ZonaCero
Por Jonathan Ávila /@JonathanAvilaG
La indiferencia institucional hacia la problemática de las desapariciones en el estado de Jalisco y su lógica dentro del entramado macrocriminal mexicano es sorprendente, sólo explicable ante el nivel de complicidad e impunidad que entrelaza al Estado y a los grupos criminales.
Este año, esa indiferencia y desdén a la lucha de años por parte de las familias de personas desaparecidas vino desde el Congreso del Estado de Jalisco, al no querer aprobar plenamente el dictamen de Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, trabajado durante cinco meses por familiares, personas expertas, organizaciones, universidades, organismos internacionales, autoridades obligadas para dar respuesta a la problemática y tres diputadas con sus respectivos asesores en la Subcomisión que se creó para tal fin.
Desde temprano, el martes 16 de febrero, la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Congreso de Jalisco había sesionado para dar el visto bueno al dictamen de esta ley, que hasta unas horas antes había sido peleada por las familias de personas desaparecidas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil, universidades y organismos internacionales, como la Cruz Roja Internacional y la ONU.
El júbilo por la votación en comisiones para pasar al Pleno del congreso y ser aprobada parecía inminente, y se aderezaba con la presencia de las familias, principales beneficiarias de las iniciativas, desde las calles con sus lonas y cartulinas exigiendo el regreso de los suyos. Pero después del mediodía todo el escenario cambió. No importó que las familias estuvieran horas afuera del recinto, bajo el sol y sin comer. Desde el Congreso de Jalisco se había decidido que el dictamen de Personas Desaparecidas no sería votado ese día, bajo el pretexto de que debía ser socializado con los demás diputados.
Corren algunas versiones de que desde Casa Jalisco se le está pasando revista a las semanas de trabajo que todos los ya mencionados tuvieron que hacer en las llamadas mesas técnicas de la Subcomisión que se hizo para poder crear leyes avanzadas.
Hasta la mañana del martes, la sociedad civil peleó por tener un proyecto de ley acorde a las necesidades del contexto, avanzado en estándares internacionales y con la verificación de que dicho texto llegaría hasta el Pleno del Congreso de Jalisco sin modificaciones sustanciales al espíritu garantista de la ley. Tanto así que debieron hojear el dictamen votado en la comisión legislativa para tener certeza de que se trataba del proyecto colectivo.
Por eso el riesgo de que el proyecto de ley pueda ser modificado desde Casa Jalisco es una señal de alarma para todas las personas, tanto familias, personas expertas y para quienes nos hemos solidarizado con las familias, en virtud de la necesidad de hacer presión para que la Ley de Personas Desaparecidas de Jalisco continúe bajo las disposiciones legales que los grupos ciudadanos y las autoridades acordaron en las mesas técnicas.
Llama la atención que desde Casa Jalisco se esté haciendo una revisión al texto, cuando en las mesas técnicas estuvieron presentes los representantes de las instancias responsables de atender la problemática de la desaparición en la entidad y que forman parte del Poder Ejecutivo, así como el abogado general del gobernador, David Bernal o sus representantes. ¿Acaso querrán quitarle responsabilidades a una Fiscalía Especial de por sí ineficiente? ¿Buscarán restarle dientes a una Comisión de Búsqueda que requiere de mayor peso ante el contexto de impunidad? ¿El Instituto de Ciencias Forenses será de nuevo relegado a los designios de los Ministerios Públicos saturados y omisos?
Bajo esa sospecha es imprescindible defender el texto de las mesas técnicas, que además las familias y organizaciones hicieron público desde el miércoles, debido a que lo aprobado por la comisión legislativa aún no está público con las firmas respectivas en la Gaceta Parlamentaria o en el sistema INFOLEJ.
La espera se ha vuelto eterna, pues a pesar de la presión que han tratado de ejercer familiares y organizaciones para que los diputados aprueben el dictamen consensuado, los legisladores decidieron no meter en la sesión extraordinaria de este viernes 19 de febrero la votación en primera lectura.
Cada vez que una ley es presentada y consensuada en el Congreso de Jalisco, por norma general debe pasar dos veces por el Pleno del Congreso, que es cuando los diputados se reúnen en las curules de manera general. A esa revisión se les llama primera y segunda lectura, respectivamente. En la segunda es cuando, si ya tiene el visto bueno de todos, se aprueba y esa votación se toma como aprobación del dictamen en lo general. Después de esa aprobación ya pasa al Gobierno del Estado para que sea publicado en el Periódico Oficial y entre en vigor, es decir, ya sería aplicable para las autoridades.
En el caso de la Ley de Personas Desaparecidas, la votación del martes 16 fue solo en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Congreso, su paso natural es que llegue a esa primera lectura y espere a ser aprobada en otra sesión en segunda lectura.
Solo que, habiendo voluntad política y argumentando el sentido prioritario de esta ley, se podría pedir la “dispensa de las lecturas”, de acuerdo a los artículos 164 y 165 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Esto significa que no necesitaría pasar por dos revisiones sino ser votada en una sola vez y así quedaría aprobada para ser publicada por el Gobierno del Estado.
Esta “dispensa” puede ser solicitada por cualquier diputado y solo debe tener el aval de la mayoría en el Pleno, lo cual sería factible ante un dictamen que ya tiene toda una semana que fue aprobado en su texto final, consensuado con familias y autoridades, y del cual ya no pueden argumentar los legisladores que no sabían nada de su contenido.
El pretexto del martes era que debía ser leído por todos, como si no supiéramos que votan a ciegas la mayoría de los textos que pasan por el Congreso. No obstante, el dejar fuera la votación de esta ley en la sesión extraordinaria de este viernes evidencia la falta de voluntad política de los legisladores y las presiones desde el Ejecutivo para darle el visto bueno o hacer modificaciones a modo de los pactos de impunidad que ahora sostienen el dolor e impotencia en los casos ante el Ministerio Público.
Lo principal es proteger a la figura constitucional del Ministerio Público para no darle más obligaciones, ya que ha sido una de las figuras que más obstaculiza los casos junto a los Policías Investigadores de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, y cuya ineficiencia impacta en las tareas de otras instancias como la Comisión de Búsqueda o el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
No importó el cabildeo previo de las familias y organizaciones con autoridades estatales y legisladores. No importó el compromiso público de la presidenta del Congreso, Mara Robles, o lo que dijo el líder de la fracción panista Gustavo Macías en Notisistema. Una de las personas que más ha obstaculizado los trabajos ciudadanos es Salvador Caro Cabrera, una de las figuras políticas con mayor poder en el Congreso de Jalisco y líder de la Junta de Coordinación Política, que es la entidad que decide los asuntos a tratar en las sesiones del Congreso, además de ser una de las piezas clave de Enrique Alfaro en este poder público.
Hasta ahora todos han hecho mutis. El desdén hacia las familias ha quedado marcado en el Congreso del Estado. Ayer Enrique Alfaro se paseaba por los Altos, por cierto una de las zonas más preocupantes en casos de desaparición y por las lógicas macrocriminales de la región. Pero no fue a dialogar con familias sino a presumir obras públicas.
Una victoria agridulce se sintió el martes 16 de febrero, cuando el Congreso del Estado aprobó el dictamen de creación de la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas en esta entidad. Habían pasado más de mil 490 días de espera para que este congreso armonizara las normas locales con la Ley General en materia de Desaparición, pero el logro no está completo.
Las horas afuera del recinto legislativo y los cambios de sensación térmica entre la sombra y el sol en la Plaza de la Liberación, hicieron que cada minuto fuera más desesperante para las familias que estaban en esas calles.
Falta la Ley de Personas Desaparecidas, esa que en su mayoría armoniza el contenido de la Ley General y que establece las directrices de coordinación y obligaciones para la búsqueda, investigación y atención a las víctimas de desaparición. La victoria sigue a medias y sólo más presión social puede ayudar a que las autoridades y legisladores reabran el diálogo y hagan lo que les corresponde.
Si un ápice de dignidad les queda por recuperar antes de irse a las campañas, por las que algunos ya pidieron licencia que empieza después del 28 de febrero, esta es la oportunidad. Las familias requieren YA que se apruebe la #LeyDesapariciónJalisco.
