El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad el Modelo de operación de la prueba piloto del Voto de Personas en Prisión Preventiva, de tal forma que, este grupo de la población pueda participar en la elección de diputaciones federales en el Proceso Electoral 2020-2021.
Con esta decisión, han surgido opiniones diversas sobre si se trata de una acción anticonstitucional, ya que de acuerdo con el artículo 38 -inciso II- de la Constitución Mexicana, los derechos políticos de las y los ciudadanos están supeditados a quienes no estén sujetos a “un proceso criminal por delito que merezca pena corporal”; por lo tanto, esto supone que el derecho al voto está restringido para las personas privadas de la libertad.
Sin embargo, más allá de las opiniones que se detonaron en redes sociales tras el anuncio del INE, familiares de personas privadas de la libertad e integrantes de colectivos que velan por los derechos de esta población, señalan que este “es un paso para visibilizar su participación en la sociedad de la que forma parte, y dejar de criminalizarles”, pues esta prueba piloto será aplicada para personas en prisión preventiva, lo que significa que aún no se les ha dictado una sentencia condenatoria.
Asimismo, el presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE, José Roberto Ruiz Saldaña, compartió en entrevista que esta acción debió haberse realizados ya hace varios años “a partir de la reforma en derechos humanos, los cuales deben de ser garantizados en todas las sociedades”.
Por Samantha Anaya/Sam_An16
En sesión extraordinaria, el presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña recordó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) impulsó al Instituto Nacional Electoral (INE) a implementar la prueba piloto del Voto de Personas en Prisión Preventiva en el 2021, de manera paulatina y progresiva antes de las elecciones de 2024.
Ruiz Saldaña llamó a las autoridades penitenciarias a contribuir en el cumplimento de lo ordenado por el TEPJF al INE, pues por primera vez las personas en prisión que no han sido sentenciadas y que se encuentran privadas de su libertad podrán ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones del 6 de junio.
En coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana conformaron un grupo de trabajo que determinó los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS) que participarán en la prueba piloto en el Proceso Electoral 2020-2021. Para dicha selección fueron tomados en cuenta factores de gobernabilidad y seguridad.
Los CEFERESOS contemplados para la prueba piloto son los siguientes:
El CEFERESO de Chiapas se considera de carácter intercultural, ya que el 3% de su población es originaria de la entidad, mientras que, el resto de la población proviene de diferentes estados del país.
Al respecto, en entrevista, José Ruiz Saldaña explicó que estos cinco centros de readaptación fueron elegidos en función de lo mandatado por el Tribunal Electoral, pero, además, obedeciendo a razones de pluriculturalidad, diversidad y género:
“Fue a partir de lo mandado por el Tribunal Electoral. Se tomaron en cuenta aspectos como la pluriculturalidad y el hecho de que debía haber, por lo menos, un centro de readaptación exclusivo para mujeres. Entonces, dentro de esa orientación que nos dio la sentencia del Tribunal, nos dimos a la tarea -sumando esfuerzos- de ubicar centros de readaptación que cumplieran con dichas características para esta prueba piloto, y por ello se eligieron estos centros, a partir de un diálogo con las autoridades en la materia del país. El INE no podría decidir de forma unilateral cuáles tendrían que ser esos centros de readaptación, sino que fue a partir de un diálogo con la autoridad correspondiente”.
Dania Ravel, Consejera del INE, señaló que “la población total estimada de personas en prisión preventiva con corte al mes de marzo de 2020 asciende a 2 mil 185 personas, de las cuales mil 680 (el 76.9%) son hombres y 505 el (23.1%) son mujeres”.
De acuerdo con el cuaderno mensual de información estadística penitenciaria, del Observatorio de Prisiones de Documenta A.C., hasta noviembre de 2020, 215 mil 252 personas se encontraban privadas de la libertad, de las cuales 89 mil 814 (42%) permanecían en prisión preventiva y 125 mil 418 (58%), ya contaba con una sentencia.
Esta misma organización, ha advertido que “México es de los países que más restringe el derecho al voto ya que no distingue entre las personas procesadas y las sentenciadas aplicando la restricción a ambas”. De tal forma que: “los costos de seguir restringiendo el voto a las personas privadas de su libertad podrían resultar mucho mayores a los costos de otorgarles ese derecho”.
El Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, precisó que está próximo a ser firmado un convenio con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el subsecretario Ricardo Mejía Berdeja, para definir el procedimiento a seguir para que, quienes se inscriban en la Lista Nominal, tengan la información necesaria para emitir su voto:
“A partir de las pláticas con las autoridades se defina un modelo de comunicación más asertivo en donde podamos hacerles llegar a las mujeres y a los hombres que se encuentran privados de su libertad, pero que van a tener derecho a votar, la información necesaria para que tengan su voto informado”, informó Edmundo Molina.
En tanto, el presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, José Ruiz, expuso que aún no se determina la estrategia para que las personas puedan inscribirse en la Lista Nominal y, por ende, participen en esta prueba piloto. Según advirtió, en unas semanas el INE estará ofreciendo más información al respecto:
“Todo se va a ir concretando en función con el convenio que tiene que celebrar el INE con la autoridad que administra a nivel federal los centros de readaptación y, a partir de ello, estaremos en los próximos días o semanas ya teniendo más claridad sobre ello. El INE no podría disponer de cuánta información impresa podría hacer llegar a las personas en prisión preventiva dentro de esta prueba piloto, la cual contenga las plataformas y propuestas de los partidos, porque esos son lineamientos propios de cada centro de readaptación”.
En contraste, Nadia Gutiérrez, investigadora que documenta la situación a la que se enfrentan las familias de personas privadas de la libertad, integrante del Proyecto de Aplicación Profesional “Incidencia en el Sistema Penitenciario” y del proyecto “Más allá de la Prisión” del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores (ITESO), aseguró que este proceso de garantizar, por primera vez, el derecho al voto de las personas en prisión preventiva será complejo, dado la cantidad de urnas que se deben de controlar:
“Tristemente, en el caso de México, si de por sí la corrupción está afuera con las urnas y con los votos, también es eso un gran trabajo por parte del INE, y si se logra llevar a cabo como parte del proceso electoral cada que así corresponda, ese es otro tema que se debe considerar de cómo se va a tener control. Adentro se tendrían muchas más urnas que controlar. Entonces considero que en ese tema el INE también comenzará a desarrollar una estrategia”.
Por otra parte, José Roberto Ruiz Saldaña compartió que esta prueba piloto es un avance significativo para el cumplimiento de los derechos humanos de este grupo de la población:
“Es una muy buena noticia que en nuestro país estemos haciendo este tipo de esfuerzos (como es esta prueba piloto), para que personas en prisión preventiva puedan ejercer su derecho al voto. La verdad es que es un mandato que se debía elaborar desde 2011, a partir de la reforma en derechos humano, los cuales deben de ser garantizados en todas las sociedades. Siempre es necesario hacer estos esfuerzos, sin escatimar sus alcances, ni sus méritos. Reconozco la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que fue quien nos mandató a hacer esta prueba piloto, al tener un gran sentido garantista”.
Controversia alrededor de la prueba piloto
Tras el debate que esta decisión ha generado, advirtiendo que, incluso, podría recaer en una acción anticonstitucional, Ruiz Saldaña considera que este modelo piloto pone en el espacio público otras discusiones alrededor de los mecanismos de votación para grupos en situación de vulnerabilidad, en este caso, de las personas privadas de la libertad, sus necesidades y demandas:
“Lo que puedo mencionar (y es un convencimiento personal) es que hoy tenemos un sistema de readaptación que no está haciendo tan efectivo. Lo que sucede es que la sociedad en su conjunto está muy separada y muy desvinculada de los problemas y los asuntos que se viven en las cárceles que hay en el país. Hay una absoluta distancia entre las problemáticas carcelarias y los interese de la sociedad. Realmente hace falta que las mexicanas y los mexicanos volteemos a ver lo que sucede, e involucrarnos en este tema, ya que va a ser benéfico”.
De igual forma, la profesora Nadia Gutiérrez compartió en entrevista que, desde su experiencia, esta prueba piloto debió haberse realizado desde hace varios años, y espera que “sea algo que pueda establecerse para todas las personas en prisión”:
“Me parece que decir bien queda corto, en el sentido de que era un tema que desde hace tiempo ya debería haberse hecho. Cuando se detiene a una persona eso no debe de implicar que se les deba retirar sus derechos políticos, siendo uno de estos el voto, y con mayor razón si se parte de tratados internacionales y nacionales a los que México suscribe. El hecho de que estés en proceso o ya te hayan sentenciado no implica que pierdas tu condición de ciudadano”.
Por otra parte, en redes sociales varias y varios usuarios se manifestaron en contra de dicha decisión, pues mencionan que “los presos están privados de sus libertades, y una de ellas es el voto”, o también sobre el hecho de que el INE “no es parte del poder legislativo, por lo que no puede decretar leyes ni reformas”.
De acuerdo con el artículo 38, en su fracción II, los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden “por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión”.
Sin embargo, un punto a señalar es lo que se entiende por auto de formal prisión: en este, se debe contar con suficientes datos que den fe del lugar, el tiempo y las circunstancias en que fue llevado a cabo el delito.
Por ello, Lucía Alvarado, Coordinadora el Centro de Apoyo Integral para Familiares de Personas Privadas de la Libertad (CAIFAM), señaló que el sistema penal mexicano es un “sistema podrido y completamente corrupto, por lo que, al momento que se apresa a una persona, existe una serie de inconsistencias alrededor de su aprensión:
“En el tiempo que he acompañado a mi hermano en su proceso legal, me he encontrado con miles de personas que fueron puestas en prisión injustamente. Tenemos un sistema de justicia muy poco confiable, la menos esa fue mi experiencia. Con respecto a delitos federales que merecen prisión preventiva, desde 2006 que llegó Caldearon, y comienza en 2007 con su guerra contra el narco, comenzó a dispararse esta situación de llevar a cientos de personas a prisión, y platicando con sus familiares nos hemos dado cuenta de que hay una serie de inconsistencias desde la misma detención y con los interrogatorios, los cuales fueron casi siempre bajo tortura. Fueron sentenciados a penalidades absurdas, que van desde 50 hasta 120 años, y muchas personas dicen que definitivamente no fue en el lugar ni la forma en que dijeron que fueron apresados, y que nunca estuvieron en el lugar de los hechos. Una serie de situaciones por las cuales están presos, y muchos de ellos ya están sentenciados”.
En cuanto a las facultades del INE para tomar este tipo de decisiones, José Ruiz puntualizó que, al ser una orden dada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y tal y como lo mandata la Ley orgánica del poder judicial de la federación en su artículo 1º, el TEPJF es la máxima autoridad en materia electoral, por lo que al INE le corresponde acatar la orden del Tribunal.
“Sí, está en el ámbito de nuestra atribución. Hay que recordar que es una orden que el Tribunal Electoral dio al INE (de hacer esta prueba piloto). Cuando un Tribunal Electoral en cualquiera de sus salas en el país (es decir, la sala superior, o alguna sala regional, o una especializada) ordena algo, no está sujeto a opinión o al gusto del INE; es un mandato y como tal se tiene que cumplir. El fundamento de esta prueba piloto es la orden del Tribunal. Hay que recordar que TEPDJF es la máxima autoridad electoral en el país, por lo que si nos mandata a hacer esa prueba piloto lo tenemos que hacer, y si después nos mandata a hacer otro tipo de pruebas piloto también las tendríamos que hacer”.
A su vez, la coordinadora del CAIFAM señaló que, el no tomar en cuenta la decisión de las personas en prisión preventiva, sobre quienes ocupan los puestos públicos en el país, “sería discriminarles”, ya que, el voto da a las personas autodeterminación política. Por ello, este nuevo modelo “vino a garantizar lo que nunca se le había otorgado a una persona presa”:
“Aplaudimos la decisión del Tribunal de garantizar que las personas privadas de la libertad ejerzan un derecho, que desde siempre se les ha negado. Desde CAIFAM, y como familiar de una persona privada de la libertad, puedo decir que sin voto no existes: no eres tomado en cuenta. Es importante que con las votaciones se visibilice a este grupo de la población y que se garantice su derecho al voto; su derecho de decidir a quien le va a gobernar. Es un hecho que las personas privadas de la libertad son un grupo vulnerable que nadie quiere voltear a ver, ni saber de sus necesidades. Creemos que es un derecho universal y le corresponde ejércelo a todas las personas en el país. Ellas y ellos no tienen por qué ser la excepción”.
En cuanto a las opiniones que se han posicionado en contra, Lucía Alvarado afirmó que las personas en prisión preventiva “siguen siendo personas, con un problema jurídico que no ha sido resuelto”. Por otra parte, la coordinadora señaló que quienes no están a favor de esta decisión obvian entender esta realidad desde una perspectiva interseccional:
“Las únicas personas que pueden decirte cómo es la prisión son los presos o un familiar, todos los demás pueden opinar mil y un cosas completamente erróneas. Quienes opinan que esta es una mala decisión, opinan de algo que no viven, algo que ni siquiera cerquita les pasará en un momento dado, porque a lo mejor si tienen dinero pueden tener una muy buena defensa, pero la gran mayoría de las personas que estamos en esta situación estamos en vulnerabilidad económica y no tenemos dinero para pagar un abogado; la mayoría tenemos defensores públicos, los cuales prestan un servicio gratuito”.
Asimismo, Ruiz Saldaña enfatizó que temas como éste deben de ser constantemente discutidos en el debate público, ya que es un asunto colectivo, no un asunto que concierna sólo a una persona:
“El asunto carcelario debe de discutirse dentro de los asuntos públicos; no es un asunto privado, no es un asunto que le suceda a una persona: es un asunto colectivo. Por ello, considero que esta prueba piloto tiene ese mérito, ya que tiene la capacidad de llevarlo al debate público, y comenzar a discutir cómo se encuentran las cárceles y en qué medida se les está dando una rehabilitación social”.
Sin un documento de identidad
Otras cuestiones que se han discutido a partir de la aprobación de esta prueba piloto es el hecho de que las personas privadas de la libertad no cuentan con un documento oficial de identidad, como lo es la credencial de elector; para Lucía Alvarado esto resulta “una deuda pendiente”:
“Las personas que están privadas de la libertad en esos centros no son oriundas de ahí. Casi todas las personas que están presas en esos lugares fueron trasladadas hasta ahí, porque ya venían de otras prisiones. Entonces surgió el problema de cómo, si no eran oriundos de ahí, se les iban a tomar en cuenta su domicilio. Porque ese es otro punto: todas las personas privadas de la libertad no tienen INE, porque tampoco tienen ese derecho, a contar con un documento oficial que les respalde para hacer visible su identidad, y me parece que también es un error. Creo que tenemos una deuda con esas personas, porque tendrían que tener un documento oficial, tal y como el que tenemos todos, para identificarse. He estado pensando en que, si es el caso, de una persona que va a un juzgado dentro de prisión, ya que va a ver a su abogado o porque va a una audiencia, tendría que identificarse de alguna forma”.
Al mismo tiempo, Nadia Gutiérrez manifestó que negar a las personas un documento como este, -que ofrece un sentido de pertenencia-, tiene “un valor simbólico fuerte sobre la anulación de la identidad”, además de las implicaciones que tiene la suspensión de los derechos políticos para estas personas:
“Nuestro documento de identidad en México (que es el INE) también nos da un sentido de pertenencia; hay también un fuerte significado simbólico. Tal vez no en el mismo hecho de votar, sino más en el hecho de tener una identidad, un sentido de ciudadanía, de sentir que perteneces a un lugar, y de autonomía, por lo que me parece que también, tanto es un valor simbólico fuerte que se te anule esta identidad (que es lo que sucede con el encierro), como es el derecho al voto”.
¿Qué se busca conseguir con esta prueba piloto?
Respeto al número de centros en los que se llevará a cabo esta prueba, Lucía Alvarado de CAIFAM mencionó que esperan que los resultados sean favorecedores, para que el número de centros en los que se lleve a cabo este proceso crezca progresivamente, hasta alcanzar su totalidad para las elecciones presidenciales de 2024:
“Esperábamos que el número fuera mucho más amplio, pero las autoridades penitenciarias decidieron hacerlo en estos centros porque, me parece, que en esos lugares pueden tener mucha más coordinación con la seguridad. Aspirábamos a que fuera mucho más grande el número de centros, pero que bueno que tomaron la decisión de hacerlo. Ojala y que con esa prueba piloto salgan muy buenos resultados, y así tomar en cuenta al resto de personas que están en esa situación”.
Por otro lado, el presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral reconoció que, como Instituto, esta prueba piloto tuvo que haberse realizado hace varios años atrás:
“Creo que tuvimos que haberlo hecho como Instituto Electoral mucho antes. Pero bueno, hay que ver para adelante y dar nuestro mejor esfuerzo para que esta prueba piloto sea exitosa, y para que tengamos los mejores elementos e información que sirva para la toma de decisiones, porque hay que recordar que esto debe de volverse permanente”.
En el ideal, expresó que el poder legislativo tendrá que comenzar a trabajar no sólo para hacer valer el derecho al voto de las personas en prisión preventiva, sino, además, de las personas que ya han recibido una sentencia. Para ello, manifestó que es necesario que las y los legisladores realicen una reforma al artículo primero de la Constitución:
“Si las y los legisladores se tomaran en serio esta ampliación de derechos que nos manda el artículo primero constitucional, deberían ya de haber hecho una reforma para que quienes cumplen con una condena sólo contarán con la privación de la libertad, pero no la privación de sus derechos políticos, es decir que personas condenadas pudieran votar y ser votadas. Ese el ideal de quienes estamos ahora opinando a favor del tema, pero la ley no lo permite; la constitución no lo permite). Por ahora, lo que sí se debe de garantizar es el voto de las personas que están en prisión preventiva”.
A su vez, Nadia Gutiérrez coincidió en que espera que esta acción no se quede sólo en una prueba piloto, sino que se garantice el derecho al voto de todas las personas privadas de la libertad, incluidas las que ya cuentan con una sentencia. Asimismo, la investigadora del ITESO subrayó que acciones como esta posicionan en el debate público, no sólo la garantía de los derechos políticos de las personas en prisión, sino también sirven para visibilizar la condición en la que viven:
“Este tema es mucho más complejo de lo que se puede pensar. Esta serie de sucesos son valiosos en el sentido de que abren y ponen de manifiesto, no sólo el derecho al voto, sino también con relación en las condiciones en las que se encuentran las prisiones, las personas privadas de la libertad y sus familias. Pero para logar la desconstrucción de este imaginario, que nos construye todo una figura de un criminal fuertemente alimentada por los medios de comunicación y demás estereotipos, queda mucho por hacer, pero el hecho de que ya esté el debate es un buen paso”.
¿Qué hay detrás de esta prueba piloto?
La coordinadora del CAIFAM puntualizó que, al tomar en cuanta el voto de estas personas, ellas y ellos estarían decidiendo elegir a candidatas y candidatos que, entre sus propuestas, incluyan revisar las condiciones en las que viven las personas privadas de la libertad y sus familiares:
“Las personas privadas de la libertad de casi todos los centros penitenciarios viven de una manera indigna y asquerosa: pueden vivir hasta 40 personas en una sólo celda, no tienen acceso a agua potable, cuando duermen les pasan cucarachas por el rostro y les dan comida que, por más que se la quieran comer, es asquerosa. Estas personas siempre presentan problemas gastrointestinales porque los alimentos están en mal estado. Y para que tenga acceso a servicios médicos es de lo más imposible; las familias deben de pagar casi todos estos servicios: comida, ropa, cobijas, atención médica, medicinas”.
De la misma manera, Gutiérrez, consideró que, ya que este tema se ha comenzado a posicionar en el debate público, es una buena oportunidad para garantizar el resto de los derechos de las personas privadas de la libertad.
“Ya que está el debate está bien pensar en las personas en prisión preventiva se les pueda dar este derecho y muchos otros: derecho a la educación, derecho a la salud, todos sus derechos, que se mejoren sus condiciones. Me parece que se deben de liberar a personas con alto riesgo de contraer COVID-19, como fue la recomendación de la ONU. Creo que es importante toda esta serie de reflexiones y debates que poco a poco van crean mayor interés, hay más personas que se están interesando más”.
Finalmente, Lucía Alvarado de CAIFAM afirmó que en México se tiene una deuda histórica en esta materia, particularmente en cada uno de los casos de las personas que se declaran como inocentes, por lo que se espera que con esta prueba piloto se comiencen a dirigir las miradas alrededor de lo que sucede en los centros penitenciarios en México:
“Creo que en México tenemos una deuda histórica con la impartición de justicia, porque muchas personas claman sus inocencia dentro de la prisión, y muchas veces esto es tomado por las personas que no conocen su situación como ‘no pues es que todas las personas que están dentro de prisión dicen que son inocentes, porque son unos mentirosos, porque son unos delincuentes’. Pueden decir cualquier cosa, pero de verdad creo que en nuestro país tenemos una deuda histórica de revisión de procesos que siguen, y de sentencia que fueron emitidas por los diferentes Tribunales, de cientos de personas que claman su inocencia y que aseguran tener pruebas de que ellos no cometieron esos delitos”.
