Tras el anuncio de la estrategia nacional de vacunación diversas organizaciones manifestaron su preocupación y desacuerdo al advertir que ésta dejó fuera a las personas migrantes que no cuentan con la Clave única de Registro de Población (CURP), requisito que les excluirá de acceder a las medidas de mitigación de contagio y a su derecho humano a la salud.
Por Jacqueline López / @jacqueline_lope
Alianza Movilidad Inclusiva en la Pandemia, una coalición de más de 30 organizaciones y albergues para personas migrantes en México y Centroamérica, liderada por el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), el Grupo de Monitoreo Independiente del Salvador (GMIES) y Amnistía Internacional, declararon a través de un comunicado que la recién anunciada estrategia nacional de vacunación contra la COVID-19 excluye a una gran parte de la población que no cuenta con la Clave única de Registro de Población (CURP).
Una situación que según advirtieron pone en riesgo la salud pública, pues a la par, el Gobierno mexicano no ha publicado ningún plan que permita a las personas que no tienen este documento acceder a las vacunas.
Con ello, Gretchen Kuhner, Directora del IMUMI, en representación de la Alianza no dudo en mencionar que “la vacuna de COVID-19 no debería ser supeditada a un documento de identidad’’ pues hacerlo es permitir que gran parte de la población migrante y/o mexicana deportada no pueda registrarse en la plataforma que el gobierno mexicano habilitó, quebrantando su derecho a la salud.
Aunado a ello, Vinicio Sandoval, Director ejecutivo del Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador afirma que es importante que el acceso a la vacuna sea una realidad para todas las personas, incluidas las que se encuentran en condiciones migratorias; sólo de esta manera, considero: se garantizaría el ‘’principio de igualdad de condiciones’’ para todas y todos.
A la par, las y los defensores señalaron que, en medio del contexto de pandemia y emergencia sanitaria en México, el gobierno federal a través del Instituto Nacional de Migración (INM) “ha fallado en garantizar a las poblaciones en movilidad el acceso a la salud y a las medidas de detención de contagio”. De la misma forma, países como Guatemala, El Salvador y Costa Rica han venido repitiendo estas prácticas, excluyendo a la población en movilidad y a otros sectores de la población de los planes de vacunación “al requerir documentos con los que no cuentan todas las personas que ahí se encuentran”.
Finalmente, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional coincidió con sus compañeros haciendo un llamado energético al Gobierno de México y a las autoridades de salud para que “coordinen la gestión de las rutas de acceso a la vacunación’’ haciéndolo de forma incluyente, para proteger a todas y todos y evitar poner en riesgo la salud de las personas.
‘’La salud es un derecho humano que no se le puede negar a nadie por ninguna razón, incluyendo su nacionalidad o estatus migratorio” recalcó.
