Durante el gobierno del Donald Trump, se cometieron crímenes de lesa humanidad contra las personas migrantes, disfrazados de políticas migratorias. Tal es el caso del Protocolo Quédate en México, por sus siglas en inglés Migration Protection Protocols (MPP). El MPP, lejos de incrementar los recursos para proteger a las personas que necesitan asilo político, generó que los casos no llegaran a las cortes estadounidenses, por lo que, los derechos humanos de las personas migrantes fueron violados por completo.
Tras la llegada de Joe Biden como el nuevo presidente de Estados Unidos, dicho protocolo ha sido cancelado. Sin embargo, la lista de crímenes registrados contra personas migrantes, durante el periodo en que estuvo vigente el MPP de 2019 a 2020, asciende a mil 314 crímenes, entre los que se encuentran: secuestro, violación, amenaza de muerte, robo, entre otros.
En entrevista, Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), compartió algunas de las acciones que tomó el gobierno de México durante el periodo de ejecución del MPP, así como la responsabilidad de las autoridades mexicanas y estadounidense para reparar el daño y garantizar que nunca más se apruebe un programa que viole los derechos humanos de la población migrante y solicitante de asilo.
Por Samantha Anaya/@Sam_An16
El Protocolo Quédate en México o Migration Protection Protocols (MPP) -por sus siglas en inglés- se implementó del 29 de enero de 2019 hasta el 20 de enero de 2021. Fue un programa ejecutado por la administración de Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, a través del cual, las personas que solicitaban asilo en este país eran obligadas a esperar la resolución de sus casos en territorio mexicano.
El 20 de enero de 2021, el presidente Joe Biden, recientemente electo, firmó una orden ejecutiva para eliminar esta política.
De acuerdo con el manual Recursos para entender el protocolo Quédate en México, del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), algunas de la acciones que se llevaban a cabo bajo la justificación del MPP, eran: la instalación de simulaciones de Cortes en grandes tiendas de campaña; la práctica conocida como metering, mediante la cual eran creadas listas ilegales de espera para acceder al territorio estadounidense y solicitar asilo; el establecimiento de acuerdos para retornar a personas a terceros países inseguros en Centroamérica; y junto con ello, la negativa de las solicitudes de asilo a migrantes que huían de un contexto de extrema violencia en sus países.
Según ha informado el IMUMI, el total de personas obligadas a permanecer en la frontera norte de México fue de 76 mil 276, de las cuales 42% son mujeres, 58% hombres y de 30% de total corresponde a personas menores de edad.
Las principales nacionalidades de las personas migrantes, víctimas de estos crímenes, son: El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Perú, Venezuela, Uruguay, Brasil, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Belice, Paraguay, Bolivia y Panamá.
Por su parte, los gobiernos de México, El Salvador, Honduras y Guatemala colaboraron con el gobierno de Trump en la implementación del MPP.
Los grupos de la población que se consideraban en condiciones de vulnerabilidad incluían a mujeres embarazadas, personas mayores, enfermos o personas con alguna discapacidad, por lo que, se estableció que cualquier persona que perteneciera a alguno de estos grupos no debía ser puesta a disposición del MPP. Sin embargo, diversas organizaciones en ambos países –como la American Civil Liberties Union (ACLU)- denunciaron que personas en condición de vulnerabilidad estaban siendo deportadas.
Gretchen Kuhner, directora del IMUMI, señaló que el gobierno de México aseguró recibir a las y los migrantes por razones humanitaria, y que por ello se les proveería de protección mientras esperaran la resolución de su caso en Estados Unidos. Sin embargo, permitió que Estados Unidos deportara a miles de personas, en situación de vulnerabilidad en la frontera entre ambos países, poniéndoles en condiciones inhumanas e inseguras.
Casos de violencia contra personas retornadas a México bajo el protocolo Quédate en México
Kuhner expuso que conocer la cifra real de casos de violencia cometidos contra personas migrantes es muy difícil, ya que “muchas personas no denuncian, y en México hay una tasa de impunidad arriba del 75%”.
Por ello, la manera más certera de hacer un recuento de los delitos y violaciones graves a derechos cometidas en contra de esta población en México es a través del monitoreo de medios de comunicación, reportes de abogadas y abogados que han llevado casos en México y por medio de chats:
“Es importante que el gobierno de México reconozca que por no dar la protección necesaria hubo miles de personas víctimas de todo tipo de violencia en un programa que no debió de haberse aprobado”.
El reporte público de la organización Human Rights First muestra un listado de mil 314 delitos y crímenes cometidos en contra de las personas migrantes, de febrero de 2019 hasta diciembre de 2020, periodo de tiempo que corresponde a la vigencia del MPP.
El 14 de febrero de 2019 ocurrió el primer caso reportado, el cual corresponde a un delito de extorción policiaca. La policía mexicana detuvo en varias ocasiones a Ian Doe para revisar sus documentos migratorios. En enero de ese mismo año, algunos policías le pidieron pagar un soborno de 1,500 pesos, o si no le arrestarían e iría a prisión.
Ese mismo día, en la ciudad de Tijuana, dos personas civiles asaltaron a punta de pistola a Howard, un migrante hondureño que debía presentarse en el punto de entrada entre México y Estados Unidos. Los asaltantes confesaron que sabían que la víctima era de nacionalidad hondureña y que si lo volvían a ver lo matarían. Howard fue secuestrado y retenido durante más de dos semanas por miembros de un cartel mexicano, hasta que él y otros lograron escapar.
El mes con más casos de crímenes cometidos contra personas migrantes en 2019 fue diciembre, con un total de 75 casos. El primero de estos, ocurrió el 1 de diciembre, fecha en que una mujer migrante denunció que ella y su hijo de 7 años de edad fueron secuestrados y retenidos por un día sin comida, cuando llegaron a la frontera norte de México. Les liberaron después de que sus familiares pagaron un rescate.
De igual forma, el mes que tuvo más casos de crímenes durante 2020 fue noviembre, con 52 casos. El primero de estos tuvo lugar el 1 de diciembre de 2019, cuando un grupo de migrantes, que vivían en un pequeño apartamento en Ciudad Juárez, fueron obligados a subir a un camión cuando salían del supermercado, trataron de extorsionarles, después les asaltaron y ultrajaron.
Por otra parte, los crímenes que tuvieron mayor número de episodios durante este periodo de tiempo, fueron secuestro (con 268 episodios), ataques físicos (con 87), robo (con 70 episodios), amenazas (con 45), violación (con 47 casos) e intentos de secuestro (con 45 episodios). Los estados donde se registraron los secuestros son: Baja California, Tamaulipas, Sonora, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Tabasco, Ciudad de México, Monterrey y San Luis Potosí.
En el 100% de los casos de extrema violencia que fueron cometidos contra migrantes, de acuerdo con Human Rights First, se identifica como responsables a las autoridades policiacas mexicanas (tanto local como federal), así como agentes de migración mexicanos y grupos del crimen organizado.
Por otra parte, aun cuando el programa ya ha sido cancelado, la directora del IMUMI comentó que, actualmente, tienen un caso en contra del gobierno federal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta acción se ha llevado acabo con el propósito de establecer un precedente.
“Esto es para que México no vuelva a participar en algo que violenta los derechos humanos de tantas personas. La SCJN debería de encontrar inconstitucional la participación del gobierno mexicano en la participación del MPP”.
El contexto al que se enfrentó la población migrante durante el MPP
El MPP comenzó en San Isidro, Tijuana, y luego pasó a Mexicali, Piedras Negras, Nuevo Ladero, Reinosa y Matamoros. En junio de 2019, México firmó para que el protocolo pudiera extenderse hacia otras ciudades del norte. “En todas estas ciudades hubo secuestros y otros tipos de violencia”, denunció Kuhner.
Quienes fueron puestos y puestas a disposición del MPP, para poder sobrevivir, debían vivir en albergues, sobre todo quienes se encontraban en Tijuana, ya que esta ciudad cuenta con mayor número de refugios para migrantes. En el caso de las personas que se encontraban en Matamoros –dado que en esta ciudad no hay suficientes refugios y albergues- debían permanecer en campamentos improvisados; la gran mayoría optó por rentar alguna habitación o apartamento; y hubo quien tuvo que trasladarse al interior del país para busca empleo.
“El contexto para cada persona cambia, dependiendo de la ciudad en la que se encontraba”, puntualizó la directora del IMUMI.
Finalmente, Kuhner precisó que, frente a estos contextos de por sí adversos, la pandemia vino a retrasar los procesos de audiencias y, con ello, la precariedad, vulnerabilidad y marginación en la vida de las personas migrantes:
“Cancelaron muchas audiencias en Estados Unidos, por lo que muchas personas quedaron sin documento alguno que les protegiera. No hubo nada para garantizar el acceso a vivienda, salud y educación. Realmente, quienes apoyaron más fue la sociedad civil”.
