Tras la filtración de los audios que presentó una trabajadora del Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco como prueba del hostigamiento sexual que perpetró en su contra Efraín Martínez Íñiguez —Director del área de padrón y licencias- diversas colectivas han exigido al Congreso del Estado que inicie de inmediato un juicio político para inhabilitar y destituir al presidente municipal, Sergio Quezada, así como, que se inicien los procedimientos de responsabilidad en contra de Efraín Martínez.
Por Fernanda Lattuada / @MariferLattuada
Fotografía de portada #LasParitaristas
Desde el año pasado Diana, una trabajadora del Ayuntamiento de Tototlán, denunció por acoso sexual a Efraín Martínez, director de padrón y licencias; lo hizo ante la Fiscalía del Estado de Jalisco y presentó una queja también ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), como prueba de estos actos de violencia de género entregó una serie de audios.
Sin embargo, estos audios fueron filtrados y mediatizados sin su consentimiento, exponiéndole y revictimizándola. Por ello, colectivas y organizaciones civiles de mujeres han exigido que se investigue y sancione a los responsables de dicha filtración, así como, demandaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atraiga el caso e indague sobre el atraso injustificado de las autoridades para atender su caso.
“Ellos escucharon desde el año pasado lo que nosotros escuchamos el viernes, y eso no significó nada para ellos como para parar esas violencias. Y, además, violando los procesos de la Comisión (CEDHJ) y la Fiscalía; eso expuso a la víctima”, aseguró Guadalupe Ramos Ponce, integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las Mujeres (CLADEM), en rueda de prensa.
Exigieron también que, desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), se investigue por qué no se le garantizó un acompañamiento integral para garantizar su integridad física y emocional, ya que hasta el viernes pasado se comunicaron con ella.
De acuerdo con el artículo 176 bis del Código Penal Estatal, si el acosador presta un servicio en cualquier institución pública y utiliza medios que su cargo le proporcione, además de la pena prevista, se le destituirá del cargo y se le podrá inhabilitar; por lo que, exigieron a la Fiscalía del Estado de Jalisco que concluya las denuncias presentadas por la víctima con base en dicho artículo.
“La presencia de funcionarios como Sergio Quezada y Efraín Martínez en la administración pública es un peligro y un riesgo para las niñas y las mujeres, no sólo del Ayuntamiento, sino, especialmente de las mujeres de la comunidad a las que supuestamente deben servir, en este caso del municipio de Tototlán”, expresó Ramos.
Con ello, solicitaron de manera urgente a la autoridad competente que se inicien los procedimientos correspondientes para la separación de los cargos de dichos funcionarios, esto de cara al proceso electoral, previendo que busquen ocupar un puesto de elección popular en la administración pública municipal, o en cualquier otro nivel de gobierno.
Asimismo, exigen al Gobernador Enrique Alfaro, una investigación puntual sobre el accionar de la Fiscalía del Estado, particularmente de la Unidad de Investigación de Delitos contra las Mujeres y del Ministerio Público de Tototlán, Jalisco, para determinar su responsabilidad.
Ante las críticas que han llegado a recibir las mujeres víctimas de violencia, por no denunciar por la vía legal, las integrantes de las colectivas consideran que este caso, -donde sí fue presentada una denuncia ante la Fiscalía desde un año anterior-, debe ser emblemático y no quedar en la impunidad.
“Este es un caso que tiene que ser de ejemplo para que no se repitan estas conductas y se rompa este marco protector que han tenido en la impunidad todos los agresores y violentadores. Además, los niveles de ejercicio y abuso de la autoridad son del propio alcalde Lo que hizo el presidente municipal es un delito. A quienes cometen delitos, se les llama delincuentes. Y los delincuentes tienen que estar en la cárcel, no gobernando”.
Asimismo, destacaron las integrantes de las diversas colectivas que este caso no es un hecho aislado. Sino que, a raíz de haberlo hecho público, otras mujeres han denunciado haber vivido situaciones similares dentro del Ayuntamiento de Tototlán; citando el caso de una joven que, al compartir su preferencia sexual homosexual, fue agredida físicamente por un funcionario y posteriormente despedida.
En la opinión de Rosa María González Carranza, presidenta de Mujeres por la Justicia Social Atala Apodaca A.C., es un problema estructural mucho más complejo dentro del ayuntamiento: “no sé puede tapar el sol con un dedo cuando las circunstancias es tan difícil de ocultar. La incapacidad de las instituciones es el pan de cada día, están rebasadas y caemos en la inoperancia”.
El Segundo Informe de Violencia Política en Contra de las Mujeres en México de la consultora de riesgos Etellekt, en el 2018 se registraron 237 agresiones contra mujeres políticas en el país, posicionándolo como uno de los años más violentos para ellas.
Una de las causas de la violencia política, de acuerdo con ONU Mujeres, es la brecha en el acceso al poder entre hombres y mujeres, así como, la resistencia por modificar los roles de género que persisten y favorecen dicha desigualdad; ésta, advierte la organización internacional, es la razón por la que la incursión de las mujeres en la vida pública representa un reto.
Bajo este contexto, la colectiva G 10 x Jalisco reitero el compromiso que tienen con las mujeres candidatas a cualquier cargo de elección popular tanto en la Zona Metropolitana de Guadalajara, como al interior del estado de Jalisco, para atender, dar seguimiento, monitorear y acompañarlas en cualquier situación de violencia política.
“Porque debe quedar muy claro que la democracia paritaria y la participación política de las mujeres debe ser sin violencia política y que esta es un delito que puede perseguir por la vía administrativa de responsabilidades, vía electoral o vía penal”, aseguró Laura Plascencia, integrante de G10 x Jalisco.
Finalmente, recordaron tanto a la víctima, como a todas las mujeres jaliscienses, que no están solas en sus procesos de denuncia en contra de los agresores; y reconocieron la valentía de Diana, al denunciar y desnaturalizar la violencia sistemática y estructural, ya que “no están dispuestas a seguir permitiendo ni un sólo caso más de hostigamiento, acoso, violencia sexual, política, institucional o cualquier modalidad de violencia contra niñas y mujeres; ni en lo privado ni lo público”.
