La mesa de diálogo Cargas penales y combatividad en los familiares de personas privadas de la libertad fue el espacio para que familiares pudieran compartir la realidad a la que ellas (y el resto de sus familiares), se han tenido que enfrentar desde que uno de sus seres queridos se encuentra privado de la libertad.
Algunos de los temas durante el diálogo fueron las consecuencias económicas, psicológicas y emocionales en sus vidas, así como el contexto en el que cada persona privada de la libertad y sus familias deben de sobrevivir.
Por Samantha Anaya / @Sam_An16
“Tener a una persona privada de la libertad en un Estado cruel, caracterizado por la impunidad, la corrupción y la indiferencia es muy difícil”, señaló una integrante del Colectivo de Familiares Unidxs de Personas Privadas de Libertad durante l mesa de diálogo “Cargas penales y combatividad en los familiares de personas privadas de la libertad” que realizó la Coordinación de Psicología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Ahí familiares y expertos hablaron de cómo se vive esto dentro de las familias, pero también fuera de éstas, pues los estigmas sociales siguen impactando muy fuerte sus dinámicas de vida.
Al respecto, Mónica Tirado del Centro de Apoyo Integral para Familiares de Personas Privadas de la Libertad (CAIFAM) compartió lo que ella, su hija y su hijo se han tenido que enfrentar desde hace nueve años y medio, tiempo que se lleva su esposo en prisión:
“El costo familiar ha sido económico y emocional. Lo económico como sea se puede solventar, pero lo emocional es mucho más fuerte”.
La integrante del CAIFAM afirmó que para ellas y sus hijos, el vivir esta situación de injusticia ha afectado gravemente su salud mental.
“Mis hijos se han vuelto personas solitarias que se aíslan del mundo. Antes ellos no eran así: les encantaba salir con amigos y vivir su juventud. En el caso de mi esposo, pues al ser él quien lo está viviendo directamente, le ha afectado más. Cuando hablamos por teléfono se pone a llorar; sufre de depresión e, incluso, yo digo que lo están volviendo un discapacitado mental”.
De igual forma, Mónica expuso lo difícil que fue para ella y el resto de su familia aceptar “su nueva realidad”; también mencionó que el problema más grave comenzó cuando trasladaron a su esposo a otro reclusorio.
“Me dijeron que eso era lo mejor para él. Cuando estaba en prisión preventiva hacíamos casi una hora de camino para poder visitarlo, pero cuando lo trasladaron hacíamos cuatro horas. Gastábamos tan sólo 330 pesos en el pasaje de los tres. Entonces, a raíz de eso, ya no pudimos seguir solventando los gastos y las visitas familiares (estando los cuatro juntos) se terminaron”.
Mónica también recalcó el hecho de que su esposo está privado de la libertad injustamente y que, después de tres años es el mismo reclusorio, lo trasladaron nuevamente.
“Ahí fue cuando verdaderamente inició nuestro calvario. Cada que mis hijos o yo íbamos a visitarlo nos trataban como presos: nos hacían revisiones exhaustivas y nos decían que caminaremos con la cabeza baja”.
Por esta razón, Mónica comenzó a “pelear contra el sistema”, pues otro de los sucesos que la orillaron a exigir sus derechos y los de su familia fue que su esposo –quien es diabético e hipertenso- ya no recibió la atención médica requerida:
“En tan sólo una semana estando en este nuevo centro penitenciario mi esposo tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital. Interpuse una denuncia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero, en realidad, no sirvió de nada. Comencé a consultar leyes y a escribir cartas dirigidas al director del penal y al gobierno federal. Después de un año el director del penal me respondió diciéndome que qué era lo que quería, y pues yo le dije que quería que se respetaran mis derechos y los de mi familia, a lo que él me dijo que sí me iba a hacer caso, pero que ya no quería saber más de mis cartas”.
Posteriormente, Mónica relató que esta respuesta, por parte del director del reclusorio, sí se cumplió, pero intermitentemente:
“Te cumplen lo dicho durante tres o cuatro meses y luego, otra vez, nada”.
La integrante de CAIFAM precisó que ante la negativa, por parte de las autoridades de realizar un verdadero cumplimiento de los derechos humanos de ella y su familia, se vio en la necesidad de volver a redactar cartas de denuncia, acción que no era bien vista por parte de las autoridades penitenciarias, pues lo que ella recibía como respuesta era “una sanción”, pues le castigan y recortaban a su esposo las visitas: “el argumento que usaban era decir que yo era violenta con los custodios, yo les exigía que me comprobaran eso, nunca lo hicieron”.
A pesar de todos los obstáculos y la injusticia a la que Mónica se debió enfrentar, logró que regresaran a su esposo al reclusorio Sur, en el que inicialmente lo sentenciaron para cumplir con su condena. De igual manera, precisó que la única forma en que consiguió esto en medio de un sistema que se encontraba (y que aún se encuentra) en su contra fue: “conociendo mis derechos y exigiéndolos”.
“Este es un tema invisible en México”
En contraste, Lucía Alvarado, integrante de CAIFAM, compartió que el tema de las personas privadas de la libertad y las condiciones en las que se les obliga a vivir es un tema que “a la sociedad no le gusta oír”, y si lo hacen es para “elevar el tiempo de las condenas”.
A su vez, expuso cómo fue para ella y para el resto de su familia, los 12 años en los que su hermano fue encarcelado por un delito que no cometió.
“Hace 12 años mi hermano fue acusado de participar en el crimen organizado y de crímenes contra la salud. Él trabajaba dando mantenimiento a los aviones cuando arribaban. El 22 de marzo de 2007 llegó un avión con un cargamento de 19 kilogramos de drogas provenientes de Colombia y fue acusado por ello, al igual que otros de sus compañeros”.
Alvarado narró que, al momento en que su hermano fue ingresado a un penal de máxima seguridad, fue torturado y, cuando ella o alguien más de su familia querían visitarlo o acudir a sus audiencias, eran sometidas a revisiones exhaustivas e indignas: “Nos obligaban a desvestirnos enfrente de otras personas”, puntualizó.
Otro de los puntos que conforman la realidad de las familias y de las personas privadas de la libertad, en un país que tiene un deuda histórica con cada una de ellas y ellos, es el hecho de que a pesar de las pruebas y los testimonios que presentaron para probar la inocencia de su hermano:
“El juez decidió que mi hermano era culpable y lo sentenció a 20 años. Después de solicitar la revisión de su caso se modificó su sentencia, y quitaron los cargos por crímenes contra la salud, pero siguió con los cargos por supuesta participación con el crimen organizado. Logró salir hace dos años”.
Por otra parte, Lucía compartió que el asunto de ser familiar de una persona privada de la libertad es, también, un asunto de género, pues: “casi todas las familiares somos mujeres y, otras más, cuidan a los hijos de las presas y los presos”.
También precisó que la búsqueda de quienes pelean por la liberación de su familiar es una lucha que puede durar varios años, por lo que se debe de debatir y de priorizar: “el voltear a ver lo que sucede dentro de las cárceles y, así, trabajar en cambiar lo que sucede ahí adentro, por eso es importante visibilizar todo este tema”.
“Las cicatrices que quedan son difíciles de sanar”
En la mesa de diálogo también se contó con la participación de una de las integrantes del Colectivo de Familiares Unidxs de Personas Privadas de Libertad, quien, al igual que Mónica y Lucía, compartió el cómo ha afectado sus vidas el tener a un familiar privado de la libertad:
“Mi familiar lleva 15 años en prisión. Cuando pasó yo era una niña. Desde entonces, nos hemos encontrado con muchas trabas: en el proceso jurídico, en las visitas y las constantes violaciones a nuestros derechos humanos”.
En cuanto a la manera en cómo ha afectado su salud y la del resto de su familia, explicó que las relaciones al interior de esta:
“Ha cambiado bastante: mi hermano se volvió muy violento, mi mamá sufre de depresión desde entonces y todo el tiempo sentimos desconfianza. Ves como constantemente se violan tus derechos humanos entonces es lógico que no confíes en nadie”.
Ella expuso que su familiar fue víctima de tortura varias veces e, incluso, en una ocasión “lo desaparecieron por varios días”.
En otra ocasión, expuso que su familiar no podía ni mantenerse de pie, a causa de la tortura de la que fue víctima dentro del penal, y al respecto el alta médica señalaba que la razón de su condición se debía a los altos niveles de estrés.
En consecuencia, ella decidió.
“Tomar cartas en el asunto, ya que las autoridades no lo iban a hacer. Comencé a ir a cursos de diferentes organizaciones. A partir de ello me hice consciente de que el desconocimiento de tus derechos humanos hace que, casos como este, los percibas como normales y creer que lo único que te queda es aguantarte”.
Posteriormente, relató que interpuso quejas y denuncias ante las autoridades penitenciarias, locales y nacionales y, ante la negativa de todas éstas, tuvo que acudir a instancias internacionales.
“Nos enfrentamos a las autoridades y su crueldad que te hacen sentir que, al tener un familiar preso, no vales nada”.
La soledad de quienes tienen un familiar privado de la libertad
Lucía mencionó que uno de los muchos problemas a los que se deben de enfrentar quienes tienen un familiar privado de la libertad, es la soledad, al no tener con quien hablar sobre el tema: “Este tema se vuelve un tabú, al punto de que es más cómodo olvidarlo y seguir como si nada”.
Por ello, es que para las personas que se encuentran en una situación como esta es muy importante el contar con asesoría y acompañamiento psicológico.
“Casi no hablamos de ello por cuestiones de seguridad. Socialmente se piensa que el ser familiar de una persona privada de la libertad es ser cómplice y solapar su ‘crimen’”, compartió una de las participantes en el foro.
Al respecto, Lucía afirmó que el formar parte de CAIFAM ha sido:
“Una gran ayuda. Ahí podemos llorar, compartir lo que vivimos, consolarnos entre nosotras, porque quién mejor para entender que alguien que está pasando por lo mismo que tú”.
Conforme al INEGI, a marzo de 2020, en México había 205 mil 535 personas privadas de la libertad; 86% de ellas del fuero común (176 mil 522 personas) y 14% del fuero federal (29 mil 013 personas).
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