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El Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, en la meseta purépecha de Michoacán, promovió un recurso de reclamación con el que esperan que la Suprema Corte ayude a liberar a dos autoridades indígenas de la comunidad que fueron aprehendidos en 2018 para reprimir la construcción de un gobierno autónomo en la comunidad
Por Arturo Contreras / Pie de Página
Foto: Mario Marlo / @MarioMarlo
José Luis Jiménez Meza y José Antonio Arriola Jiménez están encarcelados injustamente desde 2018 por defender la autonomía de gobierno de su comunidad, acusan sus compañeros. Ellos son parte del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN), una localidad en el municipio del mismo nombre en Michoacán. En 2017, el concejo se hizo del gobierno de esta localidad sin la intermediación de partidos políticos. Desde ese año los hostigamientos a la comunidad no pararon, incluidos los encarcelamientos de estos concejeros. Su liberación ahora está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Después de que en un primer intento la magistrada desechara nuestra solicitud de un recurso de revisión, ahora se presentó este recurso de reclamación, que está en la primera sala a cargo de la ministra Norma Lucía Piña. Y pues, formalmente, no nos han notificado, no tenemos un pronóstico de para cuando, pero confiamos en que debido a la grave violación de derechos humanos y a todos los atropellos que ha habido en este proceso jurídico, confiamos en que la ministra tendrá que resolver pronto”, explica en entrevista telefónica Efraín Avilés, vocero del CCIN.
Desde 2017, cuatro de las 15 localidades que conforman el municipio de Nahuatzen iniciaron distintos procesos de autonomía para regir su vida política mediante sus propios mecanismos comunitarios, prescindiendo de la intervención de partidos políticos. La idea es crear un cuarto nivel de gobierno, que añada un escalafón al orden existente: nacional, estatal, municipal y comunitario.
El camino ha estado lleno de atropellos y abusos por parte del gobierno municipal y estatal, controlados por políticos del Partido de la Revolución Democrática.
“El Gobierno del estado de Michoacán así como el ayuntamiento de Nahuatzen han atacado y criminalizado al CCIN, a través de la causa penal 182/2019, violentando los derechos a la autonomía, libre determinación y autogobierno. El encarcelamiento de José Luis y Antonio es una clara muestra del abuso de poder por parte del gobierno estatal contra los derechos de la comunidad”, advierte en un comunicado del 17 de febrero de 2021 la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), una organización que acompaña a la comunidad en su proceso de autonomía.
La historia de la autonomía en Nahuatzen data de 2015, cuando 4 mil, de los 7 mil votantes que hay en la comunidad, desconocieron al presidente municipal en turno, David Otlica Avilés, quien incluso se vio obligado a dejar la comunidad y establecer una oficina de gobierno municipal alterno en una comunidad de cercana. En 2017, el Tribunal Electoral de Michoacán reconoció el autogobierno de la comunidad.
Un año después, en noviembre de 2018, policías municipales y estatales realizaron diferentes operativo en la comunidad para detener a cinco de los once concejales del gobierno indígena, pero sólo detuvieron a tres personas, dos de los concejales: José Luis Jiménez Meza y José Antonio Arriola Jiménez y a un comerciante: Gerardo Talavera Jiménez, quienes hoy permanecen tras las rejas.
El 11 de noviembre detuvieron a Gerardo Talavera en su domicilio de Morelia. Gerardo es un comerciante de la región purépecha, a quien confundieron con una de las autoridades locales. Al día siguiente, agentes del estado soltaron a los animales de José Luis Jiménez Meza, quien al alejarse a los linderos del pueblo para que no se extraviaran fue interceptado por policías que lo sometieron y lo detuvieron. El 13 de noviembre, elementos de seguridad acudieron al domicilio de José Antonio Arreola en Nahuatzen. Sin orden judicial entraron a su domicilio, de donde lo sacaron desnudo, a golpes y después de encañonar a su familia, se lo llevaron.
Los tres fueron acusados de haberse robado, el 1 de noviembre de 2018, dos automóviles Tsuru y un camión de volteo pertenecientes al gobierno municipal, por lo que se les adjudicaron los delitos de robo de vehículo y sabotaje. Sin embargo, ese día los tres se encontraban en una reunión conciliadora de gobierno en el municipio cercano de Pátzcuaro, por lo que no pudieron cometer el delito. A pesar de que el delito de robo de vehículo ya fue desechado, y el delito de sabotaje no se sostiene, ésta sigue siendo la causa de su encarcelamiento.
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Este texto se publicó originalmente en Pie de Página:
