Zona Cero
Por Jonathan Ávila / @JonathanAvilaG
Llenar al país de más militares no resulta ser la mejor alternativa para salir de esta espiral de violencia, pero parece que es la única respuesta que tienen por ahora quienes gobiernan al país. La violencia macrocriminal ha suspendido al país en una lógica de horror y miedo que parecen nublar la vista de quienes gobiernan para encontrar alternativas.
Lo ocurrido en la colonia La Jauja, en el municipio de Tonalá, Jalisco, puso sobre la mesa de nuevo esa discusión. El multihomicidio de 11 personas tuvo respuestas diferenciadas, pero todas bajo una lógica simplista que busca dar una atención rápida sin detenerse en lo complejo. El gobierno de Jalisco se lavó las manos y echó culpas a la federación porque, a decir de las investigaciones “inmediatas” de la Fiscalía del Estado, aquello se trataba de un hecho delictivo con trasfondo en el “crimen organizado”, por lo cual la jurisdicción de las investigaciones y la atención a la problemática que propició ese evento tendrían que venir desde el fuero federal.
La respuesta desde Palacio Nacional fue sencilla: se mandarán más militares al estado de Jalisco, a pesar de que ya se cuenta con un alto número de efectivos en todo el territorio. “Hay mucha presencia de la Guardia Nacional en Jalisco que antes, son muchos elementos”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y hasta habló de “un grupo de la delincuencia organizada” que predomina en la zona.
Sin embargo, no perdió la oportunidad de decir que va a “serenar a Jalisco” mandando más efectivos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina. El problema no es el número, tal parece, porque justo el presidente tiene razón en la contabilidad. Una reciente nota evidencia que Jalisco es el estado con más militares destinados a las labores de seguridad, vía las “Operaciones para la Construcción de Paz”, es decir, la estrategia nacional de seguridad pública que se promulgó en mayo de 2019 para que las fuerzas armadas asuman el mando de la seguridad pública en zonas donde la descomposición de las policías locales lo requieran.
La alta presencia militar en las calles supone un alto riesgo para la seguridad pública. La guerra iniciada por Felipe Calderón solo acentúo la lógica bélica de un nuevo orden global donde se trata de imponer una estructura económica de incremento de ganancias, pero que requiere de esta violencia excepcional con dosis de violaciones graves a derechos humanos para lograr su cometido. ¿Qué significa esto, en el marco de lo que ya vivimos? Que la guerra finalmente, en su naturaleza, incentiva lo que en el discurso pretende erradicar, como diría Pilar Calveiro.
Los militares son el ejemplo perfecto de cómo se instaura este nuevo orden con sentido bélico, porque en la idea de la guerra está anclada a la visión sobre un “enemigo”. La lógica militar está situada en la acción directa contra un enemigo externo al Estado-nación que sirven. Por lo tanto este enemigo no vive al amparo de las leyes internas que sí justifican la acción del Ejército. Cuando esta lógica se traslada a la seguridad pública, hay un limbo tremendo entre las acciones requeridas para combatir la violencia criminal y se nota la ausencia de límites civiles sobre el accionar castrense.
De acuerdo con la historia ya construida de la “guerra contra el narco” de Felipe Calderón, esta inició el 11 de diciembre de 2006 con el arranque del Operativo Conjunto Michoacán, que buscó el despliegue de 5 mil efectivos del Ejército. Ahora, hasta inicios de 2021, son 214 mil 157 efectivos en las calles, bajo lógicas de seguridad pública; provenientes del Ejército y la Fuerza Aérea. 8 mil 444 de esos elementos están en Jalisco.
A pesar de las cifras, la violencia no para y tampoco parece que vaya a parar. De nuevo, el problema no es el número ni la presencia militar. En este caso citamos al coordinador general estratégico de seguridad, Ricardo Sánchez Beruben, que dijo que lo que falta en la entidad no son los efectivos sino la coordinación entre autoridades locales y federales.
Resulta irónico, no obstante, que una parte importante de los titulares de las instituciones de seguridad en Jalisco tengan una carrera militar, pero aún así existan problemas de coordinación para tomar acción en los hechos que todos los días impactan a Jalisco. En este caso la militarización no viene con soldados vestidos de policías bajo el nombre de Guardia Nacional y paseando en las calles, sino con la tradición de los altos mando en retiro asumiendo el mando de las policías.
Ejemplos de titulares de seguridad activos, y con antecedentes militares, son Arturo González García, ex general de división que también fue agregado militar adjunto en la Embajada de EE.UU. y ahora dirige la casi mítica Policía Metropolitana; Daniel Estrella Galván, ex integrante del Ejército que llegó desde 1993, ahora es Director de Seguridad Pública del municipio de San Julián y fue director operativo en Yahualica.
A esta lista se suma Luis Arias González, ex general que llegó a comandar la Guarnición Militar de la Plaza Lázaro Cárdenas en Michoacán y ahora encabeza la Comisaría de la Policía de Guadalajara; o José Alfredo Olivas Molina, teniente coronel en retiro, que encabezó la Policía de Chapala y ahora hace lo propio en Tlajomulco, su carrera va desde zonas militares en Hermosillo, Guamúchil, Manzanillo y Ciudad Juárez, hasta ser parte de la sección décima del Estado Mayor de la SEDENA para operaciones contra el narcotráfico, contar con cursos de análisis e integración de información y contraterrorismo por franceses y haber sido parte de la “Fuerza de Tarea” u Operación Cóndor en Sinaloa.
Otros que no siguen en activo como el coronel retirado Jorge Zambrano Flores, que fue comisario de Tala; Daniel Velasco Ramírez, ex general que inició el gobierno de Enrique Alfaro como Secretario de Seguridad Pública estatal hasta 2019; Eliseo López Medina, teniente coronel retirado en 2010 y que fungió como Comisario de Tonalá para luego sumarse a la Policía Metropolitana en septiembre de 2020, y finalmente Sergio Águila Luévanos, ex director de Seguridad Pública de Villa Corona, ex capitán en retiro y que fue detenido en 2019 por la Fiscalía General de la República en un operativo “contra la delincuencia organizada” bajo señalamientos de acopio y tráfico de armas.
¿Cuál es el problema? Es cierto, las historias de militares asumiendo labores de seguridad pública luego de su retiro –más en zonas rurales– ha sido una acción mucho más clara posterior a la revolución mexicana, como diría Carlos Pérez Ricart. Sin embargo, hoy estamos bajo una nueva lógica de la seguridad (la securitización), una nueva lógica del adiestramiento militar, el discurso sobre quién es “el enemigo del país” y un nuevo orden global que incentiva la violencia macrocriminal.
Cuidar la filigrana de ese nuevo sentido que puede tomar la seguridad pública, civilizar la seguridad ya militarizada, es el único camino para repensar la violencia macrocriminal y tomar acciones que nos saquen de esta sensación de terror que ha producido esta guerra.
El fin de la guerra parece algo sumamente lejano para Jalisco, y de hecho para todo el país. Sandra Ley y Guillermo Trejo señalan en su reciente libro Votes, drugs and violence, que las guerras criminales no son fenómenos de corta duración, sino que involucran prolongados conflictos. Con más militares en el corazón de todas las áreas de seguridad de este país, no podemos darles más que la razón, aún si dudáramos de su amplio sustento empírico para lo que exponen.
