En Pie de Paz
Por Carmen Chinas / @carmenchsa
“Sólo el amor convierte en milagro el barro”
Silvio Rodríguez
Ante contextos de graves violencias como los que han sufrido países en conflicto armado o con regímenes de dictadura, la participación de la sociedad en la defensa de los derechos humanos, construcción de redes de apoyo, rescate de la memoria y lucha contra la impunidad ha sido clave para impulsar procesos de justicia y contribuir a la construcción de paz.
En América Latina hay numerosos ejemplos en ese sentido; desde las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que siguen buscando los cuerpos de sus hijos e hijas asesinados durante las dictaduras militares en Argentina y recuperando la identidad de sus nietos, las mujeres de la Coordinadora Nacional de Viudas en Guatemala que, además de buscar justicia para sus compañeros crearon una red solidaria para resolver en colectivo las necesidades de sus familias, a la vez que demandaban que su voz fuera escuchada en los procesos legislativos impulsaron fuertemente el proceso de paz en la región; y de espacios como el del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso (Honduras), que tiene más de 20 años organizando caravanas de búsqueda y tejiendo redes de apoyo con familias centroamericanas.
En México también han surgido esas voces. En la década de los setentas, la Señora Rosario Ibarra fue el rostro más visible de quienes exigían la presentación con vida de las y los desaparecidos, y los colectivos como el Comité Pro-Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México o Eureka mantuvieron viva la exigencia de justicia y verdad. Vivos se los llevaron, vivos los queremos; ni perdón ni olvido, no se olvida, fueron consignas que se acuñaron para preservar la memoria frente al olvido social.
En un contexto diferente a la desaparición por razones políticas, en los últimos años hemos visto surgir en México colectivos conformados principalmente por mujeres que han puesto en evidencia la gravedad del problema de las desapariciones, la existencia de numerosas fosas clandestinas y la falta de actuación oportuna por parte de las autoridades. El inicio de esta tragedia nacional está marcado en la llamada “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón, quien ocupó la Presidencia del país a partir de 2006.
Así, hemos visto familias en las diversas regiones del país exigiendo a la autoridad hacer investigación y búsqueda, saliendo a buscar y revisar lugares de entierros clandestinos; los colectivos han recuperado cuerpos y sensibilizado a la sociedad respecto a la gravedad de la problemática. Han influido en procesos legislativos siendo protagonistas en la creación de leyes como la “Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional De Búsqueda De Personas” que entró en vigor en el país a principios de 2018. Con la consigna “Sin las familias No” se logró la instalación de mesas de trabajo para crear una ley que recogiera las demandas y necesidades de quienes llevaban años haciendo las búsquedas.
En ese sentido, en el pasado mes de febrero, el Congreso de Jalisco aprobó la “Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas” y la “Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco” poniendo fin al rezago legislativo de más de 30 meses, ambas leyes constituyen un avance importante ante la gravedad del problema, ya que en Jalisco a la fecha hay 11 mil 851 personas desaparecidas según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas.
La existencia de ambas leyes sienta las bases necesarias para garantizar una búsqueda con principios que son fundamentales: buena fe, debida diligencia, efectividad, exhaustividad, enfoque diferencial y especializado, enfoque humanitario, gratuidad, igualdad, no discriminación, interés superior de la niñez, máxima protección, no revictimización, participación conjunta, perspectiva de género, presunción de vida, pro persona y verdad. Pero esto solo ha sido posible por la lucha de los colectivos de familiares de personas desaparecidas que estuvieron sosteniendo la exigencia de crear leyes que consideren la dimensión del problema y que faciliten los procesos de investigación y búsqueda.
El Poder Legislativo de Jalisco intentó a principios de 2019 y del 2020 presentar iniciativas de ley de manera unilateral, dejando de lado la incorporación real de las familias al proceso de su creación, pero a fuerza de insistir, solicitar dialogo y manifestándose públicamente en distintos momentos, los colectivos finalmente lograron que se creara una mesa de trabajo que elaboró el contenido de las leyes que fueron recientemente aprobadas, con la presencia de “Por Amor a Ellxs”, “Entre Cielo y Tierra”, “Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco” y el acompañamiento de diversas instancias e instituciones defensoras de derechos humanos fue posible establecer una legislación local en la que los aportes de los colectivos fueron la base y guía en la discusión.
En los países en conflicto, los preceptos de la justicia transicional (memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición) constituyen uno de los caminos para la construcción de paz; en México vemos formas de esa modalidad de justicia en procesos como el que han logrado los colectivos de familias de Jalisco, al crear una ley en la que sus aportes son la base y que se ha elaborado en un amplio proceso de diálogo y consenso con las instituciones. Con la promulgación de las leyes, se ha dado un paso importante para combatir la impunidad; ahora se inicia el difícil camino de lograr que las disposiciones se implementen a cabalidad.
Una vez más, las familias y colectivos que buscan a sus desaparecidos en Jalisco han dado ejemplo en la defensa de los derechos humanos, de solidaridad y resiliencia. Esperemos que las autoridades atiendan la responsabilidad que les ha sido conferida.
