AMEDI Jalisco
Por Israel Tonatiuh Lay Arellano / @TonatiuhLay
Durante esta pandemia de Covid-19, una de las industrias más afectadas ha sido la cinematográfica, lo que ha incluido desde las producciones en México que se han retrasado por los diferentes cierres parciales qué ha habido a lo largo de estos meses, hasta las salas de exhibición que han acatado las disposiciones gubernamentales de disminución de operación y cierre. Los medios de comunicación han publicado diversas estadísticas con el importe de las pérdidas de este sector, lo cual ya ha causado que tanto Cinépolis como Cinemex hayan cerrado complejos en diferentes ciudades y tengan planeado más recortes.
Por otro lado, en este mismo periodo ha resurgido el interés por modificar la Ley Federal de Cinematografía, lo cual ha causado polémica y diversas expectativas antes de siquiera haberse presentado como iniciativa ante el Pleno del Senado. Esta propuesta está siendo impulsada por el legislador morenista Ricardo Monreal, destacando -hasta el momento- la postura de reducir a un 20% el número de pantallas para su estreno, que las plataformas de streaming cumplan con un diez por ciento de espacio de programación para las películas mexicanas, así como cuestiones de doblaje.
Sin embargo, la propuesta de modificar la legislación cinematográfica no es nueva. Hace cinco años se presentó un proyecto de reforma, encabezada por la entonces senadora Marcela Torres Peimbert, la cual incluso proponía por primera vez incorporar lo audiovisual y a las plataformas streaming como parte de la regulación de esta norma. Inluso, ya durante la actual legislatura federal, se llevaron a cabo varias mesas de discusión organizadas por la Cámara de Diputados, estando al frente de ese proyecto Sergio Mayer, sin que tales discusiones se concretaran en una iniciativa.
En la actual propuesta, denominada Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual, la lectura sobre la reducción a un 20% del número de pantallas para cualquier estreno en México, ha suscitado controversias. Algunos lo pueden ver como la adecuada respuesta al abuso de los estrenos de los llamados blockbuster hollywoodenses, o estrenos taquilleros, que siempre han acaparado las pantallas durante su estreno, en ocasiones en porcentajes mayores al 90%, el cual sólo disminuyó con el paso de las semanas. Otra lógica señala que al llegar alrededor de cinco estrenos extranjeros semanales, no sólo seguiría habiendo una limitada ventana para la exhibición de cintas nacionales, sino que ahora sería legal bajo los criterios señalados, por lo que algunas voces de la comunidad social cinematográfica sugieren que la reducción debería de ser al diez por ciento con relación al número de pantallas, que en México es de alrededor de siete mil.
En cuanto al doblaje, este no es un tema nuevo, ni siquiera de la propuesta de Torres Peimbert. el doblaje ha sido desde hace más de 25 años un asunto de discusión sobre el cine como producto cultural versus un producto de entretenimiento. Desde el primer punto, la película debe de respetarse y exhibirse íntegramente, sin censuras ni cortes, y debe promocionarse en su lenguaje original con subtítulos al español. Lo contrario es tratar a la cinta como un producto de entretenimiento cuya última finalidad es la ganancia mercantil. En este caso, se cree que si una película taquillera tiene un doblaje al español entonces más espectadores tendrá y por ende mayores ganancias. Como caso interesante podemos señalar que al contrario de lo que ha pretendido la legislación nacional en esta materia, en España, en contraste, toda película debe ser doblada al castellano.
La propuesta, al igual que la de Torres Peimbert, tiene la intención de otorgas estímulos o exenciones fiscales a aquellas salas de cine que programen cine nacional en más del 40% de su cartelera, lo cual puede resultar tan interesante como incierto ya que el número de salas independientes en el país es de apenas unas cuantas, mientras que para las dos cadenas del duopolio no parece ser una oferta atractiva.
Este proyecto está siendo socializado entre los miembros de la bancada de Morena, mientras que la prensa escrita ya sacado algunas notas al respecto, incluso con sesgo. lo importante de una propuesta como esta es la deliberación entre aquellos actores que inciden y que forman parte de la industria cinematográfica nacional y de sus cadenas. No hace falta señalar la importancia de una regulación a favor de la industria local sin que ello signifique el secuestro de este importante medio, por lo que la transparencia en la discusión, la integración de una propuesta mediada y la protección al cine nacional como obra cultural deberá permanecer en el debate, sin sesgos ni intereses particulares o partidarios, vigilada muy de cerca por la propia comunidad social cinematográfica, esperando que esta ley se reforme adecuadamente, a casi 23 años de su última gran modificación.
