertad en Jalisco.
