La reforma constitucional en materia de derecho humanos aprobada en 2011 ha sido fundamental para el libre ejercicio de nuestros derechos; sin embargo, también ha implicado retos en su aplicación, pues a una década las violaciones a los derechos humanos en el país no se han detenido; todo lo contrario, hoy padecemos una fuerte crisis entre las que destaca la desaparición de personas, los homicidios dolosos y la localización de fosas clandestinas.
Para reflexionar sobre lo que ha pasado con esta reforma constitucional, el Colegio Nacional convocó a una mesa de diálogo donde se reflexionó -desde una perspectiva histórica-, los retos que han enfrentado el Estado Mexicano para hacer valer los derechos humanos.
Por Josue Ibarra/ @josueibarrasala
En el año 2011 se trasformó la forma de proteger los Derechos Humanos de todas las personas en México, pues se reformaron los artículos 1º, 3º, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 apartado B y 105 de la Constitución Mexicana para garantizar un plena protección de los derechos humanos en el país.
Este cambio creó una nueva cultura de derechos humanos y colocó la dignidad de las personas al centro; esto -sin duda- ha modificado las relaciones entre las autoridades y la sociedad, pues constitucionalmente se estableció que las personas son el fin de todas las acciones del gobierno.
La Reforma, igualmente, representó el avance jurídico más importante que ha tenido México para optimizar el goce y ejercicio de los derechos humanos, pues se:
- Equipararon los tratatos internacionales en materia de derechos humanos con la Constitución Mexicana.
- Obligó a las autoridades nacionales a guiarse por el principio pro persona al momento de aplicar las leyes, lo que significa que deben preferir la norma o la interpretación más favorable a la persona.
- Instó a que todas las autoridades, sin distinción alguna, cumplan con cuatro obligaciones específicas: Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
El enfoque humanista que traía consigo ese cambio constitucional fue sin duda prometedor, pero al cumplirse diez años, miembros del Colegio Nacional dialogaron sobre las ventajas y desventajes que trajo consigo esta Reforma Constitucional.
Quienes participaron en la discusión fueron Diego Valadés, Santiago Corcuera, Issa Luna, Jesús Orozco Henríquez y Nashieli Ramírez Hernández.
Para estos destacados académicos y juristas, uno de los principales cambios que trajo esta Reforma es el fortalecimiento de la democracia mexicana, pues se pasó de esquemas político-gubernamentales centrados en el liberalismo a una visión de derechos humanos, lo cual era importante porque el país, a falta de marcos normativos, México había llegado muy tarde a los movimientos internacionales en materia de derechos humanos.
A decir de las y los ponentes, las ideas liberalistas desarrollaron un concepto de derechos humanos donde el discurso no parecía empatar con la práctica, pues las personas y su dignidad no eran, precisamente, el centro de los cambios y desarrollos democráticos del país.
Sin embargo, también hicieron énfasis, en que el impase estaba en lo marcos normativos, pero no así en los procesos sociales, pues tras el peso e incidencia de los movimientos sociales de los años 60 y 70, el Estado Mexicano -a fuerza de la dignidad de las y los manifestantes- tuvo que adherirse a tratados internacionales de derechos humanos que no fue hasta la Reforma de 2011 que adquirieron un valor similar a la Constitución Mexicana.
Los movimientos sociales de los años 1960 y 1970 en México imprimieron una forma distinta de ver el liberalismo y los derechos humanos, pues ahí los derechos sociales y políticos tomaron una nueva brecha de reivindicación de los derechos humanos de las y los mexicanos.
La postura de las y los participantes al ejercicio de reflexión del Colegio de México coinciden con las premisas que el teórico Timothy Bradshaw propone para repensar el liberalismo actual e interpretar los derechos humanos dentro de éste; estas ideas publicadas en la revista Prospect son:
- Revaloración de las instituciones que valoran los derechos humanos, la libertad de expresión y la intendencia judicial son fundamentales elementos de re conceptualización de la defensa de las nuevas libertades frente a los regímenes autoritarios y populistas.
- Reflexionar el liberalismo económico que nos ha llevado a muchos países a esta era de populismo.
- Responder a desafíos globales como la pandemia, la pobreza y el medio ambiente, que nos lleven a replantear cuáles son los objetivos de los derechos humanos en contextos tan complejos.
¿Qué ha pasado en México?
La valoración que México le ha dado a los derechos humanos no ha sido igual, los derechos humanos aquí han generado una enorme cantidad de aspiraciones detrás los discursos políticos, pues para muchas personas han resultado insatisfactorias las medidas que ha tomado el Estado Mexicano para promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos humanos; principalmente, los vinculados a la salud, la educación, la pobreza y la seguridad.
Delitos como las desapariciones, los feminicidios y los homicidios dolosos son prueba de ello, pero también lo son: la impunidad, la corrupción, la concentración del poder político-económico, la fortaleza del crimen organizado y el ataque sistemático a la institución del Estado, ya que las y los especialistas coincidieron que la utilidad de los marcos normativos en materia de derechos humanos deben medirse en la práctica, pero también en las nuevas formas de vida y las nuevas amenazas que, lamentablemente, persisten día con día.
“Podríamos plantear el derecho al buen gobierno, ¿es o será también un capítulo de los derechos humanos’ estoy seguro que los que estamos presentes en este panel y los que están escuchando daremos una respuesta afirmativa (…) Justamente un buen gobierno es el que permite atender muchos de los problemas como el de corrupción, violencia, impunidad, en la organización de las instituciones políticas está presente la posibilidad de resolver estos problemas “, afirmó Diego Valadés.
Sobre estos, quienes pariciparon coincidieron que la impunidad no es una fatalidad que no se pueda remover, tampoco la corrupción, pero ahí también debe trabajarse para garantizar el derecho al buen gobierno, al igual que el derecho a la verdad.
Por ello, coincidieron en que para fortalecer los derechos humanos en el país se debe también reformar el sistema judicial, pues si la aplicación de justicia no funciona, no habrá respeto a los derechos humanos.
En el informe 2020 sobre la situación de los derechos humanos en México, Human Right Watch precisó que en el país y bajo la actual administración de Andrés Manuel López Obrador prevalencen las violaciones a los derechos humanos, principalmente, las perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad, entre las que destacan: la tortura, las desapariciones forzadas y los abusos contra migrantes. Indicando que, en todas ellas, “la impunidad sigue siendo la norma”.
A una década de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, como señalaron los participantes de la mesa de diálogo, hay logros, pero también muchos retrocesos porque la crisis en derechos humanos es generalizada e, incluso, forma parte sistemática del actuar del Estado.
